No se puede ignorar la tensa, muy difícil o trágica situación del país. Entre las demostraciones de que no todos los tiempos son iguales:
Violencia radical del narcotráfico con altísimo costo de vidas (no sólo de los directamente involucrados); crisis del aparato de seguridad nacional; destrucción creciente del tejido social; expansión del miedo y el pánico en amplísimos sectores; carestía insostenible; desastre –reconocido por todos– de la enseñanza pública y la privada; ansiedad por reducir el proceso electoral a una compraventa de votos; crisis acentuada y efectiva del Poder Judicial; apoyo de funcionarios al sistema de ecocidios (sobrexplotación del agua, destrucción de bosques, contaminación) que ratifican la monstruosidad del neoliberalismo; impunidad de los poderosos que se ostentan como la nueva “autoridad moral”; campaña intensa de privatización de los recursos energéticos; funcionarios cuya perma- nencia es un desafío grave a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral de los opositores…
Hay, sin embargo, razones, y muy significativas, para un optimismo racional o, si se quiere, para un replanteamiento positivo de las circunstancias actuales:
–Emergencia de sectores y personas en el análisis de la realidad, las decisiones participativas y las protestas. Las movilizaciones de los últimos tiempos no son calificables de izquierda en el sentido ideológico tradicional, sino como movimientos, de ciudadanía y ciudadanización, conceptos primordiales y ligados ya al fortalecimiento de la soberanía popular.
–Fracaso estrepitoso de los defensores del proyecto de Felipe Calderón en el debate sobre reforma energética. Carecen de argumentos sólidos, se entregan a la inútil y penosa manipulación de leyes y cifras, son inconexos y desinformados por sistema.
–Fracaso notable de los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN en la política informativa sobre los hechos básicos del país. Los promotores de la privatización del petróleo se burlan de los mexicanos que no entienden de tecnología y ellos mismos, a la hora de evaluar su proyecto, lo reducen a lugares comunes del autoritarismo cantinflesco. Además, ¿de dón- de proviene la ignorancia de la sociedad en asuntos de extrema importancia? De quienes, mediante la represión y el oscurecimiento informativo de la te-levisión, han alentado por décadas la despolitización y aíslan y persiguen las actitudes politizadas. Los gobiernos federales desalientan desde hace mucho tiempo las acciones de la ciudadanía. También el desbordamiento de la ignorancia afecta en primer término a la clase gobernante, que nunca explica sus proyectos básicos y carece de la costumbre de razonar.
–El gobierno federal aceptó el debate sobre la reforma petrolera y ahora se propone ignorarlo, asfixiar su desarrollo y enterrar sus conclusiones. Con todo, este debate es otro de los signos irrefutables que anuncian una sociedad distinta, que va adquiriendo la capacidad de convocarse a sí misma.
–La clase gobernante fracasó en su intento de impedir por entero la consulta. El propósito de la consulta no es negar las facultades del Congreso, sino rechazar la privatización del punto de vista de la nación y no aceptar que sólo “los expertos” decidan el presente y el porvenir del país. La ciudadanía exige su inclusión en la toma de medidas que la afectan centralmente. Al oponerse a la consulta, la clase gobernante despliega el tamaño de su miedo a los ciudadanos y de su desconfianza ante su escasísimo poder de convencimiento.
–El fracaso impresionante de la derecha, que en décadas no ha ganado una sola de las batallas culturales en el país, no ha conseguido abolir los derechos de las mujeres ni de las mino-rías sexuales, ni ha detenido en lo mínimo el avance de sus odios predilectos: la laicidad, el laicismo, la secularización (e-jemplo reciente: la devolución por parte de la diócesis de Guadalajara de 30 millones para el Santuario de los Mártires). Si en las batallas culturales la derecha viene a menos, estamos aún lejos del respeto a los derechos humanos, del fin del racismo y del reconocimiento pleno a los derechos indígenas.
–Movilización en amplios sectores de la sociedad, que no aceptan como respuesta la frialdad, el azoro, el desprecio, la inercia o el odio de la clase gobernante.
Antes lo dominante fue el pesimismo como determinismo. Hoy las circunstancias han cambiado. Nadie autoriza el optimismo, pero la tesis de la indefensión absoluta de la sociedad es, en última instancia, un comercial más del neoliberalismo.
Así, la consulta sobre la reforma energética es una saludable ampliación de la democracia y un logro del movimiento ciudadano.
Atentamente
Comité de intelectuales en defensa del petróleo
Marco Antonio Campos
Rolando Cordera
Arnaldo Córdova
Laura Esquivel
Bolívar Echeverría
Víctor Flores Olea
Luis Javier Garrido
Héctor Díaz Polanco
Antonio Gershenson
Margo Glantz
Enrique González Pedrero
Hugo Gutiérrez Vega
David Ibarra
Luis Linares Zapata
Guadalupe Loaeza
Lorenzo Meyer
Roberto Morales
Carlos Monsiváis
Jorge Eduardo Navarrete
Carlos Payán
Carlos Pellicer
José María Pérez Gay
Sergio Pitol
Elena Poniatowska
Ida Rodríguez Prampolini
Enrique Semo
Víctor Manuel Toledo
Héctor Vasconcelos
Javier Wimer
Cada vez somos más los que creemos que otro mundo es posible ! Las formas de comunicación son importantes en estos aciagos tiempos. Hagamos del ingenio y de la inteligencia un instrumento de lucha para construir un mundo nuevo.
Monday, June 23, 2008
Friday, June 20, 2008
PRESOS POLITICOS EN NUEVO LEÓN
Apoyo a Gerardo Armendariz Cuenta No: 2615847087.
BANCO: BBVA BANCOMER
A NOMBRE DE: EMMANUEL RODRIGUEZ ALVIZO
No sean DONAS y apoyen...
A los que no saben por qué están presos, simplemente porque quieren despojar a los dueños de un predio en la Colonia Nueva Castilla en el municipio priísta de General Escobedo, N.L., y los compañeros encarcelados se oponen; unos dueños, otro abogados y unos más que apoyan a los despojados, donde el Instituto Estatal de la Vivienda se apoderó del predio y robó a sus auténticos dueños, con la venia del gobernador, quién se hace el despitado y no entiende que este evento afectará los resultados de la elección del próximo año.
Aparte de Gerardo, hay otros cuatro compañeros en el penal del Topo Chico y la ciudadanía, indiferente o desinformada, pero urge radicalizar acciones, si no los compas en la cárcel, seguirán ahí hasta después del proceso electoral del próximo año y considero que no se debe tolerar los abusos del poder, vengan de donde vengan.
BANCO: BBVA BANCOMER
A NOMBRE DE: EMMANUEL RODRIGUEZ ALVIZO
No sean DONAS y apoyen...
A los que no saben por qué están presos, simplemente porque quieren despojar a los dueños de un predio en la Colonia Nueva Castilla en el municipio priísta de General Escobedo, N.L., y los compañeros encarcelados se oponen; unos dueños, otro abogados y unos más que apoyan a los despojados, donde el Instituto Estatal de la Vivienda se apoderó del predio y robó a sus auténticos dueños, con la venia del gobernador, quién se hace el despitado y no entiende que este evento afectará los resultados de la elección del próximo año.
Aparte de Gerardo, hay otros cuatro compañeros en el penal del Topo Chico y la ciudadanía, indiferente o desinformada, pero urge radicalizar acciones, si no los compas en la cárcel, seguirán ahí hasta después del proceso electoral del próximo año y considero que no se debe tolerar los abusos del poder, vengan de donde vengan.
UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
CONVOCATORIA POPULAR
México, 19 de junio de 2008
POR LA ABROGACIÓN DE LA CRIMINAL NUEVA LEY DEL ISSSTE
LA LUCHA ES PRIMERO, LOS AMPAROS TAMBIÉN
A TODOS LOS TRABAJADORES Y SINDICATOS DEL PAÍS
A TODOS LOS AMPARADOS CONTRA LA LEY DEL ISSSTE
Cerca de 15 meses de trabajo y arduo esfuerzo ha costado a cientos de miles de trabajadores ampararse y luchar en contra de la nueva Ley del ISSSTE, que sin temor a dudas es inconstitucional y contraria a los derechos laborales adquiridos de los asalariados al Servicio del Estado. En este tiempo, el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión han sido totalmente omisos a los reclamos, en tanto que la Dirección General del ISSSTE ha desplegado una millonaria campaña propagandística con el dinero de las cuotas de los propios trabajadores para convencer a estos de que se acojan a la nueva Ley y opten por cualquiera de sus malogrados regimenes del décimo transitorio o bonoissste.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal ha sido incapaz de generar condiciones materiales y humanas para admitir y resolver con prontitud los aproximadamente 2.5 millones de amparos que se han presentado, mientras que la Corte, como cuerpo colegiado, ha asumido una actitud de avalar en lo general la criminal reforma, en un contexto de aparente democracia, en perjuicio de millones de mexicanos, sin atender siquiera la posición receptiva y clara de su Ministro Presidente, quien hizo suyos los alegatos de los amparos en beneficio de la masa trabajadora.
Ahora la Corte nos concede algunos "beneficios" al declarar la inconstitucionalidad de varios aspectos de la Ley, pero en su esencia nos la confirma, cambiándonos oro por cuentas de vidrio.
Ante tan grave situación, además de seguir presentando más amparos, las circunstancias nos obligan a la luchar para defender nuestros derechos, por lo que, en nuestro carácter de consejeros legales de cientos de trabajadores, y con el aval de la siempre combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE y otros sindicatos, les convocamos a defender la justicia y la legalidad en la República, porque la lucha es primero. Necesitamos continuar con la resistencia en todo el país. Protestar urgentemente en todas las plazas públicas y en las sedes del poder judicial federal. Los derechos se conquistan ejerciéndolos. EXIJAMOS LA ABROGACIÓN DE LA CRIMINAL NUEVA LEY DEL ISSSTE.
Fraternalmente
¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PUEBLO!
POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL:
EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, JESÚS CERVANTES ESPARZA, OMAR GARIBAY GUERRA, PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, HILDA VENEGAS NEGRETE, GEORGINA ROCHIN BRAVO, JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, JOSÉ LUIS VEGA NÚÑEZ, SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE, ALBERTO GUERRERO FLORES, JUAN RUBIO GUALITO, CESAR DE LEÓN GUADIANA, MARIO RODRIGUEZ CASTRO, RAFAEL SÁNCHEZ OÑATE Y 20 FIRMAS MÁS.
PAG. WEB: www.uniondejuristasdemexico.com
--
Hilda Venegas Negrete
Abogada Penalista
Perito Criminalista.
http://hildyta.multiply.com
http://mujeresporlademocracia.blogspot.com
http://alternativalatinoamericana.blogspot.com
http://nuevarepublicando.blogspot.com/
http://abogadaperitocriminal.spaces.live.com/
http://www.lavozdelaresistencia.org
http://espora.org/limeddh/
http://www.dialogonacional.org.mx/
http://lineasdeseguimiento.blogspot.com
http://redescirculodeestudios.blogspot.com
http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/boletines/
http://libertadaadanmejialopez.org
CONVOCATORIA POPULAR
México, 19 de junio de 2008
POR LA ABROGACIÓN DE LA CRIMINAL NUEVA LEY DEL ISSSTE
LA LUCHA ES PRIMERO, LOS AMPAROS TAMBIÉN
A TODOS LOS TRABAJADORES Y SINDICATOS DEL PAÍS
A TODOS LOS AMPARADOS CONTRA LA LEY DEL ISSSTE
Cerca de 15 meses de trabajo y arduo esfuerzo ha costado a cientos de miles de trabajadores ampararse y luchar en contra de la nueva Ley del ISSSTE, que sin temor a dudas es inconstitucional y contraria a los derechos laborales adquiridos de los asalariados al Servicio del Estado. En este tiempo, el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión han sido totalmente omisos a los reclamos, en tanto que la Dirección General del ISSSTE ha desplegado una millonaria campaña propagandística con el dinero de las cuotas de los propios trabajadores para convencer a estos de que se acojan a la nueva Ley y opten por cualquiera de sus malogrados regimenes del décimo transitorio o bonoissste.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal ha sido incapaz de generar condiciones materiales y humanas para admitir y resolver con prontitud los aproximadamente 2.5 millones de amparos que se han presentado, mientras que la Corte, como cuerpo colegiado, ha asumido una actitud de avalar en lo general la criminal reforma, en un contexto de aparente democracia, en perjuicio de millones de mexicanos, sin atender siquiera la posición receptiva y clara de su Ministro Presidente, quien hizo suyos los alegatos de los amparos en beneficio de la masa trabajadora.
Ahora la Corte nos concede algunos "beneficios" al declarar la inconstitucionalidad de varios aspectos de la Ley, pero en su esencia nos la confirma, cambiándonos oro por cuentas de vidrio.
Ante tan grave situación, además de seguir presentando más amparos, las circunstancias nos obligan a la luchar para defender nuestros derechos, por lo que, en nuestro carácter de consejeros legales de cientos de trabajadores, y con el aval de la siempre combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE y otros sindicatos, les convocamos a defender la justicia y la legalidad en la República, porque la lucha es primero. Necesitamos continuar con la resistencia en todo el país. Protestar urgentemente en todas las plazas públicas y en las sedes del poder judicial federal. Los derechos se conquistan ejerciéndolos. EXIJAMOS LA ABROGACIÓN DE LA CRIMINAL NUEVA LEY DEL ISSSTE.
Fraternalmente
¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PUEBLO!
POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL:
EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, JESÚS CERVANTES ESPARZA, OMAR GARIBAY GUERRA, PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, HILDA VENEGAS NEGRETE, GEORGINA ROCHIN BRAVO, JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, JOSÉ LUIS VEGA NÚÑEZ, SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE, ALBERTO GUERRERO FLORES, JUAN RUBIO GUALITO, CESAR DE LEÓN GUADIANA, MARIO RODRIGUEZ CASTRO, RAFAEL SÁNCHEZ OÑATE Y 20 FIRMAS MÁS.
PAG. WEB: www.uniondejuristasdemexico.com
--
Hilda Venegas Negrete
Abogada Penalista
Perito Criminalista.
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Thursday, June 19, 2008
Desde la tierra donde los Legionarios de Cristo tienen grandes contribuyentes, hace calor y nos gusta la cumbia...www.somosunoradio.org
La Casa de la Neta, donde la música llegó para quedarse, como todos los viernes de 7 a 8 p.m, iniciamos con el rito ancestral de buscar formas para poder comunicarnos y multiplicarnos como bacterias por todas las partes donde haya privilegios y privilegiados, gente inocente encarcelada por los poderosos y una clase política sin idea y absolutamente corrupta, ahí andamos caminando para denunciarlo por todos los medios posibles.

En la música: Divididos, Damas Gratis, Cochinitos de Pan, Verbena Popular; Sonidero Nacional, Supermer K2, Pibes Chorros, Yerba Brava; La Lupita, Celso Piña, El Gran Silencio & Máxxx.

En San Cristobal de las Casas hay pasteles y también chicos churrotes !

En la música: Divididos, Damas Gratis, Cochinitos de Pan, Verbena Popular; Sonidero Nacional, Supermer K2, Pibes Chorros, Yerba Brava; La Lupita, Celso Piña, El Gran Silencio & Máxxx.

En San Cristobal de las Casas hay pasteles y también chicos churrotes !
Urratemai, en plan grande nos manda este comunicado oficial...
Bolivia y el retorno de la extrema derecha
James Petras
econoticiasbolivia
James Petras, uno de los más fecundos pensadores revolucionarios de hoy, examina la evolución de la situación política boliviana, la política real que sigue Evo y la crisis por la que pasan los movimientos sociales y populares. En su análisis, Petras toma como referencia e insumos a varios trabajos de la agencia independiente Econoticiasbolivia
Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.
El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera. El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.
En primer lugar, el gobierno del MAS logró canalizar las políticas a través de instituciones del Estado, a saber, las ramas electorales, parlamentarias y ejecutivas, socavando por tanto las tácticas de acción directa de los movimientos sociales, su instrumento más efectivo de la influencia política.
En segundo lugar, el equipo Morales-García Linera definió y distorsionó radicalmente varias de las demandas políticas y socioeconómicas populares principales a fin de acomodarse a los intereses de la oligarquía y del capital extranjero. Los pactos y acuerdos formales entre el gobierno y la oligarquía llevaron directamente a la rápida reconstrucción de la extrema derecha y a la desmovilización y debilitamiento estratégico de los movimientos sociales. Estos cambios políticos radicales pueden resumirse brevemente.
Asamblea Constituyente: del poder popular al revanchismo oligárquico
Una de las demandas políticas fundamentales de los movimientos sociales revolucionarios durante el período insurreccional (febrero de 2003 a junio de 2005) fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyos miembros provendrían de la elección directa de representantes de los movimientos sociales, comunidades indias y pobres rurales y urbanos. Morales y García Linera pervirtieron totalmente esta demanda. En un acuerdo formal con los desacreditados jefes de los partidos oligárquicos, el presidente y el vicepresidente organizaron elecciones basadas en las entidades territoriales existentes, en las que los partidos de extrema derecha se aseguraron la representación amplia necesaria para bloquear cualquier cambio radical a través de sus potentes máquinas de patrocinio y el control sobre el 90% de los medios de comunicación de masas. En las negociaciones previas a la constitución de la Asamblea, Morales y García Linera aceptaron una cláusula de votación de la oligarquía según la cual eran necesarios dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la Constitución. Más tarde, cuando la derecha entró en la Asamblea en número suficiente para bloquear todos y cada uno de los cambios sustanciales, o incluso las reformas de procedimiento, Morales y García Linera intentaron introducir una norma de mayoría simple pero fueron incapaces incluso de afectar el funcionamiento de la Asamblea. Después de casi un año y medio de parálisis, no se aprobó un solo artículo sustancial; los movimientos sociales habían perdido todas sus esperanzas en la «refundación del Estado» y en la posibilidad de alcanzar cambios sociales significativos. La derecha utilizó la situación disfuncional de la Asamblea para organizar manifestaciones callejeras de masas y establecer «redes cívicas» potentes, dominadas por los oligarcas separatistas y sus fuerzas paramilitares, a fin de promover un programa en gran parte de derechas.
El vicepresidente García Linera reconoció, efectivamente, la debacle total de la Asamblea Constituyente y convocó una conferencia pluripartidista con participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y todos los partidos de extrema derecha, empresarios y oligarcas, a fin de resolver sus diferencias. En otras palabras, Morales y García Linera pasaron de un pacto político fallido con la oligarquía a otro con los mismos resultados desastrosos.
Como era de esperar, la oligarquía y la derecha consideraron la marginación de la Asamblea como una victoria y utilizaron el nuevo formato para impulsar su programa aún más agresivamente y exigir, en la práctica, la rendición total en todos los asuntos principales relativos a la agroindustria; la ocupación ilegal de tierras públicas; el separatismo (calificado de autonomía), que incluye el control provincial (departamental) total sobre los ingresos por impuestos y regalías, y un mayor control provincial (departamental) de las políticas sociales y económicas. La propuesta pluripartidista llevó rápidamente a un fin innoble, como la Asamblea Constituyente antes de ella, pero no sin antes reforzar aún más a la derecha, desmoralizar las clases populares y demostrar la quiebra de las políticas de Morales y García Linera de pactos políticos con los partidos oligárquicos. Al carecer incluso de la seguridad física más elemental en Sucre, la Asamblea Constituyente huyó primero a una instalación militar y más tarde a Oruro donde fue protegida por los mineros y aprobó una Constitución contradictoria y ambigua.
La nueva Constitución está sometida a la aprobación de los votantes en referéndum. Las cláusulas principales son una mezcolanza de cláusulas «centralista» y cláusulas «autónomas», que potencian el poder federal y fragmentan potencialmente el país en unas 30 a 60 «naciones indias» y en gobiernos regionalistas de derecha.
Declarando al mismo tiempo la intangibilidad de la propiedad privada, la Constitución reivindica limitar la propiedad de la tierra a 25.000 acres por persona, incluyendo la posibilidad de un cierto tipo de reforma agraria (la mayoría de la cual sería invalidada mediante el procedimiento de poner la tierra a nombre de los miembros de la familia ampliada.) La Constitución reivindica la propiedad del Estado de todos los derechos del subsuelo sin por ello denegar a todas las grandes empresas mineras, del gas y del petróleo todas las reservas subterráneas en su cotización según el mercado de valores. La Constitución refleja la ideología y las políticas profundamente contradictorias del gobierno de Morales y García Linera, que proclama cambios radicales pero aplica un programa liberal.
Ideología
En la base de estos desastrosos pactos políticos, tácticas y estrategias del gobierno actual, se halla la ideología del capitalismo andino basada en la idea de la protección de la propiedad privada (que incluye la élite de la agroindustria, ese 1% de la población que posee el 80% de las tierras fértiles), de empresas mixtas con multinacionales extranjeras que explotan los grandes recursos naturales, y con campesinos indios de pequeña propiedad basada en la comunidad.
Para sostener el proyecto económico capitalista, Morales y García Linera necesitaban la colaboración y el apoyo de los partidos de derecha oligárquicos, lo que condujo directamente a la firma de los tristemente famosos y fatales pactos políticos que socavaron totalmente las actividades y la dinámica de los movimientos sociales. El indigenismo y la retórica de la defensa de las comunidades indias han sido recursos retóricos rituales en boca de ambos líderes y desmentidos en la práctica, como demostraron concretamente sus supuestos socios, con la destrucción de la disidencia en su reducto económico de Santa Cruz.
Indigenismo
El segundo componente principal de la ideología de Morales y García Linera era la autonomía política indígena y local. La ideología del indigenismo varía en significado y uso según su exponente y propósito político. En Bolivia hoy ambos líderes hablan de indigenismo con varios significados contradictorios y confusos, en función del momento y lugar políticos. El énfasis principal se pone en los derechos culturales y políticos: reconocimiento de la igualdad legal, respeto de las normas culturales indias y sus prácticas jurídicas y reconocimiento del derecho al autogobierno y la autonomía por parte de las 39 a 60 (dependiendo de las ONG y los antropólogos) naciones indias.
Morales y García Linera han puesto de relieve el carácter cultural y democrático de su «revolución», negando cualquier pretexto para la transformación de la propiedad y las relaciones sociales, la expropiación del capital extranjero o los 25 millones de hectáreas en manos de la clase dominante agroindustrial.
El reconocimiento de varias docenas de «naciones indias» implica la fragmentación total de Bolivia en una cadena de mini estados insostenibles, si se llegase a poner en práctica la ideología del indigenismo. Inútil decir que los dos líderes no tienen ninguna intención de poner en práctica la «autodeterminación» indígena, un concepto ideológico sin fundamento económico y político prácticos. Sin una redistribución fundamental de la tierra, una reforma agraria profunda que transfiera la tierra de los 100 clanes a 2 millones de indios sin tierra, lo que Morales y García Linera han rechazado categóricamente, la población india no tiene ninguna base económica para afirmar su autodeterminación.
Peor aún, el énfasis de la ideología indigenista de Morales y García Linera en la autonomía local (de departamento y municipal), ha sido aprovechado por la clase oligárquica de derechas que gobierna en seis departamentos (la media luna) como pretexto para poner en marcha un movimiento de secesión, tanto de jure como de facto, para hacerse cargo de la mayor parte de las regiones ricas en minerales y energía de Bolivia. En respuesta, Morales y García Linera han retrocedido y reafirmado la supremacía del gobierno central del Estado y su control total sobre los ingresos de exportación, la autoridad civil y el poder legislativo.
La ideología indigenista ha tenido poco o nada de impacto en el aumento de la renta y la resolución de las desigualdades de propiedad, los contratos con las sociedades multinacionales extranjeras, los gastos presupuestarios y los ingresos. Las festividades religiosas indígenas han sido financiadas por el Estado y la ideología indigenista ha dado una cierta legitimidad popular a la clase política, básicamente mestiza, que predomina en el gobierno.
Nacionalización
La inmoralidad del gobierno del MAS y su traición a las esperanzas y aspiraciones de los movimientos sociales revolucionarios y sus sacrificios políticos se evidencia claramente en el abandono total, por parte del gobierno, de la nacionalización de la energía y otros recursos materiales primarios. No se ha nacionalizado ni un solo pozo petrolero ni un gaseoducto a pesar de los chillidos de Morales asegurando que «nacionalización no equivale a expropiación».
Por supuesto; la continuación de la propiedad y el control extranjeros en la elaboración de las políticas no era expropiación, pero tampoco ha existido una nacionalización en el sentido que todos expertos, economistas, políticos, periodistas y académicos emplean este término.
Morales y García Linera simplemente aumentaron los pagos por royalties y los impuestos a los niveles de la mayor parte de los países capitalistas occidentales y muy por debajo de porcentajes que se aplican en Próximo Oriente, Asia y partes de África. Peor aún, el ajuste de precios al alza en la venta de gas a Brasil y Argentina estaban aún por debajo de los precios mundiales en un porcentaje de por lo menos un tercio o la mitad. Después de lograr lucrativos y provechosos contratos a largo plazo, Petrobras de Brasil y Repsol de Argentina decidieron hacer nuevas inversiones de gran envergadura para el aprovechamiento de recursos bolivianos. Es decir, que Morales y García Linera ampliaron y profundizaron la desnacionalización de la economía a un coste enorme para la clase trabajadora y los pobres de la ciudad y el campo, que ven poco o nada de unos ingresos cada vez mayores.
De acuerdo con sus políticas favorables al capital extranjero, Morales y García Linera firmaron un acuerdo con la multinacional india Jindal para aprovechar una de las tres minas principales de hierro y manganeso de América Latina. La cordillera de Mutún fue desnacionalizada, se privatizó y se liquidó en condiciones sumamente favorables para sus nuevos dueños extranjeros. El acuerdo propuesto de industrializar el mineral de hierro implica el tratamiento mínimo del mineral en lingotes y tendría lugar después de que Jindel recuperase su inversión inicial. Morales y García Linera han firmado contratos con casi todas las multinacionales extractoras oligárquicas y extranjeras existentes en Bolivia. Por otra parte, Bolivia ha incrementado su dependencia del capital extranjero al aceptar la participación de nuevos explotadores foráneos. A principios de 2008, cuarenta y dos empresas de gas y petróleo de propiedad extranjera explotan los campos energéticos bolivianos.
A excepción de un par de operaciones muy marginales, el gobierno boliviano no ha nacionalizado ni una sola mina, pozo petrolero o campo de gas de propiedad extranjera. Pagaron un precio excesivo por dos refinerías propiedad de Petrobras. Y lo que es peor, las condiciones de propiedad extranjera siguen siendo tan desfavorables como siempre. En casi todos los casos el estado boliviano aparece como socio minoritario, con poca influencia sobre las decisiones de inversión, producción y comercialización. En segundo lugar, los dueños extranjeros obtienen préstamos subvencionados del Estado boliviano, con un porcentaje medio del 3%, para financiar gastos corrientes. En cambio, el Estado boliviano pide préstamos al 8% al Banco Andino (Corporación Andina de Fomento). Las empresas extranjeras reciben gas a precios subvencionados. El gobierno boliviano no ha hecho cumplir o poner en práctica viejos o nuevos acuerdos y no ha iniciado un sólo proyecto industrial de gran envergadura, confirmando con ello la economía de estilo colonial de Bolivia.
La lista de multinacionales extractoras extranjeras con influencia dominante en la economía boliviana incluye a Petrobras (Brasil), Repsol (España), Transredes (Enron-Shell), Jindal (India), Total (Francia), British Gas, Apex Silver (EE UU), Sumitomo (Japón), Ashmore (Gran Bretaña), British Petroleum y docenas de otras empresas importantes, que siguieron ganando miles de millones de dólares entre 2006 y 2008. En total, 42 multinacionales extranjeras dominan las industrias del gas y el petróleo bolivianos, una de las cifras más altas de todo el mundo.
Hay datos que confirman que el gobierno boliviano ha firmado más contratos de explotación, muy favorables para las empresas, con más corporaciones multinacionales del petróleo, la minería y el gas que cualquier otro país de América Latina. El hecho de que la mayoría de los nuevos contratos impliquen la exportación de las materias primas, significa una carencia de recursos energéticos para desarrollar el consumo interno de Bolivia y generar empleo industrial y comercial.
Reforma agraria
Después de dos años en el poder y a pesar de repetidas promesas demagógicas a las comunidades indias y campesinas, Morales y García Linera han fracasado totalmente en la ejecución de cualquier tipo sustancial de reforma agraria, y más todavía en lo que se refiere a tierras fértiles, productivas y de fácil acceso a los mercados, de los oligarcas y agro-exportadores más poderosos y más ricos. Al contrario, el régimen, desde el principio, dio garantías categóricas de que defendería a los «productores productivos» con independencia del tamaño de sus explotaciones, algunas de ellas de cientos de miles de hectáreas. Los niveles masivos de desposesión de la tierra y de pobreza (70%) continuaron, como en el pasado, entre los electores rurales del gobierno. Morales y García Linera se explayaron sobre «la expropiación de las explotaciones improductivas e ilegales» (tierras públicas arrebatadas y ocupadas por los terratenientes), pero a partir de finales de 2007, se había redistribuido poca tierra.
Según un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cien familias son propietarias de 25 millones de hectáreas de la tierra más fértil, mientras que dos millones de agricultores y campesinos pobres poseen cinco millones de hectáreas de tierra sobrexplotada. En el departamento clave de Santa Cruz, según el propio Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), 15 clanes familiares poseen 500.000 hectáreas de tierras fértiles colindantes con los mercados y centros de transporte.
Los poderosos clanes «de los 100 mayores terratenientes» son los mayores propietarios, accionistas y consejeros de los principales bancos de Bolivia, emisoras de televisión, plantas de embalaje, industrias de procesos alimentarios, supermercados y empresas de comercio exterior.
En el departamento de Beni, 10 familias poseen 534.000 hectáreas. En Pando, 8 familias poseen un millón de hectáreas de tierra fértil. Esta estructura de poder clan-familia oligárquica se extiende mucho más lejos del reino económico. Los miembros del clan ocupan posiciones importantes en la alta judicatura, administrativa y militar, en los medios de comunicación de masas y en las instituciones civiles.
El régimen de Evo Morales y García Linera ha garantizado repetidamente la inviolabilidad de la propiedad de la oligarquía, así como su fuerza sobre el crédito público (el 80% del cual va a la élite de la agro-exportación). Con el apoyo económico gubernamental, la oligarquía domina la maquinaria política y la utiliza para intimidar, y frecuentemente atacar, a los partidarios del régimen de Morales con impunidad. Como resultado, la oligarquía ha intensificado su férreo dominio en los cinco estados orientales de Bolivia. Mediante la fuerza, la intimidación y la persuasión, la oligarquía tiene la hegemonía sobre las clases bajas en sus regiones.
En lugar de enfrentarse a la oligarquía, Morales y García Linera han pretendido reclutarla. En Pando, ofrecieron a un importante oligarca, el gobernador Fernández, un cargo en su gobierno. El gobernador Fernández lo rechazó, porque no tenía ningún deseo de tener nada que ver con los «indios».
Ganancias y política fiscal
Las «políticas económicas estructurales» diseñadas por Morales ampliaron el poder y la riqueza de la oligarquía y del capital extranjero. Las políticas socioeconómicas del régimen fracasaron en elevar el nivel de vida. En su campaña electoral de 2005, Morales prometió duplicar el salario mínimo y aumentar sustancialmente los sueldos de los obreros, los maestros y los trabajadores sanitarios.
Dado el masivo aumento de la renta pública debido a los extraordinarios precios del mercado mundial para las exportaciones bolivianas de energía y metales, el régimen estaba en una buena posición para financiar aumentos sustanciales para los mal pagados empleados públicos y los trabajadores del sector privado. Nada de esto sucedió. El salario mínimo para 2008 aumentó un 10% -de 70 a 76 dólares al mes-. Con la actual tasa de inflación del 11%, el aumento real fue de 1 dólar al mes, con mucho, el salario mínimo más bajo de América Latina, en el momento de mayor acumulación de reservas extranjeras (5.000 millones dólares bajo las bóvedas del Banco Central) en Bolivia.
Aún peor, a los maestros públicos y trabajadores se les concedió un incremento salarial del 6% -en realidad una disminución si tenemos en cuenta la inflación-, en un momento en el que la oligarquía del agro-negocio, la energía de titularidad extranjera y las compañías petroleras cosechaban grandes beneficios del registro.
El régimen de centro-izquierda de Morales y García Linera ha tenido un severo efecto negativo en la organización y actividad de los movimientos sociales. Ha fortalecido y aumentado el poder institucional de los partidos de derechas y ha atrincherado al poderoso capital extranjero en todos los sectores estratégicos de la economía. Las políticas centrales, las políticas de rentas de los anteriores y desacreditados regímenes neoliberales permanecen intactas y los programas de mejora, pobremente dotados, han tenido poco impacto en los niveles de vida de los indios, obreros y empleados públicos.
La política fiscal ortodoxa del FMI de Morales y García Linera y su manipulación de los símbolos indigenistas están aportando poco a los sectores crecientes de la clase obrera, a los mal pagados empleados públicos (maestros, trabajadores sanitarios), a los pequeños y medianos empresarios del transporte y la minería, estudiantes y profesores universitarios, gobiernos municipales y trabajadores públicos. Los paros laborales, las huelgas, barricadas y protestas cívicas se han multiplicado por el declive de los salarios reales entre los maestros de la escuela pública, el personal hospitalario, médicos, enfermeras, camioneros, cooperativas de mineros y otros. Morales respondió a las huelgas de los empleados públicos con reducciones en los sueldos, represión contra los mineros huelguistas de Oruro y con decretos ejecutivos. El doble discurso de Morales y García Linera ha conducido a agrias confrontaciones entre sus partidarios originarios. Por ejemplo, persiguiendo el voto de los pensionistas, Morales aumentó las pagas y rebajo la edad la edad de jubilación; una medida loable. Sin embargo, en lugar de utilizar el excedente de las reservas externas, Morales transfirió el 30% de los recursos destinados a los gobiernos municipales y estatales y a las universidades, con un impuesto de hidrocarburos para financiar los costos del aumento de pensiones, que provocó protestas cívicas masivas. Aún peor, el ministro de Minas de Morales, que captó el apoyo de las cooperativas de mineros (empresas pequeñas y medianas) decidió cooperativizar una gran mina sindical, en detrimento de la clase trabajadora minera. Tuvo lugar una confrontación armada y murieron más de dos docenas de personas. Como resultado, Morales nacionalizó las minas, pacificó a los mineros y expropió las cooperativas mineras. Morales ha adoptado la táctica de amenazar a los trabajadores públicos en huelga con represalias de sus leales indios campesinos que componen el sector más bajo de su máquina de patrocinio electoral.
A pesar de su abrazo a las políticas fiscales del FMI, la expansión de la explotación privada extranjera de las materias primas de Bolivia y sus subsidios al agro-negocio, los precios al alza de las exportaciones agrarias, energéticas y de metales, han permitido al régimen mantener su máquina de patrocinio de masas y subvenciones a líderes indios «populares» y líderes sindicales. La acción de la clase independiente es esporádica; la derecha controla gran parte de la acción cívica y en la izquierda no hay ninguna alternativa política en el horizonte, sobre todo a medida que se profundiza la confrontación entre Morales y la oligarquía política de la derecha.
econoticiasbolivia
James Petras, uno de los más fecundos pensadores revolucionarios de hoy, examina la evolución de la situación política boliviana, la política real que sigue Evo y la crisis por la que pasan los movimientos sociales y populares. En su análisis, Petras toma como referencia e insumos a varios trabajos de la agencia independiente Econoticiasbolivia
Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera. El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.
En primer lugar, el gobierno del MAS logró canalizar las políticas a través de instituciones del Estado, a saber, las ramas electorales, parlamentarias y ejecutivas, socavando por tanto las tácticas de acción directa de los movimientos sociales, su instrumento más efectivo de la influencia política.
En segundo lugar, el equipo Morales-García Linera definió y distorsionó radicalmente varias de las demandas políticas y socioeconómicas populares principales a fin de acomodarse a los intereses de la oligarquía y del capital extranjero. Los pactos y acuerdos formales entre el gobierno y la oligarquía llevaron directamente a la rápida reconstrucción de la extrema derecha y a la desmovilización y debilitamiento estratégico de los movimientos sociales. Estos cambios políticos radicales pueden resumirse brevemente.
Asamblea Constituyente: del poder popular al revanchismo oligárquico
Una de las demandas políticas fundamentales de los movimientos sociales revolucionarios durante el período insurreccional (febrero de 2003 a junio de 2005) fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyos miembros provendrían de la elección directa de representantes de los movimientos sociales, comunidades indias y pobres rurales y urbanos. Morales y García Linera pervirtieron totalmente esta demanda. En un acuerdo formal con los desacreditados jefes de los partidos oligárquicos, el presidente y el vicepresidente organizaron elecciones basadas en las entidades territoriales existentes, en las que los partidos de extrema derecha se aseguraron la representación amplia necesaria para bloquear cualquier cambio radical a través de sus potentes máquinas de patrocinio y el control sobre el 90% de los medios de comunicación de masas. En las negociaciones previas a la constitución de la Asamblea, Morales y García Linera aceptaron una cláusula de votación de la oligarquía según la cual eran necesarios dos tercios de los votos para aprobar cualquier artículo de la Constitución. Más tarde, cuando la derecha entró en la Asamblea en número suficiente para bloquear todos y cada uno de los cambios sustanciales, o incluso las reformas de procedimiento, Morales y García Linera intentaron introducir una norma de mayoría simple pero fueron incapaces incluso de afectar el funcionamiento de la Asamblea. Después de casi un año y medio de parálisis, no se aprobó un solo artículo sustancial; los movimientos sociales habían perdido todas sus esperanzas en la «refundación del Estado» y en la posibilidad de alcanzar cambios sociales significativos. La derecha utilizó la situación disfuncional de la Asamblea para organizar manifestaciones callejeras de masas y establecer «redes cívicas» potentes, dominadas por los oligarcas separatistas y sus fuerzas paramilitares, a fin de promover un programa en gran parte de derechas.
El vicepresidente García Linera reconoció, efectivamente, la debacle total de la Asamblea Constituyente y convocó una conferencia pluripartidista con participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y todos los partidos de extrema derecha, empresarios y oligarcas, a fin de resolver sus diferencias. En otras palabras, Morales y García Linera pasaron de un pacto político fallido con la oligarquía a otro con los mismos resultados desastrosos.
Como era de esperar, la oligarquía y la derecha consideraron la marginación de la Asamblea como una victoria y utilizaron el nuevo formato para impulsar su programa aún más agresivamente y exigir, en la práctica, la rendición total en todos los asuntos principales relativos a la agroindustria; la ocupación ilegal de tierras públicas; el separatismo (calificado de autonomía), que incluye el control provincial (departamental) total sobre los ingresos por impuestos y regalías, y un mayor control provincial (departamental) de las políticas sociales y económicas. La propuesta pluripartidista llevó rápidamente a un fin innoble, como la Asamblea Constituyente antes de ella, pero no sin antes reforzar aún más a la derecha, desmoralizar las clases populares y demostrar la quiebra de las políticas de Morales y García Linera de pactos políticos con los partidos oligárquicos. Al carecer incluso de la seguridad física más elemental en Sucre, la Asamblea Constituyente huyó primero a una instalación militar y más tarde a Oruro donde fue protegida por los mineros y aprobó una Constitución contradictoria y ambigua.
La nueva Constitución está sometida a la aprobación de los votantes en referéndum. Las cláusulas principales son una mezcolanza de cláusulas «centralista» y cláusulas «autónomas», que potencian el poder federal y fragmentan potencialmente el país en unas 30 a 60 «naciones indias» y en gobiernos regionalistas de derecha.
Declarando al mismo tiempo la intangibilidad de la propiedad privada, la Constitución reivindica limitar la propiedad de la tierra a 25.000 acres por persona, incluyendo la posibilidad de un cierto tipo de reforma agraria (la mayoría de la cual sería invalidada mediante el procedimiento de poner la tierra a nombre de los miembros de la familia ampliada.) La Constitución reivindica la propiedad del Estado de todos los derechos del subsuelo sin por ello denegar a todas las grandes empresas mineras, del gas y del petróleo todas las reservas subterráneas en su cotización según el mercado de valores. La Constitución refleja la ideología y las políticas profundamente contradictorias del gobierno de Morales y García Linera, que proclama cambios radicales pero aplica un programa liberal.
Ideología
En la base de estos desastrosos pactos políticos, tácticas y estrategias del gobierno actual, se halla la ideología del capitalismo andino basada en la idea de la protección de la propiedad privada (que incluye la élite de la agroindustria, ese 1% de la población que posee el 80% de las tierras fértiles), de empresas mixtas con multinacionales extranjeras que explotan los grandes recursos naturales, y con campesinos indios de pequeña propiedad basada en la comunidad.
Para sostener el proyecto económico capitalista, Morales y García Linera necesitaban la colaboración y el apoyo de los partidos de derecha oligárquicos, lo que condujo directamente a la firma de los tristemente famosos y fatales pactos políticos que socavaron totalmente las actividades y la dinámica de los movimientos sociales. El indigenismo y la retórica de la defensa de las comunidades indias han sido recursos retóricos rituales en boca de ambos líderes y desmentidos en la práctica, como demostraron concretamente sus supuestos socios, con la destrucción de la disidencia en su reducto económico de Santa Cruz.
Indigenismo
El segundo componente principal de la ideología de Morales y García Linera era la autonomía política indígena y local. La ideología del indigenismo varía en significado y uso según su exponente y propósito político. En Bolivia hoy ambos líderes hablan de indigenismo con varios significados contradictorios y confusos, en función del momento y lugar políticos. El énfasis principal se pone en los derechos culturales y políticos: reconocimiento de la igualdad legal, respeto de las normas culturales indias y sus prácticas jurídicas y reconocimiento del derecho al autogobierno y la autonomía por parte de las 39 a 60 (dependiendo de las ONG y los antropólogos) naciones indias.
Morales y García Linera han puesto de relieve el carácter cultural y democrático de su «revolución», negando cualquier pretexto para la transformación de la propiedad y las relaciones sociales, la expropiación del capital extranjero o los 25 millones de hectáreas en manos de la clase dominante agroindustrial.
El reconocimiento de varias docenas de «naciones indias» implica la fragmentación total de Bolivia en una cadena de mini estados insostenibles, si se llegase a poner en práctica la ideología del indigenismo. Inútil decir que los dos líderes no tienen ninguna intención de poner en práctica la «autodeterminación» indígena, un concepto ideológico sin fundamento económico y político prácticos. Sin una redistribución fundamental de la tierra, una reforma agraria profunda que transfiera la tierra de los 100 clanes a 2 millones de indios sin tierra, lo que Morales y García Linera han rechazado categóricamente, la población india no tiene ninguna base económica para afirmar su autodeterminación.
Peor aún, el énfasis de la ideología indigenista de Morales y García Linera en la autonomía local (de departamento y municipal), ha sido aprovechado por la clase oligárquica de derechas que gobierna en seis departamentos (la media luna) como pretexto para poner en marcha un movimiento de secesión, tanto de jure como de facto, para hacerse cargo de la mayor parte de las regiones ricas en minerales y energía de Bolivia. En respuesta, Morales y García Linera han retrocedido y reafirmado la supremacía del gobierno central del Estado y su control total sobre los ingresos de exportación, la autoridad civil y el poder legislativo.
La ideología indigenista ha tenido poco o nada de impacto en el aumento de la renta y la resolución de las desigualdades de propiedad, los contratos con las sociedades multinacionales extranjeras, los gastos presupuestarios y los ingresos. Las festividades religiosas indígenas han sido financiadas por el Estado y la ideología indigenista ha dado una cierta legitimidad popular a la clase política, básicamente mestiza, que predomina en el gobierno.
Nacionalización
La inmoralidad del gobierno del MAS y su traición a las esperanzas y aspiraciones de los movimientos sociales revolucionarios y sus sacrificios políticos se evidencia claramente en el abandono total, por parte del gobierno, de la nacionalización de la energía y otros recursos materiales primarios. No se ha nacionalizado ni un solo pozo petrolero ni un gaseoducto a pesar de los chillidos de Morales asegurando que «nacionalización no equivale a expropiación».
Por supuesto; la continuación de la propiedad y el control extranjeros en la elaboración de las políticas no era expropiación, pero tampoco ha existido una nacionalización en el sentido que todos expertos, economistas, políticos, periodistas y académicos emplean este término.
Morales y García Linera simplemente aumentaron los pagos por royalties y los impuestos a los niveles de la mayor parte de los países capitalistas occidentales y muy por debajo de porcentajes que se aplican en Próximo Oriente, Asia y partes de África. Peor aún, el ajuste de precios al alza en la venta de gas a Brasil y Argentina estaban aún por debajo de los precios mundiales en un porcentaje de por lo menos un tercio o la mitad. Después de lograr lucrativos y provechosos contratos a largo plazo, Petrobras de Brasil y Repsol de Argentina decidieron hacer nuevas inversiones de gran envergadura para el aprovechamiento de recursos bolivianos. Es decir, que Morales y García Linera ampliaron y profundizaron la desnacionalización de la economía a un coste enorme para la clase trabajadora y los pobres de la ciudad y el campo, que ven poco o nada de unos ingresos cada vez mayores.
De acuerdo con sus políticas favorables al capital extranjero, Morales y García Linera firmaron un acuerdo con la multinacional india Jindal para aprovechar una de las tres minas principales de hierro y manganeso de América Latina. La cordillera de Mutún fue desnacionalizada, se privatizó y se liquidó en condiciones sumamente favorables para sus nuevos dueños extranjeros. El acuerdo propuesto de industrializar el mineral de hierro implica el tratamiento mínimo del mineral en lingotes y tendría lugar después de que Jindel recuperase su inversión inicial. Morales y García Linera han firmado contratos con casi todas las multinacionales extractoras oligárquicas y extranjeras existentes en Bolivia. Por otra parte, Bolivia ha incrementado su dependencia del capital extranjero al aceptar la participación de nuevos explotadores foráneos. A principios de 2008, cuarenta y dos empresas de gas y petróleo de propiedad extranjera explotan los campos energéticos bolivianos.
A excepción de un par de operaciones muy marginales, el gobierno boliviano no ha nacionalizado ni una sola mina, pozo petrolero o campo de gas de propiedad extranjera. Pagaron un precio excesivo por dos refinerías propiedad de Petrobras. Y lo que es peor, las condiciones de propiedad extranjera siguen siendo tan desfavorables como siempre. En casi todos los casos el estado boliviano aparece como socio minoritario, con poca influencia sobre las decisiones de inversión, producción y comercialización. En segundo lugar, los dueños extranjeros obtienen préstamos subvencionados del Estado boliviano, con un porcentaje medio del 3%, para financiar gastos corrientes. En cambio, el Estado boliviano pide préstamos al 8% al Banco Andino (Corporación Andina de Fomento). Las empresas extranjeras reciben gas a precios subvencionados. El gobierno boliviano no ha hecho cumplir o poner en práctica viejos o nuevos acuerdos y no ha iniciado un sólo proyecto industrial de gran envergadura, confirmando con ello la economía de estilo colonial de Bolivia.
La lista de multinacionales extractoras extranjeras con influencia dominante en la economía boliviana incluye a Petrobras (Brasil), Repsol (España), Transredes (Enron-Shell), Jindal (India), Total (Francia), British Gas, Apex Silver (EE UU), Sumitomo (Japón), Ashmore (Gran Bretaña), British Petroleum y docenas de otras empresas importantes, que siguieron ganando miles de millones de dólares entre 2006 y 2008. En total, 42 multinacionales extranjeras dominan las industrias del gas y el petróleo bolivianos, una de las cifras más altas de todo el mundo.
Hay datos que confirman que el gobierno boliviano ha firmado más contratos de explotación, muy favorables para las empresas, con más corporaciones multinacionales del petróleo, la minería y el gas que cualquier otro país de América Latina. El hecho de que la mayoría de los nuevos contratos impliquen la exportación de las materias primas, significa una carencia de recursos energéticos para desarrollar el consumo interno de Bolivia y generar empleo industrial y comercial.
Reforma agraria
Después de dos años en el poder y a pesar de repetidas promesas demagógicas a las comunidades indias y campesinas, Morales y García Linera han fracasado totalmente en la ejecución de cualquier tipo sustancial de reforma agraria, y más todavía en lo que se refiere a tierras fértiles, productivas y de fácil acceso a los mercados, de los oligarcas y agro-exportadores más poderosos y más ricos. Al contrario, el régimen, desde el principio, dio garantías categóricas de que defendería a los «productores productivos» con independencia del tamaño de sus explotaciones, algunas de ellas de cientos de miles de hectáreas. Los niveles masivos de desposesión de la tierra y de pobreza (70%) continuaron, como en el pasado, entre los electores rurales del gobierno. Morales y García Linera se explayaron sobre «la expropiación de las explotaciones improductivas e ilegales» (tierras públicas arrebatadas y ocupadas por los terratenientes), pero a partir de finales de 2007, se había redistribuido poca tierra.
Según un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cien familias son propietarias de 25 millones de hectáreas de la tierra más fértil, mientras que dos millones de agricultores y campesinos pobres poseen cinco millones de hectáreas de tierra sobrexplotada. En el departamento clave de Santa Cruz, según el propio Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), 15 clanes familiares poseen 500.000 hectáreas de tierras fértiles colindantes con los mercados y centros de transporte.
Los poderosos clanes «de los 100 mayores terratenientes» son los mayores propietarios, accionistas y consejeros de los principales bancos de Bolivia, emisoras de televisión, plantas de embalaje, industrias de procesos alimentarios, supermercados y empresas de comercio exterior.
En el departamento de Beni, 10 familias poseen 534.000 hectáreas. En Pando, 8 familias poseen un millón de hectáreas de tierra fértil. Esta estructura de poder clan-familia oligárquica se extiende mucho más lejos del reino económico. Los miembros del clan ocupan posiciones importantes en la alta judicatura, administrativa y militar, en los medios de comunicación de masas y en las instituciones civiles.
El régimen de Evo Morales y García Linera ha garantizado repetidamente la inviolabilidad de la propiedad de la oligarquía, así como su fuerza sobre el crédito público (el 80% del cual va a la élite de la agro-exportación). Con el apoyo económico gubernamental, la oligarquía domina la maquinaria política y la utiliza para intimidar, y frecuentemente atacar, a los partidarios del régimen de Morales con impunidad. Como resultado, la oligarquía ha intensificado su férreo dominio en los cinco estados orientales de Bolivia. Mediante la fuerza, la intimidación y la persuasión, la oligarquía tiene la hegemonía sobre las clases bajas en sus regiones.
En lugar de enfrentarse a la oligarquía, Morales y García Linera han pretendido reclutarla. En Pando, ofrecieron a un importante oligarca, el gobernador Fernández, un cargo en su gobierno. El gobernador Fernández lo rechazó, porque no tenía ningún deseo de tener nada que ver con los «indios».
Ganancias y política fiscal
Las «políticas económicas estructurales» diseñadas por Morales ampliaron el poder y la riqueza de la oligarquía y del capital extranjero. Las políticas socioeconómicas del régimen fracasaron en elevar el nivel de vida. En su campaña electoral de 2005, Morales prometió duplicar el salario mínimo y aumentar sustancialmente los sueldos de los obreros, los maestros y los trabajadores sanitarios.
Dado el masivo aumento de la renta pública debido a los extraordinarios precios del mercado mundial para las exportaciones bolivianas de energía y metales, el régimen estaba en una buena posición para financiar aumentos sustanciales para los mal pagados empleados públicos y los trabajadores del sector privado. Nada de esto sucedió. El salario mínimo para 2008 aumentó un 10% -de 70 a 76 dólares al mes-. Con la actual tasa de inflación del 11%, el aumento real fue de 1 dólar al mes, con mucho, el salario mínimo más bajo de América Latina, en el momento de mayor acumulación de reservas extranjeras (5.000 millones dólares bajo las bóvedas del Banco Central) en Bolivia.
Aún peor, a los maestros públicos y trabajadores se les concedió un incremento salarial del 6% -en realidad una disminución si tenemos en cuenta la inflación-, en un momento en el que la oligarquía del agro-negocio, la energía de titularidad extranjera y las compañías petroleras cosechaban grandes beneficios del registro.
El régimen de centro-izquierda de Morales y García Linera ha tenido un severo efecto negativo en la organización y actividad de los movimientos sociales. Ha fortalecido y aumentado el poder institucional de los partidos de derechas y ha atrincherado al poderoso capital extranjero en todos los sectores estratégicos de la economía. Las políticas centrales, las políticas de rentas de los anteriores y desacreditados regímenes neoliberales permanecen intactas y los programas de mejora, pobremente dotados, han tenido poco impacto en los niveles de vida de los indios, obreros y empleados públicos.
La política fiscal ortodoxa del FMI de Morales y García Linera y su manipulación de los símbolos indigenistas están aportando poco a los sectores crecientes de la clase obrera, a los mal pagados empleados públicos (maestros, trabajadores sanitarios), a los pequeños y medianos empresarios del transporte y la minería, estudiantes y profesores universitarios, gobiernos municipales y trabajadores públicos. Los paros laborales, las huelgas, barricadas y protestas cívicas se han multiplicado por el declive de los salarios reales entre los maestros de la escuela pública, el personal hospitalario, médicos, enfermeras, camioneros, cooperativas de mineros y otros. Morales respondió a las huelgas de los empleados públicos con reducciones en los sueldos, represión contra los mineros huelguistas de Oruro y con decretos ejecutivos. El doble discurso de Morales y García Linera ha conducido a agrias confrontaciones entre sus partidarios originarios. Por ejemplo, persiguiendo el voto de los pensionistas, Morales aumentó las pagas y rebajo la edad la edad de jubilación; una medida loable. Sin embargo, en lugar de utilizar el excedente de las reservas externas, Morales transfirió el 30% de los recursos destinados a los gobiernos municipales y estatales y a las universidades, con un impuesto de hidrocarburos para financiar los costos del aumento de pensiones, que provocó protestas cívicas masivas. Aún peor, el ministro de Minas de Morales, que captó el apoyo de las cooperativas de mineros (empresas pequeñas y medianas) decidió cooperativizar una gran mina sindical, en detrimento de la clase trabajadora minera. Tuvo lugar una confrontación armada y murieron más de dos docenas de personas. Como resultado, Morales nacionalizó las minas, pacificó a los mineros y expropió las cooperativas mineras. Morales ha adoptado la táctica de amenazar a los trabajadores públicos en huelga con represalias de sus leales indios campesinos que componen el sector más bajo de su máquina de patrocinio electoral.
A pesar de su abrazo a las políticas fiscales del FMI, la expansión de la explotación privada extranjera de las materias primas de Bolivia y sus subsidios al agro-negocio, los precios al alza de las exportaciones agrarias, energéticas y de metales, han permitido al régimen mantener su máquina de patrocinio de masas y subvenciones a líderes indios «populares» y líderes sindicales. La acción de la clase independiente es esporádica; la derecha controla gran parte de la acción cívica y en la izquierda no hay ninguna alternativa política en el horizonte, sobre todo a medida que se profundiza la confrontación entre Morales y la oligarquía política de la derecha.
Wednesday, June 18, 2008
Tras la guerra sucia “no hubo sicólogos para procesar la pesadilla; mucho menos justicia”

■ Victoria Mendoza Salgado presenta libro con testimonios de
Rosario Ibarra y Victoria Mendoza, durante la presentación del libro México 1977, testimonios de tortura
Foto: María Luisa Severiano
■ A décadas de violentos sucesos, el miedo sigue vivo en las víctimas de la represión
tortura; “la denuncia social, necesaria”
Blanche Petrich
Victoria Mendoza Salgado fue secuestrada a los 17 años por la Brigada Blanca en Jojutla, Morelos. Era 1977; tiempos de la guerra sucia. Junto con sus hermanos Josefina, que tenía 18, Xóchitl, de 23, y Raúl, de 25, fueron llevados al Campo Militar número Uno. Era presidente José López Portillo, quien, como sus antecesores, puso la contención de la rebeldía de esa generación en manos del Ejército, la Dirección Federal de Seguridad y torturadores profesionales como Miguel Nazar Haro, Arturo Acosta Chaparro y Luis de la Barreda.
Las dos hermanas menores fueron “aparecidas” 10 días después; los dos mayores fueron presentados a los tres meses. La tortura marcó sus vidas.
En estas tres décadas, Victoria hizo de la traumática experiencia de su familia morelense una historia de resistencia y reivindicación. Fue educadora en México y viajó al País Vasco para especializarse como sicoterapeuta. En Euskadi echó raíces. Ahí cría tres hijas y milita en la causa del movimiento abertzale (independentista). Es consejala del ayuntamiento de Irún, Gipúzkoa, por el partido Acción Nacionalista Vasca.
Usando las herramientas científicas de su profesión, ahora que está en sus cuarenta, finalmente pudo “conectar” con las huellas indelebles de sus días de tortura, el famoso “estrés postraumático”. Lo ha convertido en el motor de una nueva causa, el rescate de la salud mental de los torturados aquí y en el Estado español.
De esas lides surgió la idea de trabajar una especie de libro terapéutico con sus hermanos que aún viven en Morelos. Así se hizo México 1977, testimonios de tortura, que se presentó ayer en el Club de Periodistas.
Con su visión y su experiencia, especializadas en “hacer conectar las emociones y sentimientos colectivos” mediante técnicas de gestalt, la sicóloga analiza las prácticas de tortura que se vivieron en el México de los setenta y la que hoy en día se sufre, oculta y soterra en la España de José Luis Rodríguez Zapatero, como consecuencia de los juicios sumarios del juez Juan Baltasar Garzón.
“La represión contra el movimiento independentista, al que falsamente se vincula de manera genérica dentro del llamado entorno de ETA, ha arrojado hasta ahora una cifra de más de 2 mil ciudadanos que han sido torturados mientras han estado en manos de la policía española o vasca. Hay 737 presos políticos ilegalmente dispersos en el territorio del Estado español. Y son prohibidos y perseguidos los partidos independentistas, sus colectivos de derechos humanos y de juristas, sus periódicos y sus organizaciones, incluso sus expresiones culturales”.
La diferencia entre la tortura como ella la vivió en los setenta en México y como se aplica hoy en España es, dice, “de técnica”. A los independentistas que caen presos en Euskadi “se les tortura, sobre todo sicológicamente; si el abuso es físico, se cuida que no deje huellas visibles. Por ejemplo, se aplica la picana eléctrica dentro del ano. Se usa intensamente la privación del sueño, el mantener a los detenidos largamente de pie, el presenciar la tortura de sus familiares y seres queridos. Se tortura principalmente a los jóvenes, como escarmiento y porque, cuando denuncian, se les mina su credibilidad”.
Victoria recuerda cuando llegó a Donosti hace 15 años para estudiar una maestría. “No tenía ni idea, pensaba que iba a España. Nunca imaginé que iba a encontrar a un pueblo distinto”.
Una extraña conexión le hizo sentir una inmediata empatía con el pueblo vasco. “Mi bisabuela Victoria Aguirre Arzate tenía cuatro años cuando su familia abandonó el País Vasco para ‘hacer las Américas’ en México. Cuatro generaciones después, yo me fui al País Vasco con mi hija Elisa Valenzuela Mendoza, también de cuatro años”.
Entre ese ir y venir de una punta a otra del siglo XX, Victoria Mendoza transitó de la militancia revolucionaria en tierras de Zapata, a la persecución y tortura de la guerra sucia de los años setenta en México; de la especialización profesional, como sicóloga, a la inserción en el movimiento abertzale y la lucha contra la tortura en todas sus formas.
Una familia con ideales
El matrimonio formado por José Guadalupe Aguirre, empleado del Banco de Crédito Rural, y Josefina Salgado Basave, maestra y en algún tiempo asistente del líder agrarista Rubén Jaramillo, tuvo seis hijos: Nelly, Raúl, Xóchitl, Eréndira, Josefina y Victoria, que vivieron una juventud feliz en la tierra donde el general Emiliano Zapata había asentado su cuartel general. En los setenta, estos hermanos oían a Silvio Rodríguez, leían a Engels y a Marx, admiraban al obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, y formaron el Grupo Cultural Apatlaco. Algunos de ellos terminaron por acercarse al grupo armado Partido Proletario Unido de América, que formó Florencio El Güero Medrano –asesinado, como Jaramillo– en esa época de brotes insurgentes.
El 5 de agosto de 1977, buscando a Raúl, elementos de la Brigada Blanca secuestraron a sus dos hermanas menores. Al día siguiente detuvieron a Raúl y a Xóchitl. Durante 10 días estuvieron los cuatro juntos, con los ojos vendados y las manos atadas, en el piso de un baño donde había varios jóvenes más. Todos eran torturados constantemente. A las chicas, además, las torturaban sexualmente. Mientras, sus padres se movilizaron y denunciaron la desaparición de sus cuatro hijos. Se vincularon con el incipiente movimiento que ya encabezaba Rosario Ibarra de Piedra y contaron con la solidaridad del obispo Méndez Arceo y el abogado José Rojo Coronado.
Posteriormente trasladaron a Xóchitl y a Raúl al Campo Militar Uno. De sus testimonios, al salir de ahí, el movimiento en defensa de los desaparecidos pudo saber de varios que, como Jesús Ibarra, estaban recluidos y vivos.
Violada incontables veces por los custodios, Xóchitl quedó embarazada y sus captores le realizaron un legrado en condiciones extremas. “Yo –cuenta en su testimonio– nunca me he sentido delincuente. Sólo soñé con un mundo mejor y fui consecuente con mis ideas”. Al ser liberada, intentó retomar su vida. “No hubo sicólogos ni siquiatras para poder procesar la pesadilla. Mucho menos hubo, nunca, justicia.”
Treinta años después, el miedo sigue vivo en la familia Mendoza. Victoria considera que quienes han sufrido tortura deben hablar de ese episodio para superar el trauma y sus secuelas. “La denuncia social es necesaria. Eso pasó y sigue pasando. No lo podemos seguir permitiendo. Se lo debemos a los desaparecidos que no aparecieron y que ya no pueden gritar”.
Irrumpe presunto grupo rebelde en Piedras Negras
* Indagan incursión en establecimientos de Burger King, Domino’s Pizza y McDonald’s
arturo rodríguez garcía/ Agencia Proceso
Piedras Negras, Coah., 16 de junio .- Las autoridades policiacas investigan la irrupción en esta entidad de un presunto grupo rebelde que, el pasado viernes, fue visto en diversos establecimientos de comida rápida.
En su edición del domingo pasado, la cadena de periódicos El Zócalo reveló que los supuestos guerrilleros colocaron carteles en el interior de las franquicias de Burger King, Domino’s Pizza y McDonald’s, con la exigencia de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y las jornadas laborales.
Los carteles llevaban la firma del Frente de Liberación Nacional Mexicano (FLNM).
Pero no fue todo. El presunto grupo armado se dio tiempo de aplicar soldadura en frío en las puertas de los establecimientos de comida rápida.
En entrevista, el general Juan Ernesto Bernal Reyes, comandante de la guarnición militar asentada aquí, sostuvo que los cuerpos de inteligencia habían logrado ubicar la procedencia de los mensajes.
A su vez, una fuente de la Procuraduría local informó a Apro que el caso se está atendiendo con seriedad, pero desestimó se trate de un hecho preocupante, pues las primeras investigaciones arrojan que se trata de un grupo de jóvenes que intenta llamar la atención.
Hasta ahora, ninguna corporación policiaca ha confirmado la existencia del FLNM.
La única información fue emitida por el general Bernal Reyes, quien adelantó que estaban analizando dos videos de cámaras de seguridad en los que se grabó el arribo de dos vehículos sospechosos al establecimiento de McDonalds.
El obispo Raúl Vera López consideró “natural” el surgimiento de grupos contestatarios, debido a que el sistema económico que sustenta la globalización es excluyente y contribuye a profundizar las desigualdades sociales.
arturo rodríguez garcía/ Agencia Proceso
Piedras Negras, Coah., 16 de junio .- Las autoridades policiacas investigan la irrupción en esta entidad de un presunto grupo rebelde que, el pasado viernes, fue visto en diversos establecimientos de comida rápida.
En su edición del domingo pasado, la cadena de periódicos El Zócalo reveló que los supuestos guerrilleros colocaron carteles en el interior de las franquicias de Burger King, Domino’s Pizza y McDonald’s, con la exigencia de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y las jornadas laborales.
Los carteles llevaban la firma del Frente de Liberación Nacional Mexicano (FLNM).
Pero no fue todo. El presunto grupo armado se dio tiempo de aplicar soldadura en frío en las puertas de los establecimientos de comida rápida.
En entrevista, el general Juan Ernesto Bernal Reyes, comandante de la guarnición militar asentada aquí, sostuvo que los cuerpos de inteligencia habían logrado ubicar la procedencia de los mensajes.
A su vez, una fuente de la Procuraduría local informó a Apro que el caso se está atendiendo con seriedad, pero desestimó se trate de un hecho preocupante, pues las primeras investigaciones arrojan que se trata de un grupo de jóvenes que intenta llamar la atención.
Hasta ahora, ninguna corporación policiaca ha confirmado la existencia del FLNM.
La única información fue emitida por el general Bernal Reyes, quien adelantó que estaban analizando dos videos de cámaras de seguridad en los que se grabó el arribo de dos vehículos sospechosos al establecimiento de McDonalds.
El obispo Raúl Vera López consideró “natural” el surgimiento de grupos contestatarios, debido a que el sistema económico que sustenta la globalización es excluyente y contribuye a profundizar las desigualdades sociales.
Tuesday, June 17, 2008
Número 15 del periódico El Grito

René Zúñiga
Hace 20 meses ya, con la rabia contenida y tratando con un grupo de recientes compañeros el que hacer para construir redes de trabajo social y comunitario, surgió la idea de buscarle por una radio que sintetizara ese deseo y tuviéramos la posibilidad de llegar a más gente que con el volante, el panfleto, el tríptico, revistas o lo que fuera, pero que urgía hacerlo. En una de esas maratónicas reuniones, festivas, alegres, solidarias; ví un pequeño folleto con una imagen del famoso cuadro de Eduard Munch: “ El Grito “, al ver mi interés se acercó uno de los artesanos del folletín y me explicó con un entusiasmo propio de la edad. Con esperanza reflejada en la mirada y un convencimiento tal, que me ofrecí de buena gana a que trabajáramos la idea y buscar tener una publicación en forma, ya que la idea y el talante de esos jóvenes, era justo lo que he considerado que se necesita para transformar nuestra realidad. No pudo concretarse por problemas de tiempo, pero además porque este equipo de gente estaban más que afinados, trabajaban ya en lo que sería un tabloide con el mismo nombre, primero en blanco y negro y después con un verde que invita desenfadadamente a buscar que se dice en las páginas elocuentemente formadas y brillantemente diseñadas, pero sobre todo, con materiales de calidad, ya que exponen ideas, forman conceptos y se concretiza la idea de la comunicación circular.
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Ese Grito de Munch dado en 1893 sigue recorriendo todo el planeta, la enorme tarea de transformar nuestra sociedad. El periodismo alternativo bien puede ser un vehículo para lograrlo. Así pude constatarlo en las palabras de José Luis Martínez Canizalez, maestro de alguno de estos jóvenes y presentador junto con Coral Aguirre, catedrática, escritora y persona sencilla, así como Héctor E. González, periodista que hizo un recuento de imágenes, anécdotas y con un dejo de profunda nostalgia por lo vivido, hizo un reconocimiento al equipo de El Grito, en la presentación del número 15, realizado en un recinto universitario, en la Sala Zertuche del Centro Cultural Universitario, exaltado el hecho por Coral Aguirre, quién se congratuló de estar en un evento en esas aulas históricas para la educación superior en el estado.
El recinto lució lleno con gente que aplaudió el humor, la claridad en los conceptos y la nostalgia, expuestos por los presentadores de este esfuerzo editorial, con un evento sobrio, proyectando imágenes de los números de El Grito en una enorme pantalla al frente, así dos de sus directores, Román Cortázar y Rodolfo Coronado, agradecieron la asistencia, manifestando que la rabia generada por el fraude del 2006, fue el motor fundamental para el surgimiento de El Grito que se escucha y se escucha fuerte. Jesús Ibarra, promotor y administrador de la publicación, observaba desde la última fila, manejando con destreza el cañón y la computadora; esbozaba una expresión proverbial de esperanza de que hay generaciones que han tomado la estafeta.
HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DEL VALLE DE TEHUACÁN
Fecha: domingo, 15 junio, 2008, 8:18 pm
A C C I Ó N U R G E N T E:
FALSAS IMPUTACIONES EN CONTRA
DE MARTÍN BARRIOS HERNÁNDEZ
Este Centro de Derechos Humanos ha tenido conocimiento de recientes actos de hostigamiento y amenazas en contra de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Asimismo, ha constatado la existencia de averiguaciones previas en las que, falsamente, se pretende configurar delitos a efecto de procesar penalmente a Martín Amaru Barrios Hernández, uno de sus integrantes.
H E C H O S :
La Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Puebla, a consecuencia del trabajo que realizan en la promoción y la defensa de los derechos laborales en la maquila textil, ha recibido diversas amenazas en fecha reciente. Estas coinciden con el acompañamiento que realizan de las obreras y los obreros del Sindicato Independiente 19 de Septiembre, quienes han defendido su derecho a pertenecer a un sindicato autónomo, así como su derecho a trabajar en condiciones dignas.
El 12 de junio de 2008, Martín Amaru Barrios Hernández fue citado ante el agente del ministerio público del fuero común de Tehuacán para una diligencia ministerial. Al presentarse acompañado de sus representantes legales, le fue informado que en su contra se integra una averiguación previa por diversos delitos, iniciada a causa de una querella interpuesta por uno de los patrones de la maquila textil de Tehuacán. En dicha denuncia falsamente se acusa a Martín Barrios de haber causado daños en propiedad ajena durante una marcha realizada por los obreros y las obreras de Tehuacán, así como de haber amenazado a dicho empresario. Con ello, se desvirtúa dolosamente la labor que, en conjunto con los y las demás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Laborales de Tehuacán, realiza como defensor de derechos humanos. De ser consignada la averiguación previa, Martín Amaru Barrios Hernández podría ser injustamente sometido a un proceso penal por delitos que jamás cometió.
Lo anterior resulta especialmente preocupante tomando en cuenta los antecedentes relacionados con el caso, así como otros actos recientes que han interferido en la labor de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. En este sentido, este Centro de Derechos Humanos ha sido informado de que el día 12 de junio de 2008 Reyna Ramírez, integrante también de la Comisión, fue agredida en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje de Tehuacán por un individuo aparentemente ligado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central obrera cuyos actos de corrupción ha denunciado la Comisión. Luego de golpear a Reyna Ramírez, el individuo agresor se alejó profiriendo amenazas y diciendo: "van a saber lo que es meterse con la CTM, van a valer madre...".
ANTECEDENTES:
Desde hace varios años, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán ha documentado y denunciado las violaciones a derechos humanos laborales y ambientales que propicia un sector de la industria maquiladora dedicada a la confección de prendas de mezclilla, en el Valle de Tehuacán, Puebla.
Por esa labor, sus integrantes han sufrido numerosos y reiterados actos de intimidación. Martín Amaru Barrios Hernández ha sido víctima de varios de ellos. En diciembre de 2004, fue salvajemente golpeado por individuos que además lo amedrentaron por las actividades de la Comisión. A principios de 2006, se le fabricó dolosamente un delito a instancias de un empresario local y, en condiciones sumamente irregulares, fue arbitrariamente detenido y encarcelado en un centro de readaptación social del Estado de Puebla. Luego de permanecer varias semanas preso, ante la creciente indignación a nivel nacional e internacional, las autoridades conminaron al denunciante a retirar los cargos. Al recuperar su libertad, Martín Barrios y los integrantes de la Comisión recibieron amenazas de muerte anónimas por lo que se vieron obligados a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañados por este Centro, mismas que fueron concedidas.
Durante 2007, la Comisión de Derechos Humanos Laborales del Valle de Tehuacán acompañó la lucha de los obreros y las obreras de la empresa Vaqueros Navarra, quienes acudieron a las instancias legales para exigir condiciones de trabajo dignas y respeto al sindicalismo democrático. Así, como Sindicato 19 de Septiembre, demandaron la titularidad del contrato colectivo de trabajo y la obtuvieron legalmente, arrebatándoselo a los supuestos sindicatos de la CTM y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), mismos que eran absolutamente ajenos a la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.
Después de esa victoria, el hostigamiento en contra de los y las integrantes del Sindicato 19 de Septiembre y la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán se ha incrementado. Los obreros y las obreras han sido colocados en "listas negras" y excluidos de las maquiladoras locales; los defensores de derechos humanos, difamados y hostigados.
Ante estos graves hechos y considerando tales antecedentes, este Centro Derechos Humanos expresa su preocupación y en consecuencia demanda:
1. Se garantice la vida, integridad personal y libertad de los defensores y las defensoras de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos Laborales del Valle de Tehuacán, así como de sus familiares y demás personas allegadas.
2. Se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad personal de Martín Amaru Barrios Hernández. En particular, exigimos a las autoridades que no toleren ni auspicien ni promuevan, de nueva cuenta, el uso desviado de las instituciones de procuración y administración de justicia para inhibir su trabajo como defensor de los derechos humanos.
3. Se garantice el pleno respeto a los derechos humanos laborales de los obreros y las obreras que realizan sus labores en las maquiladoras textiles del Valle de Tehuacán. En particular, exigimos respeto a la lucha por un sindicalismo democrático e independiente que realiza el Sindicato 19 de Septiembre.
4. Se respete lo establecido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1998.
Atentamente
Comité Pro-Liberación "Hnos. Cerezo Contreras"-Puebla
Israel Sampedro Morales
* ACCIONES RECOMENDADAS: Por favor envíen sus comunicados, urgentemente, a las siguientes autoridades:
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación
Fax: (+52) (55) 50 93 34 14.
Correo electrónico: secretario@segob.gob.mx
Lic. Carlos Aguilar Suárez
Titular de la Unidad para la promoción y defensa de los Derechos Humanos
Teléfono: (+52) (55) 51 28 00 00, extensión 11875.
Correo electrónico: caguilar@segob.gob.mx
Lic. Mario Marín Torres
C. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
Teléfono y fax: (+52) (222) 213 – 88 – 10, 213 – 88 – 50, 213 – 88 – 51.
Correo electrónico: gobernador@puebla.gob.mx
Lic. Rodolfo Igor Archundia Sierra
C. Procurador General de Justicia del Estado de Puebla.
Teléfono y fax: (+52) (222) 211 – 78 – 02, 240 – 66 – 46, 237 – 04 – 18.
Correo electrónico: procurador@puebla.gob.mx
Lic. Sergio Domínguez Arroyo
C. Director Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos
del Distrito Judicial de Tehuacán.
Teléfono y fax: (+52) (238) 384 – 99 – 96.
Profr. Félix Alejo Domínguez
C. Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla.
Teléfono y fax: (+52) (238) 380 – 08 – 48.
Correo electrónico: presidencia@tehuacan.gob.mx
Con copia a:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Teléfono y fax: (01 55) 55 46 82 17, extensión 108.
Correo electrónico: defensa@centroprodh.org.mx
--
Rodrigo S. Hernandez
Tehuacan, Mx.
http://www.flickr.com/photos/19817580@N00/show/
http://makilas.blogspot.com/
A C C I Ó N U R G E N T E:
FALSAS IMPUTACIONES EN CONTRA
DE MARTÍN BARRIOS HERNÁNDEZ
Este Centro de Derechos Humanos ha tenido conocimiento de recientes actos de hostigamiento y amenazas en contra de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Asimismo, ha constatado la existencia de averiguaciones previas en las que, falsamente, se pretende configurar delitos a efecto de procesar penalmente a Martín Amaru Barrios Hernández, uno de sus integrantes.
H E C H O S :
La Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Puebla, a consecuencia del trabajo que realizan en la promoción y la defensa de los derechos laborales en la maquila textil, ha recibido diversas amenazas en fecha reciente. Estas coinciden con el acompañamiento que realizan de las obreras y los obreros del Sindicato Independiente 19 de Septiembre, quienes han defendido su derecho a pertenecer a un sindicato autónomo, así como su derecho a trabajar en condiciones dignas.
El 12 de junio de 2008, Martín Amaru Barrios Hernández fue citado ante el agente del ministerio público del fuero común de Tehuacán para una diligencia ministerial. Al presentarse acompañado de sus representantes legales, le fue informado que en su contra se integra una averiguación previa por diversos delitos, iniciada a causa de una querella interpuesta por uno de los patrones de la maquila textil de Tehuacán. En dicha denuncia falsamente se acusa a Martín Barrios de haber causado daños en propiedad ajena durante una marcha realizada por los obreros y las obreras de Tehuacán, así como de haber amenazado a dicho empresario. Con ello, se desvirtúa dolosamente la labor que, en conjunto con los y las demás integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Laborales de Tehuacán, realiza como defensor de derechos humanos. De ser consignada la averiguación previa, Martín Amaru Barrios Hernández podría ser injustamente sometido a un proceso penal por delitos que jamás cometió.
Lo anterior resulta especialmente preocupante tomando en cuenta los antecedentes relacionados con el caso, así como otros actos recientes que han interferido en la labor de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. En este sentido, este Centro de Derechos Humanos ha sido informado de que el día 12 de junio de 2008 Reyna Ramírez, integrante también de la Comisión, fue agredida en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje de Tehuacán por un individuo aparentemente ligado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central obrera cuyos actos de corrupción ha denunciado la Comisión. Luego de golpear a Reyna Ramírez, el individuo agresor se alejó profiriendo amenazas y diciendo: "van a saber lo que es meterse con la CTM, van a valer madre...".
ANTECEDENTES:
Desde hace varios años, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán ha documentado y denunciado las violaciones a derechos humanos laborales y ambientales que propicia un sector de la industria maquiladora dedicada a la confección de prendas de mezclilla, en el Valle de Tehuacán, Puebla.
Por esa labor, sus integrantes han sufrido numerosos y reiterados actos de intimidación. Martín Amaru Barrios Hernández ha sido víctima de varios de ellos. En diciembre de 2004, fue salvajemente golpeado por individuos que además lo amedrentaron por las actividades de la Comisión. A principios de 2006, se le fabricó dolosamente un delito a instancias de un empresario local y, en condiciones sumamente irregulares, fue arbitrariamente detenido y encarcelado en un centro de readaptación social del Estado de Puebla. Luego de permanecer varias semanas preso, ante la creciente indignación a nivel nacional e internacional, las autoridades conminaron al denunciante a retirar los cargos. Al recuperar su libertad, Martín Barrios y los integrantes de la Comisión recibieron amenazas de muerte anónimas por lo que se vieron obligados a solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañados por este Centro, mismas que fueron concedidas.
Durante 2007, la Comisión de Derechos Humanos Laborales del Valle de Tehuacán acompañó la lucha de los obreros y las obreras de la empresa Vaqueros Navarra, quienes acudieron a las instancias legales para exigir condiciones de trabajo dignas y respeto al sindicalismo democrático. Así, como Sindicato 19 de Septiembre, demandaron la titularidad del contrato colectivo de trabajo y la obtuvieron legalmente, arrebatándoselo a los supuestos sindicatos de la CTM y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), mismos que eran absolutamente ajenos a la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.
Después de esa victoria, el hostigamiento en contra de los y las integrantes del Sindicato 19 de Septiembre y la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán se ha incrementado. Los obreros y las obreras han sido colocados en "listas negras" y excluidos de las maquiladoras locales; los defensores de derechos humanos, difamados y hostigados.
Ante estos graves hechos y considerando tales antecedentes, este Centro Derechos Humanos expresa su preocupación y en consecuencia demanda:
1. Se garantice la vida, integridad personal y libertad de los defensores y las defensoras de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos Laborales del Valle de Tehuacán, así como de sus familiares y demás personas allegadas.
2. Se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad personal de Martín Amaru Barrios Hernández. En particular, exigimos a las autoridades que no toleren ni auspicien ni promuevan, de nueva cuenta, el uso desviado de las instituciones de procuración y administración de justicia para inhibir su trabajo como defensor de los derechos humanos.
3. Se garantice el pleno respeto a los derechos humanos laborales de los obreros y las obreras que realizan sus labores en las maquiladoras textiles del Valle de Tehuacán. En particular, exigimos respeto a la lucha por un sindicalismo democrático e independiente que realiza el Sindicato 19 de Septiembre.
4. Se respete lo establecido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1998.
Atentamente
Comité Pro-Liberación "Hnos. Cerezo Contreras"-Puebla
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* ACCIONES RECOMENDADAS: Por favor envíen sus comunicados, urgentemente, a las siguientes autoridades:
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
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Fax: (+52) (55) 50 93 34 14.
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Teléfono: (+52) (55) 51 28 00 00, extensión 11875.
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Lic. Mario Marín Torres
C. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
Teléfono y fax: (+52) (222) 213 – 88 – 10, 213 – 88 – 50, 213 – 88 – 51.
Correo electrónico: gobernador@puebla.gob.mx
Lic. Rodolfo Igor Archundia Sierra
C. Procurador General de Justicia del Estado de Puebla.
Teléfono y fax: (+52) (222) 211 – 78 – 02, 240 – 66 – 46, 237 – 04 – 18.
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Lic. Sergio Domínguez Arroyo
C. Director Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos
del Distrito Judicial de Tehuacán.
Teléfono y fax: (+52) (238) 384 – 99 – 96.
Profr. Félix Alejo Domínguez
C. Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla.
Teléfono y fax: (+52) (238) 380 – 08 – 48.
Correo electrónico: presidencia@tehuacan.gob.mx
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Monday, June 16, 2008
De Jesús Ibarra Salazar a propósito del libro 2006: hablan las actas de José Antonio Crespo
Démosle voz a los números
Tan pronto me enteré de la salida del libro de JOsé Antonio Crespo, 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, me fui a la Gandhi y me hice de un ejemplar, el que inicié su lectura en la misma cafetería de la librería, el pasado lunes 9 de junio.
Desde las primeras páginas me doy cuenta del enfoque de su trabajo: el análisis de las cifras del PREP en referencia a la elección presidencial.
Limitantes metodológicas
Las elecciones se ganan con votos por lo que esta variable es la fundamental en el análisis y, si de votos se trata los asignados a los partidos o candidatos deben ser la materia prima de cualquier estudio.
Los órganos electorales han decidido trabajar sólo con las cantidades de boletas recibidas (BR), las sobrantes (BS), la depositadas en la urna (BD) o extraídas de la urna (BEU), la cantidad de ciudadanos que votaron (CQV) y la votación total emitida (VTE). Las primeras cuatro variables corresponden a elementos que se generan antes de que se realice el proceso de escrutinio y cómputo en la casilla; el último, es la que se registra en el acta correspondiente a los resultados y que tiene como referencia al ciudadano sufragante; en ellas pueden apreciarse errores de contero y alteraciones dolosas.
Para el análisis, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han establecido una serie de criterios que definen el grado de certeza de los resultados, derivados de las relaciones lógicas entre las variables Boletas recibidas (BR), boletas sobrantes (BS), Boletas depositadas (BD) o boletas extraídas de las urnas (BEU), ciudadanos que votaron (CQV) y votación total emitida (VTE) o suma total de votos. Estas variables deben cumplir las siguientes relaciones:
BR – BS = BD o BR – BS = BEU o BR – BS = CQV o BR – BS = VTE
De estas se concluye BD = CQV o BD = VTE
Finalmente CQV = VTE
Si una de estas relaciones no se cumple se encuentra un factor de incertidumbre en los resultados, indecisión que se define como errores aritméticos, que pueden ser motivo o no de anulación de la votación en una casilla en función de si es o no determinante para definir a un partido ganador. Si la diferencia entre estas relaciones es mayor que la que existe entre los partidos que se encuentran en primero y segundo lugares de las votaciones al error se le denomina error de cómputo y entonces procede la anulación, de lo contrario, no.
El hecho de que estas variables se analicen sólo para el caso aislado de una de las elecciones constriñe el campo visual y, por lo tanto, determina la metodología y la serie de conceptos que los magistrados han desarrollado.
De otro modo, es a partir del tipo de estudio, que depende de las demandas que candidatos han presentado a su consideración, que se desarrolla toda una serie de conceptos y métodos de definición del grado de certeza de los resultados electorales y cuyo centro conceptual se encuentra en los llamados errores aritméticos.
En la medida en que los actores ajenos a estas instancias electorales se sujetan a esta concepción del trabajo de análisis, aunque los resultados sean muy distintos a los del TEPJF, la conclusión es la misma: No hay forma de documentar la existencia de un fraude electoral maquinado, que es la que repetidamente afirma José Antonio Crespo.
En el magnífico trabajo publicado, 2006: hablan las actas, que lleva como subtítulo, las debilidades de la autoridad electoral, se presenta a la sociedad y actores políticos en tres segmentos: quienes aseguran, sin presentar pruebas fehacientes, que se ejecuto un magno fraude electoral, quienes en contra de esta opinión dicen que no lo hubo y con ello ganó Felipe Calderón Hinojosa, y quienes sostienen que de los resultados de las elecciones y del estudio de las irregularidades señaladas, por más que abarcan a muchos más votos que los que se computaron como diferencia entre los dos candidatos más votados, es imposible decidir a un ganador, los agnósticos, entre los que el autor se incluye.
Una limitación más es la que se deriva de la posición, entre estas tres definidas, para el tipo de análisis que se realiza o, de otro modo, se requiere un cambio de paradigma para descubrir nuevas posibilidades y arribar a conclusiones no perceptibles desde una posición ya asumida e invariable, como el agnosticísmo.
La propuesta de cambio de paradigma
Basado en las mismas resoluciones del TEPJF y en las relaciones lógicas de las cifras de las elecciones se puede intentar el análisis desde otra perspectiva.
En primer lugar, se trata de estudiar las votaciones adjudicadas a cada uno de los partidos, en cada casilla, no sólo los registrados en el PREP, sino también en los cómputos distritales (CD), para cada una de las elecciones.
Si cada elector recibe el día de la jornada electoral una boleta para cada una de las elecciones, estas son marcadas a favor de uno de los partidos y depositadas en sus urnas respectivas, entonces, al finalizar el día de la elección y una vez que se agotan los procedimientos de escrutinio y cómputo, las votaciones son asentadas en las actas correspondientes.
En principio, la suma de votaciones o la votación total emitida (VTE) en cada casilla para cada una de las elecciones, debe ser la misma. Es decir, la VTE para presidente (VTEP) debe ser igual a la VTE para diputado (VTED) y ambas iguales a la VTE para senador (VTES).
Si hay diferencia entre dos de estas cantidades, tomadas de dos en dos (por parejas), entonces se puede decir que hay más o menos votos de una respecto de la otra, lo cual debe ser investigado y subsanar el principio constitucional de certeza abriendo los paquetes en cuestión. Hasta aquí nada más puede decirse que lo ya asentado: hay más votos en la elección presidencial que en la de diputados o viceversa, si es que entre las VTE's respectivas hay una diferencia.
Para este análisis partimos de la idea de que las cifras en el PREP, lo mismo que en los cómputos distritales, para cada casilla, deber ser exactamente iguales a las del acta correspondiente para cada elección. Es decir, no aceptamos el argumento de funcionarios y magistrados de que si hay diferencias se debe a errores de captura y lo aseguramos ante el simple hecho de que, si esto se muestra en una sola de las casillas, todo el sistema de resultados queda en entredicho.
Como la limpieza electoral no se ha hecho, entonces podemos trabajar con las actas, que también son documentos oficiales, validados por el IFE y hecho públicos en su página Web: http://www-pef.ife.org.mx/JE2006_AD/.
De este cotejo de cifras entre las tres elecciones y encontrándose diferencias entre ellas puede definirse uno de tres escenarios posibles en la alteración de votaciones:
a) En la casilla,
b) Durante el PREP, o
c) Durante el Cómputo Distrital.
a) Supongamos que al calcular la diferencia entre la elección presidencial y la de diputados se encuentran VTE’s diferentes. Lo que sigue es tener a la vista las actas correspondientes a la casilla y verificar si las cifras en el PREP coinciden con las del acta correspondiente. Si son idénticas en ambos casos, entonces el cambio de votos proviene desde la misma casilla, pues se han registrado votaciones que no se corresponden con el total de ciudadanos que votaron o con las boletas extraídas de las urnas.
b) ¿Cómo entender el caso en que las cifras asentadas en el acta, ya sea de la elección presidencial o de la de diputados no coincide con las asentadas en el acta? Si no aceptamos los errores de captura, entonces el cambio de votaciones de los partidos se realzó durante la ejecución del PREP.
c) Lo mismo que en el caso anterior puede decirse si el ejercicio de cotejo se hacen con las VTE´s del CD, lo cual añade un elemento de ilegitimidad pues son estos los resultados que tienen legalidad y sobre los cuales se declara la validez de las elecciones.
En los dos últimos escenarios, los cambios en las votaciones se realizan en el centro de cómputo del IFE.
¿Pero que ocurre cuando las VTE’s de dos de las elecciones son iguales? Parecería que en este caso no existe indicio siquiera de alteración de votaciones, ya sea en la casilla, durante el PREP o durante el CD. Sin embargo, lo encontrado difiere de esta apreciación y comprueba, sin lugar a dudas, del proceso que se aplicó para el fraude electoral.
Nuevamente recurrimos a la sencilla lógica de las cifras electorales: Damos voz a los números. Si no aceptamos errores de captura en el PREP, con mayor razón los rechazamos en los cómputos distritales, por las razones ya conocidas; entonces, si el acta de escrutinio y cómputo de una elección es el documento fuente de ambas bases de datos y, en consecuencia, no sólo las VTE’s sino las votaciones de los partidos deben ser exactamente iguales.
Se tienen ejemplo de casillas en las que las votaciones de los partidos se han intercambiado, permutando las de uno a las de otro y, con ello favoreciendo a uno u perjudicando a otro.
Quienes aseguramos que el 2 de julio, independientemente de lo sucio de todo el proceso previo en las campañas, lo que podría ser motivo de delitos electorales y posiblemente de la aplicación de la causa de nulidad abstracta, se puso en juego toda una estrategia de alteración de votaciones para asegurar un resultado, dar certeza a quienes consideraban a Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, y que hoy lo siguen teniendo en tal concepto y siguen trabajando para definir la elección de 2012 a su mejor conveniencia.
Y por supuesto que tenemos las pruebas fehacientes: las actas de escrutinio y cómputo, las que quienes deseen verlas las pueden tener a la mano, junto con las casillas en las que las diferencias de votos (no de errores aritméticos entre cifras de boletas); quienes se encuentran entre los que aseguran que quien ganó fue Felipe Calderón, no las podrán ver jamás ni aceptar nuestros argumentos; y quienes se ubican entre los agnósticos, la invitación es el cambio de paradigma y salir de los marcos teóricos que los magistrados han impuesto, como ciencia normal, y hagamos una revolución en el análisis de los resultados electorales.
Que es muy complicado sólo con el tipo de ejercicios que hasta aquí hemos comentado, y tal vez sólo con la apertura de paquetes, pueda afirmarse quien en realidad ganó las elecciones, conviene recordarles que hay metodologías científicas, no de pueba o verificación como las aquí presentadas, que se han aplicado para demostrar el fraude.
Ahí están los trabajos de Luís Mochán, que mereciera éste una mención de James K. Galbraith, en su artículo: Doing maths in Mexico, el de Julen Sagardóa, en de Victor Romero y la aplicación de la Ley de Benford por R. Mansilla, del CEIICH, UNAM.
Entre estas demostraciones científicas y la metodología propuesta de verificación del fraude electoral, con sus correspondientes pruebas documentales, sólo esperamos que las elecciones del 2009 y 2012 los ciudadanos podamos estar plenamente seguros de que nuestro voto será plenamente respetado, que la anulación de las votaciones de casilla sean lo menos y se recupere la decisión de nuestros votos.
¿Ya compraron el libro? Hay que leerlo.
Monterrey, N. L.
A 13 de junio de 2008
http://chuyibarra.blogspot.com/
Tan pronto me enteré de la salida del libro de JOsé Antonio Crespo, 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, me fui a la Gandhi y me hice de un ejemplar, el que inicié su lectura en la misma cafetería de la librería, el pasado lunes 9 de junio.
Desde las primeras páginas me doy cuenta del enfoque de su trabajo: el análisis de las cifras del PREP en referencia a la elección presidencial.
Limitantes metodológicas
Las elecciones se ganan con votos por lo que esta variable es la fundamental en el análisis y, si de votos se trata los asignados a los partidos o candidatos deben ser la materia prima de cualquier estudio.
Los órganos electorales han decidido trabajar sólo con las cantidades de boletas recibidas (BR), las sobrantes (BS), la depositadas en la urna (BD) o extraídas de la urna (BEU), la cantidad de ciudadanos que votaron (CQV) y la votación total emitida (VTE). Las primeras cuatro variables corresponden a elementos que se generan antes de que se realice el proceso de escrutinio y cómputo en la casilla; el último, es la que se registra en el acta correspondiente a los resultados y que tiene como referencia al ciudadano sufragante; en ellas pueden apreciarse errores de contero y alteraciones dolosas.
Para el análisis, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han establecido una serie de criterios que definen el grado de certeza de los resultados, derivados de las relaciones lógicas entre las variables Boletas recibidas (BR), boletas sobrantes (BS), Boletas depositadas (BD) o boletas extraídas de las urnas (BEU), ciudadanos que votaron (CQV) y votación total emitida (VTE) o suma total de votos. Estas variables deben cumplir las siguientes relaciones:
BR – BS = BD o BR – BS = BEU o BR – BS = CQV o BR – BS = VTE
De estas se concluye BD = CQV o BD = VTE
Finalmente CQV = VTE
Si una de estas relaciones no se cumple se encuentra un factor de incertidumbre en los resultados, indecisión que se define como errores aritméticos, que pueden ser motivo o no de anulación de la votación en una casilla en función de si es o no determinante para definir a un partido ganador. Si la diferencia entre estas relaciones es mayor que la que existe entre los partidos que se encuentran en primero y segundo lugares de las votaciones al error se le denomina error de cómputo y entonces procede la anulación, de lo contrario, no.
El hecho de que estas variables se analicen sólo para el caso aislado de una de las elecciones constriñe el campo visual y, por lo tanto, determina la metodología y la serie de conceptos que los magistrados han desarrollado.
De otro modo, es a partir del tipo de estudio, que depende de las demandas que candidatos han presentado a su consideración, que se desarrolla toda una serie de conceptos y métodos de definición del grado de certeza de los resultados electorales y cuyo centro conceptual se encuentra en los llamados errores aritméticos.
En la medida en que los actores ajenos a estas instancias electorales se sujetan a esta concepción del trabajo de análisis, aunque los resultados sean muy distintos a los del TEPJF, la conclusión es la misma: No hay forma de documentar la existencia de un fraude electoral maquinado, que es la que repetidamente afirma José Antonio Crespo.
En el magnífico trabajo publicado, 2006: hablan las actas, que lleva como subtítulo, las debilidades de la autoridad electoral, se presenta a la sociedad y actores políticos en tres segmentos: quienes aseguran, sin presentar pruebas fehacientes, que se ejecuto un magno fraude electoral, quienes en contra de esta opinión dicen que no lo hubo y con ello ganó Felipe Calderón Hinojosa, y quienes sostienen que de los resultados de las elecciones y del estudio de las irregularidades señaladas, por más que abarcan a muchos más votos que los que se computaron como diferencia entre los dos candidatos más votados, es imposible decidir a un ganador, los agnósticos, entre los que el autor se incluye.
Una limitación más es la que se deriva de la posición, entre estas tres definidas, para el tipo de análisis que se realiza o, de otro modo, se requiere un cambio de paradigma para descubrir nuevas posibilidades y arribar a conclusiones no perceptibles desde una posición ya asumida e invariable, como el agnosticísmo.
La propuesta de cambio de paradigma
Basado en las mismas resoluciones del TEPJF y en las relaciones lógicas de las cifras de las elecciones se puede intentar el análisis desde otra perspectiva.
En primer lugar, se trata de estudiar las votaciones adjudicadas a cada uno de los partidos, en cada casilla, no sólo los registrados en el PREP, sino también en los cómputos distritales (CD), para cada una de las elecciones.
Si cada elector recibe el día de la jornada electoral una boleta para cada una de las elecciones, estas son marcadas a favor de uno de los partidos y depositadas en sus urnas respectivas, entonces, al finalizar el día de la elección y una vez que se agotan los procedimientos de escrutinio y cómputo, las votaciones son asentadas en las actas correspondientes.
En principio, la suma de votaciones o la votación total emitida (VTE) en cada casilla para cada una de las elecciones, debe ser la misma. Es decir, la VTE para presidente (VTEP) debe ser igual a la VTE para diputado (VTED) y ambas iguales a la VTE para senador (VTES).
Si hay diferencia entre dos de estas cantidades, tomadas de dos en dos (por parejas), entonces se puede decir que hay más o menos votos de una respecto de la otra, lo cual debe ser investigado y subsanar el principio constitucional de certeza abriendo los paquetes en cuestión. Hasta aquí nada más puede decirse que lo ya asentado: hay más votos en la elección presidencial que en la de diputados o viceversa, si es que entre las VTE's respectivas hay una diferencia.
Para este análisis partimos de la idea de que las cifras en el PREP, lo mismo que en los cómputos distritales, para cada casilla, deber ser exactamente iguales a las del acta correspondiente para cada elección. Es decir, no aceptamos el argumento de funcionarios y magistrados de que si hay diferencias se debe a errores de captura y lo aseguramos ante el simple hecho de que, si esto se muestra en una sola de las casillas, todo el sistema de resultados queda en entredicho.
Como la limpieza electoral no se ha hecho, entonces podemos trabajar con las actas, que también son documentos oficiales, validados por el IFE y hecho públicos en su página Web: http://www-pef.ife.org.mx/JE2006_AD/.
De este cotejo de cifras entre las tres elecciones y encontrándose diferencias entre ellas puede definirse uno de tres escenarios posibles en la alteración de votaciones:
a) En la casilla,
b) Durante el PREP, o
c) Durante el Cómputo Distrital.
a) Supongamos que al calcular la diferencia entre la elección presidencial y la de diputados se encuentran VTE’s diferentes. Lo que sigue es tener a la vista las actas correspondientes a la casilla y verificar si las cifras en el PREP coinciden con las del acta correspondiente. Si son idénticas en ambos casos, entonces el cambio de votos proviene desde la misma casilla, pues se han registrado votaciones que no se corresponden con el total de ciudadanos que votaron o con las boletas extraídas de las urnas.
b) ¿Cómo entender el caso en que las cifras asentadas en el acta, ya sea de la elección presidencial o de la de diputados no coincide con las asentadas en el acta? Si no aceptamos los errores de captura, entonces el cambio de votaciones de los partidos se realzó durante la ejecución del PREP.
c) Lo mismo que en el caso anterior puede decirse si el ejercicio de cotejo se hacen con las VTE´s del CD, lo cual añade un elemento de ilegitimidad pues son estos los resultados que tienen legalidad y sobre los cuales se declara la validez de las elecciones.
En los dos últimos escenarios, los cambios en las votaciones se realizan en el centro de cómputo del IFE.
¿Pero que ocurre cuando las VTE’s de dos de las elecciones son iguales? Parecería que en este caso no existe indicio siquiera de alteración de votaciones, ya sea en la casilla, durante el PREP o durante el CD. Sin embargo, lo encontrado difiere de esta apreciación y comprueba, sin lugar a dudas, del proceso que se aplicó para el fraude electoral.
Nuevamente recurrimos a la sencilla lógica de las cifras electorales: Damos voz a los números. Si no aceptamos errores de captura en el PREP, con mayor razón los rechazamos en los cómputos distritales, por las razones ya conocidas; entonces, si el acta de escrutinio y cómputo de una elección es el documento fuente de ambas bases de datos y, en consecuencia, no sólo las VTE’s sino las votaciones de los partidos deben ser exactamente iguales.
Se tienen ejemplo de casillas en las que las votaciones de los partidos se han intercambiado, permutando las de uno a las de otro y, con ello favoreciendo a uno u perjudicando a otro.
Quienes aseguramos que el 2 de julio, independientemente de lo sucio de todo el proceso previo en las campañas, lo que podría ser motivo de delitos electorales y posiblemente de la aplicación de la causa de nulidad abstracta, se puso en juego toda una estrategia de alteración de votaciones para asegurar un resultado, dar certeza a quienes consideraban a Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, y que hoy lo siguen teniendo en tal concepto y siguen trabajando para definir la elección de 2012 a su mejor conveniencia.
Y por supuesto que tenemos las pruebas fehacientes: las actas de escrutinio y cómputo, las que quienes deseen verlas las pueden tener a la mano, junto con las casillas en las que las diferencias de votos (no de errores aritméticos entre cifras de boletas); quienes se encuentran entre los que aseguran que quien ganó fue Felipe Calderón, no las podrán ver jamás ni aceptar nuestros argumentos; y quienes se ubican entre los agnósticos, la invitación es el cambio de paradigma y salir de los marcos teóricos que los magistrados han impuesto, como ciencia normal, y hagamos una revolución en el análisis de los resultados electorales.
Que es muy complicado sólo con el tipo de ejercicios que hasta aquí hemos comentado, y tal vez sólo con la apertura de paquetes, pueda afirmarse quien en realidad ganó las elecciones, conviene recordarles que hay metodologías científicas, no de pueba o verificación como las aquí presentadas, que se han aplicado para demostrar el fraude.
Ahí están los trabajos de Luís Mochán, que mereciera éste una mención de James K. Galbraith, en su artículo: Doing maths in Mexico, el de Julen Sagardóa, en de Victor Romero y la aplicación de la Ley de Benford por R. Mansilla, del CEIICH, UNAM.
Entre estas demostraciones científicas y la metodología propuesta de verificación del fraude electoral, con sus correspondientes pruebas documentales, sólo esperamos que las elecciones del 2009 y 2012 los ciudadanos podamos estar plenamente seguros de que nuestro voto será plenamente respetado, que la anulación de las votaciones de casilla sean lo menos y se recupere la decisión de nuestros votos.
¿Ya compraron el libro? Hay que leerlo.
Monterrey, N. L.
A 13 de junio de 2008
http://chuyibarra.blogspot.com/
Sunday, June 15, 2008
2006: El fraude del Tribunal
PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa/ El Siglo de Torreón
Experimentado en el sistema político mexicano y en el electoral del País, José Antonio Crespo investigó las actas de la elección presidencial del 2 de julio del 2006, con lo que pone en evidencia que el fraude de esos comicios se concretó en el Tribunal Electoral
En la elección presidencial del 2006 hubo por lo menos 316 mil 539 votos irregulares, cifra superior a los 233 mil 831 sufragios en que consistió oficialmente la ventaja de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero al calificar la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ignoró el valor de esos votos irregulares y al declarar electo a Calderón, "lo hizo al margen de la información contenida en las actas", mismas que dicen "algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían". Es decir, que el veredicto del tribunal, "al menos en lo que hace a los votos irregulares, no corresponde a lo asentado en las actas oficiales de escrutinio y cómputo".
Por lo tanto, puede afirmarse que en el 2006 hubo fraude: "No un fraude que haya involucrado a millones de ciudadanos, pero sí a un cuerpo colegiado de siete miembros que tenía la enorme responsabilidad de calificar la elección, revisar con exhaustividad la información disponible e informar con toda precisión y veracidad a los ciudadanos de por qué decidió lo que decidió, validando una elección cuya certeza quedaba en duda, según las actas electorales con valor oficial. Los Magistrados informaron a la ciudadanía que las actas decían algo muy distinto de lo que en verdad reportan".
José Antonio Crespo ha hecho estas afirmaciones en su libro 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, resultado de una descomunal investigación. Cuando en diciembre del 2006 el Instituto Federal electoral puso en internet las actas de la elección de julio anterior -unas 135 mil-, el reputado politólogo decidió leer al menos la mitad de ellas. Y revisó escrupulosamente 63 mil actas de 150 distritos, también la mitad del total. Por ello puede establecer que el número de votos irregulares pudo haber llegado a más de 632 mil, casi el triple de los votos que oficialmente pusieron a Calderón por encima de López Obrador. Ante esa evidencia, el tribunal debió anular la elección y no atribuirle el triunfo a Calderón, porque no bastaba que ese órgano de calificación "hiciera el cómputo final -carácter cuantitativo- y declarara en automático al ganador, sino que era menester que realizara el escrutinio -con carácter cualitativo- antes de declarar válida la elección. Y el elemento esencial del escrutinio, es decir del valor cualtitativo del voto, radicaba en la magnitud de los errores de cómputo no justificados ni depurados, pues podría afectar justamente la certeza, principio cualitativo esencial para considerar válida la elección".
Crespo ha dedicado ya casi tres lustros al examen de la estructura y el funcionamiento del sistema político mexicano en general y el electoral en particular. Formado en El Colegio de México, y maestro en sociología política y doctor en historia por la Universidad Iberoamericana, es miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). A partir de 1995, en que dio a luz su estudio Urnas de pandora, casi no ha habido un año en que no enriquezca la literatura politológica mexicana con sus obras, la más reciente de las cuales, aparecida en el 2006, se titula El fracaso histórico del presidencialismo mexicano.
Al análisis de los fenómenos políticos Crespo ha añadido su experiencia como observador electoral, una actividad que desde mediados de los ochenta contribuyó a combatir el autoritarismo de la legislación sobre elecciones y a definir los abusos que a partir de ella hicieron posible el largo predominio del PRI en el gobierno del país y de los estados. La observación electoral no dejó de ser necesaria luego de la gran reforma de 1996, pero su papel quedó en buena medida atribuido a los órganos administrativos y judiciales responsables de la elección. Con todo, Crespo actuó como observador en los comicios del 2006, en algunos distritos electorales de la Ciudad de México y en el cómputo oficial realizado por el IFE el 5 de julio. En el primer caso se percató "de la reticencia de muchos de los consejos distritales... para abrir y recontar los paquetes cuyas actas registraban errores". Por eso puso particular atención a la denuncia de la Coalición por el Bien de Todos (CBT) sobre la magnitud de los errores aritméticos en las actas, y que expresó López Obrador el 16 de julio: "La revisión hecha por la CBT muestra que el sesenta por ciento del total de las 130,788 actas contienen errores aritméticos. Lo aclaro más: hay cerca de un millón de votos no sustentados en boletas electorales. O sea, las actas de escrutinio no reflejan la verdadera votación, porque apuntaron más o menos votos que los depositados en las urnas".
Crespo no votó por López Obrador. Y en su sistemática aportación al análisis político (en los diarios El Universal y Excélsior, amén de su participación en el Primer Plano del Canal Once, y hasta enero pasado en la primera emisión del noticiario Hoy por hoy encabezado por Carmen Aristegui) ha criticado la estrategia poselectoral de quien ahora encabeza el Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo. Hizo suya, sin embargo, la demanda lopezobradorista de contar "voto por voto" y después la causa civil que reclama la apertura de los paquetes electorales, ya sin fines jurídicos. Lo movió a hacerlo, inicialmente, la información que el Programa de Resultados Electorales Preliminares arrojaba sobre el tema: indagó "cuántos errores aritméticos detectaba entre los tres rubros del acta que estaban diseñados para coincidir. La cantidad resultó abrumadora: entre 800 mil y dos millones y medio, según los rubros comparados". (De los campos de que constan las actas electorales hay tres espacios que deben mostrar cifras coincidentes: ciudadanos que acudieron a votar (cv), boletas encontradas en las urnas (beu) y votación total emitida (vtte). Las actas son irregulares cuando no coinciden los números de esos apartados).
Crespo fue más allá de la consulta al PREP. Cuando el IFE puso a disposición de los usuarios de internet el total de las actas, decidió despejar sus "propias dudas sobre el tipo y magnitud de los errores aritméticos registrados en ellas, contrastando su información con las sentencias del Tribunal sobre los juicios de inconformidad interpuestos por los partidos. Emprendí, pues, esa revisión para cuantificar el número de errores aritméticos registrados en las actas electorales, ver cuántos de ellos fueron justificados y depurados, o podrían serlo a partir de los criterios utilizados por el propio Tribunal y si el remanente afectaba o no el resultado nacional, o empañaba o no el principio de certeza". Y encontró respuestas afirmativas a ambas preguntas.
El tribunal se contradijo, porque el 5 de agosto de 2006, al resolver los juicios de inconformidad, dijo que el IFE "debió haber abierto y recontado de oficio -es decir, aunque nadie lo solicitara- todos los paquetes electorales cuyas actas registraran alguna inconsistencia aritmética", pero el instituto sólo abrió "el 3.5 por ciento de los paquetes que se encontraban en esa situación, lo que implica que el 96 por ciento restante no fue abierto en ese proceso conforme lo estipulaba la ley". El tribunal, dice Crespo, pudo remediar esa omisión, pero se limitó a ordenar que se abriera otro 15 por ciento de paquetes cuyas actas registraban inconsistencias. El resultado es que "82 por ciento de los paquetes que por ley debieron ser abiertos y recontados... quedaron sin ser abiertos ni por el IFE ni por el Tribunal".
El libro de Crespo no es propagandístico, sino analítico: "Las actas electorales no dan la razón a quienes sostienen que López Obrador ganó la elección y que fue víctima de un enorme fraude -demostrar esto requeriría de una información distinta de la aportada por las actas-, pero tampoco la da a quienes sostienen que Calderón ganó de manera inequívoca a inobjetable... Al Tribunal le correspondía demostrar el triunfo inequívoco del ganador oficial, quienquiera que hubiese sido", pero "decidió eludir la presentación precisa" de la información contenida en las actas, "distorsionando al mismo tiempo su contenido".
La comprensión cabal de lo ocurrido en el 2006 requiere conocer, además de las actas tan brillantemente hechas hablar por Crespo, el contenido de los paquetes electorales, asunto pendiente ante los tribunales. Por lo pronto hoy sabemos que en ese proceso hubo fraude y lo cometió, por lo menos, el Tribunal Federal Electoral.
Miguel Ángel Granados Chapa/ El Siglo de Torreón
Experimentado en el sistema político mexicano y en el electoral del País, José Antonio Crespo investigó las actas de la elección presidencial del 2 de julio del 2006, con lo que pone en evidencia que el fraude de esos comicios se concretó en el Tribunal Electoral
En la elección presidencial del 2006 hubo por lo menos 316 mil 539 votos irregulares, cifra superior a los 233 mil 831 sufragios en que consistió oficialmente la ventaja de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero al calificar la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ignoró el valor de esos votos irregulares y al declarar electo a Calderón, "lo hizo al margen de la información contenida en las actas", mismas que dicen "algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían". Es decir, que el veredicto del tribunal, "al menos en lo que hace a los votos irregulares, no corresponde a lo asentado en las actas oficiales de escrutinio y cómputo".
Por lo tanto, puede afirmarse que en el 2006 hubo fraude: "No un fraude que haya involucrado a millones de ciudadanos, pero sí a un cuerpo colegiado de siete miembros que tenía la enorme responsabilidad de calificar la elección, revisar con exhaustividad la información disponible e informar con toda precisión y veracidad a los ciudadanos de por qué decidió lo que decidió, validando una elección cuya certeza quedaba en duda, según las actas electorales con valor oficial. Los Magistrados informaron a la ciudadanía que las actas decían algo muy distinto de lo que en verdad reportan".
José Antonio Crespo ha hecho estas afirmaciones en su libro 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, resultado de una descomunal investigación. Cuando en diciembre del 2006 el Instituto Federal electoral puso en internet las actas de la elección de julio anterior -unas 135 mil-, el reputado politólogo decidió leer al menos la mitad de ellas. Y revisó escrupulosamente 63 mil actas de 150 distritos, también la mitad del total. Por ello puede establecer que el número de votos irregulares pudo haber llegado a más de 632 mil, casi el triple de los votos que oficialmente pusieron a Calderón por encima de López Obrador. Ante esa evidencia, el tribunal debió anular la elección y no atribuirle el triunfo a Calderón, porque no bastaba que ese órgano de calificación "hiciera el cómputo final -carácter cuantitativo- y declarara en automático al ganador, sino que era menester que realizara el escrutinio -con carácter cualitativo- antes de declarar válida la elección. Y el elemento esencial del escrutinio, es decir del valor cualtitativo del voto, radicaba en la magnitud de los errores de cómputo no justificados ni depurados, pues podría afectar justamente la certeza, principio cualitativo esencial para considerar válida la elección".
Crespo ha dedicado ya casi tres lustros al examen de la estructura y el funcionamiento del sistema político mexicano en general y el electoral en particular. Formado en El Colegio de México, y maestro en sociología política y doctor en historia por la Universidad Iberoamericana, es miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). A partir de 1995, en que dio a luz su estudio Urnas de pandora, casi no ha habido un año en que no enriquezca la literatura politológica mexicana con sus obras, la más reciente de las cuales, aparecida en el 2006, se titula El fracaso histórico del presidencialismo mexicano.
Al análisis de los fenómenos políticos Crespo ha añadido su experiencia como observador electoral, una actividad que desde mediados de los ochenta contribuyó a combatir el autoritarismo de la legislación sobre elecciones y a definir los abusos que a partir de ella hicieron posible el largo predominio del PRI en el gobierno del país y de los estados. La observación electoral no dejó de ser necesaria luego de la gran reforma de 1996, pero su papel quedó en buena medida atribuido a los órganos administrativos y judiciales responsables de la elección. Con todo, Crespo actuó como observador en los comicios del 2006, en algunos distritos electorales de la Ciudad de México y en el cómputo oficial realizado por el IFE el 5 de julio. En el primer caso se percató "de la reticencia de muchos de los consejos distritales... para abrir y recontar los paquetes cuyas actas registraban errores". Por eso puso particular atención a la denuncia de la Coalición por el Bien de Todos (CBT) sobre la magnitud de los errores aritméticos en las actas, y que expresó López Obrador el 16 de julio: "La revisión hecha por la CBT muestra que el sesenta por ciento del total de las 130,788 actas contienen errores aritméticos. Lo aclaro más: hay cerca de un millón de votos no sustentados en boletas electorales. O sea, las actas de escrutinio no reflejan la verdadera votación, porque apuntaron más o menos votos que los depositados en las urnas".
Crespo no votó por López Obrador. Y en su sistemática aportación al análisis político (en los diarios El Universal y Excélsior, amén de su participación en el Primer Plano del Canal Once, y hasta enero pasado en la primera emisión del noticiario Hoy por hoy encabezado por Carmen Aristegui) ha criticado la estrategia poselectoral de quien ahora encabeza el Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo. Hizo suya, sin embargo, la demanda lopezobradorista de contar "voto por voto" y después la causa civil que reclama la apertura de los paquetes electorales, ya sin fines jurídicos. Lo movió a hacerlo, inicialmente, la información que el Programa de Resultados Electorales Preliminares arrojaba sobre el tema: indagó "cuántos errores aritméticos detectaba entre los tres rubros del acta que estaban diseñados para coincidir. La cantidad resultó abrumadora: entre 800 mil y dos millones y medio, según los rubros comparados". (De los campos de que constan las actas electorales hay tres espacios que deben mostrar cifras coincidentes: ciudadanos que acudieron a votar (cv), boletas encontradas en las urnas (beu) y votación total emitida (vtte). Las actas son irregulares cuando no coinciden los números de esos apartados).
Crespo fue más allá de la consulta al PREP. Cuando el IFE puso a disposición de los usuarios de internet el total de las actas, decidió despejar sus "propias dudas sobre el tipo y magnitud de los errores aritméticos registrados en ellas, contrastando su información con las sentencias del Tribunal sobre los juicios de inconformidad interpuestos por los partidos. Emprendí, pues, esa revisión para cuantificar el número de errores aritméticos registrados en las actas electorales, ver cuántos de ellos fueron justificados y depurados, o podrían serlo a partir de los criterios utilizados por el propio Tribunal y si el remanente afectaba o no el resultado nacional, o empañaba o no el principio de certeza". Y encontró respuestas afirmativas a ambas preguntas.
El tribunal se contradijo, porque el 5 de agosto de 2006, al resolver los juicios de inconformidad, dijo que el IFE "debió haber abierto y recontado de oficio -es decir, aunque nadie lo solicitara- todos los paquetes electorales cuyas actas registraran alguna inconsistencia aritmética", pero el instituto sólo abrió "el 3.5 por ciento de los paquetes que se encontraban en esa situación, lo que implica que el 96 por ciento restante no fue abierto en ese proceso conforme lo estipulaba la ley". El tribunal, dice Crespo, pudo remediar esa omisión, pero se limitó a ordenar que se abriera otro 15 por ciento de paquetes cuyas actas registraban inconsistencias. El resultado es que "82 por ciento de los paquetes que por ley debieron ser abiertos y recontados... quedaron sin ser abiertos ni por el IFE ni por el Tribunal".
El libro de Crespo no es propagandístico, sino analítico: "Las actas electorales no dan la razón a quienes sostienen que López Obrador ganó la elección y que fue víctima de un enorme fraude -demostrar esto requeriría de una información distinta de la aportada por las actas-, pero tampoco la da a quienes sostienen que Calderón ganó de manera inequívoca a inobjetable... Al Tribunal le correspondía demostrar el triunfo inequívoco del ganador oficial, quienquiera que hubiese sido", pero "decidió eludir la presentación precisa" de la información contenida en las actas, "distorsionando al mismo tiempo su contenido".
La comprensión cabal de lo ocurrido en el 2006 requiere conocer, además de las actas tan brillantemente hechas hablar por Crespo, el contenido de los paquetes electorales, asunto pendiente ante los tribunales. Por lo pronto hoy sabemos que en ese proceso hubo fraude y lo cometió, por lo menos, el Tribunal Federal Electoral.
El Grito, periódico de gran presencia y calidad en el norte de México
C O M U N I C A D O: Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina) y el Fray Juan de Larios Centro para los Derechos Humanos
“Cada persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable y no degradado,
a respirar aire puro y a disponer de agua limpia y alimentos no contaminados”
Derechos Humanos de Tercera Generación
C O M U N I C A D O
El SICSAL (Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina) y el Fray Juan de Larios (Centro para los Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo) denunciamos la tensión que viven las familias de la comunidad de Zimapán, Hidalgo, ante la incursión de cientos de elementos de seguridad federal, estatal y municipal que, bajo distintos y vagos pretextos, intimidan a la población e invaden propiedades privadas.
En el 2004 el municipio de Zimapán, Hidalgo autorizó el cambio y uso de suelo de 133 hectáreas para construir una supuesta “recicladora” de basura que instalaría la empresa española BEFESA en la comunidad de BOTHIÑA, ejido de Cuauhtémoc. Los ciudadanos se enteraron en el 2007 de que en realidad sería el más grande confinamiento de desechos industriales, tóxicos y peligrosos del país, pues pretende recibir 4 mil toneladas diarias de desechos en un período de 50 años.
Existen irregularidades en la aprobación del proyecto, además de inconsistencias técnicas en su autorización. Estudios de especialistas dicen que no se reúnen las exigencias geográficas, geofísicas, climáticas, demográficas, económicas, sociales y culturales para su instalación. Entre otros detalles, Zimapán colinda con la reserva de la biosfera de la “Sierra Gorda”, está cerca de la presa “Zimapán” y el manantial “Infiernillo”; además se localiza sobre 7 manantiales y está en una zona neovolcánica con actividad sísmica, una falla geológica y la presencia de rocas permeables.
Ante estas anomalías se consolidó el movimiento cívico “Todos somos Zimapán”, que en la búsqueda de una mejor vida y el que no se agrave más la deteriorada salud de las personas más cercanas y débiles de la región, ha organizado diálogos, entrevistas, conferencias, marchas y resistencias pacíficas para informar a la sociedad civil nacional.
El uso excesivo de la fuerza, los ataques directos, amenazas y hostigamientos que sufren la población en general y los miembros de este organismo, es lo que nos lleva a pedirles a ellos que se mantengan unidos y en calma, pues su búsqueda por la verdad y la vida, les será recompensada por el Dios del amor y la justicia, aún a pesar de que su congruencia sea molesta para los poderosos, el ejemplo de su caminar, nos lleva a recordar el respeto por la creación que encomendada a nosotros por su Autor, debe ser respetada.
A las autoridades correspondientes les llamamos desde aquí para que actúen apegados a su responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y atender las solicitudes honestas de sus ciudadanos; les pedimos que retiren a los elementos de seguridad que intimidan y vulneran la vida de los miembros de Zimapán.
Nos solidarizamos con el movimiento “Todos Somos Zimapán” y con todos aquellos hombres y mujeres que, sensibles a la justicia y al respeto de la dignidad de la vida humana, apoyan esta causa. Que Jesús, el Buen Pastor, que vino para que tuviéramos Vida en abundancia, y María de Guadalupe, Madre del Dios por quien se vive, sean quienes les fortalezcan en esta lucha, y les acompañen en su anhelo por una vida mejor no sólo para los habitantes de su región, sino para todos los mexicanos, porque en este momento: “Todos Somos Zimapán”.
Saltillo, Coahuila a 15 de junio del 2008
Mons. Fr. Raúl Vera López, O.P.
Obispo de Saltillo
Mons. Samuel Ruiz García
Obispo Emérito de San Cristóbal
de las Casas
a respirar aire puro y a disponer de agua limpia y alimentos no contaminados”
Derechos Humanos de Tercera Generación
C O M U N I C A D O
El SICSAL (Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina) y el Fray Juan de Larios (Centro para los Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo) denunciamos la tensión que viven las familias de la comunidad de Zimapán, Hidalgo, ante la incursión de cientos de elementos de seguridad federal, estatal y municipal que, bajo distintos y vagos pretextos, intimidan a la población e invaden propiedades privadas.En el 2004 el municipio de Zimapán, Hidalgo autorizó el cambio y uso de suelo de 133 hectáreas para construir una supuesta “recicladora” de basura que instalaría la empresa española BEFESA en la comunidad de BOTHIÑA, ejido de Cuauhtémoc. Los ciudadanos se enteraron en el 2007 de que en realidad sería el más grande confinamiento de desechos industriales, tóxicos y peligrosos del país, pues pretende recibir 4 mil toneladas diarias de desechos en un período de 50 años.
Existen irregularidades en la aprobación del proyecto, además de inconsistencias técnicas en su autorización. Estudios de especialistas dicen que no se reúnen las exigencias geográficas, geofísicas, climáticas, demográficas, económicas, sociales y culturales para su instalación. Entre otros detalles, Zimapán colinda con la reserva de la biosfera de la “Sierra Gorda”, está cerca de la presa “Zimapán” y el manantial “Infiernillo”; además se localiza sobre 7 manantiales y está en una zona neovolcánica con actividad sísmica, una falla geológica y la presencia de rocas permeables.
Ante estas anomalías se consolidó el movimiento cívico “Todos somos Zimapán”, que en la búsqueda de una mejor vida y el que no se agrave más la deteriorada salud de las personas más cercanas y débiles de la región, ha organizado diálogos, entrevistas, conferencias, marchas y resistencias pacíficas para informar a la sociedad civil nacional.
El uso excesivo de la fuerza, los ataques directos, amenazas y hostigamientos que sufren la población en general y los miembros de este organismo, es lo que nos lleva a pedirles a ellos que se mantengan unidos y en calma, pues su búsqueda por la verdad y la vida, les será recompensada por el Dios del amor y la justicia, aún a pesar de que su congruencia sea molesta para los poderosos, el ejemplo de su caminar, nos lleva a recordar el respeto por la creación que encomendada a nosotros por su Autor, debe ser respetada. A las autoridades correspondientes les llamamos desde aquí para que actúen apegados a su responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y atender las solicitudes honestas de sus ciudadanos; les pedimos que retiren a los elementos de seguridad que intimidan y vulneran la vida de los miembros de Zimapán.
Nos solidarizamos con el movimiento “Todos Somos Zimapán” y con todos aquellos hombres y mujeres que, sensibles a la justicia y al respeto de la dignidad de la vida humana, apoyan esta causa. Que Jesús, el Buen Pastor, que vino para que tuviéramos Vida en abundancia, y María de Guadalupe, Madre del Dios por quien se vive, sean quienes les fortalezcan en esta lucha, y les acompañen en su anhelo por una vida mejor no sólo para los habitantes de su región, sino para todos los mexicanos, porque en este momento: “Todos Somos Zimapán”.
Saltillo, Coahuila a 15 de junio del 2008
Mons. Fr. Raúl Vera López, O.P.
Obispo de Saltillo
Mons. Samuel Ruiz García
Obispo Emérito de San Cristóbal
de las Casas
Nueva Castilla, municipio de General Escobedo, N.L.
René Zúñiga
Despojo y delincuencia organizada, sociedad entre especuladores, funcionarios y dependencias gubernamentales como el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, han evidenciado prácticas conocidas y vistas como forma lícita de hacer negocio desde siempre en el estado, donde se ha institucionalizado el abuso de poder y ya no se sabe quienes son más voraces: los panistas o los priístas, que utilizando sus buenos oficios y los privilegios manejados desde el poder, roban impunemente a ciudadanos indefensos.
Un poco de historia
Propiedad adquirida a una empresa quebrada denominada Inmobiliaria Nueva Castilla en 1967 por el militar retirado Leopoldo Bautista, el predio en cuestión tiene una extensión de 187 hectáreas y es padre de Gabriela Bautista, una de las cinco detenidas y recluidas en el Penal del Topo Chico.
El Sr. Bautista, debido a la falta de recursos económicos decidió vender fraccionado el predio en terrenos de 300 metros cuadrados a un costo de 60 mil pesos, sin embargo, según testimonio de su esposa la Señora María Guadalupe Valdovinos, “ alguien ” se dio cuenta que el predio no estaba escriturado, aunque es importante destacar que efectivamente la operación de compra venta si fue realizada entre la inmobiliaria en bancarrota y el militar retirado, y se inició una escalada para despojar a sus dueños.
Poco antes de iniciar la administración actual presidida por José Natividad González Parás, se constituyó el Instituto Estatal de la Vivienda, quien negocio con el Infonavit para adquirir terrenos en ese sector y que el organismo federal poseía en el municipio. Cabe mencionar que el Infonavit ya había hecho intentos por adueñarse, sin éxito, así el Instituto Estatal de la Vivienda inició un proceso por despojo en contra de la familia de la familia Bautista Valdovinos, sin resultados favorables para su causa, ya que en todos los embates de carácter legal, la familia quedó exonerada de esa acusación. Sin embargo, el IEV siguió buscando formas de adueñarse del predio bajo el amparo del actual gobernador y todo indica que se saldrán con la suya, ya que hay fuertes intereses y la indiferencia y protección a favor de especuladores de tierras, constructoras y organismos estatales es una realidad en un estado donde el derecho no existe.
Hay antecedentes en el Registro Público de la Propiedad donde consta que mediante escritura pública el Notario Eduardo Adolfo Manautou Ayala, donde empresas diversas han pagado al IEV diversas cantidades por partes del predio y claro, ahora la delincuencia organizada cuenta con la participación de empresas que con toda seguridad conocían el origen de la colonia 119 del Municipio de General Escobedo, al norte del Área Metropolitana de Nuevo León.
Grupo Prohabimex, Urbanizadora del Campestre e Inmobiliaria Trayectos, propiedad de Ernesto Milmo Rangel, obtuvieron el 15 por ciento de la tierra.
Ingeniería y Obras de Carlos Enrique Acosta Valle, GP Espacios inmobiliarios de José María Garza Ponce y Javier de Salomón M.
Inmobiliaria Valle Rey de Gonzalo González Ayala y Maple Urbanizadora de Ramiro Guzmán, quien pretende también construir Valle de Reyes, completan el cuadro de inversionistas en esta zona.
La fiduciaria es Scotiabank Inverlat. En total se pagaron 396 millones 845 mil 560 pesos por los terrenos que incluían, aparte de otros predios en la zona, la colonia Nueva Castilla.
A un mes de que 70 colonos de Nueva Castilla en Escobedo incursionaron, cobijados por un amparo federal, a los terrenos de los que fueron despojados por el Instituto Estatal de la Vivienda. Un día después fueron desalojados por la policía del estado y municipal, perros entrenados, todos, hasta los perros, fuertemente armados. De los 70 propietarios, 30 fueron detenidos y finalmente solamente cinco de ellos fueron trasladados al Penal del Topo Chico y se les dictó auto de formal prisión.
Despojo y delincuencia organizada, sociedad entre especuladores, funcionarios y dependencias gubernamentales como el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, han evidenciado prácticas conocidas y vistas como forma lícita de hacer negocio desde siempre en el estado, donde se ha institucionalizado el abuso de poder y ya no se sabe quienes son más voraces: los panistas o los priístas, que utilizando sus buenos oficios y los privilegios manejados desde el poder, roban impunemente a ciudadanos indefensos.Un poco de historia
Propiedad adquirida a una empresa quebrada denominada Inmobiliaria Nueva Castilla en 1967 por el militar retirado Leopoldo Bautista, el predio en cuestión tiene una extensión de 187 hectáreas y es padre de Gabriela Bautista, una de las cinco detenidas y recluidas en el Penal del Topo Chico.
El Sr. Bautista, debido a la falta de recursos económicos decidió vender fraccionado el predio en terrenos de 300 metros cuadrados a un costo de 60 mil pesos, sin embargo, según testimonio de su esposa la Señora María Guadalupe Valdovinos, “ alguien ” se dio cuenta que el predio no estaba escriturado, aunque es importante destacar que efectivamente la operación de compra venta si fue realizada entre la inmobiliaria en bancarrota y el militar retirado, y se inició una escalada para despojar a sus dueños.
Poco antes de iniciar la administración actual presidida por José Natividad González Parás, se constituyó el Instituto Estatal de la Vivienda, quien negocio con el Infonavit para adquirir terrenos en ese sector y que el organismo federal poseía en el municipio. Cabe mencionar que el Infonavit ya había hecho intentos por adueñarse, sin éxito, así el Instituto Estatal de la Vivienda inició un proceso por despojo en contra de la familia de la familia Bautista Valdovinos, sin resultados favorables para su causa, ya que en todos los embates de carácter legal, la familia quedó exonerada de esa acusación. Sin embargo, el IEV siguió buscando formas de adueñarse del predio bajo el amparo del actual gobernador y todo indica que se saldrán con la suya, ya que hay fuertes intereses y la indiferencia y protección a favor de especuladores de tierras, constructoras y organismos estatales es una realidad en un estado donde el derecho no existe.
Hay antecedentes en el Registro Público de la Propiedad donde consta que mediante escritura pública el Notario Eduardo Adolfo Manautou Ayala, donde empresas diversas han pagado al IEV diversas cantidades por partes del predio y claro, ahora la delincuencia organizada cuenta con la participación de empresas que con toda seguridad conocían el origen de la colonia 119 del Municipio de General Escobedo, al norte del Área Metropolitana de Nuevo León.
Grupo Prohabimex, Urbanizadora del Campestre e Inmobiliaria Trayectos, propiedad de Ernesto Milmo Rangel, obtuvieron el 15 por ciento de la tierra.
Ingeniería y Obras de Carlos Enrique Acosta Valle, GP Espacios inmobiliarios de José María Garza Ponce y Javier de Salomón M.
Inmobiliaria Valle Rey de Gonzalo González Ayala y Maple Urbanizadora de Ramiro Guzmán, quien pretende también construir Valle de Reyes, completan el cuadro de inversionistas en esta zona.
La fiduciaria es Scotiabank Inverlat. En total se pagaron 396 millones 845 mil 560 pesos por los terrenos que incluían, aparte de otros predios en la zona, la colonia Nueva Castilla.
A un mes de que 70 colonos de Nueva Castilla en Escobedo incursionaron, cobijados por un amparo federal, a los terrenos de los que fueron despojados por el Instituto Estatal de la Vivienda. Un día después fueron desalojados por la policía del estado y municipal, perros entrenados, todos, hasta los perros, fuertemente armados. De los 70 propietarios, 30 fueron detenidos y finalmente solamente cinco de ellos fueron trasladados al Penal del Topo Chico y se les dictó auto de formal prisión.
Friday, June 13, 2008
El Che Guevara: Mensaje de Aniversario

Frei Betto
El 14 de junio Che Guevara cumpliría ochenta años. Su militancia entre
nosotros terminó a los treinta y nueve.
Pero no consiguieron matarlo. Hoy está más vivo que en sus cuatro
décadas de existencia real. Además, son raros los revolucionarios que
como Mao y el propio Fidel, envejecen. Muchos derramaron temprano su
sangre para contribuir al proyecto de un mundo de libertad, justicia y
paz: Jesús, con 33 años; Martí, 42; Sandino, 38; Zapata, 39; Farabundo
Martí, 38; solo para citar unos pocos ejemplos.
El enemigo se debe arrancar los cabellos al constatar que, hoy, Che se
encuentra más presente que en la época en que ellos creían poder
asesinar las ideas. Intentaron todo para condenarlo al olvido;
cortaron su cuerpo y escondieron sus miembros en diferentes lugares;
inventaron sobre él toda suerte de mentiras; prohibieron que su
literatura circulase en muchos países. Fénix obstinada, Che revive en
fotos, música, espectáculos teatrales, filmes, poemas, novelas,
esculturas y textos académicos. Hasta una cerveza bautizaron con su
nombre, la Unique Garden, la imagen de su rostro conforme la famosa
foto de Korda, ocupa el centro de las salas de las viviendas.
Al constatar que las cadenas no aprisionan los símbolos, ni las balas
matan los ejemplos, inventaron falsas biografías para intentar
difamarlo. En vano. Hasta en los juegos de fútbol los aficionados
levantan pancartas con su rostro. Y vean que no se gasta un centavo en
esa propagación de su imagen. Ella sola tiene importancia por reflejar
las ideas que hicieron de él un revolucionario. Nada de eso es fruto
del marketing. Son gestos espontáneos de quienes quieren enfatizar que
la utopía permanece viva.
Hoy, al resumir el legado del Che y celebrar sus ochenta años nos
exige mantener el corazón y los ojos vueltos hacia la preocupante
situación de nuestro planeta, donde impera la hegemonía del
neoliberalismo. Multitudes, sobre todo jóvenes, son atraídas al
individualismo y no al espíritu comunitario; a la competitividad y no
a la solidaridad; a la ambición desmedida y no a la lucha en pro de la
erradicación de la miseria.
Se habla tanto del fracaso del socialismo en el Este europeo y casinunca del fracaso inevitable del capitalismo para los dos tercios de
la humanidad, de los cuatro billones de personas que viven por debajo
de la línea de pobreza.
Nos angustia también la degradación ambiental. Si los líderes
mundiales hubiesen oído el alerta de Fidel en la Cumbre del 92 en Río
de Janeiro quizás la devastación no hubiese llegado al extremo de
provocar frecuentes tsunamis, tornados, tifones y huracanes jamás
vistos, sin hablar del calentamiento global, del deshielo de los
casquetes polares y la desertificación de los bosques. La devastación
de la Amazonía es alarmante.
El barril de petróleo, que cuesta diez dólares en la boca del pozo, ya
cuesta más de ciento veinte dólares en el mercado. Es triste constatar
que grandes áreas agrícolas para la alimentación son reservadas para
la producción de etanol destinado a nutrir los 800 millones de
vehículos automotores que circulan en todo el planeta y no a los 824
millones de bocas hambrientas amenazadas por la muerte precoz. Frente
a ese mundo en que la especulación financiera suplantó la producción
de bienes y servicios, en que la bolsa de valores sirve de termómetro
de la supuesta felicidad del hombre, ¿qué hacer?
Bolívar debe estar feliz con la primavera democrática en América del
Sur. Después de los ciclos de dictaduras militares y gobiernos
neoliberales, ahora el pueblo elige gobiernos que rechazan el ALCA,
aprueban el ALBA y refuerzan el MERCOSUR y repudian la invasión de
Iraq y el bloqueo a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos.

¿ Cuál es la mejor manera de conmemorar los ochenta años del Che ?
Creo que el mejor regalo sería ver a las nuevas generaciones creyendo y luchando por otro mundo posible, donde la solidaridad sea hábito, no virtud; la práctica de la justicia una exigencia ética; el socialismo el nombre político del amor.
¡ Construir un mundo sin degradación ambiental, hambre y desigualdad social !
En vísperas del aniversario 50 de la Revolución cubana, todos debemos
encararla cada vez más, no como un hecho del pasado y sí como un
proyecto de futuro. (Tomado de Granma, martes, 10 de junio de 2008)
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