Caso Castaños: Casos de absolución

arturo rodríguez garcía/ Agencia Proceso

Castaños, Coah., A 15 días de que concluya el proceso penal iniciado contra ocho militares, acusados de violar a 14 mujeres el 11 de julio de 2006, el obispo de Saltillo Raúl Vera López advierte que si el caso queda en la impunidad, México se estará encaminando "hacia una dictadura", donde nadie pueda exigir cuentas al Ejército.

Las advertencias de Vera López, quien ha seguido el caso a través del Centro Diocesano de Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", fundado por él, se derivan del desistimiento de dos de las 14 víctimas –identificadas como Wendy y Nuria— en sus acusaciones contra tres de los inculpados, y en las versiones que indican que si el fallo es benéfico para los militares, la fiscalía especial creada para el caso por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila, no apelaría la resolución ante ningún órgano superior.

De acuerdo con funcionarios de la PGJ entrevistados por Apro y que hablaron bajo la condición del anonimato, en la Subprocuraduría de Control de la Legalidad y de Procesos, "se tienen indicios de que en el caso de tres inculpados se dictará sentencia absolutoria".

Con expedientes en mano, los funcionarios expusieron las razones por las que al menos "3 o 4 inculpados podrían ser absueltos". Inclusive, agregaron, se sabe que la sentencia de Hiradier Huerta no será apelada ante órgano superior alguno por la fiscalía.

Explicaron que la retractación de Wendy y Nuria, así como los errores en que incurrió Fidencia –otra de las víctimas-- al identificar a su agresor, y las contradicciones en que cayó durante las audiencias, debilitaron la acusación.

Al respecto, el obispo de Saltillo afirma que "el desistimiento de dos afectadas se da después del caso de Zongolica; y será un escándalo, si en el caso Castaños, no se hace justicia o las autoridades suavizan el resultado".

En entrevista con Apro, durante su visita a Castaños al cumplirse un año de los hechos, Vera López cuestiona el retraso del juez Hiradier Huerta para dictar sentencia y que aún haya 5 violadores prófugos.

"Las ofensas duraron horas. Agredieron a policías y parroquianos. Es tan claro lo que pasó, las barbaridades que hicieron, que resulta sospechoso que no estén (detenidos), sobre todo en un régimen como el de Felipe Calderón que quiere preponderar al Ejército.

"Si deciden dejar esto en la impunidad, dar el mensaje de que no pasó nada, como lo han hecho con la señora Ernestina Asencio (en Zongolica) y con la familia de Sinaloa, estaremos caminando hacia una dictadura, pues es muy delicado que nadie pida cuentas al Ejército que, como estamos viendo, gobierna y vigila México", advierte.

Expectativas frustradas

El 11 de julio de 2006, un pelotón del XIV Regimiento Motorizado del Ejército Mexicano, a bordo de dos vehículos Hummer, irrumpió en la zona de tolerancia de Castaños; atacó sexualmente a 13 mujeres, encañonó a clientes y empleados de los salones "El Pérsico" y "Las Playas", así como a policías municipales; hicieron tiros al aire y simularon un paredón de fusilamiento antes de retirarse.

Algunas de las mujeres tuvieron que ser hospitalizadas por lesiones graves; una de ellas abortó por consecuencia de la violación y otra más quedó embarazada de un soldado.

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) su cooperación para detener a los responsables. El comandante de la Sexta Zona Militar, Rubén Venzor Arellano, así como el comandante de la XI Región Militar, Enrique Miranda, fueron removidos de sus cargos

El 18 de agosto, ocho de los presuntos agresores fueron ingresados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Monclova, pues el órgano de justicia militar se declaró incompetente para conocer del delito del Fuero Común, con lo que se convirtió en el primer proceso que se les sigue a soldados por violación ante la justicia civil en México. Cinco soldados más desertaron y continúan prófugos.

Las expectativas del caso entusiasmaron a organismos defensores de derechos humanos y organizaciones feministas. Por primera vez serían juzgados en el Fuero Común abusos sexuales cometidos por militares, lo que fue considerado un hito, ya que la justicia militar siempre ha brindado impunidad a soldados acusados de algún delito.

La confianza se robusteció con las reformas al Código Penal de la entidad --aprobadas meses antes de los hechos--, que permiten la acumulación de delitos conexos y de las penas, ya que los acusados podrían recibir sentencias de hasta 100 años de prisión.

Las víctimas se mostraron dispuestas a seguir los procesos hasta el final; y el 21 de noviembre iniciaron el desahogo de pruebas ante el juez. Ofrecieron sus testimonios, así como los escasos clientes que había en el lugar el día de los hechos y los policías municipales agredidos.

No obstante, el proceso dio un giro inesperado, coincidentemente cuando el gobierno de Felipe Calderón promovió la participación de las fuerzas armadas en su guerra contra el narcotráfico:

El soldado Héctor Méndez de la Cruz, detenido el 25 de enero, fue liberado por el juez Huerta Rodríguez, quien consideró con "validez suficiente" la declaración de un superior jerárquico, quien dijo que el presunto agresor no salió de la sede del IFE, a donde estaba destacamentazo el pelotón para resguardar las boletas de la elección presidencial.

Una de las víctimas, identificada como Fidencia, falló en la identificación física de su presunto agresor y los certificados periciales no fueron suficientes para el juzgador.

Días después, otro hecho frustró las expectativas de justicia creadas por el juicio: Wendy y Nuria se retractaron de sus declaraciones y derrumbaron de un tirón los expedientes 224/06, 230/06 y 220/06, en los que se implicaba a los soldados Rosendo García Jiménez, Casimiro Ortega Hernández y Norberto González Estrada. Su decisión afectó también el proceso contra los demás acusados, ya que participaban como testigos y sus testimonios eran considerados "clave" para la Fiscalía.

Mónica, Fidencia y Esperanza, otras de las víctimas declararon a Apro que en vísperas de los desistimientos fueron presionadas para que se retractaran. Personas no identificadas se presentaron en sus domicilios para amenazarlas y ofrecerles dinero.

Wendy y Nuria no sólo se retrataron, sino que acusaron a la directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Guadalupe Fraire; a la abogada del Centro de Orientación a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar (Coprovvi) coadyuvante de la fiscalía, Sandra de Luna; a la vocera de la Diócesis de Saltillo, Jacqueline Campbell; y a la periodista Soledad Jarquín Edgar, de haberles pagado para denunciar a los soldados.

Campbell interpuso una denuncia por difamación, con el propósito de descubrir la motivación de las mujeres, pero no prosperó.

Tras su retractación, Wendy y Nuria desaparecieron.

El delegado de la Procuraduría del estado en Monclova, Héctor Horacio de Hoyos, descarta que el fallo del juez Hiradier Huerta sea absolutorio para los militares, pese a la retractación de Wendy y Nuria:

"Hay una valoración de los medios de prueba, pues se debe privilegiar el dicho de la víctima y no se puede desestimar que hay dos que se retractan. Pero también el 80 por ciento de las víctimas ha reconocido a los victimarios en los careos, las confrontaciones y los exámenes médicos. Nosotros creemos que las resoluciones del juez van a ser justas y favorables para las afectadas."

El pasado 9 de julio el juez Hiradier Huerta notificó a la Fiscalía que se acumularon los 19 expedientes en 3, para economía del proceso, por lo que el miércoles 11, la fiscalía propuso al juez, las reglas del concurso real de delitos, recurso por el que está solicitando penas que alcanzarían, al menos en el caso del sargento Juan José Gaytán Santiago y de los soldados Fernando Adrián Madrid Guardiola, Norberto Carlos Francisco Vargas y Omar Alejandro Rancel Fuentes, 100 años de prisión, con base en el Código Penal de la entidad.

Huerta Rodríguez justifica la lentitud para dictar sentencia, que lo ha llevado al límite del plazo constitucional, que se cumple el 17 de agosto. "Hubo puntos torales que extendieron el proceso y en algunos casos se batalló para la presentación de testigos, de pruebas y ratificación de dictámenes".

--
El programa de AMLO todos los Martes, 1:00 a.m. (madrugada) por TV Azteca y por radioamlo en vivo.

Las tareas del Gobierno Legítimo de México se financian con donativos de los ciudadanos.Puedes depositar tus contribuciones en la cuenta número 0544555080 de Banorte, a nombre de Honestidad Valiente A.C., desde $30.00 hasta $30,000.00