PLAZA PÚBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa/ El Siglo de Torreón
4 Sep. 11
Se han multiplicado las voces, incluidas algunas de su
propio partido, que le demandan a Fernando Larrazabal que se vaya, que pida
licencia al menos durante el tiempo en que se esclarezca la posición de su
hermano
Una regla inflexible, con muy pocas excepciones, es que
quienes pretenden defender su reputación en los tribunales arrastran ya mala
fama o mala conciencia. En general, acuden a la justicia para obtener
certificados de honradez quienes carecen de ella. Ése es el caso de Manuel
Jonás Larrazabal, quien denunció por difamación a quienes hicieron conocer su
manía de cobrar dinero en casinos, todavía no se sabe por qué concepto.
Tras haber pretendido resguardar su honra a través de su
abogado, Larrazabal acudió personalmente a la Procuraduría a ratificar su
denuncia. Lo hizo, pero después se convirtió en imputado. Ahora está arraigado
en la instalación que para ese efecto mantiene el Ministerio Público en el
centro de Monterrey. A partir precisamente de los videos y fotografías
difundidos por los diarios de Grupo REFORMA, se investiga a qué título recibió
en varias ocasiones dinero en efectivo en casinos regiomontanos. Y se indagará
también el que acudiera a una de esas casas de juego sólo cinco días después de
que los operadores de ese establecimiento fueran intimidados con violencia para
persuadirlos de pagar protección.
Tal vez lo hicieron, y Larrazabal habría sido el cobrador.
Él insiste en lo que todo el mundo considera una patraña: que se dedica al
comercio de productos de origen oaxaqueño, que es el suyo propio, y que fue
captado por las cámaras que lo denuncian, en el acto de cobrar el
aprovisionamiento de queso y de mezcal. No hay seña de que se dedicara a ese
giro mercantil. Sí la hay de que miente: dijo en su denuncia que siempre ha
trabajado con apego a la ley. Hay evidencia, en cambio, de que la violó más de
una vez al recibir sueldos en el Ayuntamiento regiomontano, durante varias
administraciones, sin devengarlos. Era "aviador" y dos veces lo
hicieron aterrizar.
Ahora está arraigado, y convive con los presuntos
incendiarios del Casino Royale, la secuela de cuya quemazón está haciendo que
la crisis de violencia e inseguridad que vive Nuevo León en general y
principalmente la región metropolitana de Monterrey desde hace siete años se
convierta en crisis política. Es probable que también sea alojado en ese centro
el agente de la policía estatal detenido como partícipe de la banda que prendió
fuego a aquel casino y con ello asesinó a 52 personas.
A causa de la conducta de su hermano, está en entredicho el
Alcalde de la capital, Fernando Larrazabal, que pretendió distanciarse de su
familiar, renegando de él, como si casi no lo conociera, siendo que le presta
una casa donde reside habitualmente. Es verdad que no existe el delito de
fraternidad incómoda y no hay derecho a extender al Presidente Municipal la
responsabilidad penal en que incurra un miembro de su familia. Pero sus
contradicciones y titubeos lo han colocado en posición frágil, al punto de que
se han multiplicado las voces, incluidas algunas de su propio partido, que le
demandan que se vaya, que pida licencia al menos durante el tiempo en que se
esclarezca la posición de su hermano. Y la suya propia, porque puede
conjeturarse que los cobros realizados por Manuel Jonás eran hechos en beneficio
de Fernando, para que la autoridad municipal no estorbara el funcionamiento de
las casas de apuestas afectadas.
En cambio, el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, que
padeció meses atrás un asedio difuso que anunciaba su renuncia un día sí y otro
también, parecía consolidado con la eficacia con que sus colaboradores en
materia de seguridad y de procuración de justicia hallaron en brevísimo plazo a
algunos de los incendiarios y asesinos del 25 de agosto. Se habían reunido
varios hechos venturosos para la identificación y localización de los
responsables. A la fortuna de contar con videograbaciones que mostraban a los
presuntos homicidas al llegar al Royale y antes, al surtirse del combustible
que utilizarían allí, se agregó la pericia de los investigadores. Huellas de
los bandoleros fueron buscadas en el registro respectivo de la Procuraduría
estatal y eso permitió la aprehensión de los responsables. Los cinco detenidos
confesaron su participación en los sucesos, y fueron mostrados a la opinión
pública. Si bien faltan detenciones, se proclamó que el caso estaba resuelto.
Pero se trata sólo de una apariencia. En la misma noche del
grave suceso, Medina distribuyó culpas entre las instancias municipales y las
federales, que las tienen. Pero pronto salió a la luz el papel del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, cuyos fallos permiten funcionar a los casinos
que nacen o caen en la ilegalidad. Y ese tribunal depende del Ejecutivo, que
designa a sus Magistrados. Por otro lado, si los cinco capturados no fueron
consignados ante un Juez, sino que sólo se demandó su arraigo, es porque no
puede formularse contra ellos una acusación sólida, susceptible de ser aceptada
por la justicia. Y para colmo, la Policía Federal detuvo a un agente estatal de
seguridad, lo que despierta dudas sobre la integridad de la corporación a que
pertenece.
Quizá por esos indicios sobrevino el jueves el demoledor
juicio de los principales empresarios de Monterrey sobre el decepcionante
desempeño de los gobernantes locales. El lunes, algunos de los hombres de
empresa que emitieron su veredicto habían sido recibidos por el Presidente
Calderón, que con tal de escucharlos aplazó el compromiso anunciado de recibir,
de manos del Rector José Narro Robles, la aportación de la UNAM para revisar la
estrategia de combate al crimen organizado. Era urgente para Calderón
encontrarse con los líderes empresariales a los que no vio durante su breve
visita del viernes anterior a Monterrey.
Tal vez en esa reunión quedó claro a los líderes
regiomontanos el estado de la cuestión. El hecho es que por lo menos tres de
ellos produjeron días después su agrio juicio sobre sus autoridades locales. La
ocasión para hacerlo fue la entrega del premio que lleva el nombre de don
Eugenio Garza Sada. El orador fue el Ing. José Antonio Fernández, presidente de
FEMSA, el consorcio que si bien perdió el control de su división cervecera, ha
prosperado sostenidamente como embotellador de Coca-Cola y como propietario de
la cadena de misceláneas Oxxo, diseminadas en todo el País.
No se limitó a recordar las virtudes humanas y empresariales
de Garza Sada, líder de una comunidad industriosa y pujante, víctima él de una
crisis de violencia armada que el Estado mexicano tardó en aplacar. Ni se
redujo a enumerar los méritos de los premiados. Era ineludible que se expresara
sobre la inseguridad creciente, sobre todo porque hablaba en el Tecnológico,
que ha sufrido en carne propia los funestos yerros del embate contra la
delincuencia organizada. De modo que no se anduvo con ambages:
"Hay que decirlo con todas sus letras: las autoridades
de los diferentes ámbitos de Gobierno de Nuevo León han tenido un desempeño
evidentemente insatisfactorio y decepcionante", dijo. Agrego que "si
la realidad no es peor es sólo porque los delincuentes interpretan que no les
conviene". Y dictaminó contundente: "No hay control de la
plaza".
Y si bien en tono autocrítico se preguntó por las omisiones
de las familias, los maestros, los empresarios y los medios de comunicación en
la génesis de la actual realidad, insistió en las responsabilidades
gubernamentales: "¿Qué hicieron o dejaron de hacer nuestros gobernantes
para fomentar un ambiente de impunidad y de corrupción, un sistema de
procuración y administración de justicia tan tortuoso y corrupto?".
El presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, que no obstante
las tribulaciones de sus empresas conserva autoridad moral en la vida social de
Nuevo León, expresó su acuerdo pleno con Fernández. Y Eugenio Garza Herrera,
presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, fue aún más allá:
"La autoridad no ha cumplido, la autoridad estatal y municipal no ha
cumplido. No es que no esté cumpliendo. Ya no cumplió".
Es decir, no se trata de darles una nueva oportunidad, de
renovar la exigencia. Eso no se ha dicho con todas sus letras, pero sí entre
líneas. Deben marcharse los funcionarios desidiosos o incapaces, y con mayor
razón los que se benefician de la complicidad con delincuentes e infractores.
Ni el priista que gobierna el Estado ni el panista que encabeza el Ayuntamiento
regiomontano han podido, en esta crisis y muchos episodios precedentes,
satisfacer las demandas ciudadanas. Que se vayan.
miguelangel@granadoschapa.com
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