José Antonio Almazán González
El Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) ha sido, durante dos años cinco meses, una enorme piedra en
el zapato del actual gobierno, que está obsesionado en dar un golpe mortal a la
creciente resistencia social, imponer su contrarreforma laboral y sacar
adelante sus planes privatizadores de la electricidad y la fibra óptica en la
zona centro del país, antaño la región más transparente de México, hoy
concentradora de 32.7 por ciento del producto interno bruto.
El plan de Calderón contra el SME
–diseñado desde la óptica de un golpe de Estado, en un área exclusiva y
estratégica para la nación– se propuso eliminar a un sindicato democrático y
nacionalista, cuyo contrato colectivo de trabajo resume las mayores conquistas
obreras en México. Parte medular de su estrategia aniquiladora consistió en
ocultar información, documentos y expedientes, cuyo conocimiento, de haberse
hecho públicos desde octubre de 2009, habrían destroncado su criminal proyecto.
Sin embargo, como resultado de la heroica lucha del SME, recientemente se logró
desclasificar cuatro documentos cuyos contenidos exhiben, pública y legalmente,
el cúmulo de mentiras sobre las cuales se buscó sustentar el inconstitucional e
ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Vayamos por partes y
comencemos a contar la historia.
El plan de exterminio, elaborado
desde una perspectiva militar, contempló la toma de alrededor de 400 centros de
trabajo calificados de estratégicos para la seguridad nacional (plantas de
generación, subestaciones eléctricas, centros de operación y distribución,
etcétera) y esperar, con soldados disfrazados de PFP con armas de alto calibre,
la reacción violenta del SME para masacrar a los trabajadores electricistas.
Así, con la presencia de agentes del Ministerio Público se buscaba que dieran
cuenta de los delitos inventados de sabotaje, motín, rebelión, agresión física,
daño del patrimonio a la nación, pandillerismo, privación ilegal de la libertad
agravada, etcétera, cuyo resultado final sería el encarcelamiento masivo y
selectivo de los trabajadores electricistas y la dirección del SME.
Asimismo, tanto en el terreno
jurídico laboral como en el Legislativo, los documentos (expedientes, reportes,
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos,
estadísticas) que dan cuenta de la guerra de exterminio contra el SME fueron
minuciosamente ocultados al amparo de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que facultan
al gobierno a reservar información cuando su difusión pueda ocasionar riesgos
para la seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional. O bien, como
sin tapujos lo reconoció el comité de información de la SHCP el 12 de abril de
2010, cuando su difusión pueda “causar un serio perjuicio a… las estrategias
procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones
no causen estado”. Por supuesto, se refieren al juicio de amparo promovido por
el SME contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pues, como el
gobierno reconoce. debido a que la mayoría de los documentos contenidos en
dicho expediente no han sido aportados en los juicios referidos en el párrafo
anterior ni son del conocimiento de las partes actoras en los mismos, se ha
concluido que su difusión causaría un serio perjuicio a las estrategias
procesales de esta dependencia. En otras palabras, las mentiras de Calderón
quedarían al descubierto y corren el riesgo de perder el juicio y el amparo
promovidos por el SME.
A la Cámara de Diputados fueron
enviados el 13 de octubre de 2009 dos de los documentos reservados por
Calderón: el informe de la desincorporación mediante extinción del organismo
descentralizado Luz y Fuerza del Centro y su diagnóstico. Pero eran los tiempos
de la alianza entre el PAN y el PRI y no se promovió una controversia
constitucional y menos aún prosperaron los esfuerzos de transparentar el
proceso de la liquidación de Luz y Fuerza, exigiendo la desclasificación de su expediente
completo. Ambos documentos fueron finalmente desclasificados el pasado 23 de
febrero y de su análisis se desprenden conclusiones que tienen valor legal:
1) No existen razones que
demuestren que la quiebra técnica de Luz y Fuerza obedeció al costo de los
salarios y prestaciones de los trabajadores del SME. Por el contrario, del
mismo análisis se desprende que la causa fundamental de su deliberada debacle
financiera tuvo como origen el elevado precio de la energía comprada en bloque
a CFE. 2) Como se lee en la página 12 del informe de la desincorporación, el
gobierno preparó un plan contingente para reprimir al SME a partir de supuestos
disturbios sociales y actos de sabotaje a la infraestructura eléctrica. 3) El
gobierno nunca demostró la inconveniencia de Luz y Fuerza desde el punto de
vista de la economía nacional y el interés público.
Finalmente los otros dos
documentos desclasificados: la carta de la secretaria de Energía Georgina
Kessel a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, del 28 de septiembre de
2009, validando la propuesta de extinción de Luz y Fuerza, y las Bases para su
desincorporación, constituyen pruebas claras y contundentes en favor de la
figura de patrón sustituto y la imposibilidad reconocida de concluir la
extinción de Luz y Fuerza, pues se trata de bienes nacionales afectos
exclusivamente a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Las
mentiras de Calderón han quedado al desnudo y, por el mayor interés de la
nación, el expediente completo de Luz y Fuerza debe ser desclasificado, para
dar paso al patrón sustituto y restablecer la legalidad constitucional en
materia eléctrica.
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