Aún hay más de 169 activistas encarcelados en nueve entidades
La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista
blanche petrich /I
En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.
Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.
Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.
Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.
En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.
La sentencia más alta
En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.
Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.
De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura.
En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.
A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.
Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores.
Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía.
En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.
En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.
Castigo a la disidencia, conducta común de los tres órdenes de gobierno
Criminalizar la protesta social, el pan de cada día
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, botones de muestra de la represión
Blanche Petrich /II
Las detenciones irregulares, las acusaciones judiciales “por motín, asociación delictuosa y terrorismo” y las órdenes de aprehensión emitidas “como amenaza permanente” contra activistas sociales y políticos “son hoy el pan de cada día” para los movimientos populares, advierte el dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Abel Barrera.
Como él, otros defensores de derechos humanos caracterizan las políticas del gobierno federal y varios mandatarios estatales como “de castigo a la disidencia”, de “criminalización de la protesta social” y de “persecución a la solidaridad y la libertad de expresión”, patrón que ejecutan lo mismo los gobernadores perredistas de Chiapas, Juan Sabines, y de Guerrero, Zeferino Torreblanca, que los ex mandatarios panistas de Yucatán, Patricio Patrón, y de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, además de los priístas de Oaxaca, Ulises Ruiz; del estado de México, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
En su balance sobre el sexenio de Vicente Fox Quesada en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro concluyó: “Las protestas generadas por situaciones económicas, políticas o sociales siguen siendo interpretadas como si fueran cuestiones de seguridad. Para enfrentar a la oposición y a la protesta el gobierno, en sus tres niveles, ha asumido una actitud con tintes autoritarios. Los reclamos y las demandas superan su capacidad de reacción en un contexto democrático”.
Un repaso de los expedientes de presos y ex presos –siempre cambiante e impreciso por las excarcelaciones dictaminadas por disolución de pruebas o imposición de fianzas arbitrarias y por la falta de un trabajo sistemático de las redes ciudadanas para actualizar la estadística– llevan al lector a un recorrido por las distintas expresiones de resistencia popular.
El fracaso de la política
En 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) protagonizó uno de los procesos de disidencia más significativos de los últimos años. Durante meses, las barricadas en la capital estatal y las huelgas del magisterio y de las organizaciones que se sumaron masivamente a la protesta pusieron en jaque al gobierno de Ulises Ruiz. Pudo haber sido, según definió el líder zapoteco Joel Aquino, “la oportunidad de erradicar definitivamente a los caciques de Oaxaca; la última gran batalla contra el sistema autoritario”. Pero no fue.
En el momento más crítico del proceso se entabló un diálogo para una salida política. Pero otra negociación paralela y secreta, al más alto nivel de la política, decidió salvar al cuestionado gobernador oaxaqueño a cambio de poder concretar la imposición del panista Felipe Calderón en la Presidencia. Con este pacto la posibilidad de una salida pacífica se derrumbó. Las armas y los toletes, bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública –hoy procurador general–, Eduardo Medina Mora, entraron en escena.
La intervención violenta de la Policía Federal Preventiva en varias fases en Oaxaca, y la acción descontrolada de “escuadrones” informales bajo las órdenes de autoridades estatales, provocaron, además de un saldo total de 27 personas asesinadas entre julio y diciembre de 2006, redadas masivas que llevaron a las distintas cárceles “a más de 500 personas”, según estimaciones de Jessica Sánchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
“Las detenciones masivas e indiscriminadas, el trato vejatorio y la violencia física y síquica para con las personas detenidas, y el uso desproporcionado de la fuerza contra toda la población, fueron las características predominantes” de la “solución de fuerza” al conflicto oaxaqueño, según denunció en un informe especial la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
El primer aviso fueron los ataques a las barricadas de Santa María Coyotepec y Santa Lucía del Camino, el 27 de octubre del año pasado. Participaron autoridades municipales, varias corporaciones del estado y agentes paramilitares. Ese día fueron asesinados cuatro maestros y un periodista, el estadunidense Brad Will; resultaron heridas decenas de personas y cayeron presos 20 maestros, algunos con graves lesiones. Después vinieron el avance de la PFP hacia el zócalo, el 29 de octubre, un nuevo embate el 10 de noviembre y la ofensiva final, el 25 de noviembre. En ese lapso resultaron detenidas, golpeadas y torturadas cientos de personas que fueron repartidas en los penales de Miahuatlán, Tlacolula, Cuicatlán, Ejutla, Etla, en los separos de la PGR en la capital y en el penal federal de Nayarit. Además fueron arrestados ocho extranjeros y expulsados cuatro.
A pesar de que los detenidos no tuvieron acceso a una defensa justa, a que las autoridades médicas y humanitarias fueron omisas al certificar las lesiones de decenas de presos y a que los indígenas no tuvieron acceso a intérpretes, el Estado se desistió de la mayoría de las averiguaciones previas. Actualmente quedan siete presos relacionados con la APPO, entre ellos los hermanos Flavio y Horacio Sosa.
El primero, integrante de la dirección de la APPO, y su hermano fueron detenidos a principios de diciembre en el Distrito Federal. Se les internó en el penal del Altiplano, en Almoloya. Posteriormente fueron trasladados a Ixcotel, en Oaxaca. Son acusados de despojo agravado, por la ocupación de la radio y televisión del gobierno estatal –delito por el cual acaban de recibir un amparo–, privación ilegal de la libertad y robo a dos policías, sedición, asociación delictuosa y daños por incendio. Su defensa alega que todos “son delitos fabricados”.
Al margen del conflicto popular-magisterial de 2006, en Oaxaca hay 14 presos relacionados con conflictos electorales y la defensa de autoridades indígenas: siete de Santo Domingo Teojomulco, tres de San Isidro Aloapam y cuatro del Consejo Ciudadano de Xanica. Adicionalmente permanecen los 12 presos de San Agustín Loxicha, autoridades comunitarias presas en el contexto de la militarización de la región en 1996, que no alcanzaron la amnistía decretada por el ex gobernador José Murat por tener en su expediente causas del orden federal.
Para describir el panorama de la represión en Guerrero, apunta Barrera, de Tlachinollan, basta con seguir la ruta del movimiento popular. “Donde quiera que haya organización, protesta, defensa de los derechos humanos, movilización o bloqueo de caminos hay represión, arrestos irregulares y órdenes de aprehensión”. Los campesinos de La Parota, los ecologistas de Petatlán, los trabajadores despedidos del INEGI en Chipancingo, las autoridades comunitarias de Xochistlahuaca, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa… todos han sufrido persecución”.
Así, los pueblos me’pha realizaron en febrero y julio bloqueos en la carretera Tlapa-Metlatónoc para exigir un camino rural y mejoría en las condiciones de educación en su lengua. En consecuencia, su líder Cándido Félix está preso y cuatro más tienen órdenes de aprehensión. En tierras amuzgas, David Valtierra, Genaro Cruz y Silverio Matías han sido presos y están libres bajo fianza por defender el derecho a un gobierno propio. Once más tienen órdenes de aprehensión. Lo mismo ocurrió con otras dos autoridades de El Camalote, Ayutla de los Libres. Docenas de campesinos que se oponen a la deforestación de Petatlán y la construcción de la presa La Parota han pasado por la cárcel. El episodio más reciente fue el arresto –y posterior liberación– de Cirino Plácido, fundador de la policía comunitaria de San Luis Acatlán.
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