¿Qué tenemos que celebrar?
Margarita García Durán, mazahua, ex presa política originaria de San Antonio Pueblo Nuevo, municipio San Felipe del Progreso, Estado de México.
Los pueblos indios no tenemos nada que festejar porque siempre somos los discriminados, los marginados, los olvidados de este país. No se puede festejar nada cuando sabemos que hay millones de personas que no tienen salud, educación, justicia, así no tenemos nada que festejar. En dado caso una conmemoración de las personas que dieron la vida por dejarnos bien, pero los malos gobiernos cada día nos quitan lo que nos dejaron y al final de cuentas estamos de mal en peor.
Soy expresa política reconocida por Amnistía Internacional. Fui detenida de una forma brutal en San Salvador Atenco. Para mí no hay independencia cuando realmente te están sometiendo, controlando, golpeando, encarcelando y te están levantando falsos para tenerte encerrado.
Fui presa un año seis meses con cinco días por delitos que no cometí. Yo les dije que les iba a demostrar que era inocente. Más de un año después me dejaron absuelta, sin culpa de nada, mientras la familia estuvo sufriendo… y acaso alguien se molestó en decirme ‘disculpe usted, fue un error’.
Estas celebraciones nosotros los pueblos indígenas decimos que hay todo ese dinero malgastado, mientras mucha gente quisiera tener un centavito para sobrevivir. Cada año arreglan aquí (el zócalo de la ciudad) y se ven muy bonito las fachadas y que el penacho y todo eso. Ellos dicen que quieren rescatar una cultura. ¿Cómo? ¿A través de las paredes? Van a escavar debajo de la tierra y no van a encontrar nada, porque aquí estamos los vivos, los que hablamos una lengua, los que tenemos una vestimenta, los que hacemos nuestra artesanía. Qué más quieren buscar, no lo entiendo.
En este país no hay justicia, no hay paz, no hay democracia. A los pueblos indios los felicito porque después de más de 500 años todavía hay una resistencia.
Santos de la Cruz Carrillo, wixárika, comisariado agrario de Bancos de San Hipólitco, Durango. Los pueblos indios de México estamos en una situación de exterminio y amenaza, por lo tanto no podemos celebrar algo que no se ha resuelto. El Estado mexicano no nos ha querido reconocer en la Constitución, traicionaron los Acuerdos de San Andrés. No veo la forma de por qué celebrar el bicentenario.
Para nosotros la revolución es un cambio, pero hablamos de una revolución alternativa. La revolución de la que habla el Estado mexicano solamente la usa para engañar.
Héctor Ramírez Cabada, o´dham de Santa María Ocotoal, Durango. Qué podemos celebrar si nuestras tierras no están completas. Falta mucho por recuperar. En mi pueblo falta terreno, no tenemos nada. Ellos, en el gobierno, quieren celebrar porque tienen terrenos y todo eso.
Salvador Campanur Sánchez, purhépecha de Cherán, Michoacán. Los que están celebrando ahorita el bicentenario y el centenario son la gente de arriba porque han mutilado nuestra Constitución de 1917. Con el tlcan es como si ahorita tuviéramos dos constituciones, la de 1917 y la del Tratado de Libre Comercio con sus 2 460 artículos. La gente de arriba, de los dineros, la gente que oprime y explota, la gente que hace más pobre a la gente de abajo, ésa es la que quiere celebrar el bicentenario. Son ellos los que han mutilado a nuestra Constitución, por lo tanto se están robado la Revolución, la quieren privatizar.
Nosotros, la gente de abajo, de izquierda y anticapitalista nada tenemos que celebrar con ellos. Nosotros lo celebraremos a nuestro modo con las autonomías y con la libre determinación. Por eso estamos en La Otra Campaña.
Emanuel Flores, ñahñu de San Pedro Atlapulco, Estado de México. Estamos peor que hace 100 y 200 años. Seguimos siendo oprimidos y perseguidos. Están acabando con nuestra cultura, con nuestro territorio y con nuestras formas de organización y hasta con nuestro pensamiento. Entonces no tenemos nada que celebrar y al contrario, tenemos que preocuparnos por recuperar toda la historia de nuestros pueblos.
Los festejos son una mercadotecnia para el gobierno. Están despilfarrando dinero y dando trabajo a empresas transnacionales. Los pueblos indios siempre somos los que nos rajamos en todo, y otros se alzan diciendo que el centenario y que el bicentenario, y a nosotros nunca nos agradecen lo que luchamos. Se derramó sangre de nuestros abuelos, padres, hermanos y no nos toman en cuenta, al contrario, sólo nos quieren exterminar.
Antonio Quiroga, mazateco de San José Tenango, Oaxaca. Migrante en la ciudad de México. La revolución no la hicieron los burgueses, pero los festejos los están haciendo ellos. En la ciudad de México valen madres los festejos del gobierno. Para nosotros la revolución aún no termina. Nosotros vamos por La Otra Revolución. Al rato que hagamos la revolución en el centro histórico nosotros estamos puestos, no sólo como indígenas sino como mexicanos.
Los festejos oficiales son gastos inútiles, sólo quieren presentarle al mundo un México que no existe. A nosotros no nos interesa lo extranjero. Hay extranjeros buena onda y pues que vengan y hagan la revolución con noso tros.
Rocío Moreno, coca de Mezcala, Jalisco. ¿Qué tenemos que celebrar? Nosotros creemos, sobre todo por el pueblo donde estamos, que nada y menos de la manera en que lo están haciendo. En la comunidad de Mezcala tenemos una de las resistencias más dignas de los movimientos indígenas, y los gobiernos federal y estatal la han querido tomar como bandera del festejo, cuando ni es de ellos la fiesta ni son los invitados. Ellos están entrando con ese pretexto a la comunidad, pisoteando los derechos históricos y queriendo privatizar el territorio, lo que nosotros conocemos como el corazón del pueblo, que es la isla de Mezcala.
Ese festejo de la liberación del país, lo convierten de nuevo en una lucha abierta de nosotros con ellos, porque quieren hacer lo mismo que hicieron hace 200 años. La isla de Mezcala es el corazón de la comunidad, el centro de la tierra. Para el gobierno representa edificios que construyeron los españoles. Las trincheras de los insurgentes las convirtieron en cercas porque no les gustaban y tumbaron la historia. Lo poquito que quedó fueron unas cárceles de las fuerzas realistas y eso es lo que quieren mostrar ahora. Ellos dicen que perdió la comunidad, pero no sotros cada 25 de noviembre celebramos el triunfo de nuestros insurgentes, nunca como una derrota.
Testimonios originalmente recogidos en video para la revista Desinformémonos (www.desinformemonos.org).
Entrevistas: Gloria Muñoz Ramírez
Algunas observaciones sobre México
El TLCAN, instrumento de dominación
Noam Chomsky
El libro colectivo Un nuevo mundo de resistencia indígena, recientemente publicado en Estados Unidos (City Lights Books, 2010, 416 pp), incursiona con amplitud en el panorama de las luchas populares en las Américas. A partir de dos amplias entrevistas iniciales con Noam Chomsky, una veintena de dirigentes indígenas y analistas de primer orden elaboran un mosaico inquietante y revelador sobre la región: Jaime Martínez Luna, Fausto Sandoval, Gustavo Esteva, Felipe Quispe, Raúl Zibechi, Luis Macas, Guillermo Chen Morales y Glenabah Martínez, entre otros. El volumen, que cierra con una entrevista más a Chomsky, está a cargo de Lois Meyer y Benjamín Maldonado Alvarado; las tres entrevistas (2004, 2007 y 2009) fueron realizadas por Meyer. Dados su valor y actualidad, hemos seleccionado y traducido las observaciones más notables del lingüista, analista y activista estadunidense sobre nuestro país y la fatídica vecindad con el suyo.
El Estado mexicano resulta ser bastante violento. Y los mexicanos enfrentan ahora un riesgo de terror estatal, algo que nosotros tenemos en menor medida al norte de la frontera. Si bien muchos problemas son parecidos, acá no enfrentamos ese riesgo, no porque dicho terror no pueda existir, sino porque no se compara con lo que hay en México.
Si vemos lo que sucede alrededor del mundo, las guerras más violentas y criminales son en gran parte huella de los esfuerzos de los poderes imperialistas europeos, incluido Estados Unidos, para imponer sistemas de Estado-nación en regiones donde éstos no corresponden a los intereses de sus pobladores. Ello conduce a conflictos violentos. África está desgarrada por esto. India y Pakistán viven al borde de una guerra nuclear. A donde uno voltee, los conflictos mayores son así. Tomen Rusia y Chechenia, o Estados Unidos y México.
No es ningún secreto que Estados Unidos conquistó la mitad de México. Y su frontera, como casi todas las fronteras, era y es completamente artificial, producto de la violencia. Gente básicamente similar vivía en ambos lados, así que era bastante porosa. Muchos iban y venían. Y así siguió en buena medida hasta la llegada del NAFTA (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América el Norte, TLCAN). El gobierno de Clinton comprendió que el efecto del Tratado en México iba a ser de milagro económico para un pequeño porcentaje de la población y para los inversionistas estadunidenses, no para la mayoría de los mexicanos, así que se generarían más desplazamientos hacia el norte. En consecuencia militarizó la frontera, preventivamente. Ahora, cientos de mexicanos mueren cada año tratando de traspasar una frontera que solía ser porosa.
Haber seguido el camino del ajuste estructural y las reformas neoliberales llevaría a México al desastre, una década después de la firma del Tratado (con Estados Unidos y Canadá).
Entonces existía la preocupación de que México se moviera en una dirección más independiente. De hecho, el Pentágono realizó una importante conferencia de estrategia, en 1990 o 1991, donde numerosos expertos en América Latina discutieron la región. Concluyeron que las relaciones entre Estados Unidos y México estaban en buenas condiciones. Pero había una nube en el horizonte, dijeron. La llamada “apertura democrática” era una amenaza potencial, pues México podría optar por sus intereses propios en vez de permanecer bajo el control de Estados Unidos. Bueno, hubo una respuesta a eso. La solución se llama TLCAN.
Uno de los principales objetivos el Tratado, y se dijo abiertamente, sólo cito, fue “ponerle candados a México” para que cumpliera con las “reformas”, es decir las reglas neoliberales. Si se consigue encerrar a México en esas reglas mediante un tratado, aún si hubiera “apertura democrática” (esa cosa tan peligrosa), no podrá hacer mucho gracias a los candados. Ésa es la ruta en la que está México. Nada lo obliga a permanecer ahí, pero sigue en eso. Fue concertado y deliberado, y ahora México se encuentra atrapado de un modo que el resto de países no. Y tendrá que zafarse por su cuenta. Puede. Como en el Cono Sur, Argentina logró quitarse de encima al Fondo Monetario Internacional. México no tendría que seguir en el TLCAN. Nunca fue un acuerdo entre la gente de América del Norte. De hecho, la mayoría se opuso. Y los hicieron tragárselo de todos modos, casi en secreto. No sorprende que haya resultado tan dañino para el pueblo trabajador de los tres países.
Uno de los objetivos de Tratado es sacar a la gente de sus tierras. Hay una teoría económica abstracta según la cual México no debería producir maíz. El lugar que lo inventó no debería estarlo cultivando. ¿Por qué? porque los agrobísnes, bien subsidiados, lo producen más barato. En consecuencia, los mexicanos han de trasladarse a las ciudades y buscar trabajos que no existen, y dirigirse entonces a la frontera porque en México no tuvieron modo de sobrevivir. Esto es parte del TLCAN.
Las resistencias populares en México tienen sus propias características específicas. En Estados Unidos es distinto. Una diferencia es que las tribus nativas fueron diezmadas en el norte, mientras que en México prevalecen en gran número. En esto, el país es comparable, tal vez, más con Europa que con Estados Unidos. Pero cada lugar es distinto.
Los tiempos actuales son más esperanzadores que antes para las comunidades indígenas. Y más esperanzadores que nunca en el pasado. El proceso de empujar a la gente a estados nacionales homogéneos ha sido brutal y agresivo. Esto viene de siglos atrás, cuando Europa intentó imponer sistemas así en todas partes. El proceso también ha sido evidente en otros sistemas imperiales, como el de los aztecas. Siempre son agresivos, brutales y violentos, y siempre han encontrado resistencia.
Ésta es la primera vez que existe una significativa solidaridad internacional y popular que nace de las comunidades regionales. El efecto de los zapatistas es el caso clásico que inspira a buena parte del movimiento global por la justicia, y queda en condiciones de establecer una solidaridad mutua.
Copala sigue sitiada
Más asesinatos
La situación en el municipio autónomo triqui de San Juan Copala, Oaxaca, es alarmante. Siguen los asesinatos contra sus miembros. En medio de la actual trivialización de cifras de emboscados y ejecutados a nivel nacional, la cuenta de Copala crece en la escala de un nuevo crimen de Estado por la violencia impune de paramilitares armados que llevan diez meses sitiando la comunidad a fuego y miedo, protegidos por la procuraduría y la policía estatales, y la tácita “tolerancia” del gobierno del pri.
El 5 de septiembre, el municipio autónomo denunció el asesinato de otro compañero suyo, Pedro Santos, autoridad de Agua Fría Copala. Viajaba con su esposa y su hermana, quienes lograron identificar a los agresores, pertenecientes al Movimiento Unificado de Lucha Triqui-Partido de Unidad Popular (MULT-PUP)”, el cual se presenta como adherente de la Otra Campaña. Más gente de Agua Fría confirmó que “los agresores son Emiliano Martínez Santos, Camilo Ramírez de Jesús y Francisco Merino Flores, acompañados por Antonio Cruz García (El Pájaro), uno de los principales agresores de la caravana del 27 de abril” (en la que fallecieron Beatriz Cariño y Jiri Jaakola), como pistolero de la “extinta” Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).
Poco antes, el pasado 21 de agosto fueron asesinados al pasar por Hierbasanta (comunidad del MULT) Antonio Ramírez López, de 72 años de edad y “dirigente moral” del municipio autónomo, Antonio Cruz García y Rigoberto González; resultaron heridos Víctor de Jesús González y Alfredo Martínez González, todos de Agua Fría y Santa Cruz Tilapa, Copala.
La autoridad autónoma se preguntó entonces: “¿Qué es más inmoral, denunciar o callar como si la vida de nuestros hermanos no valiera nada; o peor aún callar para después ir a los palacios de gobierno para acordar el precio que tiene la vida de un indígena y entregar a sus familiares un porcentaje de lo que se logró negociar; ésa es la moral de los dirigentes del MULT, a los que hacemos responsables directos junto con UBISORT de la muerte de nuestros compañeros”. La agresión hizo que se cancelara una caravana que saldría dos días después a la ciudad de México, la cual organizaban los caídos.
El día 22, las mujeres en plantón en el centro de Oaxaca expresaron: “Nuestro pueblo triqui sigue siendo golpeado, no hay día de calamidad que no conozcan nuestras gentes, el dolor y la rabia está en nuestros corazones, mujeres, niñas, ancianos, hombres, todos padecemos la injusticia de las instituciones y los paramilitares, la muerte de compañeros se suma siempre a una estadística que no tiene fin. ¿Cuanto más tenemos que decir que nuestra lucha es por dignidad, justicia, libertad, trabajo, respeto? ¿Cuanto más tenemos que llamar al pueblo que está callado y agachado para que se sume a la lucha por libertad, respeto a su autonomía y la autodeterminación, para decidir nuestro destino como pueblos indígenas y reclamar al Estado mexicano que violenta nuestro derecho?”.
Días antes del crimen en Hierbasanta, organismos civiles de Oaxaca denunciaban la impunidad existente: las celebraciones del bicentenario sirven como “telón” para “una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, tolerada y fomentada por el gobierno mexicano en los rincones más pobres y vulnerables de nuestro territorio”. El caso “más indignante”, decían, es San Juan Copala, corazón político y ceremonial de las comunidades de la Triqui baja.
“Desde diciembre de 2009, la población sufre el acoso de grupos paramilitares bajo las órdenes de los caciques priístas locales, apadrinados por Ulises Ruiz, que buscan el control del territorio y de los recursos de esta región de la Mixteca. Un cerco armado que dispara día y noche sobre hombres, mujeres y niños de la comunidad, y ha confinado a una población entera a vivir en el terror. Sin luz, agua ni posibilidades de abastecerse de alimento, la situación de los habitantes de Copala es alarmante”.
También han sido asesinados Teresa Bautista y Felícitas Martínez, locutoras de la radio autónoma; Timoteo Alejandro, líder y fundador del municipio autónomo, y su esposa Cleriberta Castro. Los crímenes “permanecen impunes sin que se inicie una investigación, a pesar de que se ha denunciado a los responsables, Rufino y Anastacio Juárez Hernández, cabezas de UBISORT”.
Tras la muerte de Pedro Santos, el corresponsal de Prensa Indígena reportó desde Agua Fría (5 de septiembre) que Jorge Albino Ortiz, representante de Derechos Humanos de San Juan Copala, señalaba que “militantes del MULT en alianza con UBISORT continúan acabando con los que integran el municipio autónomo”. Expuso que las organizaciones mencionadas “continúan con balaceras contra el palacio municipal de Copala, por lo que la tensión ha aumentado demasiado” y pidió al gobierno federal “su intervención para acabar con la ola de ataques y asesinatos por parte de grupos del poder controlados desde las cúpulas del gobierno estatal”. Esto, claro, implica el riesgo de una militarización que podría empeorar las cosas.
Ante la recurrente evidencia de que en estas ejecuciones participan miembros del MULT, el 22 de agosto el municipio autónomo llamó a la solidaridad nacional e internacional. “Y a los compañeros de la Otra Campaña les pedimos que reflexionen y vean para adentro de sus corazones, se darán cuenta que nosotros no tenemos problema con ninguna comunidad del pueblo triqui, es la dirigencia mestiza del MULT la que sin conocer nuestros pueblos y nuestra cultura han pervertido la lucha que por siglos San Juan Copala ha dado al lado del pueblo de Oaxaca”.
La violencia no cesa. El 7 de septiembre, gente de UBISORT atacó nuevamente Copala. Entraron disparando, y resultaron heridas Francisca de Jesús García y Natalia Cruz Bautista, “quien además fue violada por los paramilitares”. Los pobladores identificaron entre los agresores a Julio César Martínez, Bernabé Cruz Santiago, Ramiro Domínguez García y Mauro Vázquez.
Ojarasca
Narco y fuerza pública
Contra los nahuas autónomos
de Ostula
Gloria Muñoz Ramírez. El costo de la recuperación de tierras en Ostula, Michoacán, ha sido muy alto: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante. Pero Evaristo Domínguez, uno de los comuneros que el 29 de junio de 2008 recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita, señala sin titubeos: “Nos duele mucho que sea así, pero ni modos. Estamos convencidos de que una lucha así se gana, con vidas. Algo tiene que pasar. De aquí no nos vamos. Ya tomamos posesión por tercera ocasión y esta vez no nos vamos. Ya no”.
“Ostula es la puerta de entrada hacia todo nuestro territorio. Por eso decimos que si vencen a Ostula nos vencen a todos. El gobierno puede decir ‘ya vencimos a Ostula y ahora vamos por El Coire y Pómaro. Las tres comunidades son ricas en minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción que nosotros cuidamos”, advierte por su parte Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire y activo luchador en la recuperación de las tierras.
La osadía de los comuneros de Ostula, apoyados siempre por sus vecinos de Coire y Pómaro, es haber recuperado un territorio que les pertenece, pero que disputan narcotraficantes, inversionistas inmobiliarios, supuestos pequeños propietarios y empresas mineras.
Una de las más recientes agresiones ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando más de mil hombres armados pertenecientes al Ejército Federal, la Policía Federal y la Marina Armada de México cercaron la cabecera municipal de Santa María Ostula supuestamente buscando armas. Tres días después un grupo paramilitar de unas 150 personas que decían ser de La Placita entraron fuertemente armados a Ostula y El Coire a repartir propaganda en apoyo a sus actividades, con la fallida finalidad declarada de asesinar a Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire.
El historial de agravios es enorme, alarmante y reciente: “El 29 de junio fue secuestrado el comunero Máximo Magno Valladares sin que se conozca su paradero. El día 17 de julio fue asesinado en la carretera federal el comunero Humberto Santos Valladares. El 19 de julio fue baleado el comunero Roberto Arceo; posteriormente, el 27 de julio fueron asesinados los comuneros Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; unos días después, el 3 de agosto, fue asesinado el comunero José Martínez Ramos. En todos estos casos se habla de la acción concertada de cárteles que han penetrado nuestra comunidad en los últimos meses y que gozan de protección gubernamental”, señalan en el comunicado difundido el pasado 17 de agosto.
De igual modo, en un operativo conjunto de la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Policía Estatal, el 2 de agosto los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, del poblado El Duín, y Arnoldo Robles Luna, de la cabecera de Ostula, fueron detenidos, cada uno en su domicilio, sin que existiera orden de aprehensión en su contra ni orden de cateo para entrar a sus casas. A Timoteo Ramírez “los enviados de la ley le sustrajeron 6 mil pesos. Ese mismo día se tomó también por asalto la casa del comunero Semeí Verdía y sustrajeron de ella la cantidad de 12 mil pesos y diversos valores. El gobierno manifestó falsamente que Timoteo Ramírez y Arnoldo Robles fueron detenidos juntos y en posesión de armas a bordo de una camioneta en la carretera federal pues, de otro modo, no les era posible justificar su inconstitucional proceder”, señalan los comuneros.
“Los que tienen el poder en este país, llámense gobierno, narcotraficantes o empresarios trasnacionales, han desatado una guerra de terror en contra de nuestra comunidad que, escondida tras la máscara de la supuesta guerra contra el narcotráfico, busca sembrar terror en nuestra población para frenar nuestra justa lucha, imponer los intereses de las empresas mineras que empiezan a invadir el territorio nahua, ilegalizar la autodefensa comunal, acabar con nuestras autoridades y organización comunal y promover la participación de jóvenes indígenas en los cárteles del narcotráfico, como vil carne de cañón para provocar la división y la descomposición social al interior de las comunidades indígenas”.
Los rarámuri “estorban” al turismo
El gobierno ya “vendió” sus tierras
La expropiación de territorios indígenas en beneficio de programas turísticos que no sólo los despojan de sus tierras, sino que atentan contra su cultura, es la constante a lo largo del territorio nacional. El caso de los rarámuri (conocidos como tarahumaras), en la sierra de Chihuahua, no es la excepción. Se sabe, por ejemplo, que actualmente hay 22 casos agrarios pendientes en los tribunales de Chihuahua, de los cuales en 11 está documentado el desplazamiento de 1 712 familias rarámuri de sus tierras.En 2003 (cita el periodista chihuahuense Alejandro Chávez) “271 mil hectáreas situadas en el municipio de Bocoyna, declaradas territorio nacional, fueron vendidas a un particular, quien después se las revendió al estadounidense Skip McWilliams en el predio conocido como Recowata; y en el poblado de Abogato, del ejido de San Alonso, serán vendidas tierras de tarahumaras para la construcción del teleférico de las Barrancas del Cobre”. Esta noticia fue de marzo de este año y seis meses después es una realidad.El ya famoso proyecto del teleférico en tierras tarahuamaras, afectará una superficie de 16 924 hectáreas, en la que habitan un total de 203 familias indígenas con un promedio de 7 miembros por familia, lo que hace una población total de aproximadamente 1 421 personas afectadas.Las autoridades tradicionales de las comunidades tarahumaras de Bacajípare, Huetosachi y Mogotavo, del municipio de Urique, Repechike y Bocoyna, denunciaron que han sido presionadas “para dejar nuestras tierras porque hay gente de afuera que quiere quedarse con ellas… Estas tierras las hemos ocupado de siempre, primero por nuestros abuelos y nuestros padres, ahora por nosotros y nuestros hijos y por esta causa hemos sufrido amenazas a nuestra vida, agresiones verbales y escritas e intentos de desalojo”. Los afectados han presentado denuncias ante los tribunales agrarios, civiles y penales sin obtener, por supuesto, ninguna respuesta.El pasado 12 de agosto, dos días después de que los rarámuri denunciaron el despojo ante la onu, obtuvieron una respuesta de Héctor Valles, secretario de Desarrollo Comercial y Turismo del gobierno de Chihuahua, quien sin pudor alguno declaró que le resulta “sospechoso” que surjan personas inconformes con el proyecto turístico. Las declaraciones del funcionario difundidas en El Diario de Chihuahua no tienen desperdicio. Para él la Barranca del Cobre y sus alrededores, donde han vivido ancestralmente las comunidades tarahumaras, “son una joya olvidada que tiene mucho potencial turístico”. Valles dice desconocer a las autoridades de los pueblos rarámuri. Para él, el modelo a seguir es el que siguen las comunidades indígenas en Nuevo México, Estados Unidos, “donde les va muy bien con los proyectos turísticos”. En cambio, dice, “aquí todo se cuestiona y no se quiere que se haga nada, todo se ve con desconfianza y abuso, se bloquean los proyectos y se prefiere que las comunidades sigan en la pobreza extrema”. Martín Moreno y María Monarca, gobernadores tradicionales de Bacajípare y Huetosachi, respectivamente, explicaron que “desde que arrancó el proyecto turístico Barrancas del Cobre la vida comunitaria se alteró y no saben si podrán seguir viviendo en sus casas y sembrando sus tierras, como lo han hecho por generaciones”, consignó la corresponsal de La Jornada en Chihuahua.Las autoridades rarámuri denunciaron que “empresarios y políticos se disputan la zona para construir hoteles, restaurantes y tiendas para miles de turistas que visitan las Barrancas del Cobre, y se prevé que llegue más gente con las obras de infraestructura en marcha, entre ellas el teleférico, cuya inauguración está planeada para principios de septiembre”.
En México se lastima
a nuestros países hermanos
En el momento más bajo de su prestigio latinoamericano, cuando opera como un descarado esquirol de sus vecinos del sur, México fue ahora escenario de una estúpida masacre de escala continental.Pobres e indígenas de varias naciones hermanas fueron victimados en un rancho de Tamaulipas cerca de la frontera con Estados Unidos. Un episodio “aislado” según el gobierno calderonista (que entre más logre “aislarlo”, mejor se va a sentir), cuyo efecto ha sido demoledor. 72 personas, una mujer embarazada (o sea 73), ejecutados fríamente por delincuentes casi que porque sí. Porque su vida vale aún menos que la tan devaluada vida de los nacionales. Se trata, no de una excepción de los matones, sino de un reflejo cultural por desprecio competitivo contra los migrantes del sur que quieren llegar a Norteamérica (al igual que millones de los nuestros). Un reflejo que permea también las conductas de policías, ministerios públicos y agentes de migración en todo el territorio nacional. La ley pena el tráfico humano (esto es, a los polleros y sus cómplices en el aparato oficial), no la condición de migrante.
México ha sido casa de todos los perseguidos del ámbito continental. Uno de nuestros orgullos históricos. Hoy, con un Estado retrógrado, rabioso en proporción directa a su ilegitimidad, y ante la expansión astronómica del llamado crimen organizado, el mercado libre ha encontrado nueva mercancía y nueva sangre que derramar.
No obstante el terror desatado por los poderes institucionales y fácticos, los mexicanos de a pie, los de abajo y hasta los de en medio, todos los mero lec, seguimos sabiéndonos hermanos de nuestros hermanos, en ese horizonte que describía Noam Chomsky en un mensaje al Segundo Congreso de Educación Indígena y Cultural en Oaxaca, en octubre de 2007 (ver también la página 5 en esta edición), de una alentadora actualidad: “Después de medio milenio, los países de América Latina comienzan a moverse a un nivel significativo de integración en vez de permanecer separados y dominados por poderes imperiales. Integración que es un prerrequisito para la independencia y la autodeterminación. Además, se mueve hacia la superación de la que parecía la maldición latinoamericana, aparte del dominio exterior: la inmensa brecha, sin precedente en el mundo, entre una élite ínfima con enormes fortunas, y una inmensa masa de pueblos empobrecidos. Brecha que también posee un componente racista, como ustedes bien saben. Y hay pasos a seguir contra esa maldición.
“Particularmente dramático ha sido el papel de los pueblos indígenas, la parte más reprimida y marginada de la población durante siglos, incluso en los países donde aún son mayoría. Por fin se organizan y exigen sus derechos, logrando avances notables desde las montañas de Bolivia a las de Chiapas y otras partes. Éste es un de sarrollo dramático e importante. Implica revertir 500 años de fea y miserable historia, revitalizando las lenguas, las culturas, los recursos técnicos, y desarrollando formas de organización social que provienen de sus tradiciones pero se adaptan al mundo moderno. Éstos son logros muy emocionantes, y gente como ustedes está al tanto de ello”.
Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los poderes mexicanos se han convertido, por primera vez en la historia, en enemigos de los pueblos hermanos. Son cómplices del imperialismo, de los esquiroles militares y políticos de gobiernos como el de Colombia, y no sólo de sus barones de la coca y la muerte.No podemos permitir que nos arrebaten los tesoro de la solidaridad y la resistencia, el inmenso valor de cada vida en nuestra América.
Copala sigue sitiada
Más asesinatos
La situación en el municipio autónomo triqui de San Juan Copala, Oaxaca, es alarmante. Siguen los asesinatos contra sus miembros. En medio de la actual trivialización de cifras de emboscados y ejecutados a nivel nacional, la cuenta de Copala crece en la escala de un nuevo crimen de Estado por la violencia impune de paramilitares armados que llevan diez meses sitiando la comunidad a fuego y miedo, protegidos por la procuraduría y la policía estatales, y la tácita “tolerancia” del gobierno del pri.El 5 de septiembre, el municipio autónomo denunció el asesinato de otro compañero suyo, Pedro Santos, autoridad de Agua Fría Copala. Viajaba con su esposa y su hermana, quienes lograron identificar a los agresores, pertenecientes al Movimiento Unificado de Lucha Triqui-Partido de Unidad Popular (MULT-PUP)”, el cual se presenta como adherente de la Otra Campaña. Más gente de Agua Fría confirmó que “los agresores son Emiliano Martínez Santos, Camilo Ramírez de Jesús y Francisco Merino Flores, acompañados por Antonio Cruz García (El Pájaro), uno de los principales agresores de la caravana del 27 de abril” (en la que fallecieron Beatriz Cariño y Jiri Jaakola), como pistolero de la “extinta” Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).
Poco antes, el pasado 21 de agosto fueron asesinados al pasar por Hierbasanta (comunidad del MULT) Antonio Ramírez López, de 72 años de edad y “dirigente moral” del municipio autónomo, Antonio Cruz García y Rigoberto González; resultaron heridos Víctor de Jesús González y Alfredo Martínez González, todos de Agua Fría y Santa Cruz Tilapa, Copala.
La autoridad autónoma se preguntó entonces: “¿Qué es más inmoral, denunciar o callar como si la vida de nuestros hermanos no valiera nada; o peor aún callar para después ir a los palacios de gobierno para acordar el precio que tiene la vida de un indígena y entregar a sus familiares un porcentaje de lo que se logró negociar; ésa es la moral de los dirigentes del MULT, a los que hacemos responsables directos junto con UBISORT de la muerte de nuestros compañeros”. La agresión hizo que se cancelara una caravana que saldría dos días después a la ciudad de México, la cual organizaban los caídos.
El día 22, las mujeres en plantón en el centro de Oaxaca expresaron: “Nuestro pueblo triqui sigue siendo golpeado, no hay día de calamidad que no conozcan nuestras gentes, el dolor y la rabia está en nuestros corazones, mujeres, niñas, ancianos, hombres, todos padecemos la injusticia de las instituciones y los paramilitares, la muerte de compañeros se suma siempre a una estadística que no tiene fin. ¿Cuanto más tenemos que decir que nuestra lucha es por dignidad, justicia, libertad, trabajo, respeto? ¿Cuanto más tenemos que llamar al pueblo que está callado y agachado para que se sume a la lucha por libertad, respeto a su autonomía y la autodeterminación, para decidir nuestro destino como pueblos indígenas y reclamar al Estado mexicano que violenta nuestro derecho?”.
Días antes del crimen en Hierbasanta, organismos civiles de Oaxaca denunciaban la impunidad existente: las celebraciones del bicentenario sirven como “telón” para “una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, tolerada y fomentada por el gobierno mexicano en los rincones más pobres y vulnerables de nuestro territorio”. El caso “más indignante”, decían, es San Juan Copala, corazón político y ceremonial de las comunidades de la Triqui baja.
“Desde diciembre de 2009, la población sufre el acoso de grupos paramilitares bajo las órdenes de los caciques priístas locales, apadrinados por Ulises Ruiz, que buscan el control del territorio y de los recursos de esta región de la Mixteca. Un cerco armado que dispara día y noche sobre hombres, mujeres y niños de la comunidad, y ha confinado a una población entera a vivir en el terror. Sin luz, agua ni posibilidades de abastecerse de alimento, la situación de los habitantes de Copala es alarmante”.
También han sido asesinados Teresa Bautista y Felícitas Martínez, locutoras de la radio autónoma; Timoteo Alejandro, líder y fundador del municipio autónomo, y su esposa Cleriberta Castro. Los crímenes “permanecen impunes sin que se inicie una investigación, a pesar de que se ha denunciado a los responsables, Rufino y Anastacio Juárez Hernández, cabezas de UBISORT”.
Tras la muerte de Pedro Santos, el corresponsal de Prensa Indígena reportó desde Agua Fría (5 de septiembre) que Jorge Albino Ortiz, representante de Derechos Humanos de San Juan Copala, señalaba que “militantes del MULT en alianza con UBISORT continúan acabando con los que integran el municipio autónomo”. Expuso que las organizaciones mencionadas “continúan con balaceras contra el palacio municipal de Copala, por lo que la tensión ha aumentado demasiado” y pidió al gobierno federal “su intervención para acabar con la ola de ataques y asesinatos por parte de grupos del poder controlados desde las cúpulas del gobierno estatal”. Esto, claro, implica el riesgo de una militarización que podría empeorar las cosas.
Ante la recurrente evidencia de que en estas ejecuciones participan miembros del MULT, el 22 de agosto el municipio autónomo llamó a la solidaridad nacional e internacional. “Y a los compañeros de la Otra Campaña les pedimos que reflexionen y vean para adentro de sus corazones, se darán cuenta que nosotros no tenemos problema con ninguna comunidad del pueblo triqui, es la dirigencia mestiza del MULT la que sin conocer nuestros pueblos y nuestra cultura han pervertido la lucha que por siglos San Juan Copala ha dado al lado del pueblo de Oaxaca”.
La violencia no cesa. El 7 de septiembre, gente de UBISORT atacó nuevamente Copala. Entraron disparando, y resultaron heridas Francisca de Jesús García y Natalia Cruz Bautista, “quien además fue violada por los paramilitares”. Los pobladores identificaron entre los agresores a Julio César Martínez, Bernabé Cruz Santiago, Ramiro Domínguez García y Mauro Vázquez.
Ojarasca
Narco y fuerza pública
Contra los nahuas autónomos
de Ostula
Gloria Muñoz Ramírez. El costo de la recuperación de tierras en Ostula, Michoacán, ha sido muy alto: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante. Pero Evaristo Domínguez, uno de los comuneros que el 29 de junio de 2008 recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita, señala sin titubeos: “Nos duele mucho que sea así, pero ni modos. Estamos convencidos de que una lucha así se gana, con vidas. Algo tiene que pasar. De aquí no nos vamos. Ya tomamos posesión por tercera ocasión y esta vez no nos vamos. Ya no”.“Ostula es la puerta de entrada hacia todo nuestro territorio. Por eso decimos que si vencen a Ostula nos vencen a todos. El gobierno puede decir ‘ya vencimos a Ostula y ahora vamos por El Coire y Pómaro. Las tres comunidades son ricas en minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción que nosotros cuidamos”, advierte por su parte Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire y activo luchador en la recuperación de las tierras.
La osadía de los comuneros de Ostula, apoyados siempre por sus vecinos de Coire y Pómaro, es haber recuperado un territorio que les pertenece, pero que disputan narcotraficantes, inversionistas inmobiliarios, supuestos pequeños propietarios y empresas mineras.
Una de las más recientes agresiones ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando más de mil hombres armados pertenecientes al Ejército Federal, la Policía Federal y la Marina Armada de México cercaron la cabecera municipal de Santa María Ostula supuestamente buscando armas. Tres días después un grupo paramilitar de unas 150 personas que decían ser de La Placita entraron fuertemente armados a Ostula y El Coire a repartir propaganda en apoyo a sus actividades, con la fallida finalidad declarada de asesinar a Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire.
El historial de agravios es enorme, alarmante y reciente: “El 29 de junio fue secuestrado el comunero Máximo Magno Valladares sin que se conozca su paradero. El día 17 de julio fue asesinado en la carretera federal el comunero Humberto Santos Valladares. El 19 de julio fue baleado el comunero Roberto Arceo; posteriormente, el 27 de julio fueron asesinados los comuneros Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; unos días después, el 3 de agosto, fue asesinado el comunero José Martínez Ramos. En todos estos casos se habla de la acción concertada de cárteles que han penetrado nuestra comunidad en los últimos meses y que gozan de protección gubernamental”, señalan en el comunicado difundido el pasado 17 de agosto.
De igual modo, en un operativo conjunto de la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Policía Estatal, el 2 de agosto los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, del poblado El Duín, y Arnoldo Robles Luna, de la cabecera de Ostula, fueron detenidos, cada uno en su domicilio, sin que existiera orden de aprehensión en su contra ni orden de cateo para entrar a sus casas. A Timoteo Ramírez “los enviados de la ley le sustrajeron 6 mil pesos. Ese mismo día se tomó también por asalto la casa del comunero Semeí Verdía y sustrajeron de ella la cantidad de 12 mil pesos y diversos valores. El gobierno manifestó falsamente que Timoteo Ramírez y Arnoldo Robles fueron detenidos juntos y en posesión de armas a bordo de una camioneta en la carretera federal pues, de otro modo, no les era posible justificar su inconstitucional proceder”, señalan los comuneros.
“Los que tienen el poder en este país, llámense gobierno, narcotraficantes o empresarios trasnacionales, han desatado una guerra de terror en contra de nuestra comunidad que, escondida tras la máscara de la supuesta guerra contra el narcotráfico, busca sembrar terror en nuestra población para frenar nuestra justa lucha, imponer los intereses de las empresas mineras que empiezan a invadir el territorio nahua, ilegalizar la autodefensa comunal, acabar con nuestras autoridades y organización comunal y promover la participación de jóvenes indígenas en los cárteles del narcotráfico, como vil carne de cañón para provocar la división y la descomposición social al interior de las comunidades indígenas”.
Los rarámuri “estorban” al turismo
El gobierno ya “vendió” sus tierras
La expropiación de territorios indígenas en beneficio de programas turísticos que no sólo los despojan de sus tierras, sino que atentan contra su cultura, es la constante a lo largo del territorio nacional. El caso de los rarámuri (conocidos como tarahumaras), en la sierra de Chihuahua, no es la excepción. Se sabe, por ejemplo, que actualmente hay 22 casos agrarios pendientes en los tribunales de Chihuahua, de los cuales en 11 está documentado el desplazamiento de 1 712 familias rarámuri de sus tierras.En 2003 (cita el periodista chihuahuense Alejandro Chávez) “271 mil hectáreas situadas en el municipio de Bocoyna, declaradas territorio nacional, fueron vendidas a un particular, quien después se las revendió al estadounidense Skip McWilliams en el predio conocido como Recowata; y en el poblado de Abogato, del ejido de San Alonso, serán vendidas tierras de tarahumaras para la construcción del teleférico de las Barrancas del Cobre”. Esta noticia fue de marzo de este año y seis meses después es una realidad.El ya famoso proyecto del teleférico en tierras tarahuamaras, afectará una superficie de 16 924 hectáreas, en la que habitan un total de 203 familias indígenas con un promedio de 7 miembros por familia, lo que hace una población total de aproximadamente 1 421 personas afectadas.Las autoridades tradicionales de las comunidades tarahumaras de Bacajípare, Huetosachi y Mogotavo, del municipio de Urique, Repechike y Bocoyna, denunciaron que han sido presionadas “para dejar nuestras tierras porque hay gente de afuera que quiere quedarse con ellas… Estas tierras las hemos ocupado de siempre, primero por nuestros abuelos y nuestros padres, ahora por nosotros y nuestros hijos y por esta causa hemos sufrido amenazas a nuestra vida, agresiones verbales y escritas e intentos de desalojo”. Los afectados han presentado denuncias ante los tribunales agrarios, civiles y penales sin obtener, por supuesto, ninguna respuesta.El pasado 12 de agosto, dos días después de que los rarámuri denunciaron el despojo ante la onu, obtuvieron una respuesta de Héctor Valles, secretario de Desarrollo Comercial y Turismo del gobierno de Chihuahua, quien sin pudor alguno declaró que le resulta “sospechoso” que surjan personas inconformes con el proyecto turístico. Las declaraciones del funcionario difundidas en El Diario de Chihuahua no tienen desperdicio. Para él la Barranca del Cobre y sus alrededores, donde han vivido ancestralmente las comunidades tarahumaras, “son una joya olvidada que tiene mucho potencial turístico”.Valles dice desconocer a las autoridades de los pueblos rarámuri. Para él, el modelo a seguir es el que siguen las comunidades indígenas en Nuevo México, Estados Unidos, “donde les va muy bien con los proyectos turísticos”. En cambio, dice, “aquí todo se cuestiona y no se quiere que se haga nada, todo se ve con desconfianza y abuso, se bloquean los proyectos y se prefiere que las comunidades sigan en la pobreza extrema”.Martín Moreno y María Monarca, gobernadores tradicionales de Bacajípare y Huetosachi, respectivamente, explicaron que “desde que arrancó el proyecto turístico Barrancas del Cobre la vida comunitaria se alteró y no saben si podrán seguir viviendo en sus casas y sembrando sus tierras, como lo han hecho por generaciones”, consignó la corresponsal de La Jornada en Chihuahua.Las autoridades rarámuri denunciaron que “empresarios y políticos se disputan la zona para construir hoteles, restaurantes y tiendas para miles de turistas que visitan las Barrancas del Cobre, y se prevé que llegue más gente con las obras de infraestructura en marcha, entre ellas el teleférico, cuya inauguración está planeada para principios de septiembre”.
En México se lastima
a nuestros países hermanosEn el momento más bajo de su prestigio latinoamericano, cuando opera como un descarado esquirol de sus vecinos del sur, México fue ahora escenario de una estúpida masacre de escala continental.Pobres e indígenas de varias naciones hermanas fueron victimados en un rancho de Tamaulipas cerca de la frontera con Estados Unidos. Un episodio “aislado” según el gobierno calderonista (que entre más logre “aislarlo”, mejor se va a sentir), cuyo efecto ha sido demoledor. 72 personas, una mujer embarazada (o sea 73), ejecutados fríamente por delincuentes casi que porque sí. Porque su vida vale aún menos que la tan devaluada vida de los nacionales. Se trata, no de una excepción de los matones, sino de un reflejo cultural por desprecio competitivo contra los migrantes del sur que quieren llegar a Norteamérica (al igual que millones de los nuestros). Un reflejo que permea también las conductas de policías, ministerios públicos y agentes de migración en todo el territorio nacional. La ley pena el tráfico humano (esto es, a los polleros y sus cómplices en el aparato oficial), no la condición de migrante.
México ha sido casa de todos los perseguidos del ámbito continental. Uno de nuestros orgullos históricos. Hoy, con un Estado retrógrado, rabioso en proporción directa a su ilegitimidad, y ante la expansión astronómica del llamado crimen organizado, el mercado libre ha encontrado nueva mercancía y nueva sangre que derramar.
No obstante el terror desatado por los poderes institucionales y fácticos, los mexicanos de a pie, los de abajo y hasta los de en medio, todos los mero lec, seguimos sabiéndonos hermanos de nuestros hermanos, en ese horizonte que describía Noam Chomsky en un mensaje al Segundo Congreso de Educación Indígena y Cultural en Oaxaca, en octubre de 2007 (ver también la página 5 en esta edición), de una alentadora actualidad:“Después de medio milenio, los países de América Latina comienzan a moverse a un nivel significativo de integración en vez de permanecer separados y dominados por poderes imperiales. Integración que es un prerrequisito para la independencia y la autodeterminación. Además, se mueve hacia la superación de la que parecía la maldición latinoamericana, aparte del dominio exterior: la inmensa brecha, sin precedente en el mundo, entre una élite ínfima con enormes fortunas, y una inmensa masa de pueblos empobrecidos. Brecha que también posee un componente racista, como ustedes bien saben. Y hay pasos a seguir contra esa maldición.
“Particularmente dramático ha sido el papel de los pueblos indígenas, la parte más reprimida y marginada de la población durante siglos, incluso en los países donde aún son mayoría. Por fin se organizan y exigen sus derechos, logrando avances notables desde las montañas de Bolivia a las de Chiapas y otras partes. Éste es un de sarrollo dramático e importante. Implica revertir 500 años de fea y miserable historia, revitalizando las lenguas, las culturas, los recursos técnicos, y desarrollando formas de organización social que provienen de sus tradiciones pero se adaptan al mundo moderno. Éstos son logros muy emocionantes, y gente como ustedes está al tanto de ello”.
Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los poderes mexicanos se han convertido, por primera vez en la historia, en enemigos de los pueblos hermanos. Son cómplices del imperialismo, de los esquiroles militares y políticos de gobiernos como el de Colombia, y no sólo de sus barones de la coca y la muerte.No podemos permitir que nos arrebaten los tesoro de la solidaridad y la resistencia, el inmenso valor de cada vida en nuestra América.
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