Astillero

Peña Nieto amaga


Aguirre: sí se puede... ir



Julio Hernández López


Día de aparentes correcciones y sostenidas confusiones. La lucha de los pueblos de San Salvador Atenco consigue que la Suprema, usualmente Corta de Justicia, reconozca las aberraciones jurí- dicas cometidas por el foxismo y el peñanietismo para castigar con cárcel extrema a los dirigentes del movimiento de insurgencia cívica de esa región a la que los poderes coaligados pretendían convertir en sabroso negocio aeroportuario. La máxima instancia judicial mexicana acepta, así, que hubo maquinaciones y confabulaciones para exagerar e inventar discutibles tonos delictivos en lo que eran protestas sociales en que se produjeron excesos (las retenciones” de funcionarios, por ejemplo, que pueden ser explicadas desde el discurso de la resistencia política y social, pero pueden configurar actos jurídicos punibles) que, sin embargo, no merecían ser encausados y sancionados con la dureza que esos gobiernos decidieron. En pocas palabras, el Poder Judicial de la Federación asume que a Ignacio del Valle y los demás dirigentes atenquistas les fabricaron expedientes y les urdieron resoluciones para castigarlos ejem- plarmente por su insurrección cívica. Tan generosa visión de un órgano de administración de justicia, que con frecuencia actúa facciosamente en beneficio de intereses cupulares, o en el sentido buscado e instruido por poderosos políticos que a su vez promovieron que esos ministros ocuparan los sitiales “justicieros”, ha generado especulaciones de distinta índole, algunas incluso sugiriendo que el súbito ataque de honestidad judicial tuviera que ver con destacados secuestros vigentes.



La presunta corrección de la Corte no tiene, por desgracia, correlación con el señalamiento de responsables de esa barbarie jurídica ni mucho menos con la exigencia de castigo para quienes así retorcieron leyes, procesos e instituciones: se puede decir el pecado, pero no castigar a los pecadores. Un causante fundamental de la represión física contra los atenquenses y del ensañamiento judicial contra sus dirigentes ha sido Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado de México y virtual precandidato presidencial pri- ísta, quien oportunamente sem- bró siete nuevas órdenes de aprehensión contra los líderes encarcelados, para quedar así en condiciones técnicamente adecuadas de volver a detenerlos, apenas pongan un pie en libertad o en días posteriores, guardando incluso ese recurso ya activado como amenaza contra quienes reanu- darán su trabajo político y social en cuanto les sea posible.



Un extraño movimiento de organigrama en la PGR, instruido o cuando menos autorizado por Los Pinos, deja al país en la extraña circunstancia de que abandone su cargo la responsable federal de atender denuncias por delitos electorales como las que seguramente se producirán a carretadas en la ardiente jornada de este domingo. Areli Gómez nunca fue garantía de prontitud ni sentido de justicia, sino todo lo contrario, producto como fue su nombramiento de una convergencia de intereses provenientes de la Suprema Corte, Televisa y el calderonismo más duro. Pero su salida en estos momentos no ayuda a fortalecer la impresión de que en la cúpula administrativa del país haya intención de respetar la legalidad electoral y buscar castigo a sus infractores. Según las versiones en curso, Gómez deja la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para pasar a una súper fiscalía que entre otras áreas “atenderá” lo relacionado con agresiones a periodistas, violencia intrafamiliar y casos de trata.

En Tamaulipas, el PRI dejó la sucesión de Rodolfo Torre Cantú en manos del mismo factor que lo había designado, el gobernador Eugenio Hernández, quien optó por una resolución dinástica: el hermano Egidio (significado: el que transporta en la batalla el escudo de piel de cabra). Está por verse la capacidad administrativa y política de quien de manera tan trágica llega a una candidatura que sin duda ganará este domingo. Cierto es que en Tamaulipas, como en varias entidades del país, no se necesitan gobernadores sino administradores, meros encargados de negocios, pero aún así puede resultar muy difícil para una persona con poca experiencia política de buen nivel en lidiar con los factores reales de poder, cada vez más agresivos e intolerantes. El PRI atajó en este caso los riesgos de las luchas intestinas que parecían intentar arrebatarle al jefe local la decisión postmortuoria, sobre todo desde flancos asentados en la ciudad de México.



El hombre que aspiró a revolucionar México a partir de anuncios demagógicos de televisión también entró ayer al paquete de las enmiendas bien pagadas. Javier Aguirre no se quedará en México para dar continuidad a sus arengas y planes, pues previamente había escogido el destino que ayer apresuradamente confirmó: ver desde el extranjero el desenlace de las mitologías de voluntarismo guerrero que por encargo de Televisa había revelado. Del sí se puede, al no se pudo, al ya me voy. Aguirre se va derrotado, pero no solamente él: también el salobre Calderón que fue factor esencial para convencerlo de encargarse de la selección mexicana, y los aficionados que creyeron las promesas de grandeza que a fin de cuentas sólo se reflejaron en cuentas e ingresos de los directivos y dueños del futbol profesional.



El creador del Gran Caldero Nacional tuvo, a su vez, momentos de anticipada nostalgia que hicieron a un diario capitalino, Reforma, cabecear su información de internet con una frase que emocionó a una parte de los ciudadanos: “FCH: me voy”. Pero en seguida venía la precisión: “violencia se queda”. No era la renuncia del ocupante de Los Pinos, sino una elaboración verbal en la que advertía que cuando él se retire del cargo persistirá la violencia como herencia impersonal.



Y, mientras el tronar de pistolas hace suspender el cierre de campaña del “opositor” José Aispuro Torres, en Durango, y Felipe sigue con sus anuncios electoreros de bondades gubernamentales, esta vez algunas simplificaciones fiscales, ¡hasta mañana, con tres mil boletas electorales robadas en Chihuahua!



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