Luis Linares Zapata
Para el Gobierno Legítimo de México la defensa a ultranza de los recursos energéticos se ubica en el mismo centro de su proyecto alternativo de nación. Del uso, propiedad y destino que tales recursos reciban dependerá que México, después de más de un cuarto de siglo de expoliación sin límites (en especial en ese sector) atisbe una ráfaga de esperanza para un futuro mejor. La energía es la columna vertebral de un desarrollo que se pretenda soberano y justo. Sin el dominio pleno de esas fuentes vitales de empuje ninguna fábrica nacional puede aspirar a su integración y crecimiento. Uno que sea ordenado, autosostenible y se finque en bases sólidas. Es por ello que en su defensa se halla comprometido todo el capital político y social que dicho gobierno ha acumulado en estos duros tiempos en que ha desplegado su cotidiana labor.Un capital que crece y se enraíza entre los mexicanos que desean una suerte distinta para su República. Un capital que se labra a la vista de todos, sin mezquindades, acudiendo a todas las plazas, los hogares, los centros de trabajo, de estudio donde esto sea prudente o necesario. Un capital que no regatea a la crítica, ni se acumula sobre despojos y sí con gran esfuerzo colectivo y en continua superación de sus límites o errores. Un trabajo político y social que va sembrando la semilla de un cambio pacífico en los meros fundamentos y propósitos de la vida organizada.
A los integrantes de este gran producto político y social que surgió a raíz del fraude electoral no se les pueden reclamar traiciones a la confianza de sus apoyadores. El voto recibido ha sido y será respetado en su intensión primigenia: llevar al poder un proyecto alternativo de izquierda. Un voto popular que ha sido conservado fuera de cualquier negociación que trate de sacar beneficios ilegítimos para cualquiera de sus integrantes. Al Gobierno que preside López Obrador tampoco pueden señalársele trampas a la ley o al estricto desempeño de sus actividades públicas. Ninguno de sus miembros ha sido acusado de desvíos de haberes para incrementar patrimonios propios, otorgar favores inmerecidos a sus amistades o parentelas y, menos aún, uso desviado de las atribuciones de las que han sido responsables. Por eso concitan tanta inquina, por eso se les teme, es parte medular de los múltiples ataques que reciben en casi todos los medios de comunicación. Nadie, desde las prácticas tradicionales a las que acostumbró la cultura priísta de la impunidad, concibe a un grupo crecientemente numeroso de activistas comprometidos con el bienestar de los mexicanos, sobre todo del de aquéllos dejados a la vera del camino, a los que han sido despojados de toda oportunidad de experimentar una vida digna.
La gran disputa que se ha desatado por el control de la energía va sacando a la luz muchas diferencias entre este Gobierno Legítimo y el que ha conformado el oficialismo panista que encabeza Calderón. La primera cualidad para hacerse merecedor de la confianza de los mexicanos quizá sea la de la honestidad personal de sus integrantes. Honestidad en sus más amplias concepciones que tocan la integridad intelectual, la fidelidad a la propia vocación, la cerrada defensa de pertenecer a un pueblo determinado o la irrenunciable lucha por las oportunidades para todos y por lo que a cada quien pertenece en justicia.
Es a este respecto donde se pueden establecer enormes diferencias entre los de izquierda y los de la derecha. Diferencias que brotan a raudales en cuanto los derechosos panistas han tenido ocasión de dar testimonio de su talante entreguista, de su reciedumbre para favorecer negocios personales, de sus endebles creencias morales o éticas que son, en verdad, mustios desplantes que tratan de ocultar sus torcidos modos de operar. Véase si no el preclaro ejemplo del señor Mouriño, un dechado de singularidades probadas, una tras otra. Todas hechas con el poder de su firma de apoderado legal de empresas familiares al tiempo que se desenvolvía como funcionario público. Todo con la firme decisión de su doble nacionalidad, del sospechoso trafique de influencias a favor de su suegro y, lo más trascendente, de su respeto truncado a la letra y el espíritu de la Constitución que manda conservar para los mexicanos el sector de la energía.
Por ahí rondan insepultos todos esos contratos entre la CFE y las varias empresas trasnacionales (especialmente españolas) que, según la investigación preliminar de la Auditoría Superior de la Federación contenían múltiples irregularidades que bien podrían configurar delitos. Investigaciones que, en un despliegue de cinismo mayor, fueron interrumpidas por Fox y después por Calderón (en connivencia con la SCJN) Los mexicanos no podrán conocer, por el momento, los detalles de esos onerosos contratos que, como productores independientes de electricidad, fueron otorgados por el entonces subsecretario Mouriño y su desde entonces jefe superior Felipe Calderón, cuando fungió como fugaz secretario de Energía.
Así va quedando al descubierto la razón de fondo que se arremolina tras la compulsión por el contratismo y la extranjerización que plagan a Pemex y la CFE. No se trata de buscar la eficiencia de la empresa pública ni tampoco de hacer del petróleo o la energía eléctrica las palancas del desarrollo industrial o tecnológico de México. Lo que se persigue con la manoseada reforma energética son los negocios al amparo del tráfico de influencias.
Ojalá y fuera sólo Mouriño el epítome del influyentismo con motivos de lucro personal lo que se asoma. Es por lo demás, un patrón que aflora entre los panistas de nuevo cuño; forman, en efecto, toda una camada depredadora que se incubó dentro de los tristemente célebres Amigos de Fox. Ahí se colaron, a sus anchas, numerosos negociantes con vastas ambiciones. De ese crisol han salido los continuadores del tráfico de influencias que con Diego Fernández de Cevallos o Fauzi Hamdan alcanzaron niveles de artesanos feroces. Los nuevos émulos pretenden rebasarlos a todo galope y por la senda de las masivas complicidades de la derecha. El día que se pueda investigar debidamente saldrán a relucir enormes negocios fraguados, desde hace tiempo, con la palanca de la energía. Al tiempo.
■ En el Senado fue fundamental la decisión de Manlio Fabio Beltrones de sumarse a la propuesta
Crearán ambas cámaras comisión para investigar el caso Mouriño
■ La postura de los priístas en Xicoténcatl tomó por sorpresa a los legisladores del blanquiazul
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
En el Senado de la República se acordó ayer integrar una comisión que investigue el presunto tráfico de influencias y otros delitos en los que habría incurrido el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en el sexenio pasado, al obtener diversos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para sus empresas familiares cuando ya desempeñaba cargos públicos.
La decisión del coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, de sumarse a la propuesta de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, fue fundamental para integrar la comisión, ya que se requiere que 50 por ciento de los senadores lo solicite.
Hasta ayer había ya 64 firmas, por lo que el martes próximo se integrará esa comisión especial que investigará todo lo referente a la forma en que, entre 2002 y 2007, Pemex asignó sin licitación de por medio contratos a empresas en las que Mouriño Terrazo aparece como apoderado legal.
La decisión de los priístas tomó por sorpresa a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes salieron de inmediato en defensa de Mouriño. El coordinador del blanquiazul, Santiago Creel Miranda, declaró que el Senado no puede convertirse en una mesa del Ministerio Público, y aunque sostuvo que están “en total apertura” para que se investiguen las acusaciones, advirtió que no aceptarán “juicios sumarios”, cuando debe prevalecer la presunción de inocencia.
Por la mañana, durante una entrevista televisiva, Beltrones dijo que el secretario de Gobernación debe renunciar si se prueban las acusaciones que se han formulado en su contra, ya que hasta el momento sólo se ha dedicado a negar que existen las pruebas. Dijo que Felipe Calderón debe explicar públicamente las presuntas irregularidades en las que incurrió su secretario de Gobernación.
Más tarde a través del vocero de su bancada, Carlos Jiménez Macías, corroboró el aval priísta para conformar la comisión especial, “sin asumir de antemano culpabilidades”.
Al presentar ante el pleno la propuesta del Frente Amplio Progresista (FAP), el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, aclaró que “no se trata de vendetas o de escándalos mediáticos”, sino de esclarecer un asunto delicado que tiene que ver con la tendencia que se ha dado sexenio tras sexenio, “de confundir la función pública con los negocios privados”.
El Congreso de la Unión, recalcó, no puede ignorar ni ver como incidente la forma en que la empresa Transportes Especializados Ivancar SA, por medio de su apoderado, Juan Camilo Mouriño, signó contratos con Pemex para la prestación de servicios a pesar de estar imposibilitado para ello, ya que era asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y luego subsecretario de la dependencia.
Los senadores del PAN seguían con el ceño fruncido la intervención del perredista, pero casi saltaron de su escaño cuando dio a conocer que el PRI respaldaba la propuesta, que contaba ya con el voto de 64 legisladores. De inmediato, todos voltearon hacia el lugar de Beltrones, quien conversaba con María de los Angeles Moreno y Jesús Murillo Karam.
Por la mañana, Santiago Creel puso a debate el tema al interior de su bancada –para esas horas sabía ya que el PRI iba con el FAP– y de inmediato el grupo de senadores más afines a Mouriño, entre ellos Guillermo Anaya y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, advirtieron que se debía defender a ultranza al secretario de Gobernación. Hubo consenso en arroparlo, aunque varios senadores blanquiazules expresaron que no se debía obstaculizar las investigaciones.
El coordinador de los senadores del Verde Ecologista, Francisco Agundis, se apresuró a salir en defensa del funcionario federal, al que calificó de “hombre recto, con probidad”, aunque dijo que si la comisión se integra sin duda participarán.
La comisión se conformará el martes próximo, en que está citada la Junta de Coordinación Política del Senado. Ahí se decidirá quién la preside y el número de integrantes.
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