Jaime Martínez Veloz
En el contexto de la exigencia nacional de construir un nuevo
marco de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de México,
la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) ha comenzado una nueva
iniciativa política, en la búsqueda de los consensos necesarios para concretar
en nuestra carta máxima los derechos indígenas, hasta hoy excluidos del pacto
nacional.
Habrá quien piense que este no es el momento o quienes
afirmen que habría que esperar mejores condiciones, pero lo cierto es que en la
vida y en la política no hay más cera que la que arde. Por ello, esta
iniciativa de paz, por buscar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés
Larráinzar, debe ser una acción apoyada por las diferentes corrientes de
pensamiento progresista que confluyen en la sociedad mexicana.
La vieja pretensión de reducir el conflicto indígena a
cuatro municipios de la geografía chiapaneca, que responde a la lógica
reduccionista de aquellos que pretenden minimizar el impacto del levantamiento
armado de enero de 1994, ha demostrado su falsedad, cuando los conflictos que
enfrentan las comunidades, en todos los rincones del país, tienen como común
denominador el despojo, la exclusión y la violación constante de sus derechos
por parte de instituciones, funcionarios y sobre todo voraces compañías trasnacionales,
que sin recato explotan –o están en vías de hacerlo– los recursos naturales de
las tierras y territorios de las comunidades indígenas y ejidales de nuestro
país.
