LA VIOLENCIA, EL ESTADO, NUESTRA CONVIVENCIA

JOSÉ WOLDENBERG

La violencia

El secuestro y asesinato de 43 normalistas en Iguala es la cúspide de una espiral de violencia que parece retroalimentarse sin fin. No han sido los únicos, puesto que en las primeras fosas los cadáveres encontrados son de otras víctimas. Las espeluznantes noticias develan, por un lado, la connivencia de autoridades y policías con bandas delincuenciales y, por el otro, una violencia que parece no tener lógica alguna. El estado en que se encontraron los cuerpos calcinados es un ejemplo macabro de crímenes con altas dosis de delirio y sadismo.

En los últimos años, las bandas delincuenciales no solo han cobrado su cuota de muertos, desaparecidos, heridos, familias fracturadas, sino que han trastocado la convivencia en zonas enteras del país y han penetrado –las evidencias son lacerantes– los pasillos y oficinas de los gobiernos y administraciones. No son una sombra inclemente solo para alguna o algunas poblaciones o partido político, sino una amenaza para todo el edificio estatal y la reproducción de la vida civil. La necesaria respuesta estatal a esa violencia, por desgracia, no siempre se ha ajustado a la ley y al respecto a los derechos humanos, lo que tiende a desatar dinámicas de venganza y crispación que acaban conformando un círculo infernal.

El asunto se complica porque no en todos los casos existe una clara línea que delimite los campos. Las policías, ministerios públicos, jueces, jefes y custodios de los reclusorios, en no pocas ocasiones sostienen fórmulas de colaboración (por conveniencia, por miedo o por ambas) con el crimen organizado. De tal suerte que el combate a la delincuencia está obligado a darse en dos frentes: de cara a los criminales y al mismo tiempo en la cadena de instituciones estatales que están diseñadas para perseguirlo.

Además las cosas siempre pueden ir a peor. “Tocó fondo” es la expresión coloquial de un deseo, de una ilusión; pero todos sabemos –o lo deberíamos saber– que ese fondo no existe. Las respuestas violentas que surgen desde organizaciones y movimientos diversos no hacen más que incrementar la espiral. El hecho de que se estén convirtiendo en parte del paisaje, que se vuelvan recurrentes, solo presagia que la dinámica destructiva puede ser aún más intensa.

Como una ola expansiva la violencia se ha instalado entre nosotros y está sacudiendo los cimientos de la contrahecha o precaria convivencia. Nadie la debería festejar ni convertir en elemento de apuestas cortoplacistas porque no existe disolvente más efectivo de las relaciones sociales que la violencia. Su presencia y multiplicación inyecta dosis crecientes de muertos, desaparecidos, mutilados, destrucción de patrimonios y, por supuesto, de angustia, resentimiento, ganas de venganza. Un círculo destructivo que todo lo corroe. Tipos de violencia Por lo menos hay cinco tipos de violencia.

A. “Javier Edén Martínez García, de 27 años de edad, fue detenido porque presuntamente mató a su hijastra de 8 años de edad, porque no dejaba de llorar” (Reforma, 19-10-14).

B. “Tres personas fueron asesinadas ayer en el municipio de Teloloapan, Guerrero, por presuntos miembros del crimen organizado” (Ibid).

C. Todo parece indicar que en Tlatlaya 15 civiles fueron asesinados por integrantes del Ejército. No en un enfrentamiento –como al inicio se dijo– sino ejecutados después del enfrentamiento.

D. Los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron secuestrados por policías, entregados a una banda delincuencial y luego asesinados y cremados.

E. El 13 de octubre el Palacio de Gobierno de Guerrero fue incendiado por manifestantes en respuesta al secuestro de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Las fórmulas violentas para “resolver” problemas interpersonales (caso A) se hallan más que arraigadas pero da la impresión que se encuentran a la alza en medio de la espiral criminal que azota al país. El número de reportes que aparecen en la prensa sobre ajustes de cuentas por motivos baladíes es espeluznante. Es la forma más primitiva de “solventar” los conflictos o tensiones.

Sea “en sus cinco sentidos” o fuera de sí, el criminal o el violento cree ejercer justicia por su propia mano y lo único que produce es desolación y desgracia.

Es, sin embargo, una violencia acotada al mundo privado.

El llamado crimen organizado ha desatado la violencia como nunca antes

(B). Empoderado, controla zonas del país, impone su ley, chantajea y cumple con sus amenazas. Sea en su confrontación mutua, con efectivos del Estado o contra particulares, las bandas han llegado a tales grados de sevicia que cuesta trabajo entender –en ocasiones– su lógica. Es la violencia que se encuentra en el ADN de la delincuencia. Es la violencia criminal inaceptable, y contra ella existe un consenso amplio.

En su combate a las bandas criminales, las agencias del Estado no siempre cumplen con la obligación de actuar conforme a la ley y sus excesos

(C), violatorios de derechos humanos, siembran terror y alimentan la violencia.

Esa no puede equipararse a las anteriores, resulta más preocupante, no solo porque se supone que los agentes estatales no deben mimetizarse a los usos y costumbres de los maleantes, sino porque acaba por degradar a las propias instituciones. Porque una cosa es utilizar la fuerza legítima del Estado y otra, muy distinta, la violencia sin ley.

La connivencia, en algunos casos, de autoridades y criminales (D), sobra decir, no solo desvirtúa de manera radical la función de las primeras, sino que convierte a los “guardianes del orden” en una banda delincuencial más, con lo que la espiral de violencia, miedo e incertidumbre se multiplica de manera delirante. Es la violencia más temible y destructiva.

No solo la confianza vuela por los aires, sino que la parálisis y el miedo se apoderan del indefenso mundo civil. Las manifestaciones violentas de organizaciones y movimientos sociales los adultera, los aísla y tiene efectos políticos contraproducentes, pero además los convierte también en delincuenciales (E), alimentando la falsa sensación de que todo se vale. En este terreno –el más pantanoso porque no faltan voces que los toleran e incluso exaltan como una respuesta a C y D– más valdría la pena deslindar entre la explicación y la justificación. Porque así como en (A), a lo mejor la biografía, la situación o la neurosis del asesino puede explicar su conducta, pero nunca justificarla, de igual manera la condición precaria de los estudiantes o las afrentas de las que han sido víctimas, pueden quizá explicar su conducta pero de ninguna manera justificarla. Hay demasiada violencia sobre el terreno. Los presagios son siniestros. La situación demanda responsabilidad a todos. Las movilizaciones Las movilizaciones pacíficas, los actos para multiplicar el eco de indignación y asombro, la catarata de artículos y los mensajes reiterados en las redes son síntomas de vitalidad y entereza de franjas más que relevantes de la sociedad. Ante la brutalidad y la insania, ante la complicidad entre autoridades y criminales, las voces que claman y reclaman justicia son una corriente de aliento y esperanza. No hay resignación, menos parálisis. Sino una ola potente de indignación y rabia que demanda el esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables.

Esa enérgica movilización no está dispuesta a contemporizar con crímenes incalificables, no quiere ni puede ver de manera impasible las muestras claras de complicidad entre gobernantes y delincuentes y demanda una convivencia civilizada cuyo basamento no puede ser otro que el de la vigencia irrestricta y para todos de los derechos humanos. Ese piso fracturado no puede sino deteriorar más nuestra coexistencia de por sí tensa y cargada de resentimientos. Las manifestaciones violentas, sin embargo, amparadas en esa misma ola de indignación, pueden coadyuvar a descomponer aún más el escenario. No solo porque suponen –y ya es mucho decir– destrucción y desasosiego, sino porque erosionan el gran consenso que existe en relación al tema central que tiene que ver con la búsqueda de una convivencia asentada en el respeto absoluto a los derechos humanos.

El Estado

El país transita por una situación crítica y no ayuda a la comprensión de lo que estamos viviendo, hacer referencia en bloque a una entidad tan abarcadora y compleja como lo es el Estado.

Porque el mismo es hoy una constelación de instituciones –ciertamente jerárquicas, especializadas y por ello con diferentes grados de responsabilidad– que se encuentra habitado por disímiles y en ocasiones enfrentadas fuerzas y corrientes políticas. No se trata de un bloque, menos de un monolito y mucho menos de una estructura ordenada como si fuera una formación militar.

Es, gracias al impacto del pluralismo, un laberinto institucional complicado y rebuscado en el que es necesario detectar con claridad –no de manera especulativa o retórica o a través de derivaciones “lógicas”– a los responsables directos e indirectos, a los culpables por acción y por omisión de los cruentos e incalificables sucesos que han sacudido a la nación. Porque el Estado son sus instituciones y los hombres que las conducen y administran, a las primeras

Hay que reformarlas para fortalecerlas y a los responsables hay que presentarlos ante un juez. No sirven los exorcismos ni los juicios sumarios y de bulto. El Estado ya no es lo que era o lo que imaginábamos que era: una entidad todopoderosa capaz de imponer el orden en el momento en que lo quisiera. Si algo ilustra la crisis actual son las limitaciones, carencias, contrahechuras y porosidades de las instituciones estatales. Gobiernos municipales más que penetrados por el crimen organizado; estatales, omisos o impotentes, e incluso el gobierno federal apareció, en un primer momento, rebasado. Da la impresión de que no es que no quisiera sino que no pudo aclarar con rapidez lo que aconteció. Ello por sí mismo subraya las tintas de la gravedad del asunto. No se trata de entidades que pueden y no quieren, sino que quieren y no pueden.

Esa incapacidad –así sea transitoria– multiplica el dramatismo del momento.

Y si a ello sumamos la proliferación de pequeños ajustes de cuentas entre adversarios, compañeros y ex compañeros de la política, el mundo de las representaciones y especulaciones se volvió más denso e indescifrable, más confuso e irritable. De donde debería provenir alguna luz, alguna certeza, emanaron cantaletas cansinas, acusaciones mutuas y mezquindades al por mayor.

Al final de la ruta (si es que algo así existe) debemos tener claro que si lo que deseamos es justicia y lograr que sean sancionados los responsables con nombres y apellidos, la única justicia hoy por hoy es la que las propias instituciones del Estado, diseñadas para ello, pueden ofrecer. No hay atajos. Ni espacio para simplezas.

Hacia una política de Estado Por ello, porque la violencia todo lo erosiona y contamina, parece necesario elevar la mira y diseñar una política de Estado (no de gobierno) capaz de alinear no solo a las instituciones sino a las diversas fuerzas y corrientes políticas y sociales en torno a un objetivo común: el combate a la delincuencia, la búsqueda de una convivencia civilizada, el respeto a los derechos humanos. Se trataría de forjar un bloque político y social unificado en esa misión, manteniendo las diferencias en otros campos. Y ello, por supuesto, se construye, se acuerda, no se decreta.

Recuerdo que en España, los partidos enfrentados en casi todo, lograron diseñar y poner en práctica una política de Estado convergente contra el terrorismo. Esa no sería una zona de disputas entre las diversas opciones políticas, ninguna actuaría para sacar “una pequeña raja” miserable de sus adversarios. Ahora bien, dado que las instituciones del Estado no son un monolito, que algunas de ellas han sido invadidas por el narco, parece imprescindible que la parte “sana” de ese entramado pueda combatir y derrotar no solo a las bandas delincuenciales sino a sus aliados en el propio laberinto estatal. Y para ello, parece imprescindible subrayar y fortalecer que la operación tiene que realizarse con absoluto respeto a los derechos humanos, única forma de armar un dique contra el contagio de las prácticas y costumbres del narcotráfico.

Combatir al crimen organizado respetando los derechos humanos, al tiempo que se limpian y regeneran las instituciones estatales encargadas de dicho combate y aislando y sancionando a los grupos violentos, es una operación necesaria pero nada sencilla, obligada pero con altos grados de dificultad. Y si además se quiere tener una opción de mediano plazo, es necesario actuar sobre el caldo de cultivo social que fomenta desesperación, amargura y rencor.

El combate a la delincuencia está obligado a darse en dos frentes: de cara a los criminales y al mismo tiempo en la cadena de instituciones estatales que están diseñadas para perseguirlo.

Sea en su confrontación mutua, con efectivos del Estado o contra particulares, las bandas han llegado a tales grados de sevicia que cuesta trabajo entender –en ocasiones– su lógica. Es la violencia que se encuentra en el ADN de la delincuencia. Es la violencia criminal inaceptable, y contra ella existe un consenso amplio.

El país transita por una situación crítica y no ayuda a la comprensión de lo que estamos viviendo, hacer referencia en bloque a una entidad tan abarcadora y compleja como lo es el Estado. Porque el mismo es hoy una constelación de instituciones –ciertamente jerárquicas, especializadas y por ello con diferentes grados de responsabilidad– que se encuentra habitado por disímiles y en ocasiones enfrentadas fuerzas y corrientes políticas.

Dado que las instituciones del Estado no son un monolito, que algunas de ellas han sido invadidas por el narco, parece imprescindible que la parte “sana” de ese entramado pueda combatir y derrotar no solo a las bandas delincuenciales sino a sus aliados en el propio laberinto estatal. Y para ello, parece imprescindible subrayar y fortalecer que la operación tiene que realizarse con absoluto respeto a los derechos humanos, única forma de armar un dique contra el contagio de las prácticas y costumbres del narcotráfico.