Adolfo Gilly
La denegación de justicia al profesor tzotzil Alberto Patishtán
es una decisión material y simbólica capital en la política de desmantelamiento
de los pilares constitucionales de la nación emprendida por el gobierno de
Enrique Peña Nieto (elegido apenas con 37 por ciento de los votos atribuidos) y
por sus aliados en el Pacto por México, el PAN y el PRD.
Los maestros movilizados en las plazas y calles de México y
de otras muchas ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad, en
conciencia y en acción, de una nación que busca cómo defenderse y resistir al
vendaval de las finanzas, los ricos, el crimen, la intromisión policial,
militar y logística del poderoso vecino del norte y la ineptitud –real o
simulada– de sus propios gobernantes.
* * *
La televisión, en tanto instrumento de Estado, está cumpliendo
en esta ofensiva, hoy como nunca, la función de punta de lanza de la
desinformación y la deseducación del pueblo; y de ariete brutal hoy contra los
maestros, ayer contra los estudiantes de #YoSoy132 y siempre contra toda
movilización de este pueblo en defensa de su vida, su nación y sus derechos.
Esa ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se
propone desmantelar a sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales
sobre los cuales se alza todavía hoy el pacto estatal mexicano: con prisa,
porque no quieren dar tiempo a la organización de la resistencia nacional
contra esos planes; a sabiendas, porque la propaganda para la entrega del
petróleo y de otras riquezas de la nación al capital extranjero –y a su poderío
militar– está hecha de un indescriptible tejido de mentiras y falacias que sus
autores no pueden ignorar.
No es la menor de ellas la afirmación de que la entrega de
la explotación del subsuelo a los capitales extranjeros sería la continuación
fiel del pensamiento y la política del presidente Lázaro Cárdenas. Es preciso
carecer de escrúpulos morales e intelectuales para decirlo.
En estos días y meses el gobierno federal, con sus aliados y
subordinados en el Pacto por México, quiere destruir, en una especie de guerra
relámpago, los pilares legales seculares alzados por el pueblo de México y una
generación de gobernantes leales a la nación y a su pueblo, y no al dinero.
* * *
La joya de la corona política que esta ofensiva se propone
recuperar para el mando presidencial es la ciudad autónoma de México, perdida
para ellos desde la insurrección cívica y electoral de 1997.
La Presidencia sueña con restablecer su mando inmediato
sobre la sede de los poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática,
organizada, solidaria, plebeya y respondona. En estos días quiere que el
gobierno de la ciudad se haga cargo de la represión contra los maestros, los estudiantes,
los trabajadores electricistas, los universitarios y otros sectores que se han
plantado en las calles frente a la ofensiva privatizadora.
Los maestros tienen razón. Sin movilización, las
declaraciones, las reuniones y los diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene
en ruinas tantas instalaciones escolares y publica libros de texto plagados de
errores de ortografía, dice querer evaluar a los maestros cuando lo que en
realidad se propone es destruir sus derechos laborales y sus organizaciones.
El mismo sentido tienen las intenciones y la política para
destruir a las normales rurales, focos de enseñanza para los pueblos campesinos
e indígenas y de resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes, sus
historias, sus idiomas y sus vidas.
* * *
En esta turbulencia la confirmación de la arbitraria condena
al profesor Alberto Patishtán, la decisión judicial según la cual debería pasar
en las cárcel los próximos 47 años de su vida, adquiere un peso y unas
dimensiones de alcance nacional mucho más allá del tribunal que la dictó.
Esta decisión dice que el gobierno federal está decidido a
cumplir las amenazas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en la Ibero:
responder con la violencia del Estado a las demandas y las acciones de los
pueblos campesinos e indígenas en defensa de sus derechos, sus pueblos y sus
vidas.
La condena contra el profesor Patishtán es una amenaza
declarada contra los maestros en movimiento; contra los pueblos indígenas en
todo el territorio nacional; contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus
gobiernos autónomos; y, a más largo alcance, contra la autonomía, la
independencia y los derechos de maestros, profesores y estudiantes en todo el
sistema educativo nacional.
Tomemos muy en serio esta sentencia contra un hombre
inocente.
Los maestros tienen razón. Alberto Patishtán debe ser
liberado. Los derechos laborales no se tocan. El subsuelo y el suelo de México
pertenecen a la nación y al pueblo mexicano.
No comments:
Post a Comment