Pedro Salmerón Sanginés /I
México no es una república parlamentaria, aunque al menos
dos veces se ha propuesto ese modelo (los liberales radicales, en 1861, y la
Convención Revolucionaria, en 1915), como la forma de hacer del nuestro un país
democrático. En México, el Ejecutivo es el más fuerte de los tres poderes y se
deposita en un solo individuo, por tanto, formalmente no existen gobiernos de
coalición.
Sin embargo, desde 1988 nos gobierna una coalición de
facto: la alianza PRI-PAN. Y en diciembre de 2012, la dirección formal
del PRD se incorporó a esa coalición mediante el Pacto por México. Esa alianza
aprobó con inusual rapidez y sin guardar las más elementales formas, las
reformas estratégicas que interesaban al grupo gobernante. La cúpula
perredista se justifica arguyendo que no son la izquierda irresponsable que a
todo dice que no y que lo aprobado forma parte de su programa.
Comparemos, pues, las reformas por ellos aprobadas con su
plataforma electoral registrada ante el IFE para las elecciones de 2012. En las
propuestas 295 a 307 de dicho documento dicen: cambiaremos la actual
política económica. Luego: Realizar una profunda y verdadera reforma
hacendaria, basada en los principios de equidad y progresividad (el
infinitivo es de ellos). La cúpula perredista asegura que la reforma fiscal va
en ese sentido. En realidad, lo que aprobaron PRI y PRD conserva los
privilegios de los poseedores de las grandes fortunas y carga la mano a las
clases medias. Es, por tanto, contraria a la letra y al espíritu de la
plataforma electoral del PRD y a cualquier posición de izquierda, como
señalamos con mayor amplitud en El
presente del pasado . Ya están a la vista los resultados en forma de
índices de ¿crecimiento?
