Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros que caminan por todos los rincones de México, ejidos, rancherías, pueblos, ciudades, grandes urbes. Quienes formamos parte de la III Asamblea Nacional de la Nueva Constituyente Ciudadana y Popular, nos dirigimos muy especialmente a todas las mexicanas y los mexicanos que a través del sufrimiento que padecen, han comprendido que quienes nos gobiernan en este momento trágico de la historia de México, han convertido todo el aparato estatal, en un instrumento violento, que refuerza cada vez más su capacidad punitiva contra las y los ciudadanos de este país, y han tomado abiertamente la decisión de abandonar definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población. A cambio de esto se han propuesto utilizar el poder público para la consecución de intereses particulares. Con este camino que han tomado nuestros gobernantes, están destruyendo todas y cada una de las conquistas históricas de nuestros pueblos en su larga lucha por alcanzar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. [Cf. Sentencia Final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos “LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO” (2011-2014), n. 5].
Esta actitud anómala en la manera de ejercer el poder que la ciudadanía les ha delegado -porque en México el poder público emana del pueblo- (Cf. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 39), para organizar la administración pública de este país, por medio de los tres Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, proviene de una desviación de dicho poder para convertirlo en un mecanismo criminal. De esta manera nuestros gobernantes se han propuesto satisfacer o beneficiar intereses privados y particulares, locales o extranjeros, en contra o en detrimento del interés público y general de la población, y a costa de desatender las condiciones mínimas de reproducción y desarrollo de la vida social y de supeditar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas, a dinámicas económicas ajenas a sus intereses (Cf. Ibid.).
El desvío transexenal del poder ha consistido en una serie programada de acciones dolosas a través de las cuales, los gobiernos neoliberales que hemos tenido en México a lo largo de tres décadas, han secuestrado la vida pública del país y han asaltado sus instancias decisorias, sirviéndose de los vicios y prácticas autoritarias propias del régimen presidencialista mexicano. De esta manera llevan adelante una transformación jurídica sin precedentes, que está apuntando a la destrucción del proyecto soberano de Nación heredado por la revolución social de principios del siglo XX, que quedó plasmado en la Constitución mexicana de 1917, cuyo Primer Centenario nos preparamos a celebrar el próximo 5 de febrero de 2017.
Esto lleva consigo la reconfiguración desviada del Estado, con el objetivo de favorecer y garantizar jurídicamente la satisfacción de los privilegios e intereses privados de unas cuantas empresas multinacionales y de las potencias políticas de donde provienen, del mundo financiero inmoral que maneja el capital neoliberal y de las instituciones perversas que los representan y operan los movimientos de su riqueza, a saber, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, entre otras, en contra de las necesidades y aspiraciones históricas del pueblo mexicano (Cf. Ibid.).
A partir de este desvío de poder, la función prioritaria del Estado se ha reformulado para convertirlo en organizador y ejecutor de los despojos y expropiaciones, de la transformación y destrucción de la estructura productiva y de la implementación de las masacres, represiones, desapariciones forzadas y las numerosas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de la población. Esta violencia generalizada la propicia el Estado para resquebrajar el tejido social, y poder ejercer de esa manera el control sobre la población y sobre los territorios (Cf. Ibid.).
A pesar de todo eso, un pueblo fuerte y organizado está en resistencia a lo largo y ancho del país para defender la soberanía de la Nación y los derechos de todos sus ciudadanos. Una buena parte de este pueblo ha hecho posible la realización del Capítulo “México” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) donde, durante tres años, por medio de medio millar de pre-audiencias, audiencias temáticas, incluyendo la inicial y la audiencia final, las y los dictaminadores y jueces presentaron sus acusaciones contra el Gobierno Mexicano.
Tomando en cuenta que en cada audiencia se presentaron decenas de quejas, las acusaciones contra el Estado Mexicano se cuentan por varios miles. Para entender esto, basta escuchar la siguiente impresión que las y los jueces manifiestan en el texto de la Sentencia Final acerca de la realización del Capítulo México del TPP publicada al término de la Audiencia Final: “Del conjunto de información recibida a lo largo de los años de talleres, foros, pre-audiencias y audiencias temáticas del Capítulo México del TPP, en la revisión de miles de documentos, en la presentación de miles de testimonios, surge un cuadro de situación que refleja la innegable responsabilidad del aparato estatal mexicano en todos sus niveles con los delitos y violaciones denunciadas y su absoluta colusión con los intereses del capital transnacional, con las políticas de los Estados Unidos de América e incluso con el funcionamiento e intereses de numerosas organizaciones criminales, en lo que fuera caracterizado por la fiscalía de esta causa como un proceso de ‘desvío de poder” [Sentencia Final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos “LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO” (2011-2014), n. 5].
Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad estos últimos años, se constata la necesidad imperiosa de avanzar en la Refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, asumiendo los Acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, y le somete a la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección, y le niega el presente y el futuro (Cf. Ibid).
En la nueva Constituyente Ciudadana y Popular se trata de poner al centro al sujeto social, al ser humano al que hay que servir obedeciendo, de respetar los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental y ubicarles en el centro de la actividad política, de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México (Cf. Ibid).
A ustedes, compañeras y compañeros que participan en la Nueva Constituyente Ciudadana y Popular, reunidas y reunidos en esta Plaza de la Resistencia y de la Paz de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a quienes han participado en la III Asamblea Nacional de la Nueva Constituyente Ciudadana y Popular, como Delegadas y Delegados de sus respectivos consejos y comités estatales y municipales, a todas las personas que desde otros lugares de la República han trabajando en este proyecto, y a quienes simpatizan con él, les animo a multiplicar su fuerza, sus recursos humanos, su tiempo, para dedicarse a crear los cuadros necesarios donde nuestra gente crezca como persona, sujeto libre y político.
A quienes han denunciado abiertamente por medio de acusaciones ante el tribunal internacional (TPP), que han puesto ante la mirada de la comunidad nacional e internacional la estructura criminal que vienen creando desde hace varios años quienes gobiernan en México, para adueñarse de nuestras vidas, de nuestros recursos y de todo el país, sin importarles el desastre espantoso que van dejando sus gobiernos, sexenio tras sexenio, que no excluye la muerte de miles de nuestras hermanas y hermanos, a través de la violencia estructural y directa que ejercen contra nosotras y nosotros, les exhorto a sumarse a la lucha por esta Nueva Constituyente Ciudadana y Popular porque les necesitamos en el país para estar completos y tener una representación honesta de quienes queremos que administren la vida de nuestra patria.
No descansaremos hasta convertir a nuestra Nación en un sujeto social comunitario y políticamente maduro, que mediante una democracia participativa genuina, y una democracia representativa auténtica, tome en sus manos las riendas del país. Para llegar a esto, queremos echarnos a cuestas, mediante un diálogo nacional, con la participación de la totalidad de la ciudadanía, la construcción de una Carta Magna que represente las aspiraciones de todo el pueblo mexicano, y para ello, es el mismo pueblo quien dicta, y redacta todas sus leyes, mismas que garantizan vida digna, seguridad y paz para todas y todos las mexicanas y los mexicanos, sin excepción. No cesaremos de luchar hasta REFUNDAR A MÉXICO desde la raíz.
