Pedro Salmerón Sanginés /I
México no es una república parlamentaria, aunque al menos
dos veces se ha propuesto ese modelo (los liberales radicales, en 1861, y la
Convención Revolucionaria, en 1915), como la forma de hacer del nuestro un país
democrático. En México, el Ejecutivo es el más fuerte de los tres poderes y se
deposita en un solo individuo, por tanto, formalmente no existen gobiernos de
coalición.
Sin embargo, desde 1988 nos gobierna una coalición de
facto: la alianza PRI-PAN. Y en diciembre de 2012, la dirección formal
del PRD se incorporó a esa coalición mediante el Pacto por México. Esa alianza
aprobó con inusual rapidez y sin guardar las más elementales formas, las
reformas estratégicas que interesaban al grupo gobernante. La cúpula
perredista se justifica arguyendo que no son la izquierda irresponsable que a
todo dice que no y que lo aprobado forma parte de su programa.
Comparemos, pues, las reformas por ellos aprobadas con su
plataforma electoral registrada ante el IFE para las elecciones de 2012. En las
propuestas 295 a 307 de dicho documento dicen: cambiaremos la actual
política económica. Luego: Realizar una profunda y verdadera reforma
hacendaria, basada en los principios de equidad y progresividad (el
infinitivo es de ellos). La cúpula perredista asegura que la reforma fiscal va
en ese sentido. En realidad, lo que aprobaron PRI y PRD conserva los
privilegios de los poseedores de las grandes fortunas y carga la mano a las
clases medias. Es, por tanto, contraria a la letra y al espíritu de la
plataforma electoral del PRD y a cualquier posición de izquierda, como
señalamos con mayor amplitud en El
presente del pasado . Ya están a la vista los resultados en forma de
índices de ¿crecimiento?
¿Y la “reforma educativa? Los perredistas asentaron
(capítulo sexto de su plataforma): tenemos que satisfacer la legítima
demanda de la población: educación para todos y de alto nivel. Esto se
desprendía de un diagnóstico que coincide con el de los expertos en el tema,
que ven cuatro gravísimos problemas de la educación en México: la inequidad, el
analfabetismo, el rezago y la mala calidad de la educación pública,
directamente relacionado con la inequidad. Ahora bien, como la aprobada por los
perredistas es una reforma laboral disfrazada de educativa, es necesario
revisar lo que el PRD propuso en esa materia. La propuesta 327 de su plataforma
dice:Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los
trabajadores. En la 329 se asienta que la política laboral se sustentaría en
una legislación que proteja a todas y todos los trabajadores. La 335 habla de reforzar
la estabilidad en el empleo.
Como hemos explicado (El
presente del pasado ), las reformas a los artículos tercero y 73
constitucionales publicadas el 26 de febrero de 2013, hablan de uno solo de los
grandes problemas de la educación nacional: el de la calidad. pero la principal
organización magisterial independiente del gobierno, así como numerosos
especialistas, niegan que la reforma atienda dicho problema. Para estos
críticos, cuyas voces fueron desestimadas por los partidos firmantes del Pacto
por México, la ley del servicio profesional docente pretende crear un modelo de
control sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral. Sin prescindir
de los liderazgos corruptos y antidemocráticos.
Además, la reforma hace retroceder más de 50 años los
derechos laborales. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la ley,
los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Violentando el
artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio
de persona alguna, barre con los derechos adquiridos. Las relaciones de trabajo
del magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral
aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Qué dispone?: la derogación de
los derechos que se le oponen. Se busca desprofesionalizar al magisterio,
vigilarlo, controlarlo, amenazarlo. Se hace de la amenaza, el miedo al despido
y la degradación laboral, la ruta para alcanzar la calidad educativa.
Podemos aceptar sin conceder que la llamada reforma
educativa no es contraria a las propuestas 213 a 240 de la plataforma del PRD,
aunque no atiende los problemas ahí señalados. Pero, sin duda, contradice la
letra y el espíritu de las propuestas en materia laboral, muy particularmente,
las 327, 329 y 335.
También podríamos analizar las reformas política y de
telecomunicaciones, o las acciones de gobierno de Graco Ramírez o Miguel
Mancera. Todos los datos, todos los hechos apuntan a lo que niega la retórica
bien aceitada de la cúpula perredista: el PRD ha traicionado sus propios
postulados y su tradición política, para convertirse en aliado de un gobierno
irresponsable y entreguista.
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