Mal empezó el año de 2008 para la libertad de información en México.
Una de las periodistas más influyentes del país, Carmen Aristegui, hubo de renunciar como presentadora del noticiero matutino en la cadena de radio privada W, pues su estilo crítico fue considerado incompatible con el nuevo ‘modelo editorial’ en vigor.
Radio W, donde Carmen Aristegui trabajó durante cinco años, pertenece a partes iguales entre el grupo mexicano Televisa –que produce el 80% del contenido audiovisual de México– y la española Prisa, propiedad del diario El País y del grupo editorial Santillana. La empresa, a través de un comunicado, ha justificado su decisión de no renovar el contrato de la periodista, el cual vencía el 5 de enero, dado que no aceptó incorporarse a un modelo basado en “el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”.
Este argumento parece poco convincente según numerosos comentaristas mexicanos, alarmados de ver que salga de la escena de los medios una personalidad como lo es la señora Aristegui, sólo seis meses después de la desaparición -también provocada por una diferencia con los propietarios- de un noticiero informativo legendario, de José Gutiérrez Vivó en Radio Monitor, uno de los pioneros de la información critica en México. Gutiérrez Vivó se dice víctima de un “boicot económico”, provocado por la simpatía hacia el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
El noticiero radiofónico que presentaba la señora Aristegui, de lunes a viernes, de seis a diez de la mañana, era por otro lado una locomotora que aseguraba a W Radio de fuertes ganancias publicitarias. La periodista tenía completa libertad sobre el contenido. Después de dos años, su emisión era una cita obligada de actores políticos y sociales, a los que ella cedía ampliamente la palabra, pero que sometía a cuestionamientos incisivos. Ciertos temas eran abarcados durante cuarenta minutos, una duración excepcional en los medios.
Veinte horas de radio por semana
Viernes, 4 de enero, en plenas vacaciones del auditorio y de su equipo, Carmen Aristegui recordó los fragmentos de valentía de los dos años precedentes: la difusión de las grabaciones de una conversación telefónica entre el gobernador de Puebla y un empresario, que evidenciaban un complot en contra de la periodista Lydia Cacho, denunciante de las redes de pornografía infantil; la controversia en torno a la elección presidencial de julio del 2006; y las acusaciones contra el arzobispo de México, el cardenal Norberto Rivera, supuesto encubridor de sacerdotes pedófilos.
Veinte horas de emisión semanales, retransmitidas a nivel nacional, influyen más en la opinión que la prensa escrita de calidad, leída apenas por el 10% de la población, recuerda el politólogo Sergio Aguayo. La periodista se hizo de poderosos enemigos, incluyendo Televisa, cuando apoyó la reforma electoral del 2007, que priva a los grupos mediáticos de jugosos negocios con anuncios de carácter político.
De acuerdo a Jorge Zepeda, editorialista del diario El Universal, ella también ha sido víctima del reajuste del grupo español Prisa, que ha preferido sabotear una emisión de fuerte audiencia, pero que se había convertido en demasiado “inquietante” para preservar sus intereses en un largo plazo dentro de un país clave de la América Latina. La decepción es grande hacia los españoles, considerados durante mucho tiempo como los “protectores” de la democratización mexicana: “Ello confirma el carácter autoritario de la estructura mediática (en México) y en el resto del mundo”, afirma Javier Corral, ex-senador del Partido Acción Nacional (PAN, de derecha) al poder, y feroz defensor del “derecho a la información”. M. Aguayo se preocupa de los efectos del aumento de cierres en los espacios mediáticos de la oposición: “Si la izquierda, que representa 30% del electorado, no encuentra la representación que merece, habrá una radicalización, fuente de inestablidad.”
Joëlle Stolz, corresponsal en México
(Traducción: Patricia Barrón)
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