Política pública sin enfoque de derechos humanos?

Difusión Cencos México D.F.

 Fuente: Brisa Solís /
El Universal

Partiendo de los derechos humanos como elemento necesario para la calidad democrática, en la que una de las formas que se debate su concreción está en las políticas públicas.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, fue marco para los Estados que se comprometieron a elaborar y adoptar la Declaración y Programa de Acción de Viena. México fue de los primeros países en retomar la recomendación, elaborando el Programa Nacional para Promover y Fortalecer los Derechos Humanos, en 1998. En 2004 se llevo a cabo el Diagnóstico de Derechos Humanos en México, lo que dio base a la construcción del primer Programa de Derechos Humanos, PNDH 2004-2006 que planteó una política de Estado; sin embargo, no logró concretar acciones en su implementación, prueba de ello es que no se aseguró la continuidad entre los periodos de la administración de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón. Hasta la fecha no se ha logrado implementar.

 En este marco, a diferencia del gobierno federal, en la ciudad de México se construyó el Programa de Derechos Humanos del DF presentado en 2009 —como un paso posterior a la elaboración del Diagnóstico de la materia, en el año 2008.

 Así una de las agendas públicas asumidas por el gobierno de la ciudad es la de los derechos humanos, reconocida nacional e internacionalmente. Ello producto del trabajo de instituciones de gobierno así como de diversas organizaciones civiles y academia, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México.

 Para 2010 llegó la etapa de su implementación, cuenta con recursos y con un Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa, si bien tendrá complejidad en su evaluación por las 2,412 acciones, así como por la multiplicidad de actores involucrados en cada una, también como lo menciona el programa, “es una herramienta para la planeación, programación, coordinación y articulación del quehacer del Estado desde un enfoque de derechos humanos. Permite a servidores públicos un marco de referencia común, así como claridad en relación a las políticas públicas y legislación que competen a cada instancia para la realización de los derechos humanos en el DF”.

 La decisión de la construcción de la Supervía Poniente demuestra lo difícil que es la implementación de una política con este enfoque, ya que se ubican contradicciones en diversos derechos planteados en el programa como: a) participación ciudadana: respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la participación ciudadana y de la sociedad civil organizada en los asuntos públicos; b) derecho al acceso a la información: garantizar el derecho al acceso a información de interés público y difundir de manera proactiva o focalizada información pública; c) derecho a la vivienda, asegurar que todas las personas gocen de seguridad jurídica de la tenencia y que les garanticen protección legal contra el desahucio, el desalojo, el hostigamiento u otras amenazas; d) derecho a un medio ambiente sano: proteger, preservar y mejorar los ecosistemas y entornos naturales; f) derecho a la salud pública ambiental: prevenir y reducir la exposición a factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de las personas. Así, la Supervía se construye, con una decisión unilateral y sin diálogo.

 Y si bien la construcción de las políticas públicas es un proceso en el que intervienen diversos factores (políticos, jurídicos, administrativos, económicos), tiene etapas de: diseño, implementación, seguimiento y evaluación; por otro lado, los derechos humanos confluyen entre sectores y temas, aglutinan elementos que sólo en su integralidad y transversalidad posibilitan concreción. También es cierto que los programas de derechos humanos se han dado a conocer a nivel internacional y han servido para discurso político.

 Por ello en la iniciativa de la Supervía Poniente sólo nos pone en alerta sobre ¿la política pública sin enfoque de derechos humanos en el DF? Y esto a cuenta de que la agenda de derechos humanos es de responsabilidad estatal, pero de defensa y promoción de la sociedad civil, pero para su realidad es necesaria la voluntad política.

 La ciudadanía que vivimos y transitamos por esta ciudad, tenemos un amplio reconocimiento por los avances políticos y sociales; con esta decisión una diversidad de las y los afectados, ello por la corresponsabilidad que ejercemos en el espacio público y que no necesariamente estamos vinculados a grupos políticos de partidos y no nos estamos disputando puestos de elección, sino la calidad democrática que a muchos ha costado. Analista

Informacion difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos