Claudia Sheinbaum Pardo
Ayer fue dado a conocer el decreto (negociado por el PRI y
el PAN) de modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia
de energía, que planean aprobar en las cámaras de Senadores y de Diputados en
esta semana.
El documento de 296 cuartillas, en las 30 finales presenta
lo que será la nueva redacción de los artículos constitucionales citados,
además de 21 transitorios que delinean el contenido fundamental de lo que serán
las leyes secundarias. Es decir, legislan de antemano en un esquema muy
desaseado (¡21 transitorios en una reforma constitucional!), para que no quede
espacio a ninguna modificación posterior que no sea constitucional.
Vale la pena mencionar también que es obvio que se trata de
una propuesta trabajada desde hace por lo menos varios meses, como se publicó
recientemente, pues cambia completamente el régimen energético actual y
pretende que no quede duda del esquema, sobre todo para los inversionistas
extranjeros.
En una revisión rápida y somera pueden apreciarse las
siguientes modificaciones en el caso del petróleo y el gas natural:
Pemex y CFE dejarán de ser organismos descentralizados y se
convertirán en empresas productivas del Estado (artículo 25).
La exploración y extracción de hidrocarburos podrán
realizarla las empresas productivas del Estado mediante asignaciones o
particulares, mediante contratos (artículo 27). Dichas empresas también pueden
contratar con el sector privado.
Los contratos con particulares los celebrará la Secretaría
de Energía y podrán ser en las modalidades de: servicios, utilidad o producción
compartida o de licencia. La contraprestación por los contratos (pago) podrá
ser en efectivo, como porcentaje de utilidad, como porcentaje de producción,
con la transmisión onerosa de los hidrocarburos o la combinación de todos los
anteriores. En cada caso los determinará la Secretaría de Energía (transitorio
4).
Pemex tiene sólo 60 días para reportar a la Secretaría de
Energía todos los campos donde está actualmente explorando o produciendo con
todo y acreditación de sus capacidades técnicas y operativas, para que ésta a
su vez le asigne oficialmente esas zonas (transitorio 6).
En las áreas donde actualmente está explorando, la
paraestatal puede seguir trabajando como máximo por cinco años. Si no cumple
con un plan entregado previamente, la zona se le regresará al Estado para que
éste pueda entregarla, mediante contratos, a particulares (transitorio 6).
En las zonas donde actualmente Pemex está extrayendo
hidrocarburos, debe especificarse cada área, a fin de que pueda asignárse a un
privado un área vecina para su explotación (transitorio 6).
Los contratos actuales y futuros de Pemex con privados para
la extracción de hidrocarburos, pueden migrar (sic) a la Secretaría de Energía
para su administración o licitación en caso de nuevos contratos (transitorio
6).
La refinación, la petroquímica el transporte y
almacenamiento de hidrocarburos dejan de ser actividades exclusivas del Estado.
Las puede realizar cualquier particular (al borrar la palabra explotación del
27 y dejar exclusivamente exploración y extracción, y borrar el tema del 28).
Los ductos y sistemas de almacenamiento de gas natural de
Pemex pasarán a formar parte de un nuevo organismo (Centro Nacional de Control
de Gas Natural), que podrá otorgarlos para su operación a privados (transitorio
16).
La contraprestación de los contratos (la ganancia del
petróleo) se irá a un fondo que administrará un comité técnico que estará
formado por tres miembros representantes del Estado y por dos miembros
independientes nombrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado
(transitorio 15).
En pocas palabras, de aprobarse esta reforma, las empresas
privadas nacionales y extranjeras podrán establecer contratos con la Secretaría
de Energía (incluso en la modalidad de licencias, que no son más que
concesiones disfrazadas) para extraer petróleo y gas natural. El pago podrá ser
en efectivo o en especie. Los ingresos derivados de los contratos estarán a
criterio del secretario de Energía y entrarán a un fondo que administrarán tres
secretarios y dos personajes independientes. En pocas palabras la entrega de la
riqueza nacional a privados nacionales y extranjeros, a criterio del presidente
de la República. Más robo y más corrupción en una reforma aprobada a espaldas
del pueblo de México. Eso sólo se puede llamar traición a la patria.
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