Reconstruye la CNDH desalojo de estudiantes
Un grupo de expertos en criminalística de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos realizó anoche una diligencia en el lugar
donde murieron dos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, el pasado 12 de diciembre. Los peritos usaron rayos láser para
determinar el origen y las
posibles trayectorias de las balas que privaron de
la vida a dos estudiantes.
Tixtla, Gro., 13 de enero. Visitadores de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizaron la reconstrucción del
desalojo del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, en el cual
fallecieron dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Auxiliados por elementos de la Policía Federal (PF) y con el
uso de maniquíes que simulaban los cuerpos de Jorge Alexis Herrera Pino y
Gabriel Echeverría de Jesús, los estudiantes fallecidos, dos peritos en
balística simularon con rayos láser la trayectoria de los disparos que mataron
a los dos estudiantes.
El peritaje fue realizado la noche del jueves por los
criminalistas Alejandro Sandoval y Ricardo Coronado. El primer visitador Luis
García López Guerrero informó hoy que con base en ese peritaje, se ratifica que
fueron de poniente a oriente, es decir donde estaban los policías
ministeriales, desde donde se dispararon las armas que provocaron la muerte (de
los alumnos).
López Guerrero encabezó este viernes una delegación de 20
visitadores de la CNDH, entre abogados y peritos, que escuchó los testimonios
de nueve normalistas que resultaron con lesiones durante el desalojo.
El primer visitador informó que no ha concluido la
investigación y no descartó que sean citados a declarar funcionarios estatales
y federales, entre ellos los secretarios de Gobierno de Guerrero, Humberto
Salgado Gómez, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna
.
Lamentó que a 32 días de los hechos, con 31 personas
agraviadas, dos fallecidos, una torturada, cuatro con (heridas de) disparos, el
chofer de un tráiler agraviado, toda una comunidad ofendida por este hecho, no
haya un solo servidor público del Estado mexicano sujeto a proceso penal.
La delegación de la CNDH llegó a las 11 horas a la escuela y
fue recibida por Pablo Juárez, dirigente estudiantil, quien encabezó un
recorrido por las instalaciones del plantel: dormitorios, baños, cocina y
cancha de futbol.
–¿Ustedes cocinan? –preguntó en el comedor el visitador,
quien estuvo acompañado por Javier Morlett Macho, de la organización no
gubernamental Diálogos por la Convivencia y la Paz.
–No. Son los trabajadores de cocina, pero desde noviembre no
se presentan, y ahorita los compañeros de cada grupo se van rotando y son los
que cocinan a los compañeros de la base –respondió Pablo Juárez.
Al final del recorrido el visitador dijo: Venimos a ver las
condiciones en las que se encuentra Ayotzinapa, a levantar los testimonios que
ustedes nos pidieron que levantáramos aquí, a hacer las entrevistas y a
entregarles el informe preliminar que la CNDH dio a conocer el día lunes, que
es un trabajo previo que está señalando las principales violaciones a los
derechos humanos atribuidas tanto a la Secretaría de Seguridad Pública federal
como al gobierno de Guerrero.
Con las diligencias de ayer y hoy, y con otras que se hagan
en los próximos días se cerrará la la investigación, y en un plazo de 30 a 40
días se dará a conocer a la opinión pública la recomendación final sobre este
caso, dijo.
La investigación que estamos realizando, además de determinar
las violaciones (a los derechos humanos), va a concluir en un señalamiento
todavía más fuerte, más determinante, y en recomendaciones a los niveles de
gobierno, puntualizó Luis García.
Ante la prensa, el visitador expresó: “Vemos condiciones
difíciles como para que se pudiera desarrollar el tema de la educación de una
manera adecuada. Vamos a corroborar esta información con los datos que nos dio
el gobierno de Guerrero, y de ahí empezar a sacar conclusiones.
Nos preocupa mucho que el gobierno del estado haya utilizado
a policías judiciales, ahora llamados ministeriales, para reprimir a
manifestantes, práctica que ya en ningún lugar del país se había observado en
años. De tal manera que un poco después de la segunda década del siglo XXI este
tipo de prácticas las volvemos a encontrar y es parte de los pronunciamientos
que haremos en la recomendación final, reiteró.
Acerca de lo expresado por el ex procurador de Guerrero
Alberto López Rosas, de que el informe de la CNDH está sesgado, dijo: Señalamos
con mucha contundencia que la primera autoridad que llegó fue la Policía
Federal; que la que inició el problema por haber lanzado una granada de gas fue
la PF y que de los dictámenes periciales en las lesiones de las personas que
fallecieron, al no encontrar la ojiva, entre otras cosas por la contaminación
que hubo del lugar de los hechos, genera que de una primera conclusión tengamos
la certeza de que los disparos salieron del lugar donde estaban ubicados los
policías ministeriales, con un alto nivel de posibilidad, incluso de certeza,
que hayan sido ellos los que dispararon y que provocaron en un momento dado la
muerte de los estudiantes y lesiones a otros.
Ahora, añadió, corresponde al agente del Ministerio Público
determinar con nombre y apellido quién es el responsable: Estamos ante un caso
que se llama de autoría indeterminada, que para efectos jurídicos significa que
los más de 160 elementos que participaron deben de responder por su grado de
culpabilidad.
Vamos a investigar y no dejar en la impunidad el tema del
empleado de la gasolinera (Gonzalo Rivas Cámara), quien también falleció. Los
argumentos (de López Rosas) los deberá expresar ante el Ministerio Público y
eventualmente ante un juez, dijo el primer visitador de la CNDH.
Responsabilidad institucional
Luis García insistió: No hay evidencias de que se hayan
utilizado protocolos antimotines, siendo que incluso había un cuerpo
antimotines ahí. Además, lo más importante es que no hemos encontrado
evidencias de que los estudiantes vinieran armados. Eso nos da entonces la idea
de que hubo un uso excesivo de las armas de fuego. Hay una responsabilidad
institucional de los tres niveles (de gobierno) por una mala actuación en el
manejo de una manifestación que se tornó violenta, concluyó.
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