Friday, January 30, 2015

Después de Iguala, nada será igual / Dilemas de la simulación democrática Héctor Tajonar

JENARO VILLAMIL/ POLÍTICA / Revista Proceso

Alejandro Encinas, militante izquierdista desde los tiempos del Partido Comunista, renunció al PRD, del cual es fundador. En entrevista el aún senador y exjefe de gobierno capitalino hace un retrato certero del sol azteca, a su juicio completamente corrompido, y augura un panorama muy negro después del proceso electoral de este año, donde el castigo ciudadano –traducido en votos nulos y abstencionismo– puede abrirle el camino a la ultraderecha. No deja de tocar el tema Ayotzinapa –nada será igual después de eso, afirma– que implicó a cuadros de la izquierda partidista. “En el país estamos en una encrucijada a raíz de Iguala: la división de las izquierdas allana el camino para una salida autoritaria, conservadora, pero también obliga a replantear una salida más allá de los partidos. El PRD pasó de ser víctima a victimario, por su involucramiento con el crimen organizado”, sentencia Alejandro Encinas, senador por el Estado de México, dos veces candidato a gobernador por esta entidad, exjefe del gobierno capitalino en 2006, aspirante a la dirigencia nacional en 2008 del partido al cual ayudó a fundar, pero del que ahora se retira, ante “la imposibilidad de confrontar a las corrientes políticas que se convirtieron en grupos de interés”. No hay optimismo en el semblante de Encinas, quien tiene esperanzas de involucrarse “en el espectro de esa izquierda desencantada con los partidos, incluso con sectores que antes estuvieron cerca del PAN”. En un año perdió más de 20 kilos, se ganó el respeto de todas las bancadas del Senado que lo perfilaron incluso como posible presidente de la Mesa Directiva, pero los acontecimientos de Iguala del 26 y 27 de septiembre pasados le pesan. Lo cimbraron. Y lo llevaron a acelerar una decisión que meditó con sus colaboradores en los últimos cuatro meses. “El país es otro después de Iguala. Los hechos demuestran el nivel de penetración de la delincuencia organizada en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión… Este nivel de penetración ya alcanzó al PRD. Después de Iguala nada puede ser igual y esto implica hacer un replanteamiento más allá de las izquierdas, del conjunto del Estado y, al mismo tiempo, del reforzamiento de los mecanismos de participación de los ciudadanos”, reflexiona a lo largo de la entrevista con Proceso el jueves 22, un día después de anunciar su retiro del PRD. –Del PRD se han ido sus dos candidatos presidenciales, sus cinco exjefes de Gobierno, ¿qué significa eso? –El agotamiento de un modelo partidario que disolvió cualquier posibilidad de democracia interna y que fue cooptado por las corrientes políticas que se convirtieron en grupos de interés. Hoy el PRD está conducido por una coalición de corrientes y de grupos de interés, cuya identidad es el control del aparato, de las candidaturas y de los cargos de gobierno. Se reparten proporcionalmente hasta los metros cuadrados de las oficinas del partido y eso ha ido exacerbando las diferencias políticas internas, minando la autonomía del partido, su credibilidad ante la sociedad y llegando al extremo con Iguala, donde el proceso de degradación de las instituciones públicas lo alcanzó. “Creo que hay un agotamiento del PRD y del conjunto del sistema de partidos. No representan los intereses de la sociedad sino de una partidocracia que se ha articulado en torno a la órbita del Ejecutivo federal, tanto en el PAN como en el PRD, absolutamente ajenos a la realidad. “Es una crisis sistémica: de los partidos, de las instancias de representación popular y de los poderes del Estado. Hay que hacer un replanteamiento total que no admite medias tintas. Lamentablemente el principal partido que habían construido las izquierdas ha sido alcanzado por este proceso de descrédito y descomposición.” –¿Qué papel juega el crimen organizado en este proceso? –Los hechos de Iguala demuestran el nivel de penetración de la delincuencia organizada en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes. Todo mundo omite hablar del Poder Judicial, pero es el instrumento fundamental de la impunidad hoy. El dato del subprocurador Renato Sales de que ninguno de los detenidos por secuestro ha sido sentenciado por los jueces, es alarmante. “Este nivel de penetración ya alcanzó al PRD. El partido que surgió de la lucha por la democracia, pasó a ser de víctima a victimario. Hay un país distinto después de Iguala. Después de Iguala nada puede seguir igual y esto implica hacer un replanteamiento más allá de las izquierdas, del conjunto del Estado y, al mismo tiempo, de reforzamiento de los mecanismos de participación de los ciudadanos. “O rompemos esa inercia o la degradación política del Estado no sólo profundizará la crisis, sino alentará la mano dura. El uso de la fuerza es la única manera de mantener a un Estado débil. No caben los contrapesos, la disidencia y es la única manera de mantener el control político y el poder.” –¿Su salida entonces es un síntoma de esta descomposición? –Por eso no se trata de si me voy del PRD o si me voy a Morena, con quien, indudablemente, tengo mayor identidad política. Es el momento de hacer un alto en el camino para replantear las cosas. “Veo tres momentos importantes que definirán esta crisis: a) el desenlace de las investigaciones de Iguala y si hay en verdad decisión de fincar responsabilidades; b) conocer el nivel de penetración del crimen organizado en los partidos, no sólo en Guerrero sino en todo el país. Tiene que haber una salida a fondo. El fracaso del comisionado Castillo en Michoacán deja una ‘papa caliente’ en medio del proceso electoral. Ahí se rompió la mediación entre la sociedad y las autoridades; y c) en el caso de la izquierda, también el resultado de las elecciones. Las perspectivas de Morena –¿Qué escenario electoral pronostica para 2015? –Veo un alto nivel de abstencionismo, un voto de castigo en muchos ciudadanos que van a ir a votar y a anular su voto; y de nueva cuenta una participación de la estructura de los partidos, del gobierno y del dinero tomando las decisiones. “En el caso de la izquierda, va fragmentada a competir por el mismo electorado que, en el mejor caso, difícilmente alcanza 20% de la votación. Ese porcentaje se va a dividir entre cuatro. Suponiendo que el PT y MC tendrán 3% cada uno para tener su registro, el otro 14% se va a dividir entre el PRD y Morena. Morena va a tener un resultado exitoso: va a obtener su registro, va a tener triunfos municipales, va a tener un grupo parlamentario y quizás en alguna delegación política del Distrito Federal, pero eso, a mi juicio, no alcanza para ganar la Presidencia de la República. “Si alguno de los aliados alcanza para ganar el registro habrá que pensar alguna forma de recuperar un proyecto que le debió dar continuidad al Movimiento Progresista. Por eso yo me opuse a la formación de un nuevo partido en Morena y estuve a favor de mantener el frente de los partidos que integraban la coalición de 2012. “Y si el PRD no hubiera querido, nos hubiéramos quedado con el PT, MC y Morena. Este se hubiera quedado como un gran paraguas que rebasaba con mucho las filas de los partidos políticos y le abría un espacio de participación de los ciudadanos que no quieren o no creen en los partidos. Ese escenario se va a abrir en junio de 2015.” –¿Finalmente tenía razón en su tesis de que era mejor un frente que un partido político nuevo, en el caso de Morena? –Sigo convencido de esa situación. Sé que es imposible llegar a una alianza con el núcleo dirigente del PRD, pero la base militante del partido, más allá de los grupos y las corrientes, existe, y ha tenido distintos comportamientos: unos, mantenerse en una actividad, marginados de la toma de decisiones; otros han emigrado a Morena y a otros partidos. Algunos se han retirado de la actividad política, aunque simpatizan con las causas de la izquierda. Unos más se han ido a las ONG. “Tiene que haber una unidad desde las bases. Morena debió haber convocado a las bases perredistas, desde el principio, y no alentar una actitud anti-PRD que involucró a todos, y no todos los perredistas son iguales. Hay que reconocer a esa base militante a la que le costó muchas vidas. “Por otra parte, en la dirigencia se llegó al extremo de postular a gente como José Luis Abarca, un delincuente acusado de matar a militantes perredistas – por lo menos a cuatro que se han acreditado– y se quiso promover como diputado federal; y su mujer fue electa para formar la dirigencia del PRD en Guerrero. Pone en evidencia el nivel de descomposición política.” Navarrete e Iguala Antes de su renuncia al PRD, siguiendo la decisión que antes tomó Cuauhtémoc Cárdenas, Encinas tuvo varios debates públicos con la nueva dirigencia encabezada por Carlos Navarrete, de la corriente Nueva Izquierda, cuyo ascenso coincidió con la crisis de Iguala. “Hablé con Carlos Navarrete de enfrentar esta situación con energía, que no podía mantenerse Ángel Aguirre al frente del estado, como tampoco los presidentes municipales que han sido señalados por sus vínculos con el crimen organizado, que había que aclarar cuáles fueron los mecanismos que permitieron que Abarca fuera candidato y por qué no se aplicó ninguna sanción penal por sus presuntos homicidios de compañeros de partido; aunque en la plática tuvimos coincidencias, en el Consejo Nacional, Navarrete no sólo no los acompañó sino que defendió que Aguirre se mantuviera en la gubernatura para no perder su primera votación como presidente nacional del PRD, lo cual le hubiera dado legitimidad y no descrédito”, recuerdaEncinas. –¿Ese Consejo Nacional fue lo definitivo para decidir su separación? –Iguala fue lo definitivo, todo lo que ha estado girando en torno a Iguala. Ahora que tengo información por la parte de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que conozco, a través de las pláticas con muchos interlocutores, el nivel de descomposición que existe. –¿También Morena falló en Iguala? –Ahí faltó una decisión más puntual. Lázaro Mazón en el momento que se nombra a José Luis Abarca como candidato a presidente municipal era miembro de Nueva Izquierda, su hermano fue el presidente municipal suplente, el mismo presidente de seguridad municipal de Abarca lo fue de Mazón. Todo eso debió haberlo aclarado Morena y no solamente retirarlo de su precandidatura a gobernador de Guerrero. –¿Tiene contactos con Morena? –He tenido contacto, siempre he sido muy respetuoso con ellos, de atender los asuntos muy puntuales. Ellos tienen una visión totalmente distinta del trabajo legislativo, del trabajo partidista. Ellos están en la lógica de la instauración de un poder popular, de un proyecto más surgido desde las comunidades. –¿Esta posición que ha adoptado ahora, podría facilitar la interlocución con ellos? –No necesariamente, porque ellos tienen su dinámica propia, sus propias instancias de organización. Ahí más bien tenemos que ser muy respetuosos. “Me veo más bien involucrado con esa izquierda desencantada con el espectro partidista, incluso con ciertos sectores que estuvieron cercanos al PAN. Creo que opciones ciudadanas como las de Enrique Alfaro en Guadalajara, son muy representativas de cómo debe abordarse esta crisis. Crisis global –¿Su decisión forma parte también de un diagnóstico, de una tendencia nacional? –Es local e internacional. El agotamiento de los partidos es internacional. El descrédito de los políticos es global. Los fenómenos en Europa hay que observarlos. Tienen, por un lado, nuevas expresiones, como la plataforma española Podemos, pero también un resurgimiento de la ultraderecha, porque no es la única opción la salida democrática. La otra opción es la conservadora y en México no estamos muy lejos de que ello suceda. El debilitamiento del Estado, del mayor debilitamiento de la figura presidencial, puede conducir a una salida autoritaria o a un reposicionamiento de los grupos más conservadores. La alianza que llevó a la reforma energética y a las reformas constitucionales fue una alianza de la derecha y de la más conservadora. No hay que creer que esta crisis nos va a conducir a un avance democrático. Al contrario, nos puede llevar a una mayor regresión del país. Hay que repensar todo. –¿Se ve como candidato de algo? –No, absolutamente de nada. Quiero ser un puente intergeneracional. Ha llegado el momento de un movimiento generacional. En el PRI y en el PAN ha habido más apertura hacia los jóvenes… –¡Pero qué jóvenes han llegado! ¡Como dinosaurios! –Claro, jóvenes muy envejecidos en su pensamiento, en la tercera edad del pensamiento político, porque son jóvenes que se formaron en los grupos de interés y en la partidocracia. No se formaron en la lucha social. Se formaron en función de la subordinación a un dirigente o a un grupo, por eso piensan como ancianos. Es un interés conservador. Eso también pasa en el PRD. Hay jóvenes a quienes sólo les interesa mantener su ingreso salarial.

 Dilemas de la simulación democrática.

 HÉCTOR TAJONAR


Frutos podridos de la inconclusa y fallida transición, los partidos políticos se han convertido en uno de los principales obstáculos hacia la consolidación de la democracia en México. Ello coloca a los ciudadanos en el dilema de abstenerse de votar y boicotear las elecciones, como lo ha propuesto Javier Sicilia, o ser cómplices de una simulación que parece conducirnos hacia una kakistocracia electoral, es decir, a la instauración del “gobierno de los peores”, avalada mediante comicios presumiblemente bien organizados por el INE. Los partidos políticos son instrumentos fundamentales del funcionamiento de la democracia representativa. Sin embargo, dichos institutos suelen operar como oligarquías corruptas –a las que Max Weber denominó partidos de patronazgo–, cuyo fin principal es obtener “prebendas, poder y, en consecuencia, honor para sus jefes y secuaces, o todo esto a la vez”. Corrupción, moches, proclividad a la cooptación, demagogia, fiestas con edecanes, relojes de lujo, cinismo, canonjías, coacción o compra del voto, excesos en los gastos de campaña, encuestas manipuladas, pugnas internas por el botín, cotos familiares, vocación caudillista o connivencia con el crimen organizado, son elementos constitutivos de los usos y costumbres correspondientes a los dirigentes de partidos políticos de todos los colores, tamaños e “ideologías”. Tales características comunes hacen que las organizaciones partidistas mexicanas sean, en los hechos, más parecidas entre sí de lo que pudieran diferenciarlas sus –siempre maleables– programas, principios e ideas. A pesar de la pluralidad, forman una unidad en la simulación democrática. A esta deleznable realidad se suman la violencia, la corrupción y la impunidad que laceran al país y aumentan el encono social. Difícil imaginar un peor escenario en la pretensión de sostener la menguante gobernabilidad democrática. Ante ello se presenta otra disyuntiva: optar por una vía antisistema, de ruptura con las instituciones, con el fin de refundar el país mediante la creación de un nuevo Constituyente “para luego articular un Comité de Salvación Nacional que se convierta en gobierno en 2018” (Javier Sicilia, Proceso 1992); o bien, buscar una transformación de la nación dentro del andamiaje institucional, a pesar de sus defectos y limitaciones. Coincido con el diagnóstico de Sicilia. México enfrenta una emergencia nacional, y las elecciones por sí mismas no garantizan una auténtica democracia al servicio del interés general. Sin embargo, por la vía pacífica, un nuevo Constituyente no puede construirse sin la participación del Congreso y de los miembros de los partidos políticos que lo conforman. La única manera de elaborar una nueva Constitución sin recurrir al Poder Legislativo sería mediante una revolución. Tampoco podría imponerse por la vía pacífica un Comité de Salvación Nacional que gobernara en 2018 si no fuese el resultado de una victoria en un proceso electoral libre y limpio, acorde con las leyes e instituciones existentes. De lo contrario, no contaría con la legitimidad democrática deseable y necesaria para la transformación del país. En el México del siglo XXI tampoco parece factible ni deseable la imposición de una ideología anarquista-cristiana que sustituya al Estado actual por uno sustentado en autonomías confederadas y basado en una ética colectiva, como lo propone Sicilia. La nación tampoco puede sustraerse de la modernidad ni del contexto internacional. No obstante, pienso que Javier Sicilia representa uno de los liderazgos morales más sólidos y auténticos. Su inteligencia, vocación humanista, rectitud ética, valentía, visión crítica y compromiso con los sectores más desprotegidos son cualidades necesarias en la tarea de transformar a la República Mexicana. El poeta y activista social es una personalidad indispensable en el propósito de conformar una agrupación ciudadana plural –constituida por intelectuales, académicos, artistas, personalidades de la sociedad civil, así como políticos con experiencia y honestidad probadas– capaz de proponer una alternativa real de gobierno. En un principio, esa organización ciudadana sería un grupo de presión que demandaría al gobierno la realización de los cambios más urgentes y profundos, postergados durante décadas, lo cual ha tenido como consecuencia que la transición a la democracia se haya malogrado y que el territorio nacional esté invadido por la violencia, el terror y la capacidad corruptora del crimen organizado. Dichas reformas pendientes e inaplazables son: el abatimiento de la corrupción y la impunidad, lo mismo que la creación de un auténtico estado de derecho. Es claro que ni el gobierno ni sus cómplices en el Congreso están interesados en hacerlas a pesar de que son demandadas por una amplia mayoría ciudadana. La sociedad civil no se ha sabido organizar de modo que sea escuchada por el gobierno. Es necesario hacerlo con el fin de obligar a los detentadores del poder a acatar el mandato popular. En México existe talento de sobra con la capacidad de conformar una alternativa de gobierno honesta y eficaz. Lo que ha faltado es la voluntad de organizarse y de elaborar una estrategia que represente un contrapeso real a la cleptocracia y kakistocracia reinantes. Esta agrupación estaría en posibilidades de ser después un partido político, o bien, de proponer candidaturas ciudadanas que apoyen amplios sectores de la población e inclusive otros partidos. La experiencia de Podemos en España es una referencia interesante que puede ser mejorada y adaptada a la realidad mexicana. El reto de establecer un buen gobierno en un país del tamaño y la complejidad de México reclama instituciones sólidas, al igual que personas capacitadas y experimentadas capaces de instaurar la paz, la justicia y la honradez; además del diseño e implementación de políticas públicas que propicien el crecimiento económico, la productividad, el combate a la pobreza y la desigualdad, con mejores servicios de educación, salud e infraestructura. Esto exige un Estado fuerte, eficaz y honesto, calificado para concebir y ejecutar políticas públicas, administrar con eficiencia el aparato gubernamental, controlar y sancionar la corrupción, establecer un alto índice de transparencia y rendición de cuentas y, de modo primordial, hacer cumplir la ley, es decir, instaurar un verdadero estado de derecho. La sociedad tiene la palabra.

Wednesday, January 28, 2015

"10 puntos para no cerrar Ayotzinapa"



"10 puntos para no cerrar Ayotzinapa"
Padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, hace cuatro meses, lamentaron que el procurador Jesús Murillo Karam "pretenda cerrar la investigación" del paradero de las víctimas.

En una conferencia de prensa ofrecida en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los padres y familiares entregaron a los medios de información un documento en el que enumeran "10 puntos para no cerrar Ayotzinapa":
El comunicado textual es el siguiente: 
México, DF, 27 de enero de 2015. El día de hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer información vinculada con la investigación del paradero de los 43 estudiantes de Aytozinapa desaparecidos. 
Frente a lo dicho por la PGR, las y los familiares de los 43 desaparecidos expresaron: 
Los padres y madres de los estudiantes repudian que, contrario a los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto, el gobierno priorice informar los avances del caso a los medios de comunicación antes que a las víctimas, situación que se acentuó en las últimas semanas. Además, dado que las autoridades incumplieron también con la entrega de copias de todas las actuaciones de los expedientes, los familiares desconocían a profundidad la información ofrecida a los medios por la PGR. 
Para las familias de los estudiantes, la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa no se puede cerrar por 10 razones: 
1. Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense y piden que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.
2. Porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos. 
3. Porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar estas denuncias.
4. Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.  
5. Porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros unidos, Ángel Casarrubias Salgado "El mochomo".  
6. Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamado. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
7. Porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
8. Porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante. 
9. Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a los cual las fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.  
10. Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero. 
Ante la falta de justicia y verdad en México, los familiares acudirán a las instancias internacionales. Por ello, en breve una delegación irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a denunciar lo que ocurre en México. 
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México; esta revisión es indispensable pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades.

Un presidente fallido...


La Zurda/ revista

LA VIOLENCIA, EL ESTADO, NUESTRA CONVIVENCIA


JOSÉ WOLDENBERG
violenciaLa violencia
El secuestro y asesinato de 43 normalistas en Iguala es la cúspide de una espiral de violencia que parece retroalimentarse sin fin. No han sido los únicos, puesto que en las primeras fosas los cadáveres encontrados son de otras víctimas. Las espeluznantes noticias develan, por un lado, la connivencia de autoridades y policías con bandas delincuenciales y, por el otro, una violencia que parece no tener lógica alguna. El estado en que se encontraron los cuerpos calcinados es un ejemplo macabro de crímenes con altas dosis de delirio y sadismo.
En los últimos años, las bandas delincuenciales no solo han cobrado su cuota de muertos, desaparecidos, heridos, familias fracturadas, sino que han trastocado la convivencia en zonas enteras del país y han penetrado –las evidencias son lacerantes– los pasillos y oficinas de los gobiernos y administraciones. No son una sombra inclemente solo para alguna o algunas poblaciones o partido político, sino una amenaza para todo el edificio estatal y la reproducción de la vida civil. La necesaria respuesta estatal a esa violencia, por desgracia, no siempre se ha ajustado a la ley y al respecto a los derechos humanos, lo que tiende a desatar dinámicas de venganza y crispación que acaban conformando un círculo infernal.

El asunto se complica porque no en todos los casos existe una clara línea que delimite los campos. Las policías, ministerios públicos, jueces, jefes y custodios de los reclusorios, en no pocas ocasiones sostienen fórmulas de colaboración (por conveniencia, por miedo o por ambas) con el crimen organizado. De tal suerte que el combate a la delincuencia está obligado a darse en dos frentes: de cara a los criminales y al mismo tiempo en la cadena de instituciones estatales que están diseñadas para perseguirlo.
Además las cosas siempre pueden ir a peor. “Tocó fondo” es la expresión coloquial de un deseo, de una ilusión; pero todos sabemos –o lo deberíamos saber– que ese fondo no existe. Las respuestas violentas que surgen desde organizaciones y movimientos diversos no hacen más que incrementar la espiral. El hecho de que se estén convirtiendo en parte del paisaje, que se vuelvan recurrentes, solo presagia que la dinámica destructiva puede ser aún más intensa.
Como una ola expansiva la violencia se ha instalado entre nosotros y está sacudiendo los cimientos de la contrahecha o precaria convivencia. Nadie la debería festejar ni convertir en elemento de apuestas cortoplacistas porque no existe disolvente más efectivo de las relaciones sociales que la violencia. Su presencia y multiplicación inyecta dosis crecientes de muertos, desaparecidos, mutilados, destrucción de patrimonios y, por supuesto, de angustia, resentimiento, ganas de venganza. Un círculo destructivo que todo lo corroe. Tipos de violencia Por lo menos hay cinco tipos de violencia.
A. “Javier Edén Martínez García, de 27 años de edad, fue detenido porque presuntamente mató a su hijastra de 8 años de edad, porque no dejaba de llorar” (Reforma, 19-10-14).
B. “Tres personas fueron asesinadas ayer en el municipio de Teloloapan, Guerrero, por presuntos miembros del crimen organizado” (Ibid).
C. Todo parece indicar que en Tlatlaya 15 civiles fueron asesinados por integrantes del Ejército. No en un enfrentamiento –como al inicio se dijo– sino ejecutados después del enfrentamiento.
D. Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron secuestrados por policías, entregados a una banda delincuencial y luego asesinados y cremados.
E. El 13 de octubre el Palacio de Gobierno de Guerrero fue incendiado por manifestantes en respuesta al secuestro de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Las fórmulas violentas para “resolver” problemas interpersonales (caso A) se hallan más que arraigadas pero da la impresión que se encuentran a la alza en medio de la espiral criminal que azota al país. El número de reportes que aparecen en la prensa sobre ajustes de cuentas por motivos baladíes es espeluznante. Es la forma más primitiva de “solventar” los conflictos o tensiones.
Sea “en sus cinco sentidos” o fuera de sí, el criminal o el violento cree ejercer justicia por su propia mano y lo único que produce es desolación y desgracia.
Es, sin embargo, una violencia acotada al mundo privado.
El llamado crimen organizado ha desatado la violencia como nunca antes
(B). Empoderado, controla zonas del país, impone su ley, chantajea y cumple con sus amenazas. Sea en su confrontación mutua, con efectivos del Estado o contra particulares, las bandas han llegado a tales grados de sevicia que cuesta trabajo entender –en ocasiones– su lógica. Es la violencia que se encuentra en el ADN de la delincuencia. Es la violencia criminal inaceptable, y contra ella existe un consenso amplio.
En su combate a las bandas criminales, las agencias del Estado no siempre cumplen con la obligación de actuar conforme a la ley y sus excesos
(C), violatorios de derechos humanos, siembran terror y alimentan la violencia.
Esa no puede equipararse a las anteriores, resulta más preocupante, no solo porque se supone que los agentes estatales no deben mimetizarse a los usos y costumbres de los maleantes, sino porque acaba por degradar a las propias instituciones. Porque una cosa es utilizar la fuerza legítima del Estado y otra, muy distinta, la violencia sin ley.
La connivencia, en algunos casos, de autoridades y criminales (D), sobra decir, no solo desvirtúa de manera radical la función de las primeras, sino que convierte a los “guardianes del orden” en una banda delincuencial más, con lo que la espiral de violencia, miedo e incertidumbre se multiplica de manera delirante. Es la violencia más temible y destructiva.
No solo la confianza vuela por los aires, sino que la parálisis y el miedo se apoderan del indefenso mundo civil. Las manifestaciones violentas de organizaciones y movimientos sociales los adultera, los aísla y tiene efectos políticos contraproducentes, pero además los convierte también en delincuenciales (E), alimentando la falsa sensación de que todo se vale. En este terreno –el más pantanoso porque no faltan voces que los toleran e incluso exaltan como una respuesta a C y D– más valdría la pena deslindar entre la explicación y la justificación. Porque así como en (A), a lo mejor la biografía, la situación o la neurosis del asesino puede explicar su conducta, pero nunca justificarla, de igual manera la condición precaria de los estudiantes o las afrentas de las que han sido víctimas, pueden quizá explicar su conducta pero de ninguna manera justificarla. Hay demasiada violencia sobre el terreno. Los presagios son siniestros. La situación demanda responsabilidad a todos. Las movilizaciones Las movilizaciones pacíficas, los actos para multiplicar el eco de indignación y asombro, la catarata de artículos y los mensajes reiterados en las redes son síntomas de vitalidad y entereza de franjas más que relevantes de la sociedad. Ante la brutalidad y la insania, ante la complicidad entre autoridades y criminales, las voces que claman y reclaman justicia son una corriente de aliento y esperanza. No hay resignación, menos parálisis. Sino una ola potente de indignación y rabia que demanda el esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables.
Esa enérgica movilización no está dispuesta a contemporizar con crímenes incalificables, no quiere ni puede ver de manera impasible las muestras claras de complicidad entre gobernantes y delincuentes y demanda una convivencia civilizada cuyo basamento no puede ser otro que el de la vigencia irrestricta y para todos de los derechos humanos. Ese piso fracturado no puede sino deteriorar más nuestra coexistencia de por sí tensa y cargada de resentimientos. Las manifestaciones violentas, sin embargo, amparadas en esa misma ola de indignación, pueden coadyuvar a descomponer aún más el escenario. No solo porque suponen –y ya es mucho decir– destrucción y desasosiego, sino porque erosionan el gran consenso que existe en relación al tema central que tiene que ver con la búsqueda de una convivencia asentada en el respeto absoluto a los derechos humanos.
El Estado
El país transita por una situación crítica y no ayuda a la comprensión de lo que estamos viviendo, hacer referencia en bloque a una entidad tan abarcadora y compleja como lo es el Estado.
Porque el mismo es hoy una constelación de instituciones –ciertamente jerárquicas, especializadas y por ello con diferentes grados de responsabilidad– que se encuentra habitado por disímiles y en ocasiones enfrentadas fuerzas y corrientes políticas. No se trata de un bloque, menos de un monolito y mucho menos de una estructura ordenada como si fuera una formación militar.
Es, gracias al impacto del pluralismo, un laberinto institucional complicado y rebuscado en el que es necesario detectar con claridad –no de manera especulativa o retórica o a través de derivaciones “lógicas”– a los responsables directos e indirectos, a los culpables por acción y por omisión de los cruentos e incalificables sucesos que han sacudido a la nación. Porque el Estado son sus instituciones y los hombres que las conducen y administran, a las primeras
Hay que reformarlas para fortalecerlas y a los responsables hay que presentarlos ante un juez. No sirven los exorcismos ni los juicios sumarios y de bulto. El Estado ya no es lo que era o lo que imaginábamos que era: una entidad todopoderosa capaz de imponer el orden en el momento en que lo quisiera. Si algo ilustra la crisis actual son las limitaciones, carencias, contrahechuras y porosidades de las instituciones estatales. Gobiernos municipales más que penetrados por el crimen organizado; estatales, omisos o impotentes, e incluso el gobierno federal apareció, en un primer momento, rebasado. Da la impresión de que no es que no quisiera sino que no pudo aclarar con rapidez lo que aconteció. Ello por sí mismo subraya las tintas de la gravedad del asunto. No se trata de entidades que pueden y no quieren, sino que quieren y no pueden.
Esa incapacidad –así sea transitoria– multiplica el dramatismo del momento.
Y si a ello sumamos la proliferación de pequeños ajustes de cuentas entre adversarios, compañeros y ex compañeros de la política, el mundo de las representaciones y especulaciones se volvió más denso e indescifrable, más confuso e irritable. De donde debería provenir alguna luz, alguna certeza, emanaron cantaletas cansinas, acusaciones mutuas y mezquindades al por mayor.
Al final de la ruta (si es que algo así existe) debemos tener claro que si lo que deseamos es justicia y lograr que sean sancionados los responsables con nombres y apellidos, la única justicia hoy por hoy es la que las propias instituciones del Estado, diseñadas para ello, pueden ofrecer. No hay atajos. Ni espacio para simplezas.
Hacia una política de Estado Por ello, porque la violencia todo lo erosiona y contamina, parece necesario elevar la mira y diseñar una política de Estado (no de gobierno) capaz de alinear no solo a las instituciones sino a las diversas fuerzas y corrientes políticas y sociales en torno a un objetivo común: el combate a la delincuencia, la búsqueda de una convivencia civilizada, el respeto a los derechos humanos. Se trataría de forjar un bloque político y social unificado en esa misión, manteniendo las diferencias en otros campos. Y ello, por supuesto, se construye, se acuerda, no se decreta.
Recuerdo que en España, los partidos enfrentados en casi todo, lograron diseñar y poner en práctica una política de Estado convergente contra el terrorismo. Esa no sería una zona de disputas entre las diversas opciones políticas, ninguna actuaría para sacar “una pequeña raja” miserable de sus adversarios. Ahora bien, dado que las instituciones del Estado no son un monolito, que algunas de ellas han sido invadidas por el narco, parece imprescindible que la parte “sana” de ese entramado pueda combatir y derrotar no solo a las bandas delincuenciales sino a sus aliados en el propio laberinto estatal. Y para ello, parece imprescindible subrayar y fortalecer que la operación tiene que realizarse con absoluto respeto a los derechos humanos, única forma de armar un dique contra el contagio de las prácticas y costumbres del narcotráfico.
Combatir al crimen organizado respetando los derechos humanos, al tiempo que se limpian y regeneran las instituciones estatales encargadas de dicho combate y aislando y sancionando a los grupos violentos, es una operación necesaria pero nada sencilla, obligada pero con altos grados de dificultad. Y si además se quiere tener una opción de mediano plazo, es necesario actuar sobre el caldo de cultivo social que fomenta desesperación, amargura y rencor.
El combate a la delincuencia está obligado a darse en dos frentes: de cara a los criminales y al mismo tiempo en la cadena de instituciones estatales que están diseñadas para perseguirlo.
Sea en su confrontación mutua, con efectivos del Estado o contra particulares, las bandas han llegado a tales grados de sevicia que cuesta trabajo entender –en ocasiones– su lógica. Es la violencia que se encuentra en el ADN de la delincuencia. Es la violencia criminal inaceptable, y contra ella existe un consenso amplio.
El país transita por una situación crítica y no ayuda a la comprensión de lo que estamos viviendo, hacer referencia en bloque a una entidad tan abarcadora y compleja como lo es el Estado. Porque el mismo es hoy una constelación de instituciones –ciertamente jerárquicas, especializadas y por ello con diferentes grados de responsabilidad– que se encuentra habitado por disímiles y en ocasiones enfrentadas fuerzas y corrientes políticas.
Dado que las instituciones del Estado no son un monolito, que algunas de ellas han sido invadidas por el narco, parece imprescindible que la parte “sana” de ese entramado pueda combatir y derrotar no solo a las bandas delincuenciales sino a sus aliados en el propio laberinto estatal. Y para ello, parece imprescindible subrayar y fortalecer que la operación tiene que realizarse con absoluto respeto a los derechos humanos, única forma de armar un dique contra el contagio de las prácticas y costumbres del narcotráfico.