LA CONCIENCIA DE LA RESISTENCIA

Copala, Guambia, Sarayaku

Tres ataques, una misma vileza

Ramón Vera Herrera

El 27 de abril, las autoridades del pueblo misak de Guambia, en el departamento de Cauca, recibieron un ultimátum membretado del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia que declara:
Conminar a líderes indígenas para que dejen de lado el discurso y hechos arcaicos a favor de los derechos indígenas e ideologías atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones para el pueblo guambiano, sin piedad ni temor alguno…
Declarar por objetivo militar permanente y enemigos a mujeres y hombres que por sus declaraciones, investigaciones, comunicados, argumentos, cartas, denuncias, diálogos y otros; afectan el buen nombre del régimen [siguen nombres de las autoridades del pueblo misak o guambiano].
Suspender de inmediato las declaraciones externas e internas, que están comprometidas al levantamiento de procesos y la apropiación de tierras… No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes del pueblo guambiano.
Un ultimátum así es prueba suficiente de que los crímenes que se le imputan al pueblo misak son defender la vida, su territorio, y su proceso de autonomía, pero sobre todo “afectar el buen nombre” de un régimen con la ruinosa calidad moral del de Álvaro Uribe.
El mismo 27 de abril, en Oaxaca, México, sicarios de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tendieron una emboscada con armas de alto poder sobre una caravana que intentaba abrir el cerco tendido sobre San Juan Copala, un municipio autoproclamado autónomo que las fuerzas paramilitares al servicio de Ulises Ruiz han intentado ahogar desde finales de noviembre, dejando a San Juan sin alimentos, agua, medicamentos, educación y otros servicios.
Desde días antes se reiteraban las amenazas sobre cualquiera que intentara llegar a la cabecera municipal y la caravana resultó suculenta para los paramilitares: Beatriz Cariño, de un consejo nacional en la lucha contra la minería, dos combativos reporteros de Contralínea, dirigentes de la APPO (incluido David Venegas), y observadores internacionales a quienes poder echarles la culpa de culquier insumisión.
El asesinato de Beatriz Cariño y del observador finlandés Jyri Paakkola, los varios heridos, la desaparición por tres días de algunos de los integrantes, y que Ulises Ruiz haya sido tan contundente y cínico en su declaración contra la caravana, provocaron el repudio internacional.
El 29 de abril varios desconocidos invadieron el territorio ancestral del pueblo kichwa de Sarayaku en la Amazonia ecuatoriana y atacaron con armas de fuego y dinamita. En lo profundo del monte le dispararon a quemarropa a hombres de la comunidad y Rudy Ortiz y Wilson Malaver quedaron heridos de bala. “Debieron ser trasladados en camilla por la selva en un recorrido de catorce horas hasta la pista aérea de Sarayaku de donde fueron evacuados en ambulancia aérea”.
Las autoridades de Sarayaku explicaron que “las razones del ataque tienen que ver con la posición de Sarayaku de no permitir que un grupo de personas extrañas a nuestro pueblo ocupen una porción de territorio dentro de la adjudicación legal titulada a nombre de Sarayaku, para construir allí una nueva pista aérea. La intención de esas personas es asentarse allí y formar una seudo comunidad a la que llamarían Kutukachi para negociar con la empresa petrolera AGIP su ingreso, ya que la zona del territorio de Sarayaku que pretenden ocupar es afectada por el Bloque 10”.
Pero si bien los atacantes intentaron apoderarse de espacios clave dentro del territorio, se trataba también de quebrar la resistencia de la población y confundir a la opinión pública con informaciones falsas: como la de que Marlon Santi, originario de Sarayaku (y qué coincidencia, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, movilizada a nivel nacional en defensa del agua), era el responsable de los hechos ocurridos y que había decenas de muertos y retenidos de entre los invasores.
Extraños hechos de violencia trajo la última semana de abril para tres emblemáticos proyectos autonómicos indígenas del continente.
Sarayaku es una de las comunidades que lleva años defendiendo su territorio amazónico de las petroleras. Si ha logrado mantener íntegro su ámbito es gracias a la fuerza comunitaria de su asamblea, opuesta con lucidez a los intereses que quisieran entregar la Amazonia completa al control transnacional de sus recursos estratégicos —se exploten ahora o se reserven para el futuro.
San Juan Copala es, además del territorio zapatista de Chiapas, uno de los procesos de autonomía en México que reivindica la reconstitución del tejido social de comunidades desgarradas por años y años de violencia mortal, recuperando la historia y el camino propio del pueblo triqui.
El pueblo misak ha logrado fluir entre la guerrilla y la contrainsurgencia, por décadas, reivindicando su propio camino libertario, y es ejemplo de sabiduría y justicia para muchos pueblos de toda América Latina.
Qué significan estos ataques, en la misma semana, contra estos tres símbolos. No se trata de tender borrosos vínculos entre los autores materiales o intelectuales de estos atentados. Pero es indudable que en todo el continente la resistencia indígena es tomada muy en serio por los agentes de inteligencia, por los operadores y funcionarios de empresas, gobiernos y organismos multilaterales. A todos les resulta intolerable la nítida visión de las comunidades, su estar fuera del engranaje y reivindicarlo. Por eso el intento de nuevos maquillajes legaloides, o de programas de compensación y envilecimiento para quienes doblan las manos y más descarnados mecanismos de infundio, denigración, cárcel o muerte para quienes se oponen a sus proyectos.
Pero por todo el continente los pueblos tienen más claro que nunca que, aunque sigan invisibles, son ellos los verdaderos custodios del futuro. Sus propuestas y sus lazos con otros pueblos y luchas cobran fuerza. Trátese de transgénicos, acaparamiento de tierras, megaproyectos, presas, minas, petroleras, entrega de bosques o biodiversidad, en los espacios con autonomías fuertes los intereses de fuera siguen saliendo derrotados.
Estos ataques dejan ver que a los invasores se les está volviendo desesperada la cacería por la opinión pública y por el control territorial que ahora ejercen los pueblos. Si esto es así, la defensa de los proyectos autonómicos tendrá que ser más extrema.
Los sabios misak lo dijeron así: “nuestra lucha es para la vida de la humanidad y no para la muerte. Reexistiremos por siempre en el tiempo y en el espacio”.

Juchitán, Oaxaca 1954. Fotos: Bernice Kolko

 

Espiral de la descomposición

Ante el escenario actual del país, los mexicanos tendemos pensar que debe haber un límite, un hasta aquí que ya no puede estar muy lejos, pero la sucesión de hechos violentos, represivos o vergonzosos, trivializados por el poder y la inflación real de los números de víctimas (materia prima de los medios de comunicación comerciales), sugieren que sucede justo lo contrario: el límite no parece estar a la vista.
La emboscada a una caravana civil que se dirigía al municipio autónomo triqui de San Juan Copala, y sobre todo las declaraciones y actitudes del gobierno de Oaxaca, hacen pensar que más bien se trató de una nueva vuelta de tuerca. Los paramilitares priístas (que oficialmente no existen) pudieron asesinar a una activista pacífica y un observador internacional (y fácilmente hubieran sido más los muertos; entre ellos tres periodistas acreditados como tales: David Cilia, Érika Ramírez  y el meritorio y valiente reportero de Huajapan de León, Roger Valle), sin que pasara nada. Un mensaje en forma para todo el país. Y bien mirado, para todo el mundo. Pregunten si no al gobierno de Finlandia (o los relatores de la ONU, Amnistía Internacional y la Unión Europea): en México así está el pedo, ¿entendido?
Las declaraciones de Ulises Ruiz Ortiz, el rey de los criminales impunes que son “gobierno” por acá, no tienen desperdicio. La culpa fue, sucesivamente, del municipio autónomo triqui, sitiado y sometido por los paramilitares de su gobierno; luego, de un candidato que literalmente no tuvo vela en el entierro (y ya eso dice mucho de qué clase de candidato es el de “oposición”), y finalmente, de los extranjeros que realizan actividades “ilegales”, como transitar caminos que hasta la cancillería considera no aptos para los güeros).
Impermeable a la verdad, el gobierno ulisista dio todo un performance de yo-no-fui que, para fines prácticos, lo mismo daba. ¿Sabremos algún día de dónde saca tanta impunidad el cacique oaxaqueño?
El jefe de los asesinos, Rufino Juárez, quien después de los hechos se paseaba con escolta armada, y armado él mismo, en Juxtlahuaca (como documentó Contralínea), tiene como padrino al secretario de Gobierno y exprocurador oaxaqueño Evencio Nicolás Ramírez, pieza clave en el entramado de padrinazgos y complicidades en que se sustenta ese régimen de Ruiz Ortiz y su ahijado Jorge Franco Vargas.
La Agencia Estatal de Investigaciones, e incluso el Ejército federal, se comportaron como subordinados del señor Juárez. De ese modo, un grupo realmente reducido de priístas, llamado Ubisort, puede controlar mediante el terror toda una región. No muy distinto es el modo de operar del narcotráfico.
La franquicia de gobernador, por lo demás, se ha vuelto muy jugosa (¿no dicen que hasta la poderosa maestra Elba Esther Gordillo quiere Chiapas?) en el actual desorden mexicano: un gobierno federal inepto, corrupto y arrogante, sostenido en parte gracias al apoyo e Washington (algo que no había ocurrido en México jamás); un crecimiento exponencial del poder criminal en buena parte del territorio nacional (las principales capitales y ciudades, lo mismo que sierras, costas y mesetas); un desdibujamiento extremo de los partidos políticos que se reparten el poder y el gran negocio de la “democracia” electoral; una “guerra” difusa y brutal que colateralmente mantiene aplacado el descontento social; un avance incontenible de Monsanto, Halliburton y demás bestias negras.
Ya hay narcogobernadores, y habrá más. Las elecciones se “narcotizarán”, como ya lo hizo, exitosamente, el sistema financiero. La existencia de grupos paramilitares se da bajo nuevos parámetros; en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, la violencia contra los pueblos indígenas la acaparan crecientemente grupos que más bien parecen bandas de sicarios, lo cual revela cierta profesionalización de sus crímenes. Ahí está el caso de Rogaciano Alba en la sierra de Petatlán. Y esto sin renunciar, como se ve ahora recrudecido en Chiapas contra las bases de apoyo del EZLN, al esquema de los grupos de autodefensa, la contrainsurgencia comunitaria y la militarización aplastante de los territorios indígenas.
Es por eso que los pueblos se están defendiendo tan decididamente. Si no lo hacen, nadie lo hará por ellos.

México, 1955

 

Una guerra descarada

contra los pueblos

Gloria Muñoz Ramírez

Los movimientos sociales en México se han encontrado como respuesta del gobierno y/o de los caciques locales, la tortura, la desaparición forzada, el encarcelamiento y en no pocos casos la muerte de sus integrantes. No es nuevo que las luchas por la defensa de la tierra, de la vivienda, del trabajo, la educación, la justicia, la salud y en general las luchas por la vida, se topen con la respuesta armada institucional o paramilitar de quienes pretenden arrebatar territorio y recursos. El periodo actual no es la excepción, pero tiene una particular carga de cinismo gubernamental. El reciente ataque paramilitar a una caravana de paz en las inmediaciones de San Juan Copala, Oaxaca, es un claro ejemplo. El saldo no es sólo de dos muertos, sino que contempla la puesta en marcha de una estrategia que ya no sólo atenta contra los integrantes de los movimientos, sino contra defensores de derechos humanos, observadores internacionales y periodistas.
La Otra Campaña, iniciativa política convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 2005, y puesta en marcha el primero de enero de 2006, contabiliza al momento de escribir estas líneas 35 presos políticos. Se trata de hombres y mujeres encarcelados por defender sus derechos y dignidad, su tierra y la vida. Su delito es no dejarse desaparecer.
La Red Nacional Contra la Represión y la Solidaridad y la campaña Primero Nuestros Presos, nacieron en el seno de La Otra Campaña para difundir y ampliar la lucha por la liberación de los presos políticos del país, en especial la de los 35 que integran esta iniciativa política, quienes se encuentran recluidos en cárceles de varios estados del país: en Campeche, tres; en Chiapas, seis; en el Distrito Federal, uno; en el Estado de México, doce; en Guerrero, tres; en Nayarit, uno y en Oaxaca, nueve. La mayoría pertenecen a diversas resistencias en sus respectivos estados, aunque “otros, los menos, los detuvieron porque pasaban o vivían allí, o por ser amigos o familiares de luchadores sociales”. Ninguno es delincuente.
Los presos. Una de las iniciativas que se construyeron al paso de la Otra Campaña es la Red Nacional Contra las Altas Tarifas de Luz. De ella forman parte los habitantes del municipio de Candelaria, Campe­che, quienes emprendieron la lucha contra los costos injustos impuestos por la Comisión Federal de Electricidad. Empezaron por no pagar la luz y así creció la resistencia por la cual fueron encarcelados Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contre­ras, y están bajo proceso Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano.
En Guerrero, el 27 de noviembre de 2008 fueron detenidos con lujo de violencia y sin órdenes de aprehensión, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández y Santiago Nazario Lezma. Actual­mente los tres permanecen en prisión en la cárcel de Tecpan. Su delito: ser parte de la organización Tierra y Libertad, que lucha por vivienda.
En Chiapas, pertenecientes a la organización La Voz del Amate, permanecen tras las rejas Alberto Patishtan Gómez y Rosario Díaz Méndez; además de Manuel Aguilar Gómez, fundador del ejido Jotolá, detenido por falsas acusaciones de la Organi­zación para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), de corte paramilitar. Artemio Díaz Heredia y Manuel Heredia Jiménez, de Mitzitón, fueron apresados por acusaciones del Ejército de Dios Alas de Águila, organización también denunciada como grupo paramilitar. Pascual Hernández Gómez y Armando Méndez corren la misma suerte. En la ciudad de México, se encuentra preso el joven activista y estudiante de Filosofía y Letras en la UNAM, Víctor Herrera Govea, detenido durante la movilización del 2 de octubre del 2009.
Los 12 presos políticos de Texcoco y San Salvador Atenco también son reivindicados por La Otra Campaña. Todos fueron capturados tras la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en esa región del Estado de México, “en represalia por la lucha que ha venido realizando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en contra del proyecto de aeropuerto”. Ellos son Ignacio del Valle Medina (sentenciado a 112 años), Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo, Jorge Alberto Ordóñez, Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar, Edgar Eduardo Morales Reyes, Oscar Hernández y Narciso Arellano.
En Nayarit, Tomas de Jesús Barranco fue detenido en 1996 por su presunta participación en un ataque del EPR en esa ciudad. Es el mismo caso de los presos de la región Loxicha, de Oaxaca, quienes desde 1996 fueron detenidos por su presunto involucramiento con un grupo armado. Ocho permanecen en prisión: Agustín Luna, Álvaro Sebastián, Justino Hernández, Mario Ambrosio, Fortino Enríquez, Eleuterio Hernández, Abraham García, Zacarías P. García.
También en Oaxaca se encuentra preso Abraham Ramírez Vázquez, miembro del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica; y bajo proceso está Miguel Cruz Moreno, del CIPO, acusado injustamente del asesinato del periodista alternativo Brad Will.
En el marco del reciente ataque a la caravana de observadores que se dirigía a San Juan Copala a ofrecer apoyo y víveres, y luego del secuestro, el pasado 20 de abril, “del compañero indígena Francisco de Asís Manuel, presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María Ostula, por un grupo paramilitar fuertemente armado”, el Congreso Nacional Indígena (CNI) condenó los hechos y exigió “el desmantelamiento de paramilitares en Michoacán, Oa­xaca  y Chiapas”.
El CNI advierte que el asesinato de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, integrantes de la misión humanitaria emboscada en la región triqui, se une a una larga lista “de asesinatos impunes tanto por la protección de José Murat como por la del tirano Ulises Ruiz Ortiz”.
En ambos casos, señala el CNI, destaca “el uso de cuerpos paramilitares por parte del Estado mexicano en una guerra declarada contra los pueblos indígenas de México, sobre todo ahí donde la resistencia indígena contra las pretensiones privatizadoras de las empresas transnacionales está presente”.

Iglesias evangélicas

y división en las comunidades

El papel que juegan en la actualidad en las comunidades indígenas las iglesias cristianas (más que las religiones propiamente dichas) resulta más relevante y complejo de lo que percibe la opinión pública en sus manifestaciones de “conflicto” y de nota roja. Los obispos católicos suelen llamar a la “tolerancia”, toda vez que frecuentemente son grupos católicos los que se supone agreden a evangélicos, presbiterianos o testigos de Jehová. 
Desde que se instaló en tierras indias la guerra de baja intensidad, el ingrediente “religioso” ha estado siempre presente en los “conflictos intercomunitarios” y ha sido una manera eficaz de diluir las evidencias de divisiones comunitarias prefabricadas y la paramilitarización en determinados casos. Muy marcadamente en Chiapas con los grupos Paz y Justicia y Máscara Roja, y ese inmenso laboratorio en tierras tsotsiles que desembocó en la masacre de Acteal.
Hoy se reedita en los municipios de San Cristóbal en las Casas, Huixtán y Chilón, con el Ejército de Dios, la Opddic y enclaves evangélicos sin identidad política definida. Curiosamente todos se manifiestan en torno a la ruta de una probable autopista muy codiciada por los empresarios y el gobierno.
Expulsiones, agresiones y castigos se suceden en comunidades de Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Yucatán, Oaxaca. Reseñados de pobre manera, proporcionan argumentos al racismo de los enemigos de los pueblo indígenas en los medios, las fuerzas represivas y la clase política. Según éstos, la “intolerancia” se debe al atraso, la ignorancia, el fanatismo, el salvajismo y la pobreza de esa gente tan manipulable a la que urge redimir para que acceda al progreso prometido por los eternos candidatos y estimulado por el Banco Mundial, el FMI, la ONU y las agencias de desarrollo estadunidenses y europeas.
El caso paradigmático de las expulsiones masivas en San Juan Chamula hacia 1980-1990, no tan paradigmático a fin de cuentas, puso en evidencia el trío poder político (PRI)-catolicismo tradicional-costmubres opresivas (machismo, alcoholismo) en esa región específica. A pesar de su significación, las interpretaciones han sido reduccionistas, parciales e interesadas. La iglesia católica progresista del área adquirió, infundadamente, un fuerte sentimiento de culpa que le ha impedido realizar un análisis realista del fenómeno. Por lo demás, la iglesia católica desempeña un papel histórico en la colonización, la reducción y el reclutamiento evangelizador de los pueblos en América.
Tampoco la academia ha profundizado lo suficiente, quedando en el registro demográfico, el recuento de daños, la descripción de viejos y nuevos usos y costumbres y ocasionalmente la reivindicación, muy fundada, de los derechos humanos y la libertad de culto.
Comienzan a elaborarse, sin embargo, estudios más puntuales sobre el papel de la evangelización cristiana no católica en medio de las guerras y la violencia en Guatemala y Colombia, y sus reflejos en Chiapas después del levantamiento zapatista, si bien el EZLN ha evitado sistemáticamente la caracterización “religiosa” de su movimiento. Un trabajo en esta dirección, aun inédito, es Las lógicas del poder de las iglesias evangélicas en tierras mayas, del investigador Miguel de León Ceto.
A continuación, Ojarasca presenta el testimonio de un caso particular en la serranía zapoteca de Oaxaca sobre el conflicto presuntamente religioso de Teotlasco. Su interés reside en que arroja luz sobre el papel desarticulador, desindianizante podría decirse, de los nuevos cultos, basados en una lectura “occidental” de la Biblia judeocristiana que impulsa valores individualistas y pone en crisis los vínculos comunitarios, mal que bien construidos a pesar de la imposición católica, con ese creativo sincretismo por adaptación y sobrevivencia que los pueblos han desarrollado para no desaparecer bajo el Estado nacional, y ahora la ofensiva global del expansionismo estadunidense.
Nos encontramos ante un debate pendiente. Es necesario ir más allá de las interpretaciones sesgadas de las iglesias y los usos militares y políticos de esta problemática. Un debate que sólo será legítimo si se fundamenta en la voz y la experiencia de los pueblos mismos, desde sus estructuras tradicionales-pero-cambiantes y la comprensión lúcida de su espiritualidad ancestral.

En Teotlasco, Oaxaca no hay intolerancia religiosa

En Teotlasco hay una agresión flagrante a las instituciones ancestrales de nuestra comunidad zapoteca por parte de algunas personas que profesan religiones protestantes, quienes se escudan en su religión para hacer una campaña de desprestigio acusándonos de intolerancia religiosa, ocultando su verdadero propósito que es destruir el sistema de cargos.
Actualmente en Teotlasco se practican las religiones: católica y dos protestantes: la llamada Arca de Noé y la denominada Iglesia de Jesucristo, además de prácticas espirituales zapotecas. Ésta es una prueba de que en Teotlasco no hay intolerancia religiosa.
La fiesta anual de nuestra comunidad es resultado del sincretismo religioso, ya que por un lado se venera a Santiago Apóstol y al mismo tiempo la fiesta nos permite convivir entre todas las personas de la comunidad y con los visitantes de las comunidades zapotecas circunvecinas, como una forma de conservar la unidad regional como pueblo zapoteca y nuestras raíces ancestrales. La fiesta es una institución que nos permite fortalecer interna y externamente nuestra comunidad y quien intente destruirla está atentando contra nuestros derechos colectivos.
Los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad de Teotlasco que estamos conscientes de los derechos colectivos que nos protegen como pueblo y comunidad indígena alzamos hoy nuestra voz para exigir respeto a los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución Mexicana, en la Constitución de Oaxaca y en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Quienes atentan contra las instituciones comunitarias están cometiendo un delito que se llama etnocidio y es importante que las comunidades indígenas hoy lo sepan para que no sigan permitiendo la destrucción de las instituciones comunitarias como el tequio, la asamblea, el sistema de cargos, la fiesta y la propiedad colectiva de la tierra, que son las instituciones que nos han permitido resistir a 500 años de colonización.
Los protestantes que hoy han ofendido a nuestra comunidad, sólo se han dedicado a decir mentiras contra nuestra comunidad y las han magnificado a través de los medios de comunicación que sin haber ido a nuestra comunidad sólo han repetido las invenciones de Jaime Hernández Martínez y Marcos Hernández García, quienes cuentan con la asesoría de Jared Jerónimo Bautista y Aarón Hernández Martínez, originarios de Teotlasco, pero que no prestan servicios a la comunidad, así como de Óscar Moha, presidente de la organización Voz de los Mártires, profesional que se dedica a la defensa de los adeptos a religiones protestantes.
La autoridad municipal de Teotlasco ha buscado en el presente año construir la unidad y la armonía de la comunidad ante la resistencia que han presentado los protestantes de realizar los cargos comunitarios que la asamblea les ha conferido. Prueba de ello es que la autoridad municipal y comunal convocaron a una mesa de diálogo para buscar la paz y la unidad de la comunidad; por esta razón es que se han realizado varias reuniones en los templos protestantes, la comunidad y en oficinas de gobierno para analizar el problema, contando con la participación de funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la dirección de gobierno de la secretaría general de Gobierno del estado de Oaxaca, la delegación de Gobierno de Ixtlán de Juárez y la presidencia municipal de Ixtlán de Juárez.
El pasado 18 de marzo se realizó una asamblea con la presencia de funcionarios de las instituciones antes mencionadas, donde se acordó que cada ciudadano de nuestra comunidad tiene que realizar 19 cargos al servicio de la comunidad durante su vida, mismos que serán electos en asamblea comunitaria y en el caso de los protestantes ninguno de esos cargos tendrá relación con la religión católica. A pesar de esta situación los protestantes se negaron a firmar el acta del 18 de marzo, incluso desoyeron a Óscar Moha quien los exhortó a firmarla. aunque finalmente de palabra se comprometieron a respetarla.
El pasado 11 de abril cuando la autoridad municipal les pidió a los protestantes firmar el acta del 18 de marzo, a petición de otra asamblea comunitaria, las autoridades fueron insultadas por Marcos Hernández, Luis Hernández, Jaime Hernández y Andrés Hernández; por lo que fueron encarcelados por faltas administrativas por 24 horas. Pedro Martínez que también había insultado a la autoridad el día anterior, fue encarcelado por 12 horas el día 10 de abril. Nunca se les encarceló por practicar sus religiones como ellos lo han manifestado a la opinión pública.
Es totalmente falso que a Jaime y Marcos, así como a los demás protestantes de Teotlasco se les hayan impuesto cooperaciones de mil 500 pesos para la fiesta de la comunidad, es totalmente falso que se pretenda expulsar de la comunidad a todas las personas que profesan una religión protestante, es totalmente falso que el ciudadano Maximino Manzano Martínez sea quien esté impulsando la expulsión de los protestantes, es totalmente falso que se pretenda privar de su derecho a la educación a los niños de padres protestantes. Los protestantes sólo se han dedicado a difamar con mentiras a la comunidad de Teotlasco.
Al arzobispo de Oaxaca José Luis Chávez Botello, con todo respeto le pedimos solicite información a la comunidad católica de Teotlasco antes de calificar de ilegales nuestros actos. La ilegalidad ha sido una práctica recurrente en nuestro estado y pocos se han atrevido a denunciarla. No se vale que por ser una pequeña comunidad hoy se nos quiera echar la culpa de algo que no hemos cometido. Habrá que recordar que la iglesia católica tiene una deuda no reconocida con las comunidades indígenas y que no es por nuestra causa que hoy la iglesia católica se encuentre en el desprestigio.

  

Santiago Teotlasco, Ixtlán, Oaxaca, 21 de abril de 2010.

Fortino Pérez Hernández

Agente Municipal
Santiago Teotlasco

La fotógrafa Bernice Kolko (1904-1970) nacida en Polonia, atravesó con su mirada el siglo XX con singular puntería y gracia. Avecindada en nuestro país desde 1951, dirigió su ojo a los creadores mexicanos y los pueblos indígenas especialmente. Las fotos que aparecen en este número proceden del libro Bernice Kolko, fotógrafa, con textos de Ariel Zúñiga y José Antonio Rodríguez, Ediciones del Equilibrista, México, 1996.