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Saturday, June 05, 2010

En Oaxaca

Impunidad en San Juan Copala
Miguel Concha
E
l 27 de abril una caravana que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, compuesta por organizaciones civiles y sociales de derechos humanos, observadores internacionales y periodistas, fue atacada por un grupo armado, teniendo como resultado las muertes de la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y del observador finlandés Jyri Jaakola, además de varios heridos de bala.
La caravana tenía fines pacíficos, pues su objetivo era llevar alimento a un poblado que desde noviembre de 2009 se encuentra cercado, y en el que desde hace seis meses los paramilitares cortaron los cables de la energía eléctrica, de las líneas telefónicas y los ductos del agua potable.
Desde tiempos de la Colonia esta región ha sido presa de muy variados conflictos, y en nuestros días la situación se ve agravada por un largo proceso de sometimiento, desintegración territorial, explotación económica y discriminación racial, motivado por los intereses políticos y económicos sobre la zona. La actual agresión contra San Juan Copala tiene su origen en 2007, cuando el grupo conocido como MULT-I (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) decidió crear un municipio autónomo, buscando legítimamente recuperar su libre determinación dentro del Estado mexicano, como alternativa organizativa frente a intereses que sólo buscan despojar de su territorio y sus recursos a los habitantes de la región. La respuesta de los grupos con afanes de control no se hizo esperar, y en los últimos meses se ha concretado en ataques violentos del grupo conocido como Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), al que se relaciona con el gobierno priísta de Ulises Ruiz, y cuyo dirigente declaró abiertamente que impedirían a toda costa el paso de la caravana. Además de otra serie de hechos violentos anteriores a la caravana, como los del 28 y 29 de noviembre del año pasado, el 10 de diciembre siguiente, o el 10 de marzo pasado, el 14 de mayo seis mujeres y seis niños fueron agredidos y privados de su libertad después de haber salido por víveres, y el 20 de mayo fueron asesinados Cleriberta Castro Aguilar y su esposo Timoteo Alejandro Ramírez, dirigente del MULT-I y líder moral del municipio.
Cabe aclarar que tal y como lo manifestaron varias organizaciones oaxaqueñas en un comunicado el 2 de mayo, el problema no es producto de un enfrentamiento entre comunidades, sino de un conflicto histórico en la región, en el que sin duda existe una responsabilidad directa del Estado, en la medida en que no sólo ha omitido instrumentar políticas para superar el grave rezago social, sino que ha soslayado las acciones de cacicazgo y control. Por lo que lo ocurrido es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo actúa, incluso portando armas de uso exclusivo del Ejército.
En un comunicado emitido también por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos se menciona que en el caso de Copala se confirma nuevamente la repetición reiterada de un patrón de conducta de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente no hay paramilitares, y ellas sólo intervienen para garantizar la paz. Sin embargo, estas afirmaciones se ven contrastadas por la realidad. Resulta increíble que se minimice con declaraciones en las que se culpa a las organizaciones que se metenen la zona, la situación de una comunidad en estado de sitio, cercada por un grupo armado que actúa en la más completa impunidad, que es de conocimiento público y se ha agravado al paso de los años, ante la mirada cómplice e indiferente de los gobiernos local y federal.
Las agresiones, en efecto, de las que ha sido víctima el municipio de San Juan Copala, han sido denunciadas desde el año 2007, sin que existan acciones firmes o concretas al respecto. La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó en un comunicado el 28 de abril que el Estado tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad física de los habitantes del país frente a terceros. A ello tendríamos que añadir la omisión estatal para proteger el libre tránsito y otra serie de derechos fundamentales en perjuicio de gente que lucha por causas justas y legítimas.
Por estos motivos, innumerables organizaciones en el país y en el mundo han exigido que se garantice un alto total a la agresión de la que son objeto los habitantes de San Juan Copala; se garantice la seguridad y el libre tránsito en la región; se inicie un proceso de paz con justicia y dignidad para la región triqui, sin que esto excluya el juicio y el castigo a los responsables de los delitos cometidos; se realice una investigación pronta, completa e imparcial de los hechos, así como la intervención expedita de una institución civil federal (no militar), que garantice el proceso de paz en la región.
Se ha anunciado una nueva caravana humanitaria a Copala el día 8 de junio. Frente a este anuncio, y el silencio oficial, la dirigencia de la Ubisort dijo están exponiendo sus vidas, poniendo con ello una vez más de manifiesto la ausencia de la autoridad en la región. El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de quienes acuden en su ayuda. Si no es capaz, al menos debería pedir formalmente al Comité de la Cruz Roja Internacional su intervención, a fin de brindar ayuda humanitaria a los afectados.

Sunday, May 16, 2010

La versiónde Ulises Ruíz, el Asesino de Antequera, es la misma del gobierno mexicano !!!

La embajadora Fuentes-Beráin: "Uy, Proceso no es creíble..."

Marco Appel

BRUSELAS, 12 de mayo (Proceso).- La embajadora de México ante la Unión Europea (UE), Sandra Fuentes-Beráin, aseguró en el Parlamento Europeo que el ataque del pasado 27 de abril en Oaxaca contra una caravana internacional de paz, en el que murieron la activista mexicana Beatriz Cariño Trujillo y el ecologista finlandés Jyri Antero Jaakkola, fue un “accidente” ocurrido por un “conflicto interétnico”.
Aseveró, además, que “en México no existen grupos paramilitares”, por lo que, afirmó, “no es verdad lo que dicen algunos medios”, que culpan de la agresión a un comando ligado al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Fuentes-Beráin afirmó lo anterior durante un encuentro con las eurodiputadas finlandesas Heidi Hautala y Satu Hassi, el pasado jueves 6 en la oficina de éstas en el Parlamento Europeo. Ambas eurodiputadas del grupo del Partido Verde Europeo han manifestado gran interés en el caso Jaakkola.
Hautala es presidenta del subcomité de Derechos Humanos, uno de los puestos más influyentes de europarlamento. En 2000 y 2006 fue candidata presidencial en su país. Hassi fue ministra de Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo del gobierno finlandés entre 1999 y 2002.
Desde el comienzo de la reunión, Hautala manifestó a Fuentes-Beráin su intención de dedicar “el poco tiempo (que ella y Hassi tenían) a discutir sobre lo que había sucedido en Oaxaca”.
En ese encuentro informal –que comenzó a las 8:30 de la mañana y duró 40 minutos–, Hassi comentó a su colega mexicana que en el ataque del 27 de abril habían matado al hijo de una amiga suya. Fuentes-Beráin presentó sus “condolencias” por lo que llamó un “accidente” y dijo que para el gobierno mexicano “siempre es triste” cuando alguien muere de esa manera.
Las eurodiputadas preguntaron por qué no había acudido de inmediato una ambulancia al lugar de los hechos. Fuentes-Beráin justificó la tardanza y dijo que se debió a “dificultades geográficas”.
Hautala y Hassi expresaron su preocupación de que la muerte de Jaakkola quede impune. Se refirieron a las 19 personas que desde diciembre pasado han caído asesinadas en la misma zona, como lo indica un reportaje publicado por este semanario en su edición del domingo 2, el cual exhibieron las eurodiputadas.
“¡Uy, Proceso! –comentó Fuentes-Beráin–; Proceso no es creíble”. Y explicó a las finlandesas que el estado de Oaxaca “es muy complejo” y “difícil de entender”. Les dijo que sería “muy importante” que ellas “comprendan la auténtica realidad de México” y descarten aquella que describen “publicaciones como Proceso”, por lo que las invitó a viajar a Oaxaca en calidad de observadoras.
Cabildeo
En entrevista con este semanario, realizada el miércoles 5, Hassi advirtió: “Desde el Parlamento Europeo vamos a trabajar juntos para que a todos los niveles se exija que este caso sea investigado (...) Por ejemplo, yo misma contacté a la ministra de Justicia de Finlandia, Tuija Brax, que proviene del mismo partido”.
El pasado 30 de abril, en un comunicado, el Ministerio de Exteriores finlandés exigió al gobierno de Felipe Calderón que ordene una “investigación exhaustiva” que aclare las circunstancias que rodearon la muerte de Jaakkola. Asimismo, demandó que “se juzgue a los culpables del crimen” y que las autoridades de Oaxaca informen “cuál de los grupos armados que operan en la región es el responsable del asesinato”.
El lunes 3, la presidencia española de la UE emitió un comunicado en el que expresó también que seguirá con gran atención los acontecimientos derivados del ataque.
Durante la entrevista, Hassi indicó que, junto con su bancada, analiza qué opciones diplomáticas o legales tienen el gobierno finlandés o la presidencia española para ejercer más presión sobre México, de tal manera que “puedan ir más allá de sólo presentar una petición oficial al gobierno mexicano para que este caso sea investigado”.
La eurodiputada confía que, en el corto plazo, el caso Jaakkola sea puesto sobre la mesa durante las conversaciones con el gobierno de Felipe Calderón, tanto en la Cumbre bilateral México-UE, programada para el domingo 16, como en la de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y América Latina y el Caribe, prevista para el lunes 17 y el martes 18 en Madrid.
El cabildeo finlandés ha sido efectivo. En una misiva fechada el martes 4, a la que tuvo acceso este semanario, Hautala solicitó al presidente del Parlamento Europeo, el polaco Jerzy Buzek, que mencionara el asesinato de Jaakkola durante su discurso de apertura de la sesión plenaria del día siguiente.
“Es la primera vez que un grupo de derechos humanos es violentamente atacado en México y que un observador internacional es asesinado”, justificó Hautala en dicha carta. Y agregó: “Como presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, estoy profundamente preocupada por este deterioro de la situación y por la falta de garantías para el trabajo necesario de los defensores de los derechos humanos”.
Buzek no sólo se refirió al hecho, sino que lo hizo al comienzo de su intervención frente al hemiciclo europarlamentario.
Señaló: “Tenemos noticias tristes que comunicar: el homicidio en México del finlandés Jaakkola y la mexicana Trujillo, asesinados durante una misión de observación de derechos humanos en el país”.
“El Parlamento Europeo –añadió Buzek– quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos. Es triste que continúen este tipo de ataques y que siga habiendo este tipo de víctimas.”
Conmoción
Jyri Jaakkola era un activista de 33 años que defendía el comercio justo, el medio ambiente y los derechos indígenas. En un video grabado el pasado 1 de febrero en Finlandia, incluso explicó que el propósito de su viaje a México era “aprender distintas formas de organización” social para luego “adaptarlas” a su país.
Había previsto viajar a México en su barco, de nombre Estelle, como lo había hecho en 2002 a Angola, pero no le fue posible.
En México creó un blog cuya última anotación fue la del 10 de abril, en la que reseñó las charlas del Diálogo Climático de los Pueblos, que formó parte del Encuentro por una Vida Autónoma, celebrado en la ciudad de Oaxaca y en el que él participó.
En un documental de ese encuentro, realizado por J. P. Sipila para la ONG Marea Creciente México, aparece Jaakkola, quien dice en español: “Para resolver la crisis climática tenemos que acabar con nuestro sobreconsumo de energía y de recursos naturales. Para eso tenemos que cambiar todas las estructuras y relaciones sociales, económicas y políticas: gran parte de la cultura de consumismo occidental tiene que ver con nuestra falta de oportunidades para dirigir nuestras vidas”.
El activista tenía planeado asistir a la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático que se realizará en diciembre en Cancún.
El asesinato de Jaakkola causó conmoción en Finlandia, uno de los países más prósperos del mundo, ubicado en el duodécimo lugar del Índice de Desarrollo Humano 2008/2009 elaborado por la ONU. 
Desde el 28 de abril, la mayor parte de los medios informativos finlandeses dedicó espacios destacados a la noticia de su muerte. Desde entonces no han dejado de dar una amplia cobertura a su muerte.
Hassi comenta a Proceso que mantiene contacto con la familia Jaakkola. La madre de Jyri, Eva Lena, fue su compañera de escuela durante seis años y la considera una de sus mejores amigas.
La eurodiputada confiesa que, por ahora, la principal preocupación de los padres de Jyri es garantizar que el crimen de su hijo sea investigado, ya que en México, señala, se sabe que predomina “una cultura de impunidad”.
“Sin presión internacional –advierte Hassi–, mucha gente que conozco desconfía que se lleve a cabo una investigación”. Apunta que por la forma tan artera en la que se efectuó la emboscada, tiene “la impresión de que el gobierno local está protegiendo a los grupos paramilitares que perpetraron el ataque, y que el gobierno federal, al no decir nada, hace lo mismo”.
–El presidente Calderón afirmó en Alemania que México cumple con muchos de los requisitos económicos más severos que se exige a los países de la UE. ¿Qué opina de esa declaración hecha pocos días después del asesinato de Jyri? –se le pregunta.
–Los criterios más importantes para ser miembro de la UE son el respeto de los derechos humanos y de la libertad de expresión, el funcionamiento de la democracia, el cumplimiento de la ley, el castigo de los crímenes, la lucha contra la corrupción... Estos valores tienden a liberar y movilizar la energía creativa de los ciudadanos. Eso no pasa en las sociedades que sienten miedo y están paralizadas. 
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13.05.2010
Segob descalifica informe de la ONU sobre CopalaÁlvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- La Secretaría de Gobernación secundó a la cancillería en la descalificación del informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la emboscada a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, en la que murieron dos personas, y aseguró también que el gobierno trabaja para dar protección a los periodistas.
La dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont reconoció, en un extenso comunicado en respuesta a la ONU, su completa ignorancia sobre lo que sucede en la región triqui de Oaxaca, incluida la existencia de grupos paramilitares.
Al referirse a la emboscada perpetrada a una caravana humanitaria, presuntamente por un grupo paramilitar, el 27 de abril, en la que murieron la activista mexicana Beatriz Cariño Trujillo y Tyri Antero Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, el gobierno federal atribuyó la violencia a conflictos intercomunitarios.
“La historia de la comunidad indígena Triqui, en el marco de la diversidad étnica del país, se ha desarrollado en un contexto de permanentes conflictos sociales y políticos, violencia, así como la persistente lucha por la defensa de su territorio, donde tres grupos están enfrentados desde hace tiempo y actualmente protagonizan enfrentamientos con saldos lamentables”, destacó la Secretaría.
Y así, “tomando en consideración dicho contexto, en donde cualquier visita a la zona se debe realizar en condiciones particulares de seguridad, el gobierno federal manifiesta que desconocía que esa caravana humanitaria se dirigía a dicha región, pues de haber tenido conocimiento, se les habría persuadido de no hacerlo o de lo contrario brindado la seguridad necesaria”.
Luego de que se enteró de los hechos, señaló la Segob en su comunicado, “el gobierno desplegó acciones para buscar a los señores David Venegas, Noé Bautista Jiménez, Erica Ramírez y David Cilia, quienes fueron localizados y puestos a salvo el 30 de abril, y la PGR atrajo las investigaciones, por lo que “reitera el firme compromiso de investigar y juzgar con la debida diligencia estas agresiones y asesinatos”.
Así mismo, en respuesta a los relatores especiales en materia de libertad de expresión, el gobierno de Felipe Calderón, aseguró la secretaría de Gobernación, “trabaja para garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos”, aunque ofrece detalles que no sustentan esa aseveración.
Por ejemplo, refirió que, a inicios de este año, se nombró un nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, “con el objeto de revitalizar las acciones en esta materia”, y expuso que el Poder Legislativo “analiza diversas propuestas a fin de federalizar los delitos cometidos contra periodistas”.
Además, añadió en su respuesta a la ONU, los legisladores buscan incluir nuevas conductas delictivas que atenten contra la integridad de este gremio y establecer agravantes a delitos comunes cuando son cometidos en contra de periodistas, entre otros.
“Es de resaltar también que a nivel federal y en 17 entidades federativas se han despenalizado los delitos de calumnia, difamación e injuria.”
Además, según la Secretaría, “el gobierno mexicano mantiene un diálogo constante y permanente con organizaciones de derechos humanos y de periodistas, con el propósito de fortalecer las medidas para la prevención de agresiones y mecanismos de protección del sistema jurídico mexicano, con la colaboración de la CNDH y la asistencia técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Más adelante, destacó: “Es importante destacar que el Estado mexicano actúa bajo el escrutinio permanente de los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos públicos de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la opinión pública”. -- 
CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO A FELIPE CALDERÓN 22, 23 y 24 DE MAYO
¡PARTICIPA!   Informate en www.revocacionmandato.org    ¡Difunde!
¡Hagamos un esfuerzo para detener tanta corrupción y violencia, mañana puede ser tarde!.
Revocación: proceso mediante el cual los ciudadanos pueden destituir de un cargo a funcionarios que han incumplido, delinquido o traicionado a su Nación.

En México: 
“Primero acabaron con los derechos de los trabajadores mineros, pero yo no dije nada porque no era minero. 
Acabaron con las prestaciones de los trabajadores del ISSSTE, pero yo no dije nada porque yo no trabajaba allí.
Después dejaron en el abandono  las instituciones públicas de salud, las escuelas públicas, los programas educativos, pero yo no hice nada porque tenía dinero para pagar instituciones privadas.
Después supe que miles de niños en el país eran objeto de múltiples abusos y violaciones, incluso de ser comerciados para su explotación y abuso sexual sin que las autoridades investigaran y castigaran a los culpables, pero yo no hice nada porque mis hijos no son pobres y no están expuestos a estos peligros.
Ahora veo que  en 3 años de militarización y  una  llamada  ‘guerra al narco’  han matado más de  20 000 personas en México,  pero yo creo que a mi y a los míos no nos pasará nada porque yo nunca me inconformo ante nada, ni participo en ninguna cuestión de defensa de derechos, ni exijo cuentas a las autoridades, yo dejo que hagan lo que quieran, porque así ha sido, así es y así será”.    Seguro así pensaban en el Tec de Monterrey


Decía Martin Niemöller,  un pastor alemán que, finalmente fué encarcelado en Alemania por Hitler,  en un poema que se  ha atribuído históricamente, y por error,  a Bertolt Brecht:

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista.