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30 de Abril, día del niño...

Muertas de Juárez: Juicio contra el Estado mexicano

México deberá responder por tres de los más de 400 casos de feminicidio ocurridos en su frontera norte,luego de siete años de espera para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara una probable responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y muerte de las jóvenes, por no proporcionar protección a las víctimas y por no pre-venir los crímenes. Esta será la primera vez que dicha Corte aborde la figura del feminicidio en un juicio.

MADRID.– El Estado mexicano será juzgado por primera ocasión ante un tribunal internacional por los feminicidios de Ciudad Juárez. Tres mujeres de condición muy humilde, las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González Banda y Laura Berenice Ramos Monarrez, lograron que el próximo martes 28 México deba responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el cúmulo de negligencias e irregularidades que han afectado la investigación de la muerte de sus hijas.Considerado “emblemático” entre los alrededor de 400 homicidios contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez, el caso atañe a tres de los ocho cadáveres encontrados entre el 6 y 7 de noviembre de 2001 en un campo algodonero, en el cruce de las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, en esa frontera. Los cuerpos mostraban signos de tortura y violación agravada.A siete años y medio de distancia del hallazgo, la persistencia de las señoras Irma Monreal, Josefina González y Benita Monarrez (madres de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, respectivamente) consiguió que, también por primera vez, la Corte Internacional aborde la figura del feminicidio en un juicio.El caso inició en marzo de 2002, cuando las mujeres lo presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tardó tres años para admitirlo y revisar si el gobierno mexicano había violado los derechos humanos de esas víctimas y sus familiares al no ofrecerles justicia ni castigo a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.Irónicamente, sólo se juzgan tres casos y no los ocho por los graves errores de las autoridades ministeriales en la identificación de los cadáveres. Pese a la reiterada insistencia de los abogados mexicanos, la CIDH ya no admitió la atracción de los otros casos.En 2007, finalmente, la CIDH resolvió que sí hubo violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales; de los derechos de los niños y niñas (dos de ellas eran menores de edad); a la protección judicial, y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, explica el abogado David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, una de las organizaciones que asesora a los familiares.Algunas de las acciones del gobierno violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belem do Pará, las cuales establecen las obligaciones del Estado en la protección de las mujeres.Entrevistados por separado, en Madrid, el abogado Emilio Ginés, representante del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y Héctor Fáundez, experto en derecho internacional, precisan que el caso es admitido en la Corte Interamericana cuando se consideran agotadas las instancias legales en México y las familias no han obtenido la justicia debida ni se ha castigado a los responsables de esos homicidios. Ambos asesoran al equipo de abogados mexicanos.

Tras la resolución de la CIDH, el caso se presentó como acusación ante la Corte Interamericana, que el pasado 19 de enero atribuyó a México una posible “responsabilidad internacional” por la desaparición y muerte de las jóvenes al no proporcionar protección a las víctimas ni prevenir los crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la región, explica David Peña en entrevista telefónica.El abogado cuenta que el gobierno mexicano ha enviado a la CIDH tres comunicaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE) en los que asegura estar investigando el caso; incluso en una afirma que se había sancionado a dos responsables, a pesar de que después uno de ellos murió en prisión y el otro fue liberado.La CIDH abrió un “proceso de comunicación” con el gobierno mexicano entre 2005 y 2007. El gobierno de Chihuahua alegó que tenía nuevas investigaciones, que estaba cambiando el sistema de justicia penal y que ofrecía apoyos a las familias, “pero no entraron a lo sustancial, que es la procuración de justicia eficaz y el castigo a los responsables; siguen sin líneas sólidas sobre los homicidios y tampoco avanzan en la prevención, porque siguen apareciendo jóvenes asesinadas”, dice Peña.El abogado, quien junto con Michel Salas representa a las madres y encabeza la acusación ante la audiencia en Santiago de Chile, asegura que “ninguna instancia del gobierno federal se ha involucrado abiertamente”. Y eso, aclara, pese a que de 2003 a 2005 la PGR atrajo el caso exclusivamente para analizar si existía la comisión de algún delito federal, como era el tráfico de órganos, supuesto que nunca se comprobó. Sin embargo, la PGR nunca explicó por qué cerró el expediente.“Están dejando solo al gobierno de Chihuahua, cuando la sanción será al Estado mexicano; pero ninguna instancia federal está involucrada, ni se implica en la investigación ni en la sanción”, señala.La delegación del gobierno de México ante la Corte Interamericana estará integrada por 16 personas; los funcionarios de mayor rango son el embajador de México en Chile, Mario Leal Campos; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín Muñoz, y la procuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez.Peña lamenta la poca importancia que le dan al caso y al tribunal internacional, y se queja de la ausencia de Guadalupe Morfín, fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, y de Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR, así como de la consejería jurídica de la Presidencia de la República.Y es que la acusación no es asunto menor: se ha pedido a la Corte Interamericana que resuelva la “responsabilidad internacional” de México por esos hechos y le obligue a realizar una investigación “seria, imparcial y exhaustiva”; que sancione a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y que destituya y sancione a los funcionarios responsables de las negligencias.También demandan que se incorpore la perspectiva de género en los procedimientos de investigación y en la valoración de los casos ante la instancia judicial, y que un comité internacional competente en derechos humanos de las mujeres realice una evaluación de las políticas y modelos de atención a las víctimas, entre otras conclusiones.No obstante, mientras el caso llegaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias de todas las jóvenes encontradas muertas en el campo algodonero han sufrido presiones de funcionarios ministeriales, tortura sicológica y hasta amenazas directas. Por ejemplo, el viernes 17 de abril Benita Monarrez obtuvo asilo político en Estados Unidos debido a las amenazas a su integridad. Vehículos con hombres se estacionaban afuera de su vivienda o la seguían en la calle y recibía presiones de autoridades, explica Sonia Torres, del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, otra de las organizaciones civiles que apoyan a las madres.“Las familias han sufrido todo el peso del Estado”, añade Torres en entrevista telefónica. Una de las formas para presionar a las familias, dice, era condicionarles un “auxilio económico” a la firma de un documento que las obligaba a desistir de investigaciones posteriores para corroborar la identificación de los cuerpos de sus hijas.

Los hechos

La noche del 11 de noviembre de 2001, el entonces procurador general de Justicia de Chihuahua, Arturo González Rascón, anunció la identificación de las ocho víctimas y la detención de Víctor J. García Uribe, El Cerillo, y Gustavo González Meza, La Foca, los presuntos asesinos.Sin embargo, un estudio médico realizado en el Cereso de Juárez corroboró que los detenidos fueron torturados: sus cuerpos mostraban traumatismos y “múltiples quemaduras de primer grado en genitales y diversas partes del cuerpo”. Todo ello se documentó con fotografías.La Foca murió en prisión luego de una operación de hernia, en condiciones nunca aclaradas. El 6 de febrero de 2002, su abogado, Mario César Escobedo Anaya, fue asesinado por policías que supuestamente lo confundieron con un prófugo al que perseguían.El Cerillo fue absuelto por falta de pruebas en 2005. Su abogado, Sergio Dante Almaraz, también fue ejecutado el 25 de enero de 2006, cuando circulaba en su vehículo por las calles de Juárez.Las víctimas, según anunció el procurador González Rascón, eran Guadalupe Luna de la Rosa, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Araceli Martínez Ramos, Mayra Juliana Reyes Solís, María de los Ángeles Acosta, y las tres jóvenes cuyos casos tomó la CIDH: Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González Banda y Laura Berenice Ramos Monarrez.La misma noche del anuncio, el jefe de peritos, Óscar Máynez, explicó que sólo tenían avance en la identificación de cinco de los cuerpos, no en la totalidad (Proceso 1307). También comentó que el equipo del procurador, que había llegado de la capital de Chihuahua, había pretendido “sembrar” evidencias en la camioneta del hermano de uno de los inculpados. Ni Máynez ni la fiscal Zulema Bolívar avalaron el expediente.La denuncia ante la Corte Interamericana señala que los dictámenes de antropología forense, criminalística y genética forense, para corroborar la supuesta identidad, se hicieron de manera “irregular y fuera de todo protocolo científico”. Es decir, se asignaron las identidades arbitrariamente. En ese momento existían reportes por la desaparición de 24 mujeres en Ciudad Juárez.Las deficiencias en la identificación de los cuerpos fueron exhibidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que trabajó en Juárez entre 2005 y 2006 a petición de las organizaciones que apoyan a las madres.El informe de EAAF concluyó que los cuerpos inicialmente identificados por la PGJE como los de Bárbara Araceli Martínez Ramos y Guadalupe Luna de la Rosa, en realidad pertenecían a los de otras dos mujeres que permanecían como desaparecidas: María Rosina Galicia Meraz y Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz. Un tercer cuerpo no logró ser identificado.Así, Bárbara Araceli y Guadalupe Luna quedaron nuevamente en calidad de “persona desaparecida”.También arrojó nueva luz en otro caso: Verónica Martínez Hernández estaba entre las víctimas “identificadas” por la PGJE, pero el cadáver que ellos examinaron había sido encontrado el 22 de septiembre de 2002 a siete kilómetros del campo algodonero.Peor aún, su expediente fue extraviado y la Contraloría de la Procuraduría lo repuso hasta que el equipo argentino lo solicitó. Los restos entregados por la PGJE estaban incompletos. En sus respuestas a la CIDH o a la Corte Interamericana, el gobierno mexicano ha evitado hacer alusión a este informe.El equipo argentino también destacó que era particularmente imposible que los familiares de Merlín Elizabeth Martínez Sáenz y de María Rosina Galicia Meraz pudieran acceder al sistema interamericano de justicia, aun cuando los cuerpos fueron identificados en 2006 y que la CIDH podía haberlos atraído como una unidad.Así mismo, los familiares de las víctimas “en ningún momento fueron tomados en cuenta por las autoridades en las investigaciones ni en el proceso penal”, dice la denuncia. Las madres nunca pudieron ver los cadáveres, sin embargo, las autoridades ministeriales les obligaron a firmar y reconocer que el cuerpo que les iban a entregar eran los de sus hijas.En los testimonios de las tres madres se detallan los obstáculos que enfrentaron en la subprocuraduría zona norte en Juárez, como incomprensión y negligencia, desde el mismo momento de levantar las actas de desaparición.Esmeralda Herrera Monreal, con apenas 14 años de edad, salió de su casa a las 6:30 de la mañana del 29 de octubre de 2001 para ir a la casa donde era trabajadora doméstica. Fue la última vez que su madre la vio con vida.Al día siguiente, Irma Monreal acudió a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua para reportar la desaparición de su hija, pero le dijeron que debía esperar 72 horas para poderla reportar. Ella no quiso dejar que pasara más tiempo y colocó carteles con la fotografía y datos de la niña en la calle, en camiones y en negocios.A Josefina González le fue peor: la entonces fiscal Sully Ponce se mostró prepotente con ella y justificó su inacción argumentando que “son muchas las desaparecidas”.Su hija Claudia Ivette González, de 20 años de edad, no volvió a ser vista desde el 10 de octubre de 2001, cuando le negaron el acceso a su trabajo, la maquiladora Lear 173, por haber llegado sólo dos minutos tarde (Proceso 1307).El 25 de febrero de 2002, tres meses después del hallazgo de los ocho cadáveres en el campo algodonero, las familias de las víctimas realizaron un rastreo por su cuenta y encontraron prendas y objetos que nunca fueron recogidos por las autoridades, como el pantalón de Claudia Ivette junto con su credencial de elector, que estaban dentro de una bolsa.Laura Berenice Ramos, de 17 años, hija de Benita Monarrez, estudiaba el bachillerato y trabajaba en el restaurante Fogueiras. Desapareció el 21 de septiembre de 2001, luego de asistir a la escuela y al trabajo.La madre recibió la noticia del hallazgo del cuerpo de su hija en los pasillos de la Subprocuraduría en Juárez. “Me lo dijeron de manera burda y sin consideración al dolor por el que estaba pasando”, declaró.Con la llegada del gobierno del priista José Reyes Baeza, la PGJE resolvió separar esa causa penal en ocho legajos, uno por cada una de las mujeres asesinadas, para seguir la investigación individualmente. El pretexto fue “por economía procesal”, pero significó otro elemento para que la CIDH no admitiera la atracción de los otros cinco casos del campo algodonero.David Peña advierte que la PGJE ha insistido que hay dos etapas de la investigación, una de 2001 a 2004, y otra con la llegada del gobierno de Reyes Baeza, cuando en realidad es un solo proceso. “Tratan de lavar las culpas, pese a que aquí la responsabilidad es institucional y el Ministerio Público es uno solo”, advierte. En agosto de 2006, la PGJE anunció la detención de dos presuntos responsables, Edgar Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz (capturado en Estados Unidos por problemas migratorios). “Lo extraño es que sólo los ligan con el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solís y no con el resto”, dice Peña.

Muertas de Juárez: Juicio contra el Estado mexicano ALEJANDRO GUTIéRREZ México deberá responder por tres de los más de 400 casos de feminicidio ocurr

Alejandro Gutiérrez


MADRID.– El Estado mexicano será juzgado por primera ocasión ante un tribunal internacional por los feminicidios de Ciudad Juárez. Tres mujeres de condición muy humilde, las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González Banda y Laura Berenice Ramos Monarrez, lograron que el próximo martes 28 México deba responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el cúmulo de negligencias e irregularidades que han afectado la investigación de la muerte de sus hijas.Considerado “emblemático” entre los alrededor de 400 homicidios contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez, el caso atañe a tres de los ocho cadáveres encontrados entre el 6 y 7 de noviembre de 2001 en un campo algodonero, en el cruce de las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, en esa frontera. Los cuerpos mostraban signos de tortura y violación agravada.A siete años y medio de distancia del hallazgo, la persistencia de las señoras Irma Monreal, Josefina González y Benita Monarrez (madres de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, respectivamente) consiguió que, también por primera vez, la Corte Internacional aborde la figura del feminicidio en un juicio.El caso inició en marzo de 2002, cuando las mujeres lo presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tardó tres años para admitirlo y revisar si el gobierno mexicano había violado los derechos humanos de esas víctimas y sus familiares al no ofrecerles justicia ni castigo a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes.Irónicamente, sólo se juzgan tres casos y no los ocho por los graves errores de las autoridades ministeriales en la identificación de los cadáveres. Pese a la reiterada insistencia de los abogados mexicanos, la CIDH ya no admitió la atracción de los otros casos.En 2007, finalmente, la CIDH resolvió que sí hubo violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales; de los derechos de los niños y niñas (dos de ellas eran menores de edad); a la protección judicial, y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, explica el abogado David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, una de las organizaciones que asesora a los familiares.Algunas de las acciones del gobierno violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belem do Pará, las cuales establecen las obligaciones del Estado en la protección de las mujeres.Entrevistados por separado, en Madrid, el abogado Emilio Ginés, representante del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y Héctor Fáundez, experto en derecho internacional, precisan que el caso es admitido en la Corte Interamericana cuando se consideran agotadas las instancias legales en México y las familias no han obtenido la justicia debida ni se ha castigado a los responsables de esos homicidios. Ambos asesoran al equipo de abogados mexicanos.

Tras la resolución de la CIDH, el caso se presentó como acusación ante la Corte Interamericana, que el pasado 19 de enero atribuyó a México una posible “responsabilidad internacional” por la desaparición y muerte de las jóvenes al no proporcionar protección a las víctimas ni prevenir los crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la región, explica David Peña en entrevista telefónica.El abogado cuenta que el gobierno mexicano ha enviado a la CIDH tres comunicaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE) en los que asegura estar investigando el caso; incluso en una afirma que se había sancionado a dos responsables, a pesar de que después uno de ellos murió en prisión y el otro fue liberado.La CIDH abrió un “proceso de comunicación” con el gobierno mexicano entre 2005 y 2007. El gobierno de Chihuahua alegó que tenía nuevas investigaciones, que estaba cambiando el sistema de justicia penal y que ofrecía apoyos a las familias, “pero no entraron a lo sustancial, que es la procuración de justicia eficaz y el castigo a los responsables; siguen sin líneas sólidas sobre los homicidios y tampoco avanzan en la prevención, porque siguen apareciendo jóvenes asesinadas”, dice Peña.El abogado, quien junto con Michel Salas representa a las madres y encabeza la acusación ante la audiencia en Santiago de Chile, asegura que “ninguna instancia del gobierno federal se ha involucrado abiertamente”. Y eso, aclara, pese a que de 2003 a 2005 la PGR atrajo el caso exclusivamente para analizar si existía la comisión de algún delito federal, como era el tráfico de órganos, supuesto que nunca se comprobó. Sin embargo, la PGR nunca explicó por qué cerró el expediente.“Están dejando solo al gobierno de Chihuahua, cuando la sanción será al Estado mexicano; pero ninguna instancia federal está involucrada, ni se implica en la investigación ni en la sanción”, señala.La delegación del gobierno de México ante la Corte Interamericana estará integrada por 16 personas; los funcionarios de mayor rango son el embajador de México en Chile, Mario Leal Campos; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín Muñoz, y la procuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez.Peña lamenta la poca importancia que le dan al caso y al tribunal internacional, y se queja de la ausencia de Guadalupe Morfín, fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, y de Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR, así como de la consejería jurídica de la Presidencia de la República.Y es que la acusación no es asunto menor: se ha pedido a la Corte Interamericana que resuelva la “responsabilidad internacional” de México por esos hechos y le obligue a realizar una investigación “seria, imparcial y exhaustiva”; que sancione a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y que destituya y sancione a los funcionarios responsables de las negligencias.También demandan que se incorpore la perspectiva de género en los procedimientos de investigación y en la valoración de los casos ante la instancia judicial, y que un comité internacional competente en derechos humanos de las mujeres realice una evaluación de las políticas y modelos de atención a las víctimas, entre otras conclusiones.No obstante, mientras el caso llegaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias de todas las jóvenes encontradas muertas en el campo algodonero han sufrido presiones de funcionarios ministeriales, tortura sicológica y hasta amenazas directas. Por ejemplo, el viernes 17 de abril Benita Monarrez obtuvo asilo político en Estados Unidos debido a las amenazas a su integridad. Vehículos con hombres se estacionaban afuera de su vivienda o la seguían en la calle y recibía presiones de autoridades, explica Sonia Torres, del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, otra de las organizaciones civiles que apoyan a las madres.“Las familias han sufrido todo el peso del Estado”, añade Torres en entrevista telefónica. Una de las formas para presionar a las familias, dice, era condicionarles un “auxilio económico” a la firma de un documento que las obligaba a desistir de investigaciones posteriores para corroborar la identificación de los cuerpos de sus hijas.
Los hechos

La noche del 11 de noviembre de 2001, el entonces procurador general de Justicia de Chihuahua, Arturo González Rascón, anunció la identificación de las ocho víctimas y la detención de Víctor J. García Uribe, El Cerillo, y Gustavo González Meza, La Foca, los presuntos asesinos.Sin embargo, un estudio médico realizado en el Cereso de Juárez corroboró que los detenidos fueron torturados: sus cuerpos mostraban traumatismos y “múltiples quemaduras de primer grado en genitales y diversas partes del cuerpo”. Todo ello se documentó con fotografías.La Foca murió en prisión luego de una operación de hernia, en condiciones nunca aclaradas. El 6 de febrero de 2002, su abogado, Mario César Escobedo Anaya, fue asesinado por policías que supuestamente lo confundieron con un prófugo al que perseguían.El Cerillo fue absuelto por falta de pruebas en 2005. Su abogado, Sergio Dante Almaraz, también fue ejecutado el 25 de enero de 2006, cuando circulaba en su vehículo por las calles de Juárez.Las víctimas, según anunció el procurador González Rascón, eran Guadalupe Luna de la Rosa, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Araceli Martínez Ramos, Mayra Juliana Reyes Solís, María de los Ángeles Acosta, y las tres jóvenes cuyos casos tomó la CIDH: Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González Banda y Laura Berenice Ramos Monarrez.La misma noche del anuncio, el jefe de peritos, Óscar Máynez, explicó que sólo tenían avance en la identificación de cinco de los cuerpos, no en la totalidad (Proceso 1307). También comentó que el equipo del procurador, que había llegado de la capital de Chihuahua, había pretendido “sembrar” evidencias en la camioneta del hermano de uno de los inculpados. Ni Máynez ni la fiscal Zulema Bolívar avalaron el expediente.La denuncia ante la Corte Interamericana señala que los dictámenes de antropología forense, criminalística y genética forense, para corroborar la supuesta identidad, se hicieron de manera “irregular y fuera de todo protocolo científico”. Es decir, se asignaron las identidades arbitrariamente. En ese momento existían reportes por la desaparición de 24 mujeres en Ciudad Juárez.Las deficiencias en la identificación de los cuerpos fueron exhibidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que trabajó en Juárez entre 2005 y 2006 a petición de las organizaciones que apoyan a las madres.El informe de EAAF concluyó que los cuerpos inicialmente identificados por la PGJE como los de Bárbara Araceli Martínez Ramos y Guadalupe Luna de la Rosa, en realidad pertenecían a los de otras dos mujeres que permanecían como desaparecidas: María Rosina Galicia Meraz y Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz. Un tercer cuerpo no logró ser identificado.Así, Bárbara Araceli y Guadalupe Luna quedaron nuevamente en calidad de “persona desaparecida”.También arrojó nueva luz en otro caso: Verónica Martínez Hernández estaba entre las víctimas “identificadas” por la PGJE, pero el cadáver que ellos examinaron había sido encontrado el 22 de septiembre de 2002 a siete kilómetros del campo algodonero.Peor aún, su expediente fue extraviado y la Contraloría de la Procuraduría lo repuso hasta que el equipo argentino lo solicitó. Los restos entregados por la PGJE estaban incompletos. En sus respuestas a la CIDH o a la Corte Interamericana, el gobierno mexicano ha evitado hacer alusión a este informe.El equipo argentino también destacó que era particularmente imposible que los familiares de Merlín Elizabeth Martínez Sáenz y de María Rosina Galicia Meraz pudieran acceder al sistema interamericano de justicia, aun cuando los cuerpos fueron identificados en 2006 y que la CIDH podía haberlos atraído como una unidad.Así mismo, los familiares de las víctimas “en ningún momento fueron tomados en cuenta por las autoridades en las investigaciones ni en el proceso penal”, dice la denuncia. Las madres nunca pudieron ver los cadáveres, sin embargo, las autoridades ministeriales les obligaron a firmar y reconocer que el cuerpo que les iban a entregar eran los de sus hijas.En los testimonios de las tres madres se detallan los obstáculos que enfrentaron en la subprocuraduría zona norte en Juárez, como incomprensión y negligencia, desde el mismo momento de levantar las actas de desaparición.Esmeralda Herrera Monreal, con apenas 14 años de edad, salió de su casa a las 6:30 de la mañana del 29 de octubre de 2001 para ir a la casa donde era trabajadora doméstica. Fue la última vez que su madre la vio con vida.Al día siguiente, Irma Monreal acudió a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua para reportar la desaparición de su hija, pero le dijeron que debía esperar 72 horas para poderla reportar. Ella no quiso dejar que pasara más tiempo y colocó carteles con la fotografía y datos de la niña en la calle, en camiones y en negocios.A Josefina González le fue peor: la entonces fiscal Sully Ponce se mostró prepotente con ella y justificó su inacción argumentando que “son muchas las desaparecidas”.Su hija Claudia Ivette González, de 20 años de edad, no volvió a ser vista desde el 10 de octubre de 2001, cuando le negaron el acceso a su trabajo, la maquiladora Lear 173, por haber llegado sólo dos minutos tarde (Proceso 1307).El 25 de febrero de 2002, tres meses después del hallazgo de los ocho cadáveres en el campo algodonero, las familias de las víctimas realizaron un rastreo por su cuenta y encontraron prendas y objetos que nunca fueron recogidos por las autoridades, como el pantalón de Claudia Ivette junto con su credencial de elector, que estaban dentro de una bolsa.Laura Berenice Ramos, de 17 años, hija de Benita Monarrez, estudiaba el bachillerato y trabajaba en el restaurante Fogueiras. Desapareció el 21 de septiembre de 2001, luego de asistir a la escuela y al trabajo.La madre recibió la noticia del hallazgo del cuerpo de su hija en los pasillos de la Subprocuraduría en Juárez. “Me lo dijeron de manera burda y sin consideración al dolor por el que estaba pasando”, declaró.Con la llegada del gobierno del priista José Reyes Baeza, la PGJE resolvió separar esa causa penal en ocho legajos, uno por cada una de las mujeres asesinadas, para seguir la investigación individualmente. El pretexto fue “por economía procesal”, pero significó otro elemento para que la CIDH no admitiera la atracción de los otros cinco casos del campo algodonero.David Peña advierte que la PGJE ha insistido que hay dos etapas de la investigación, una de 2001 a 2004, y otra con la llegada del gobierno de Reyes Baeza, cuando en realidad es un solo proceso. “Tratan de lavar las culpas, pese a que aquí la responsabilidad es institucional y el Ministerio Público es uno solo”, advierte. En agosto de 2006, la PGJE anunció la detención de dos presuntos responsables, Edgar Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz (capturado en Estados Unidos por problemas migratorios). “Lo extraño es que sólo los ligan con el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solís y no con el resto”, dice Peña.

Se esperaba desde 1940 el escenario casi catastrófico que vive México: De la Fuente

Recomienda a Calderón hablar con claridad sobre la epidemia; la emergencia podría prolongarse

Claudia Herrera Beltrán

Como titular de la Secretaría de Salud (Ssa), al doctor Juan Ramón de la Fuente le tocó enfrentar las epidemias de cólera y dengue. A la luz de esa experiencia, asegura que en México se está viviendo el “escenario cuasi catastrófico” que se esperaba desde 1940 por la presencia de una pandemia de algún subtipo de influenza. Por esa razón, explica que sugirió al presidente Felipe Calderón tomar medidas para evitar sospechas sobre manipulación informativa que deriven en presión social.

Junto con sus antecesores Jesús Kumate y Guillermo Soberón, De la Fuente conversó ayer en Los Pinos con el Presidente sobre esta emergencia sanitaria. Según explicó a La Jornada, en esa reunión plantearon aciertos y errores en la estrategia seguida por el gobierno federal, con el ánimo de colaborar, porque no es momento para actitudes mezquinas. De hecho, resaltó que fue positivo tomar decisiones fuertes, como fue el cierre de escuelas, lo mismo que de restaurantes en el caso del Gobierno del Distrito Federal.

Se debe decir dónde comprar antivirales y cómo aplicarlos

Al también ex rector de la UNAM le preocupan cuatro puntos en particular: que el gobierno explique la información con absoluta claridad y transparencia, que difunda cómo se puede tener acceso a los antivirales, que se anticipe y explique el regreso a la normalidad cuando esto sea verdaderamente pertinente, además de la urgencia de apoyar al personal de salud, que –dice– está en la trinchera y en riesgo de ser infectado.

–El cierre de restaurantes provocó polémica. ¿Era una medida necesaria?

–Ante la magnitud del problema, todas las precauciones son oportunas y bienvenidas; creo que es una decisión acertada la que ha tomado el jefe de Gobierno, porque el foco principal ha estado en la ciudad de México. Como lo denominan en términos internacionales en la nomenclatura de epidemia, el outbreak, el brote, surge en nuestra ciudad. Más allá de que si el primer caso vino de California, eso tendrá que acabar de indagarse, el hecho es que el brote se da aquí y gracias a estas medidas se ha detenido el incremento de casos.

–¿Qué aconsejó al Presidente en cuanto al manejo de cifras?

–Sugerí absoluta claridad en las cifras, transparencia, veracidad y tratar de ordenarlas de la mejor manera posible para que todo el mundo le entienda porque, en efecto, ha habido cierta confusión. Por ejemplo, hay un número dentro del grupo de defunciones en el que no se tomaron muestras por la razón que haya sido. Creo que hay que decir cuántos fueron, porque en ese grupo que no se tomaron muestras no se tienen los análisis y va a resultar imposible saber qué pasó.

La población mexicana, que ha respondido de manera ejemplar, merece tener claridad absoluta en las cifras. Esta es una recomendación que espero que se atienda, porque si no eres muy explícito siempre queda un poco la sospecha de que pudiera haber manipulación.

–¿Qué riesgo se corre?

–Se pierde credibilidad, y en estos momentos se requiere que la autoridad sanitaria, que constitucionalmente tiene la responsabilidad del problema, tenga credibilidad.

–¿Las autoridades sanitarias se han visto rebasadas porque no tienen manera de hacer estudios y han dependido de los expertos de Estados Unidos y Canadá?

–Este es uno de los puntos críticos del sistema. Y aquí viene muy a cuento lo que durante tantos años hemos venido reiterando sobre la importancia de la ciencia, de la investigación científica para tener la infraestructura completa que nos permita en un momento como el que estamos viviendo no tener que depender de un laboratorio internacional para que nos confirme.

También se hizo la recomendación de que se dé a conocer de manera explícita la administración de los medicamentos antivirales. Al no haber vacuna, la gente quiere medicina, y esto es natural; las personas quieren tener fármacos a la mano, y en consecuencia hay que decirles con toda claridad cuándo hay que tomarlos, quién y cómo.

–¿Qué otras sugerencias hubo?

–Que nos preparemos muy bien para el regreso a la normalidad. Esto es muy importante, ya que no sabemos a ciencia cierta cuándo será; se tiene pensado que será el 6 de mayo, pero creo que por la misma dinámica de la epidemia la decisión final se va a tomar el día anterior.

No reanudar actividades si faltan condiciones de seguridad

Primero, que si las condiciones no son de suficiente seguridad no se reanuden las actividades, porque si no, podemos quedar atrapados en el peor de los escenarios posibles, y segundo, que nos preparemos para el regreso. Si es el día 6, es el día 6, si es otro día, pues es otro día, pero regresar a la normalidad conlleva una serie de implicaciones complejas, porque no va a ser sencillo. Esto implica dar seguridad a los padres de familia de que sus hijos van a estar a salvo en la escuela, definir si va a ser necesario seguir o no con cubrebocas, y si la respuesta es sí, pues hay que tenerlos.

–¿Usted lo mide en semanas, meses, porque parece que estos días que se pusieron como plazo no son suficientes?

–La epidemia seguramente va a durar mucho tiempo más, y va a venir una onda, así se les llama a los ciclos de las epidemias –aclara–; viene una primera onda y seguramente después viene una segunda, hay que estar preparados; este es un proceso que va a durar.

–¿A qué atribuye que la gente está muriendo en México y no en otros países?

–En eso nos está haciendo falta información. Yo diría que es urgente saber con precisión el diagnóstico definitivo de quienes han fallecido; si es necesario, también lo he dicho, que se hagan estudios post mortem, hay que hacerlos. A todos nos ayudaría saber si de esta lista de fallecimientos hubo tantos que murieron por esta neumonía, por otro germen o por cáncer, o por otra causa.

“Una hipótesis que creo que es viable, la planteo como hipótesis –precisa–, es que cuando llegaron al servicio médico venían en condiciones muy graves”.

–¿El Presidente adquirió algún compromiso con ustedes?

–De volver a reunirse con nosotros en los próximos días.

–¿Qué planteamientos hicieron los otros ex secretarios?

–El doctor Soberón insistió mucho en el avance de la investigación y en que la medicina genómica no se interrumpa, porque estos trabajos apenas están empezando a darse en México.

El doctor Kumate hizo ver que habría que tratar no sólo de tener el número completo de cubrebocas que se requiere, sino de la calidad necesaria, y también él, con su experiencia, enfatizó que hay un elemento de incertidumbre en la duración de estos procesos y que hay que estar preparados por si duran más tiempo.

–¿Cómo proteger a los médicos, ya que se tiene información de uno fallecido que trabajaba en el ISSSTE?

–Hasta donde yo sé, hubo un médico que falleció; es muy lamentable, pero hay que dar respaldo a todo el personal de salud, porque ellos están en la primera línea de riesgo.

Faltan varias cosas. Primero, respaldo explícito de las autoridades hacia el personal de salud, a los bomberos, para que cuenten con antivirales y trajes especiales.

–¿Se requieren recursos adicionales?

–Lo primero que hizo el presidente Obama fue solicitar al Congreso mil 500 millones de dólares más para poder contender con eficiencia. Claro que se necesitan recursos, y creo que en esto el Estado no puede escatimar ni un centavo.

–¿Tendría una estimación de cuánto dinero debería disponer el Presidente?

–La parte de prevención y atención cuesta cientos de millones de pesos, y si esto se prolonga serán miles de millones. No puedo pensar que en este momento el país tenga una prioridad mayor; si inclusive el Banco de México subasta periódicamente varios cientos de millones de dólares para apuntalar nuestra moneda en este momento, hay recursos que deben disponerse.

–¿Usted percibe que ya hay pánico?

–Yo creo que en algunos sectores empieza a despertarse; hay un poco de polaridad, ya que hay quienes todavía no le dan importancia al asunto y hay quienes ya están entrando en pánico. Creo que debemos tratar de encauzar el problema en términos sociales. Encontrar equilibrio entre la conciencia de la gravedad y no perder la serenidad y la calma. Para ello es fundamental hablar con la verdad.

Argentina: Urgente. Asentamiento en Caraza Lanus - Inminente represión

Insurrectas y Punto

Maestras de escuelas cercanas relatan que muchos de los alumnos y ex alumnos estan en la toma. El operativo es impresionante: 900 gendarmes. La zona vallada, no dejan que nadie pase ni se acerque.

Maestras de escuelas cercanas relatan que muchos de los alumnos y ex alumnos estan en la toma, cuentan que el operativo es impresionante y con 900 gendarmes una cantidad nunca vista en operativos similares. La zona esta vallada, no dejan que nadie pase ni se acerque.

Hay ademas palas mecánicas para barrer con las casas y al que se resista a la represion.

Según las maestras, hay un cambio de decisión política ya que una de la zona de la toma habría sido permitida pero el tremendo operativo daria cuenta de la intención de sacar todo.

Según una de las vecinas, hay una parte de las tierras que fueron cedidas. Pero la toma de tierras se extendió mas allá. Supone Severinda, que es la intención es desalojar a esos vecinos.

La toma de tierras en el conurbano bonaerense es producto de la necesidad de los mas pobres de acceder a un terreno propio. No es casual que en esta y en la mayoría de los asentamientos haya gran cantidad de parejas jóvenes: es la toma o el hacinamiento en la casa de una de las familias.

La zona es Olazabal y la Ribera, Villa Caraza, Lanus y llega hasta Larrazabal, Lomas de Zamora

Para más información:


Severinda Paniagua es una de las vecinas del barrio: 153215153

12 PERSONAS DESAPARECIDAS EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DESDE EL 21 DE MARZO DE 2009

BOLETÍN



Los miembros del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, queremos manifestar nuestra preocupación por la grave y lamentable desaparición de12 personas (del sexo masculino, 11 mayores de edad y un adolescente de 16 años), en Piedras Negras, Estado de Coahuila; cuyos nombres son: VICENTE ROJO MARTINEZ, JAIME RAMIREZ LEYVA, JOSE JUAN PACHECO JUAREZ, MARCO ANTONIO OCAMPO MARTINEZ, ERIK FERNANDO PARDEVELL PEREZ, PEDRO CORTEZ GUZMAN, GERSAIN CARDONA MARTINEZ, ROBERTO OROPEZA VILLA, VICTOR ABRAHAM NAVA CALZOTZIN, VICTOR RIOS TAPIA, LORENZO CAMPOS RODRIGUEZ Y JUAN GARDUÑO MARTINEZ.

El día 17 de marzo del presente año, 20 personas que trabajaban en la empresa Atlanta Duramex S.A., que vende pintura marca Megavin Express, salieron de la ciudad de México, en tres camionetas Ford 150, tipo pick up, de las cuales una era de color azul, placas LTW 5480 del Estado de México, la segunda de color rojo, placas DR 23723 del Estado de Chihuahua y la tercera de color cobre, no tenemos los datos de las placas, pero tenemos conocimiento que eran del Estado de México. Las 20 personas estaban acompañadas de Daniel Rentería Tovar, quien es el contratista de mencionada empresa.

Las tres camionetas iniciaron su recorrido el 17 de marzo rumbo a Saltillo, llegaron ese mismo día a esta ciudad y posteriormente, el 18 de marzo, se dirigieron a la ciudad de Monclova. Permanecieron ahí hasta el día 20, fecha en la que salieron hacia las 17:00 hrs. rumbo a Sabinas, población a la que llegaron a las 19:00 hrs. Esa tarde del 20 de marzo, Daniel Rentería se quedò en Sabinas con 6 personas y con la camioneta color cobre. Pero las otras dos camionetas continuaron su traslado hacia la ciudad de Piedras Negras. En la camioneta roja se encontraban: Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, Marco Antonio Ocampo Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Abraham Nava Calzotzin y Víctor Ríos Tapia. Y en la camioneta azul viajaban: José Juan Pacheco Juárez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortez Guzmán, Gersain Cardona Martínez, Juan Garduño Martínez y Lorenzo Campos Rodríguez, éste último era el conductor de dicha camioneta.

El sábado 21, desde Piedras Negras, y hacia las 15:30 horas, Lorenzo Campos se contacta con Daniel Rentería para decirle que no localiza a sus compañeros de la camioneta roja, ni físicamente ni por celular. Y Daniel le contesta que pregunte en la Delegación de Policía, pero un rato después ya no puede contactarse Daniel con Lorenzo Campos, ni hay conocimiento que se haya contactado con la Delegación de Policía de la ciudad.

Hasta el momento se ha interpuesto denuncia por la desaparición ante la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), quedando radicada bajo la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/077/2009, y ante la CNDH, quien a su vez la envía a la CDHEC (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila). Tenemos conocimiento que las autoridades del Estado de Coahuila han implementado una investigación al respecto, sin embargo, hasta la fecha, no se ha pedido ningún rescate, no se han tenido noticias del avance en la investigación y nada se sabe acerca del paradero de estás 12 personas, ni de los vehículos.

El artículo 375 del Código Penal del Estado de Coahuila, señala claramente: INTERVENCIÓN OFICIOSA DE LAS AUTORIDADES. EL DELITO DE SECUESTRO SE PERSEGUIRA DE OFICIO Y LAS AUTORIDADES INTERVENDRAN TAN PRONTO TENGAN CONOCIMIENTO DEL ILICITO, AUN CUANDO EL OFENDIDO O SUS FAMILIARES SE OPONGAN A ELLO, PERO PROCURANDO SIEMPRE LA SALVAGUARDA DEL SECUESTRADO.

Ante el gran número de personas desaparecidas en el país, nos parece importante animar a la ciudadanía a tener una acción más activa en las denuncias y en la presión hacia las autoridades para que cumplan con su trabajo. Exhortamos a la comunidad para que reporten cualquier información al teléfono 01 800 00 252 00 (al interior de la república), 53 46 42 68 (D.F. y área metropolitana), o vía internet a extraviados@pgr.gob.mx, www.pgjdf.gob.mx, y al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC al teléfono 01 84 44 12 37 84, 17 o 94 ext.137 y 116 o al correo electrónico derechoshumanos@diocesisdesaltillo.org.mx

Agradecemos de antemano la colaboración que puedan brindar proporcionando cualquier dato que nos ayude a encontrar a estas 12 personas.




Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
29 de abril de 2009
Saltillo, Coahuila, México

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C

PRONUNCIAMIENTO :
LA DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ES UN ELEMENTO QUE MANTIENE EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LA SOCIEDAD COAHUILENSE


El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. ve con suma preocupación la lentitud con la que las autoridades del municipio de Torreón han tratado el caso de Jesús Torres Fraire, Director del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardo A.C.

Jesús Torres Fraire sufrió abuso de autoridad por parte de policías municipales de Torreón el pasado 26 de marzo. Alrededor de las 9:00 p.m. a la altura de Diagonal las Fuentes, a espaldas de “Ley Saulo”, fue interceptado por una patrulla con dos agentes de Seguridad Pública Municipal. Con el pretexto de revisar el carro, argumentando que podía traer alguna droga, el coche fue revisado completamente así como los documentos del vehículo. En el interior se encontraba una computadora portátil marca Thompson la cual contiene información confidencial del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.

Posteriormente y sin fundamento los policías le obligaron, de forma violenta y portando armas largas, a cerrar el carro y dejar en el asiento trasero la computadora, para subirlo a la patrulla “paseándolo” por varias cuadras. Finalmente fue abandonado en una calle solitaria de una colonia desconocida, indicándole los mismos policías que caminara en sentido contrario de donde habían dejado el vehículo. Regresó a recoger su carro y se dio cuenta de que rompieron un vidrio de la parte trasera del lado derecho y la computadora había sido robada.

Desde el viernes 27 de marzo los miembros del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, la Parroquia de San Judas en la ciudad de Torreón, así como la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, han emprendido acciones concretas para exigir a las autoridades que sancionen conforme a derecho a los policías que incurrieron en delito.

El jueves 2 de abril Jesús Torres Fraire, José Castillo sj y miembros de las CEBs en Torreón fueron recibidos por el Alcalde José Ángel Pérez Hernández, quien expresó que estaba muy interesado en lo sucedido y le pidió al Director de Seguridad Pública, Karlo Castillo Gracia para que se hiciera cargo del caso.

El viernes 3 de abril el Director de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, Karlo Castillo Gracia, acudió a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. En dicha reunión participaron también miembros de la comunidad parroquial y representantes de la sociedad civil de la zona lagunera. Jesús Torres Fraile relata en un escrito lo que sucedió en la reunión: “Le pedimos acciones concretas al Director... y nos ofreció todo el apoyo, dio instrucciones precisas para detectar las patrullas que según la fecha, hora y el lugar donde ocurrieron los hechos... en 5 minutos teníamos el croquis con tres patrullas y los nombres de los agentes que en ese momento se encontraban en el perímetro señalado. Se imprimieron las fotos y rápido se identificaron a los policías... el mismo Director nos entregó las fotos para el trámite ante Asuntos Internos del Municipio... hoy entregamos las fotos y croquis al responsable de Asuntos Internos (el trabajo que él tenía que hacer) ahora nos toca insistir para que Asuntos Internos le de seguimiento lo más pronto posible...” Hasta la fecha que es emitido este pronunciamiento, 26 de abril, no se ha sancionado a los policías ni se ha notificado al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. de la ruta que han seguido las investigaciones del caso, cuyo expediente es: 192/2009.

Es importante anotar que el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. ha interpuesto en los últimos siete meses tres denuncias por robo: dos por allanamiento de sus oficinas: LIRD3-7748/2008 (interpuesta el 9 de octubre de 2008) y L1-RN11-474/2008 (27 de octubre de 2008); y 192/2009 (27 de marzo de 2009) por lo ocurrido a Jesús Torres Fraile con los agentes de Seguridad Pública Municipal.

Lo denunciado por el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. pone en evidencia que la dilación en la sanción a los agentes de policía que incurren en delitos abona el terreno de la impunidad y del estado de inseguridad e indefensión que sufre hoy en día la población del municipio de Torreón.

Las autoridades estatales y federales han declarado que están atendiendo los asuntos graves del narcotráfico y la delincuencia organizada; queremos subrayar y recordarles que la cadena de gravedad de la delincuencia inicia en los eslabones del abuso de autoridad y de la impunidad.

El hecho de que agentes de Seguridad Pública Municipal, aprovechando la investidura de su autoridad, obliguen a un ciudadano que abandone su vehículo y lo introduzcan en una patrulla sin razón alguna, después lo dejen abandonado en un lugar desconocido, ya es una acción que violenta sus derechos humanos, y se agrava con la sospecha fundada que la detención fue para robar las pertenencias que se encontraban en su vehículo.

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. exhorta:

• Al Alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández, que actúe oportunamente para sancionar a los funcionarios públicos bajo su mandato que incurran en delitos, de lo contrario, su omisión vulnera el estado de derecho y mantiene abierta la puerta al crimen organizado para introducirse en las estructuras de gobierno.
• Al Director de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, Karlo Castillo Gracia, presente sin dilación y sancione conforme a derecho a los agentes de Seguridad Pública Municipal que hayan incurrido en robo con abuso de autoridad a Jesús Torres Fraile.
• A la ciudadanía, a seguir organizándose para presionar a las autoridades de cualquier nivel de gobierno para que cumplan con sus obligaciones y así lograr que sea una política de Estado la seguridad pública desde la perspectiva de los derechos humanos.



Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
26 de abril de 2009
Saltillo, Coahuila, México

Astillero

Granjas México

Carroll, un ejemplo

¿Préstamos?: virus HSxHS

Julio Hernández López

CERCO SANITARIO. En la Cámara de Diputados se observó baja asistencia de empleados y no se aceptaron visitantes; el salón de plenos se mantuvo cerrado durante la sesión. En la imagen, el personal de seguridad es desinfectadoFoto José Antonio López

Los mexicanos son diariamente afectados en su salud por la producción de carnes y vegetales que son estimulados en su crecimiento, durabilidad y aspecto mediante agentes químicos sabidamente dañinos que son utilizados impune y criminalmente por los grandes comercializadores que suelen ser patrocinadores de campañas políticas de quienes (a título de cualquier partido) están en el poder y donadores generosos a las cuentas particulares de la patológica clase política multicolor que en estos momentos cruciales padece el país.

Un ejemplo altamente significativo son las Granjas Carroll (GC) instaladas en 1994 en el valle de Perote, Veracruz, mediante una sociedad formada por Agroindustrias de México y la principal firma estadunidense productora de cerdos, Smithfield. Con un pie de cría de 40 mil vientres, GC produce al año alrededor de 800 mil puercos, de tal manera que es una de las tres principales empresas del ramo en México. Los métodos de trabajo de la trasnacional han provocado mútiples protestas debido a la evidente contaminación material que provocan con los residuos y desperdicios de su proceso pero, sobre todo, por los constantes problemas de salud que los ocupantes de las cercanías han estado padeciendo y de cuya responsabilidad se deslinda activamente la citada empresa, a cuyos postulados de inocencia se han abierto procesos judiciales contra ciudadanos que han encabezado movimientos de oposición a la firma cuyo componente estadunidense, Smithfield, recibió en 1985 el castigo por un litigio del ámbito civil más cuantioso de los registros gringos por violaciones al Acta de Agua Limpia: un millón 285 mil dólares; en 1996, un juez sentenció a pagar 12.6 millones de dólares y a cumplir 18 meses de arresto a un gerente de Smithfield y a uno de sus operadores por falsificar y destruir muestras registradas y por la descarga intencional de agua tóxica en el río Pagan.

En México, desde luego, esos inversionistas fueron recibidos con las chequeras particulares abiertas por distintos funcionarios que aun cambiando de nombres, partidos y temporalidad en el poder, les han garantizado impunidad y protección. El gobierno calderónico y el políticamente nigérrimo de Veracruz han protegido a Granjas Carroll y se han desatendido de las múltiples denuncias (difundidas oportunamente por Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada en Veracruz) que llevaron el pasado 2 de abril a que hubiera constancia pública internacional de los riesgos de salud que allí se gestaban y que enfermaron de manera inusual, sospechosa, a unos 400 de los tres mil habitantes del poblado irónicamente llamado La Gloria. El brote extraordinario de gripe y neumonía, y las versiones de autoridades comunales sobre la muerte de menores de edad, no movieron a las autoridades mexicanas (ni modo de llevarse una comisión en asuntos económicante tan menores) a indagar nada, a pesar de que un despacho gringo de biovigilancia, Veratect, advirtió de los hechos a la Organización Mundial de la Salud (otro de esos entes mutantes de la economía y el mercado dominados por las grandes firmas). El caso de las Granjas Carroll ha llevado a Internet diversas interpretaciones que creen encontrar allí el origen de las mutaciones que han causado la crisis sanitaria en curso.

Por otra parte, haiga sido por lo que haiga sido (virus HSxHS), el agravamiento en México de una crisis sanitaria crea las condiciones para que sean usados bajo criterios discrecionales de emergencia los préstamos de blindaje genérico adquiridos recientemente y el muy específico de 205 millones de dólares. Nadie sabe ¿y nadie sabrá? cómo se están gastando los dineros públicos en el torbellino inducido de miedo social ni quiénes son y serán los beneficiados con las compras y gastos gubernamentales hechos en el marco propicio del pánico decretado.

El mismo virus HSxHS (escatológico, de duración presuntamente sexenal, que puede ser contagiado a través de tapaojos y tapaoídos electrónicos como son la mayoría de los noticieros de radio y televisión) ha afectado severamente al de por sí maltrecho y anémico cuerpo electoral que presuntamente habría de dar a luz el próximo julio una criatura legislativa federal (con variantes en ciertas entidades donde se elegirán gobernadores, presidentes municipales y congresos locales) a la que desde ahora se apresuraban algunos Padrinos a dar por vestida principalmente con telas de tres colores (debidamente contrastadas con abundantes pero no mayoritarios toques de blanco y azul). El golpe epidemiológico ha hecho trastabillar los procesos partidistas de arranque de campañas, ha desinflado al extremo los de por sí lánguidos ánimos de participación electoral, e incluso está llevando a considerar la aparición en el menú del platillo que resulta más apetitoso para la desfondada banda panista: la posibilidad de cancelar o posponer los comicios en porcina puerta que, de cualquier manera, ya han sido contagiados porque la capacitación electoral a cargo del IFE no se ha podido completar y porque la continuidad del proceso ya no se puede garantizar. La dictadura, o cuando menos sus tentaciones sanitarias.

Astillas

Porcinas dudas: ¿Por qué se insiste en que la población asuma fórmulas de sometimiento masivo como el uso de los azules tapabocas si los propios especialistas consultados constantemente en noticieros televisos aseguran que no es la vía aérea la que propicia más riesgos de contagio sino el contacto manual que en todo caso impulsaría a promover el uso de guantes y no de trozos de tela que sólo servirían frente a secreciones hechas a corta distancia por enfermos?.. Y, mientras esta columna ha de cerrarse antes de que dieran nocturna conferencia de prensa los funcionarios federales encabezados por José Ángel Córdova, ¡hasta mañana, con la guerra contra el narcotráfico en una especie de tregua que da paso, en tanto las mayorías ven para epidémicos lados, a la autorización legislativa para la portación de pequeñas dosis de sustancias estupefacientes!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

LA INFLUENZA PORCINA TIENE SUS RAICES EN EL SISTEMA DE CRIA INDUSTRIAL DE ANIMALES, DOMINADO POR GRANDES EMPRESAS TRASNACIONALES

Epidemia de lucro

Silvia Ribeiro*

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (www.grain.org).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes.
Foto
"La nueva epidemia no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales". La imagen fue captada ayer en la terminal de autobuses de orienteFoto María Luisa Severiano

Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados".

No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.

* Investigadora del Grupo ETC

Epidemia de ineptitudes

ÁLVARO DELGADO

México, D.F.,27 de abril (Apro)।-

El lunes 13 de abril, tres días antes de la visita a México de Barak Obama, presidente de Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón tuvo conocimiento del primer caso de influenza en el país y justo cuando el estadunidense desahogaba aquí una breve agenda, incluida una cena en la que saludó de mano a centenares de invitados, las autoridades de salud decretaron la alerta epidemiológica.

Así, pese a todo el poderoso aparato de seguridad de Estados Unidos y del país anfitrión --que incluyó tropas provistas de armas letales, vehículos de guerra, helicópteros y aviones--, la vida de Obama estuvo en riego ante el virus de influenza porcina.

"El equipo de la Unidad Médica de la Casa Blanca en el terreno preguntó a funcionarios mexicanos de salud y al equipo médico de la embajada de Estados Unidos sobre cualquier preocupación sobre enfermedades infecciosas, y fuimos informados que no había ninguna", declaró hoy Robert Gibbs, portavoz presidencial de ese país, luego de ser cuestionado en su rueda de prensa habitual.
Sin embargo, ante las especulaciones de que los estadunidenses –incluido Obama-- están furiosos porque el gobierno de Calderón ocultó información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos, el vocero optó por la diplomacia: "No nos notificaron, pero no tenemos razón para creer que ocultaran información que tenían hasta ese momento."
Pero el dato es relevante no porque la vida de Obama sea más importante que la de cualquier mexicano –bajo ninguna circunstancia debe serlo--, sino porque revela que en esos días se sabía, al más alto nivel, que se cernía una amenaza sobre México y se escamoteó para, luego --ante la gravedad de hechos inocultables--, dar paso a una estrategia que tiene a la mayoría de la población en un estado de zozobra y terror.

No fue sólo la repentina decisión de la noche del jueves, cuando el gobierno de Calderón anunció una serie de medidas para afrontar la epidemia –entre ellas la suspensión de clases en el Distrito Federal y el estado de México, de la que millares de padres de familia se enteraron al llegar a los planteles--, sino los anuncios que le siguieron, entre ellos el cierre de centros de entretenimiento, que prácticamente paralizaron las actividades productivas de ambas entidades, particularmente en el Valle de México.

Pero más aún: La suspensión de clases hasta el 6 de mayo, primero en los estados mencionados y en San Luis Potosí, y luego en todo el territorio nacional, ha generado una sicosis que revela no una estrategia para capitalizar política y electoralmente el terror de la sociedad --a lo que son tan proclives las derechas, como Calderón, y que tampoco habría que descartar--, sino la ineptitud y la insensibilidad que demuestran los erráticos pasos que ha dado el gobierno.

La epidemia de la influencia porcina es un problema gravísimo, de tal magnitud que más vale que Calderón –y por supuesto las autoridades de todos los niveles involucrados en el cuidado de la población-- actúe y hable con la verdad, incluyendo las consecuencias de carácter económico que padecerá México, en lo inmediato por la inactividad en las diversas ramas productivas, entre ellas el desplome del turismo, y luego las exportaciones.

Salvo la muy superficial declaración de Agustín Carstens, secretario de Hacienda, de que habrá una afectación por la epidemia, Calderón no ha informado sobre la magnitud del impacto.

El gobierno capitalino que encabeza Marcelo Ebrard, y que tampoco es la representación de la eficacia, dio a conocer que las pérdidas son superiores a los 700 millones de pesos diarios por la contracción del 60% de la actividad productiva.

Y, sobre todo, es preciso que las autoridades atiendan el ánimo de la sociedad, expuesta a una avalancha de información que aturde y confunde. Que paraliza.

La crisis generada por la epidemia ha puesto de manifiesto, también, la enorme debilidad tecnológica de México en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la dependencia de equipos para no depender de laboratorios de países extranjeros para identificar la cepa del virus y que, en este caso, se dejó en manos de Estados Unidos y Canadá.

El gobierno federal alega que no se dio información a Barak Obama de que ya se conocía al menos un caso del virus de influenza porcina, el que se detectó tres días antes de la visita, debido a que sólo se confirmó la tarde del miércoles 22, fecha que dio Calderón mismo, pero con ello exhibió justamente el desdén por la investigación científica, incluida por supuesto la clínica, que implica inclusive el desabasto de medicamentos y vacunas contra enfermedades como la que se abate en México.

Pero todavía peor: Tal como documenta el semanario Proceso en la edición de esta semana, se sabía que en México se tenía prevista una pandemia de la influenza desde 2001, y aun se creó, en 2006, un Plan Nacional de Preparación y Respuesta a una Pandemia de Influenza.

"El reloj de la pandemia está corriendo, sólo que no sabemos qué hora marca", sentencia un documento al respecto publicado en el reportaje principal de la revista, que además consigna la elaboración de un Manual para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza.

Sí, pero sobrevino la tragedia.

Reflexiones: pandemia ficticia y manipulación de la masa ?

Globalización Mexico y Antropología
Influenza... preguntas para reflexionar

De Jorge Luis Solano

Estimados compatriotas:

Con todo respeto, considero que el gran escándalo sobre la influenza porcina
que aqueja al país, es una mera maniobra manipulatoria del gobierno panista
para:
1. Desviar la atención de los ciudadanos respecto a los gravísimos problemas
que actualmente tiene el país (petróleo, Cananea, presos políticos,
desempleo, educación al traste, pornografía infantil y un larguísimo
etcétera).

2. Aprovechar la situación para dar la imagen de "unidad" de los diferentes
niveles de gobierno.

3. De pasadita, alejar a las masas de la idea de hacer una tremenda
concentración el Primero de Mayo, como ya habían anunciado diversas
organizaciones políticas y sociales. (Qué casualidad que justito se
reinician clases el 6 y de una vez se pasan por las armas primero y cinco
del citado mes).

4. Provocar una psicosis colectiva perfectamente aprovechable para las
tentativas de intromisión en la vida privada de la gente "incómoda" y en el
mismo paquete, el ejército hasta el tope en las calles de las principales
ciudades repartiendo tapabocas en los dos sentidos.

5. Echarle tierra a las contradicciones respecto a la vacuna contra el VPH
(virus de papiloma humano) que resultó ni tan segura ni tan eficaz, pero eso
sí, un negocio redondo que es ya inocultable.
La gripe porcina no empezó hace unos días, como pretenden hacernos creer, y
menos en la ciudad de México. Al menos en Xalapa, Ver., hace aproximadamente
un mes, a raíz de la contaminación de las Granjas Carroll en el Cofre de
Perote, inició, ésa sí, una epidemia en La Gloria que costó la vida a más de
20 personas de esa localidad, dadas las condiciones ambientales, de salud y
de nutrición de los pobladores; posteriormente, en la misma semana se
presentaron cientos (¿o miles?) de casos de cuadros gripales severísimos en
la ciudad de Xalapa que se AUTOLIMITABAN en cinco días. Esto ¿qué quiere
decir? Que sólo ocasionalmente se complicaron a bronquitis y
bronconeumonías, pero que en la mayoría de la población afectada se
presentaba como fiebre elevada, rinorrea persistente (secreción
nasal), otitis, faringitis severa, inflamación ganglionar cervical,
irritación conjuntival, etc. Con y sin tratamiento convencional
(antipiréticos, desinflamatorios y aumento en la ingesta de líquidos más
reposo), a los cinco días los pacientes se curaron. No se hizo ningún
escándalo, a pesar de la cantidad de personas que tuvieron que ser atendidos
en clínicas públicas y privadas en la ciudad. Pero sí se ocultaron las
corruptelas en torno a las Granjas Carroll y la represión que se dio sobre
quienes han denunciado y se han opuesto a tan encomiable empresa gringa que
lleva años contaminando la zona.
Por todo ello, me permito proponer las siguientes preguntas para
reflexionar:

-¿En qué estudios sesudos se basan las autoridades para decir que es un
virus "mutado"?, si sólo tipificarlo con seriedad lleva muchos días de
laboratoriales nada sencillos de efectuar. ¿No podría ser simple y
llanamente el virus de la influenza porcina de siempre, que ahora y gracias
a la vacunación masiva de la influenza humana y aviar cobró fuerza este
subtipo, atacando a la especie humana?, situación que ni es nueva ni es
letal. De los muertos reportados en la ciudad de México, habría que ver si
de veras todos se debieron a este virus, en que condiciones estaban los
pacientes, si se les atendió a tiempo... Con todo respeto para los difuntos,
68 muertos en una ciudad de casi 30 millones, ¿es de considerarla como
pandemia?
-No es ni con mucho, la primera vez que nuestro país tiene una epidemia por
infección viral o bacteriana. ¿Cuándo se la habían tomado tan en serio las
autoridades locales y federales? Por ejemplo, sólo en la última década:
dengue hemorrágico, enteritis por proteus mirabilis, cólera, hepatitis A,
impétigo, riquettsias por piojos (ésta muy reciente)...
-¿Desde cuándo las autoridades sanitarias han actuado con la mínima
responsabilidad respecto a la salud de la población? Por citar sólo algunos
datos interesantes, el estado de Veracruz ocupa el honroso primer lugar de
América Latina en Bruselosis (infección severa derivada de productos lácteos
no pasteurizados); es una enfermedad de notificación obligatoria y nunca se
lleva a cabo ésta. México es de los países con mayor índice de Leptospirosis
aguda y crónica y tampoco se hacen fumigaciones ni controles al respecto
(por cierto, también de notificación obligatoria); y ¿qué hay de la
Tuberculosis multidrogorresistente que asola al país hace ya varias décadas
(aunque sigan y sigan "maquillando" los datos epidemiológicos)?; en fin,
podríamos seguir hasta el agotamiento.
A mi modo de ver, esta alarma federal sobre la gripe porcina, se va
pareciendo cada vez más al chupacabras salinista o a los "ataques por carta
con antrax" del inicio de la era bushiana, ¿recuerdan?
En fin, considero que debemos actuar sobre todo desde una postura reflexiva
y serena para no caer en las trampas mediáticas que el Estado ha echado a
andar de manera coordinada pero incoherente.

Atentamente

Dra. Patricia de Oteyza
Xalapa,Ver.
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Miguel Valencia
ECOMUNIDADES
Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México

¡DESCRECIMIENTO O BARBARIE!
Acción inmediata frente al Pico del Petróleo y al Cambio Climático

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Camus: las ratas y la epidemia

Teresa del Conde


las personas de mi generación probablemente recuerden que la publicación de La peste, de Albert Camus (1913-1960), que salió a la luz en 1957 por Gallimard, se inicia con el episodio de las ratas. Los roedores mueren en las calles, los periódicos dan cuenta del hecho y los habitantes de la ciudad de Orán, en Argelia, desarrollan actitudes hiteroides. Entonces, como ahora, Orán era un sitio que, aunque muy visitado por sus atractivos, había sufrido a lo largo de su historia de varios brotes de peste bubónica.

La moción de Camus al elegir una epidemia como tema tiene que ver con eso, lo que le dio ocasión de contraponer la idiosincrasia y las acciones de caracteres en oposición. Hay una tendencia, propiciada por el personaje principal, el doctor Rieux, quien es el primero en observar la inusual muerte de las ratas y al mismo tiempo cae en la cuenta de que un vecino suyo –monsieur Michel– muere repentinamente de fiebre.

Decide entonces investigar y es ayudado en sus pesquisas por otro médico, Castel, quien es el primero en identificar a las ratas como portadoras de la enfermedad transmisible a los humanos.

En oposición, otro colega, el doctor Richard, se muestra reacio a tomar medidas generales hasta en tanto se confirme la existencia de la plaga, que a esas alturas de la novela ha cobrado pocas víctimas proporcionalmente hablando.

No muy bien parado queda el reverendo Paneloux, S.J., debido a que en sus sermones advierte a los fieles sobre la conveniencia de resignarse: "hay poco que hacer", porque la enfermedad es un castigo divino, o sea, de la misma índole bíblica que asoló a Sodoma y Gomorra. Camus condena de manera quizá un poco radical a este personaje, que muere víctima de la peste.

En cambio, Raymond Rambert, un visitante que quedó atrapado en Orán y que ha dado muestras de ser algo acomodaticio, acaba por ayudar denodadamente al doctor Rieux y es premiado por el autor, porque logra sobrevivir y regresar a París, proyecto en el que derrochó bastante energía, pues lo que deseaba por encima de todo era reunirse con su amante a la brevedad posible. Lo logra, pero no sin antes coadyuvar con brío a la ejecución de las normas encaminadas al bien común.

Lejos de que la narración sea pesimista, lo que Camus alienta es la idea de que las acciones de conjunto, promovidas por autoridades médicas y por ciudadanos dispuestos a acatar reglamentos y a sumarse a las acciones propedéuticas, acaban por persuadir al conjunto de la población, que acaba por luchar en común con la amenaza de muerte a pesar de que el suero necesario para la mejoría de los afectados tarda en llegar.

Si Camus fue o no un pensador existencialista (él lo negaba) es lo de menos ahora. Sólo conviene recordar que su madre era de ascendencia española y que su padre murió en la batalla de Marne, esto es, en los inicios de la Gran Guerra de 1914-1918. El joven escritor y periodista nacido en Argelia padeció la ocupación francesa por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La combatió por escrito.

Intentó alistarse en el ejército francés, mas fue rechazado debido a que había padecido tuberculosis. La superó, pero tuvo un brote cuando era ya adulto. Fue de izquierda y llegó a pertenecer al PCF, del que dimitió en favor de un anarquismo contrario a cualquier forma totalitaria. Fue a la vez recalcitrantemente pacifista y cuando recibió el Premio Nobel, en 1957, puntualizó su postura.

Aliado de Jean Paul Sartre, rompió con él a raíz de la publicación de su novela El rebelde, que no fue del agrado de Sartre, quien la calificó como producto de "un rebelde de la estética".

Sí trató cuestiones artísticas. Jonas ou l’artiste au travail es, por lo menos, muy curiosa, casi llega al absurdo, género al que Camus no fue ajeno.

Resulta que a Jonás, casi totalmente desconocido, le llega un éxito inesperado que lo convierte de la noche a la mañana algo así como en un superstar. No pudo con la situación, después de ser celebrado ad nau-seam, se recluyó en un tapanco, alegando que se encontraba pintando un mural. No sé si esta narración ha sido llevada al cine, es buen tema para un largometraje, aunque no resulta muy plausible que un artista que alcanza el éxito llegue a extremos tales, aunque podemos pensar, v.gr. en algunos casos, como el de Francisco Toledo, quien rehúye la notoriedad y pone en duda el éxito artístico.