Apoyarán el boicot turístico a las cascadas de Agua Azul, administradas por la Opddic
Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 11 de diciembre. En el tercer Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas, celebrado este fin de semana en Cholula, Puebla, las organizaciones y colectivos de la otra campaña participantes acordaron algunas acciones a escala nacional. Una será el 15 de diciembre, “dirigida a los cuarteles militares”, apuntan los resolutivos. También habrá actos conmemorativos por la masacre de Acteal realizada el 22 de diciembre de 1997.
Se determinó organizar más caravanas de observación dirigidas a las comunidades zapatistas y mantener la presencia en los municipios autónomos, haciendo turnos por estado de la República. Otro acuerdo fue apoyar el boicot turístico a las cascadas de Agua Azul, administradas por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), hasta que “cesen los ataques” contra la comunidad Bolom Ajaw.
Como parte del encuentro, pero desde el reclusorio de Ecatepec, en Santa María Chiconautla, estado de México, Gloria Arenas Agis, encarcelada bajo la acusación de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), envió un mensaje para dicho encuentro en el que manifiesta: “se aproxima el décimo aniversario del horror de Acteal. El peligro de que un crimen semejante se repita no ha sido conjurado. Los gobiernos federal y estatal desarrollan una estrategia contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), basada en la destrucción de las comunidades zapatistas por medio del despojo de sus tierras, ataques paramilitares y provocar división y enfrentamiento entre pobladores de la misma comunidad o comunidades vecinas”.
Esta estrategia, prosigue, “ha sido puesta en práctica en Guatemala, El Salvador y Colombia. El resultado son miles de desplazados, masacres, asesinatos, formación y fortalecimiento de grupos paramilitares entrenados y armados por el ejército y la policía. Los paramilitares realizan el trabajo sucio y de esa manera los gobiernos federal y estatal evaden su responsabilidad”.
Con esta “estrategia de Estado”, los que sufren son “los de siempre”: los pueblos indios, sus hombres, mujeres, niños y ancianos. “Lo que se persigue es desplazar a los pobladores zapatistas y ocupar el territorio con pobladores de filiación priísta o de otro partido político. Esto es atacar al EZLN por la base que lo sustenta y es su razón de ser, utilizando no solamente paramilitares, policías y ejército. En este plan actúan dependencias de gobierno, como la Secretaría de la Reforma Agraria, el Tribunal Unitario Agrario y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (con los desalojos en Montes Azules), entre otras”.
Estas dependencias actúan “para dar una justificación legal al despojo o para impulsar programas que dividen a las comunidades. Los partidos también desempeñan un papel importante para impulsar el divisionismo y el enfrentamiento”. El “plan” diseñado de acuerdo con las directrices estadunidenses “define el territorio a conquistar: el que ocupan las comunidades zapatistas; y el ‘enemigo’ a destruir: sus pobladores”.
Pero hay más, expresa: “Las comunidades zapatistas no son solamente poblaciones indígenas. Se trata de un territorio estructurado en un sistema de autogobierno: los caracoles y municipios autónomos. El objetivo es destruir algo que ya es ejemplo de poder popular para el movimiento social mundial, pues el ataque se dirige contra comunidades que dan una clara lucha anticapitalista”. Se necesita, según Arenas, toda la solidaridad “para desactivar esta estrategia de guerra, pues el Estado apuesta a la reactivación del conflicto armado y a la salida militar”.
Desde prisión, la luchadora social concluye: “Mi voz es pequeña y humilde, pero la alzo para condenar la guerra contra todos los que el Estado considera peligrosos, porque sabe que son baluartes del movimiento social: las comunidades zapatistas, Atenco, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Ayotzinapa y las normales rurales en general, comunidades en Guerrero y Veracruz. Lo que le pasa a una lucha le pasa a todo el movimiento social. Poner un alto a los ataques en un punto o a un sector fortalece a todo el movimiento. Es el momento de que todos jalemos parejo y alcemos la voz como otra campaña para denunciar los ataques contra nuestras hermanas y nuestros hermanos zapatistas”.
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