Miércoles 25 de mayo del 2011
INTRODUCCIÓN
Desde hace siete años, la Casa del Migrante de Saltillo (CMS) desarrolla un Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas transmigrantes (migrantes en tránsito por México), cuyo objetivo es analizar y denunciar públicamente los abusos sistemáticos que sufre esta población por parte de autoridades y de la sociedad en general.
En los últimos tres años, la cooptación de las rutas del tránsito migratorio por parte del crimen organizado ha traído como consecuencia la ejecución de una violencia desmedida contra quienes no cuentan con una situación migratoria regular y, por lo tanto, se ven forzados a caminar por rutas peligrosas. El secuestro en contra de la población migrante es, tal y como lo consideraron Rodrigo Escobar y Felipe González, relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un acto que viola todos los derechos humanos y una verdadera tragedia humanitaria[1].
La Casa del Migrante de Saltillo ha asumido la labor de denunciar permanentemente el delito de secuestro a las personas migrantes. Por esta razón, el Quinto Informe se construyó a partir del análisis de los testimonios de las víctimas, describiendo la serie de abusos y agravios que la delincuencia comete, así como la complicidad y aquiescencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. En el Sexto Informe se denunció a la política migratoria actual como la principal responsable de la perpetuación del delito del secuestro a las personas migrantes, afirmando que carece de un enfoque de derechos humanos y de seguridad humana, y que ha demostrado ser incapaz de responder de manera eficaz y real a las necesidades de la población.
El Séptimo Informe responde a la necesidad de denunciar que la política migratoria mexicana limita su responsabilidad de atención integral a la gestión de documentos migratorios, por lo que demuestra no tener interés real en promover la vivencia plena de los derechos humanos de las personas migrantes.
Ante la ausencia de protección gubernamental, la CMS se ha visto forzada a crear e implementar estrategias de atención a todos los ámbitos de la vida de las personas y de la comunidad migrante. El análisis de la experiencia de este trabajo demuestra la imperiosa necesidad que México tiene de desarrollar alternativas de verdadera vigencia, promoción y protección de los derechos humanos de toda persona que viva y/o transite por el territorio nacional.


