La verdad histórica es que no hay verdad histórica

Ayotzinapa, caso abierto

Gloria Muñoz Ramírez

La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) “se cae a pedazos”, advierte Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Más allá de declaraciones y especulaciones, han pasado ya más de cuatro meses y ni familiares ni la sociedad saben lo que pasó realmente la noche del 26 de septiembre. El descrédito de las versiones gubernamentales es generalizado. Nadie les cree, pues pasaron de la indiferencia inicial, al desentierro de decenas de fosas clandestinas para, finalmente, darlos por muertos a través de una recreación multimedia. “Fueron asesinados, incinerados y tirados al río”, declaró el procurador José Murillo Karam, en otro intento fallido por cerrar el caso, y pasar a lo que sigue.

Fotos: Emily Pederson

El gobierno federal intentó incluso ser parte de la indignación internacional. “Todos somos Ayotzinapa”, dijeron, mientras Enrique Peña Nieto llamó a superar esta etapa. “Demos un paso hacia adelante”, dijo el presidente. Y la comunidad internacional lo dio, pero hacia las calles y los foros para seguir denunciando. La demanda sigue siendo la misma: presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Los restos de muela y de hueso adjudicados a Alex Venancio Mora, el único alumno del que identificaron el ADN, no han sido entregados a su padre, por lo que él lo sigue considerando desaparecido. Y siguen siendo 43.

La apuesta al desgaste de las movilizaciones, estrategia gubernamental instrumentada hasta el cansancio en los grandes conflictos nacionales, no parece funcionarles. En Europa, América, Asia y Oceanía continúan diferentes sectores de la sociedad exigiendo la verdad. Los 43, gritan, son parte de los 23 mil desaparecidos dentro de un país semi-enterrado.

¿Se sabrá en algún momento lo que ocurrió realmente la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014? No se trata de buscar cualquier verdad, sino la que se demuestre con certeza científica, y no sólo con los testimonios de un puñado de delincuentes que dicen pertenecer al grupo Guerreros Unidos.

En esta nueva etapa, corriendo el quinto mes de la desaparición, los familiares y normalista entraron de lleno a la denuncia internacional. Empezaron en Ginebra, Suiza, donde participaron en las audiencias del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), donde los expertos “pudieron escuchar directamente la versión de las víctimas y darse cuenta de que el gobierno miente”, dijo Bernabé Abraján, padre de uno de los desaparecidos, quien partió hacia Europa junto con Hilda Legideño, madre de Jorge Tizapa Legideño.

Agotados no sólo por el viaje trasatlántico, sino por la acumulación de semanas de búsqueda, movilizaciones, participaciones en foros y, sobre todo, por el desgaste emocional que representa no encontrar a sus hijos, la comisión que viajó a Ginebra refutó palabra por palabra la versión gubernamental: “Los especialistas realmente pudieron ver que lo que dijeron no era posible, que (las autoridades) fueron a decir mentiras, sabiendo que su trabajo de investigación no está bien hecho”, declaró el señor Bernabé.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), dicen los padres y sus abogados, puede ayudarlos a exigir al gobierno de México “que haga bien las cosas, que investigue también al Ejército, que ellos son corruptos y son narcotraficantes”. Hilda y Bernabé se dijeron seguros de que los integrantes del CED “quedaron convencidos de que nosotros estamos diciendo la verdad”.

Y la verdad es que la verdad del gobierno no es la verdad.

PGR vs peritos argentinos

Otro frente internacional abierto para el gobierno es el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a quien primero acreditó y después descalificó. Los  peritos argentinos fungen como una instancia independiente solicitada por los familiares de los normalistas, aprobada en su momento por el gobierno federal.
El grupo comisionado en México por el EAAF está integrado por 30 expertos de Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Francia, España y México, quienes son especialistas en los campos de la antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística, en fuego, genética forense, botánica y entomología forense. Llegaron a Guerrero desde el cuatro de octubre y hasta la fecha continúan con su trabajo de análisis de las pruebas recogidas por la Procuraduría.

Las conclusiones que presentaron el pasado siete de febrero, son las siguientes:

1. Las imágenes satelitales del Basurero de Cocula obtenidas por el EAAF —y también aquellas disponibles al público en Google Earth— muestran que el área de fuego en la superficie inferior del basurero de Cocula, que la PGR indica como la utilizada para quemar los restos de los 43 normalistas, ha sido utilizada en realidad en fuegos anteriores al menos desde el año 2010.

Por lo tanto, las fotos satelitales indican que interpretar la evidencia recogida en la zona baja del basurero por peritos de la PGR y del EAAF como un solo evento de fuego ocurrido según PGR el 26 de septiembre del 2014, refleja una lectura parcial de la evidencia recolectada en dicho lugar.

2. En el análisis de los restos óseos recuperados en el basurero de Cocula y analizados hasta el momento, el EAAF encontró evidencia que sugiere fuertemente la posibilidad de que en la zona de fuego analizada en el basurero se encuentren presentes restos humanos que no pertenecen a los normalistas.

3. El EAAF desea reiterar que esto no excluye la posibilidad de que algunos de los normalistas hayan corrido la suerte señalada por la PGR; aunque aún, en nuestra opinión, no hay evidencia científica al respecto en el basurero de Cocula.

4. La investigación sobre Ayotzinapa no puede darse por concluida toda vez que aún falta procesar una cantidad importante de evidencia tanto por los peritos de la PGR como del EAAF. Se necesita mayor tiempo de análisis de los restos óseos y toda evidencia asociada a ellos. Esta tarea llevará varios meses más de trabajo.

Hasta momento, se han analizado en profundidad cerca de 30 de las 137 cuadriculas que componen el área de investigación del Basurero de Cocula. Los peritos de ambas instituciones aún deben examinar más de 100 cuadriculas adicionales.

5. La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que solo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados.

6. En resumen: En opinión del EAAF, los peritajes de PGR deben ser evaluados por peritos independientes, estableciendo su rigor científico. El envío de 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa con problemas que no permiten su utilización, la interpretación del sitio del basurero como un solo evento de fuego cuando es posible comprobar que no los es, la recolección de evidencia fuera de los acuerdos de trabajo conjunto establecidos con el EAAF, el abandono de la custodia del basurero, sitio clave en la investigación de este caso, entre otros serias dificultades, así lo atestiguan.

La reacción inmediata de la PGR fue la descalificación sin argumentos. En un comunicado señaló que el equipo de expertos argentinos no tiene facultades profesionales para emitir opiniones, pues, dijo la Procuraduría, “parecen más especulaciones que certezas”.

Los padres y sus abogados reaccionaron validando al EAAF y añadieron que debido a que saben cómo actúa el gobierno de México cuando es denunciado y puesto en evidencia, ahora temen por la seguridad de los peritos argentinos.

“Las mentiras del gobierno han quedado al descubierto por todos los organismos internacionales y eso nos da más fuerzas para seguir con la búsqueda a pesar de las amenazas del gobierno y su represión”, resaltó Melitón Ortega en nombre de los padres y de las madres de los normalistas, y reiteró su confianza total para que continúen con las investigaciones.

“Cómo es que en el caso más observado se cometen errores tan fundamentales. Entonces, qué ha pasado con los más de 23 mil desaparecidos en el país”, indicó por su parte el abogado Santiago Aguirre del Centro, quién detalló que en 20 casos llevados por la PGR, la transcripción numérica de códigos que se enviaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, fue realizada de manera deficiente.

“La versión oficial de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de la PGR, no tiene ningún sustento científico y se ha basado únicamente en los testimonios de los miembros del grupo Guerreros Unidos, quienes supuestamente desaparecieron e incineraron a los 43 estudiantes”, cuestionó el normalista David Flores.

¿Se sabrá en algún momento lo que ocurrió realmente la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014? No se trata de buscar cualquier verdad, sino la que se demuestre con certeza científica, y no sólo con los testimonios de un puñado de delincuentes que dicen pertenecer al grupo Guerreros Unidos.

El estudiante de Ayotzinapa denunció que el procurador Murillo Karam miente, pues en diferentes ocasiones ha declarado que han entregado a los padres y abogados al menos 80 tomos de las investigaciones, pero hasta la fecha sólo han tenido acceso a 20. “Las autoridades no quieren hacer público nada, seguramente porque tienen algo que esconder, ese sitio web de la Presidencia se limita a publicar los videos de las conferencias de prensa editados”, dijo.

Para Omar García, otro de los voceros de los estudiantes de la Escuela Normal, la PGR está jugando con la investigación. “Desde que nos quisieron hacer creer que los primeros 28 cuerpos encontrados en cinco fosas clandestinas eran de nuestros compañeros, nos dimos cuenta de que se pueden valer de lo que sea para que sus versiones sean creíbles.”

La búsqueda no termina. Con evidencia de la participación, al menos por omisión, del Ejército mexicano, los padres y normalistas advierten que seguirán buscando en los cuarteles militares. “El gobierno federal ya está avisado y se le informará sobre la búsqueda media hora antes, para evitar la represión como la que sucedió en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.”

Y siguiendo en la línea internacional, en febrero se espera la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para revisar el expediente de la investigación. Y al mismo tiempo padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos y de los tres asesinados, recorren el país entero denunciado las inconsistencias gubernamentales, uniendo su indignación a la del resto de la sociedad que encuentran a su paso.

Es febrero. Nada se sabe. El diálogo entre los padres y los representantes del gobierno está roto, pues no hay mucho que decirse. Pero falta.