Pasta de Conchos: sólo mentiras y engaños

Sara Lovera / Cimacnoticias
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Elvira Martínez, viuda de Vladimir Muñoz, atrapado con otros 63 trabajadores en el fondo de la Mina 8 de Pasta de Conchos, dijo sin ambages: “no nos cansaremos”. Y agregó: “sabemos que en forma intencional las autoridades y los dueños de Industrial Minera México pararon los trabajos de rescate de los restos de nuestros maridos, porque algo esconden”, y agregó que los peritos contratados ni han bajado a la mina por lo que no han inspeccionado.
Luego afirmó que irán a todas las instancias necesarias, por el tiempo necesario, para que se les haga justicia. En esta visita ya ampliaron su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la intervención responsable de la Cámara de Diputados, cuyo informe no se ha presentado al pleno, dilatando cualquier presión.
A 17 meses de la tragedia, 40 esposas y familiares de los trabajadores atrapados, rodeadas de la amenaza de lluvia y de patrullas –más de 30 policías, uniformados y de civil– con claveles rojos en recuerdo de los caídos y carteles de denuncia, protestaron por enésima vez frente a las instalaciones de la trasnacional IMSSA para denunciar que “nos han engañado todo el tiempo”, y no es verdad que les interese encontrar a los cuerpos; como no les interesa hacer justicia ni retirar la concesión a quien ha cometido “crimen industrial”.
Dieron a conocer que un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se comprometieron a presentar y dar salida al informe de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la mina Pasta de Conchos, informe que finca responsabilidades a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y Economía.
En la protesta, que como cada día 19 se realiza en la ciudad de México, ofició una misa el obispo Raúl Vera, quien explicó en su homilía que con su perseverancia y lucha las familias de Pasta de Conchos están dando un testimonio de vida, porque se busca la justicia en esta tierra. Vera llamó a los funcionarios a responder con eficacia a las demandas que han originado que durante más de 540 días las familias y las viudas permanezcan en pie de lucha.
Se entregó ahí un abundante documento de la Pastoral Laboral en el que se informa que ayer mismo se hizo una ampliación de queja ante la CNDH sobre las omisiones de la Secretaría del Trabajo, sus engaños y manipulación; la irresponsabilidad y violación a los derechos humanos de la Secretaría de Economía.
De cara a los medios, Elvira Martínez dijo que de ser necesario se acudirá a la Suprema Corte de Justicia para que se haga una interpretación del artículo 55 de la Ley Minera, donde se fundamentan las razones para el retiro de la concesión a IMMSA.
Durante la reunión, que duró más de tres horas, y por la que se retuvo al personal de IMMMSA que debía salir de laborar a las 6 de la tarde, hasta las 19 horas, se leyeron los testimonios de los rescatistas que contrató IMSSA como personal de General de Hulla, y quienes prueban que la empresa aplicó una estrategia dilatoria para la búsqueda; y cómo es que intencionalmente se retiraron los ademes (arcos de contención) para conseguir que los técnicos, contratados por la Secretaría del Trabajo, consideren peligrosas las labores de rescate.
Igualmente denunciaron que los días 11, 12 y 13 de julio se presentaron los peritos a la mina, sin bajar y sin mirar nada. “Eso es un engaño a los ojos de todos los pobladores” y es responsabilidad del Secretario del Trabajo.
De la reunión con los diputados se distribuyó una minuta en la que éstos demandan a Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, que presente el informe de la Comisión Especial, detenido hace más de tres meses; que realice acciones de difusión y publicación del informe; que exhorte al Senado de la Republica para que ratifique el Convenio 176 de la OIT relativo a la Seguridad y Salud en las Minas y que solicite a expertos nacionales e internacionales para que de inmediato elaboren un dictamen alterno, todo ello en coordinación con la CNDH.
El informe del mes 17 sobre la mina de Pasta de Conchos elaborado por Pastoral Laboral, que incluye el peregrinar de las mujeres por la justicia y recuerda el atentado que sufrió Cristina Auerbach Benavides hace un mes, sin que se haya localizado a los culpables, destaca los siguientes puntos como principales: “El 6 de junio, las señoras Elvira Espinoza y María Lourdes Zapata, ambas viudas de mineros de Pasta de Conchos, hicieron público su deslinde del dictamen que está preparando la STPS, fundamentalmente porque rompe con los acuerdos que se tomaron entre dicha secretaría y las familias, el pasado 12 de abril.
La STPS respondió en su Boletín No. 33, que: “el resultado del dictamen oficial se hará del conocimiento de los familiares de las víctimas y de la opinión pública, una vez que sea concluido en el mes de julio de 2007, por lo que resulta inadmisible su descalificación anticipada, toda vez que se encuentra en proceso de realización”. Sin embargo, la STPS no retoma los acuerdos con las familias, y apelando a una cláusula de confidencialidad, se les niega toda información sobre el peritaje y se les excluye a los representantes de las familias del equipo dictaminador, para que “sólo den su testimonio” y no dictaminar junto con el resto del equipo.
Al señor Manuel Royo, especialista en rescates en minas de carbón y quien fue propuesto por la FITIM a solicitud de las familias, para ser parte del equipo dictaminador, también lo excluyen sin dar ninguna explicación y lo nombraron “observador”, asunto que fue ratificado a Cimacnoticias por Jorge Campos, representante en México de ese órgano sindical internacional.
“Las esposas, madres y hermanas visitaron a la CNDH donde entregaron, entre otros documentos, una copia certificada de la opinión técnica que solicitó la CNDH a los ingenieros Manuel Sulca Miguel, ingeniero de minas con número de colegiación 40302 y presidente del Capítulo de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica del Colegio de Ingenieros del Perú, así como del ingeniero Euclides Bocanegra Vaella, con número de colegiación 72539 y superintendente de planta de la Compañía Minera Aruntani. Las conclusiones de esta opinión son:
a) Existen evidencias técnicas que permiten señalar la responsabilidad del Estado mexicano por no hacer cumplir las normas y reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente.
b) Existen evidencias técnicas que permiten acreditar la responsabilidad de la empresa Industrial Minera México SA de CV, por no cumplir a cabalidad con las normas y reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente.
c) Existen evidencias técnicas sobre la responsabilidad de los representantes de los trabajadores por permitir que los trabajos continúen en condiciones de inseguridad y al no acudir a las autoridades correspondientes para subsanar de inmediato las observaciones realizadas en materia de seguridad e higiene.
Anunciaron, finalmente, que dentro de un mes estarán aquí. Sin cansancio y para seguir demandando justicia, la que hasta ahora no encuentran ni en el gobierno federal, ni en la empresa, ni en Coahuila.