Los demonios andan sueltos: ¡ IMPUNIDAD TOTAL !

Editorial
Infamia en la Corte

En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.

De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.

La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.

El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.

No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.

Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.

Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.



Hubo irregularidades menores; insuficientes para considerar complot: Ortiz Mayagoitia
Sepulta la Corte agravios contra Lydia Cacho; Marín, exonerado

Sí está probado el quebrantamiento de derechos, sostuvo el ministro ponente Silva Meza

Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos se sumaron a la posición mayoritaria


Jesús Aranda

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer (por seis votos contra cuatro) que no hubo violación grave a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y exoneró al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, de las acusaciones en su contra.

Los ministros que votaron en favor del dictamen en el que se sostenía que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales de Cacho Ribeiro fueron el ponente Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío. Se pronunciaron en contra el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, así como las dos mujeres que forman parte de ese órgano: Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos.

Para el ministro Ortiz Mayagoitia la periodista fue objeto de “irregularidades menores” en el proceso penal en su contra, pero “la suma de datos menores” no es suficiente para considerar la existencia de un concierto de autoridades para afectarla.

Un “sí” con convicción

Visiblemente molesto, el ministro ponente, Juan N. Silva Meza, al emitir su voto aseveró que sí está probada la violación grave de las garantías individuales de Cacho.

“Un sí monosilábico, pero que encierra todo el contenido de una convicción plena que tiene sustento en una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno, y que nos lleva a determinar nuevamente la expresión de una convicción que he reiterado en cada uno de mis informes. Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.

Después de la votación, Ortiz Mayagoitia propuso a Silva Meza que “engrosara” el documento final, a lo que éste se rehusó.

En cambio, aceptó con gusto elaborar el documento Aguirre Anguiano, quien había desacreditado la ponencia de Silva Meza al afirmar que se basaba en información de Internet, y en la sesión de ayer aseveró que Cacho mintió.

“Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca; reconozco ante todo su derecho a publicar lo que le plazca; reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que pasó.”

Aguirre dijo que cuando Cacho llegó a Puebla (después de 20 horas de viaje en un vehículo acompañada sólo por agentes varones), personal de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad le preguntó si había sufrido incomunicación, tortura o presiones de alguna naturaleza, “y consta que dijo que no”. Agregó: “yo no creo en las torturas durante la captura”, y tan se defendió, que “ya fue exculpada de las acusaciones de que fue objeto”.

Ortiz Mayagoitia indicó que si bien la comisión investigadora acreditó “actos indebidos” en el arresto y traslado de la periodista, “éstos constituyendo violaciones a sus garantías individuales no adquieren el calificativo de graves”.

De nada valieron los argumentos de Cossío y Góngora, quienes sostuvieron que se demostró la concertación en “todo el flujo de irregularidades” que rodearon el proceso penal, desde que Kamel Nacif presentó la demanda contra Lydia Cacho por calumnia y difamación, hasta su detención ilegal y traslado a la capital poblana.

Agregaron que las llamadas telefónicas entre colaboradores de Marín y funcionarios de la procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad en momentos clave, hablan también de la confabulación.

Si bien el pleno ratificó en votación previa que la conversación entre Marín Torres y Kamel Nacif (en la que el mandatario poblano señaló que le había dado un “pinche coscorrón” a “esa vieja cabrona” para que entendiera “que en Puebla se respeta la ley y que no hay impunidad”) era sólo una hipótesis y no una prueba, los ministros dijeron que ni Nacif ni Marín desmintieron ante la comisión investigadora la veracidad ni el contenido de la grabación.

Góngora agregó que una teoría jurídica sostiene la responsabilidad por el mando, conforme a la cual los superiores son los arquitectos del sistema, es decir, “son los autores intelectuales de las acciones de sus inferiores”.

Y los principios jurídicos universalmente aceptados le dan gran peso a las llamadas que salieron de la oficina del secretario particular del gobernador. “¿Qué secretario particular actúa motu proprio en un caso tan grave?, ¿qué autoridades superiores de un estado deciden, en un momento determinado, ¡vamos a hacer esto!, sin avisarle al gobernador?”

De los 10 ministros que dictaminaron el caso –Fernando Franco está fuera del país en comisión, según información oficial–, sólo tres aceptaron en su totalidad el informe que responsabilizaba al gobernador poblano: Silva Meza, Góngora Pimentel y Gudiño Pelayo.

Cossío se refirió a la violación grave de garantías individuales y a la concertación de funcionarios, pero por la forma en que se desarrolló la votación no emitió postura sobre quiénes eran responsables.

Sánchez Cordero dijo que Lydia Cacho fue objeto de tortura sicológica durante el trayecto de Cancún a Puebla, pero eso no implicaba violación grave de sus garantías individuales, porque podía defenderse con los mecanismos jurídicos existentes, e hizo un llamado para que las autoridades de Quintana Roo que investigan las redes de pederastia asuman un compromiso “social y político” para que investiguen esos hechos “reprobables”, hasta las últimas consecuencias.

Lo anterior, después de que un día antes la Corte dejó fuera de la discusión del informe lo relativo a explotación sexual infantil.

Luna Ramos y Aguirre Anguiano mantuvieron la postura de que el informe de Silva Meza no podía ser tomado en cuenta porque estaba viciado de origen, al considerar que la conversación de Marín y Kamel fue grabada ilegalmente.

Azuela y Valls admitieron que la conversación debía tomarse en cuenta como base para la indagatoria, pero consideraron que no había elemento alguno que acreditara la violación grave de garantías, postura que en términos generales compartió Ortiz Mayagoitia.

Esta vez, ni Lydia Cacho ni su defensa legal asistieron a la sesión. Sí lo hicieron los abogados de Marín: Alonso Aguilar Zinser y Fabián Aguinaco, y el consejero jurídico del gobierno de Puebla, Ricardo Velásquez Cruz. Quizá éstos ya conocían el desenlace.





Facilitó a la PGR no ejercer acción penal contra cómplices de Marín: Xavier Olea
La decisión de la Corte, jurídicamente inaceptable, afirman constitucionalistas

El abogado de Lydia Cacho Ribeiro prevé que la procuraduría cerrará el caso


Alfredo Méndez

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió ayer la oportunidad de demostrar que en nuestro país no existe impunidad” y, por el contrario, “dejó en claro que el poderoso siempre tendrá la razón y pasará por encima de quien sea”, sostuvo Xavier Olea Peláez, abogado de Lydia Cacho Ribeiro.

En entrevista telefónica, el penalista aseguró, sin mencionar nombres, que hubo ministros que de último momento cedieron a “presiones políticas” y cambiaron el sentido de su voto.

El pasado martes, cuando inició la discusión del caso, las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos dejaron entrever que avalarían el dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, pero ayer cambiaron de parecer y votaron con el bloque que determinó absolver al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

Por otra parte, los constitucionalistas Raúl Carrancá y Rivas, Elisur Arteaga Nava y Clemente Valdés lamentaron la decisión de la Corte, que falló en favor del llamado góber precioso.

Entrevistados por separado, consideraron que los costos políticos para la Corte serán graves, porque afectarán su credibilidad. Además, sienta precedente de lo que podría ocurrir en el caso de la investigación que realiza una comisión de ministros en Oaxaca por presuntas violaciones a las garantías individuales que se imputan al gobernador Ulises Ruiz.

Carrancá refirió que estuvo pendiente de la sesión sobre el caso de Lydia Cacho, y por eso “sostengo que es una barbaridad el argumento de la Corte; es inaceptable jurídicamente que los ministros hayan dicho que no podían avalar como prueba una grabación (entre Marín y Kamel Nacif) porque es contraria a derecho; ¿entonces qué?, ¿lo que ahí se dijo no existió?

“El contenido de esa llamada representa hechos reales; la Corte no iba a procesar a nadie, sólo a señalar moralmente la gravedad de esos hechos. Sólo faltó que nos dijeran: ‘eso (la llamada) no lo oíste’. ¿Cómo que no lo oí? ‘Sí, no lo oíste porque fue grabado ilegalmente’. Y eso es una barbaridad. Admito que la grabación fue ilegal, pero lo oí, todos lo oímos, y ahí el derecho no puede contradecirse y resolver que no existió lo que sí aconteció. Con esto la Corte pierde credibilidad.”

Elisur Arteaga también consideró que la SCJN pagará un costo político muy alto, porque los ministros no dejaron satisfechas las expectativas que generaron cuando determinaron ejercer su facultad de atracción del caso Cacho-Marín.

“Una investigación de esta naturaleza tiene alcances limitados; aunque la Corte sí tenía posibilidades de hacer un pronunciamiento no vinculante (contra el gobernador de Puebla), por alguna extraña razón que desconozco no lo hizo.”

Clemente Valdés manifestó que “(la resolución) es lamentable y desde el punto de vista procesal es totalmente inadecuada; en el otro aspecto (constitucional), éste nos lleva a una situación diferente, porque lo que está en juego no es la defensa de las libertades fundamentales o garantías constitucionales de una persona profesional del periodismo; tampoco están en juego las arbitrariedades cometidas con ella (Lydia); lo que está en juego es si un gobernador que tiene el control de sus empleados estatales puede, de manera totalmente impune, hacer lo que quiera dentro de su territorio y puede pedirle a otro señor feudal que domina en otro estado del país que le empaque y le envíe a alguna persona para que él pueda hacer lo que quiera con ella”, indicó.

Para Xavier Olea, la resolución de la Corte abona el camino para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR), pueda justificar su intención de decretar el no ejercicio de la acción penal en favor de los funcionarios estatales y policías judiciales que tuvieron comunicación entre sí para coordinar la detención de Lydia Cacho en diciembre de 2006.

Aseveró que la PGR terminará por enviar un desglose de los hechos a las procuradurías de Quintana Roo y de Puebla para que realicen sus propias pesquisas sobre la existencia de posibles delitos del fueron común cometidos contra Lydia Cacho, “y cuando esto ocurra, ni modo que se castiguen entre ellos; cerrarán el caso”, puntualizó.

Para Olea quedó claro que la Fevim, que encabeza Alicia Pérez Duarte, mantuvo congelada la averiguación previa que se inició a partir de la denuncia que presentó Cacho Ribeiro por presuntos actos de tortura sicológica en su contra durante el tiempo en que estuvo detenida en Cancún y trasladada a un penal de Puebla.

Olea Peláez recordó que la fiscal especial ya tenía en 2006 una conclusión previa, mediante la cual buscaba solicitar la aprehensión de los policías que capturaron a Lydia Cacho, pero el ex procurador general Daniel Cabeza de Vaca, primero, y después el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, le ordenaron no consignar el expediente hasta que la Corte se pronunciara sobre el caso.


Impunidad de los demonios

Editorial EL UNIVERSAL

30 de noviembre de 2007

Lydia Cacho ha narrado de qué manera policías quintanarroenses la entregaron irregularmente a policías poblanos y fue sometida a intimidaciones y amenazas, tratos indebidos y hasta un intento de asesinato, cuando aserraron los tornillos del vehículo en que fue llevada de Cancún a Puebla. Bajo esas circunstancias, ¿se puede confiar en la actuación de “otras instancias” que no sean la Suprema Corte?

Pese a ello, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que no se demostró la existencia de violación grave a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, en términos del artículo 97 constitucional. Qué mal mensaje envían los ministros a las mujeres mexicanas.

Desde su decisión del martes pasado, de que no contemplan a las redes de pederastia y pornografía infantil por considerar que no forman parte de esta investigación, se perfilaba la intención de la SCJN de no entrarle al tema.

Esta historia parece estar siendo contaminada, por una parte, por remilgos de jurisperitos y, por la otra, por el riesgo de que los resultados tengan repercusiones en las complicadas negociaciones políticas que se dan en el Congreso.

El atropello de los derechos individuales es muy serio, pero hay un agravante más si la violación tiene por objeto proteger a una banda de pederastas al servicio de personas de influencia social, económica y política, y en salvaje ofensa de niños y niñas mexicanos, según la versión de Cacho.

Este hecho no puede separarse del otro, porque fue su causa principal. No se dieron ambos sucesos aisladamente, sino al contrario, y si la periodista fue víctima en uno, en el otro las víctimas, menores se edad, son más, de acuerdo con los datos publicados.

Esa denuncia merece investigarse seriamente, con dictámenes periciales por medio de una entidad menos influible por el poder, en teoría, como la SCJN.

También hay evidencias de grabaciones telefónicas, ilegalmente realizadas, en las que queda claro que hubo una acción coordinada entre el gobernador poblano y el fabricante textil Kamel Nacif para dar un escarmiento ejemplar a la escritora.

No importó a los más altos integrantes del Poder Judicial que el propio presidente Felipe Calderón haya señalado esta misma semana que en México más de 30 millones de mexicanas sufrieron alguna forma de violencia el año pasado.

Pesaron más los tecnicismos y argumentos legaloides para salir del paso y desconocer la gravedad de las denuncias involucradas: primero en el caso de las abusadas sexualmente y después en los excesos en la impartición de justicia personalmente asumidos por el gobernador de Puebla, Mario Marín.

Nos encontramos ante un nuevo reto del Poder Judicial de la Federación, que ha retrocedido en el anhelo social de una administración de justicia independiente a los intereses de los poderosos. Algo hay que hacer para revertir esta serie de decisiones.