Saltillo, Coahuila 12 de junio del 2010
Si el Gobierno del estado de Coahuila no muestra un documento para justificar “el resguardo” de la Unidad 8 de la Mina Pasta de Conchos por la Policía estatal, es ilegal su acción, afirmó Fray Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, en la Misa que celebró hoy 12 de junio con jóvenes del Colegio San José.
Al retomar una cita del evangelista Lucas donde dice que Jesús desenrolló el papel y leyó la cita El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a llevar la Buena Nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos…”, don Raúl aseguró que existen nuevas opresiones y esclavitudes como aquellas donde “muchos quedan en la calle y otros hacen fortuna”.
Citó la situación que viven las viudas de Pasta de Conchos, quienes por cuatro años han pedido el rescate de los 65 mineros que se quedaron en la mina debido a la explosión del 19 de febrero del 2006.
Muchas de ellas todavía no arreglan la pensión, mientras que el Grupo México, dueño de la Mina, busca la manera de reiniciar las actividades para continuar la explotación del carbón.
La última acción fue el “resguardo de las instalaciones” que la policía estatal del estado de Coahuila realizó la madrugada del 7 de junio, acción que “es ilegal mientras el gobierno no demuestra un comprobante por escrito”, dijo don Raúl.
Comentó que la Secretaría del Trabajo emitió un boletín de prensa donde se deslinda de toda responsabilidad; en uno de los párrafos de dicho escrito dice: “…las acciones realizadas por la empresa Industrial Minera México S.A. de C.V. apoyadas por las autoridades del Gobierno del estado de Coahuila, consistentes en continuar con las labores de sellado pendientes, no derivan de algún acto de autoridad emanado del Gobierno Federal y, si bien pudieran obedecer a la intención de garantizar las condiciones de seguridad de la mina ante posibles riesgos de explosividad por acumulación de gases, se trata de una decisión de la empresa que no incide en el ámbito competencial de estas dependencias”.
Lo anterior, dijo el obispo, sólo justifica que el Gobierno de Coahuila permite que el grupo México “borre sus crímenes, limpie sus crímenes porque lo que ahora están haciendo no sólo es sellar la mina, sino limpiar toda evidencia de los restos porque los restos hablan”, afirmó el obispo.
Agregó: “El gobierno del estado de Coahuila tiene que mostrar un justificante escrito o que hizo un peritaje donde se compruebe que hay peligro por explosión de gases, de lo contrario, es ilegal lo que ha hecho a través de la policía estatal”.
Expresó que los lamentos que hizo el gobernador (Humberto Moreira) cuando sucedió el siniestro, ahora no tienen valor ya que “la acción que hizo está contra los ciudadanos de este estado, él le está echando la policía a sus ciudadanos por los que lloró en aquel tiempo”.
Hizo ver que no es la primera vez que se envía a la policía, ya que la primera fue en apoyo al exgobernador Rogelio Montemayor, cuando entró a la mina a instalar una lavadora.
El pastor comentó que es responsabilidad de la Iglesia denunciar las injusticias, como Jesús lo hizo en su tiempo, por lo que dijo, es una injusticia que 614 personas se hayan quedado sin un sustento económico porque la empresa “no tenía un sistema de seguridad”.
“Cuando Jesús habla de liberar a los presos, hablaba de liberar de tanta injusticia, de tantas actitudes de políticos que se vuelven cómplices de empresarios”, como en este caso en Pasta de Conchos.
Desgraciadamente todavía hay muchos pobres que siguen pagando las consecuencias de tantas acciones derivadas de quienes tienen el poder, aseguró.
Al retomar una cita del evangelista Lucas donde dice que Jesús desenrolló el papel y leyó la cita El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a llevar la Buena Nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos…”, don Raúl aseguró que existen nuevas opresiones y esclavitudes como aquellas donde “muchos quedan en la calle y otros hacen fortuna”.
Citó la situación que viven las viudas de Pasta de Conchos, quienes por cuatro años han pedido el rescate de los 65 mineros que se quedaron en la mina debido a la explosión del 19 de febrero del 2006.
Muchas de ellas todavía no arreglan la pensión, mientras que el Grupo México, dueño de la Mina, busca la manera de reiniciar las actividades para continuar la explotación del carbón.
La última acción fue el “resguardo de las instalaciones” que la policía estatal del estado de Coahuila realizó la madrugada del 7 de junio, acción que “es ilegal mientras el gobierno no demuestra un comprobante por escrito”, dijo don Raúl.
Comentó que la Secretaría del Trabajo emitió un boletín de prensa donde se deslinda de toda responsabilidad; en uno de los párrafos de dicho escrito dice: “…las acciones realizadas por la empresa Industrial Minera México S.A. de C.V. apoyadas por las autoridades del Gobierno del estado de Coahuila, consistentes en continuar con las labores de sellado pendientes, no derivan de algún acto de autoridad emanado del Gobierno Federal y, si bien pudieran obedecer a la intención de garantizar las condiciones de seguridad de la mina ante posibles riesgos de explosividad por acumulación de gases, se trata de una decisión de la empresa que no incide en el ámbito competencial de estas dependencias”.
Lo anterior, dijo el obispo, sólo justifica que el Gobierno de Coahuila permite que el grupo México “borre sus crímenes, limpie sus crímenes porque lo que ahora están haciendo no sólo es sellar la mina, sino limpiar toda evidencia de los restos porque los restos hablan”, afirmó el obispo.
Agregó: “El gobierno del estado de Coahuila tiene que mostrar un justificante escrito o que hizo un peritaje donde se compruebe que hay peligro por explosión de gases, de lo contrario, es ilegal lo que ha hecho a través de la policía estatal”.
Expresó que los lamentos que hizo el gobernador (Humberto Moreira) cuando sucedió el siniestro, ahora no tienen valor ya que “la acción que hizo está contra los ciudadanos de este estado, él le está echando la policía a sus ciudadanos por los que lloró en aquel tiempo”.
Hizo ver que no es la primera vez que se envía a la policía, ya que la primera fue en apoyo al exgobernador Rogelio Montemayor, cuando entró a la mina a instalar una lavadora.
El pastor comentó que es responsabilidad de la Iglesia denunciar las injusticias, como Jesús lo hizo en su tiempo, por lo que dijo, es una injusticia que 614 personas se hayan quedado sin un sustento económico porque la empresa “no tenía un sistema de seguridad”.
“Cuando Jesús habla de liberar a los presos, hablaba de liberar de tanta injusticia, de tantas actitudes de políticos que se vuelven cómplices de empresarios”, como en este caso en Pasta de Conchos.
Desgraciadamente todavía hay muchos pobres que siguen pagando las consecuencias de tantas acciones derivadas de quienes tienen el poder, aseguró.
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