Marcela Salas Cassani
Santa María Atarasquillo, Estado de México. El proyecto carretero Toluca- Naucalpan y Lerma–Tres Marías, que desde hace tres años el gobierno del estado intenta construir sobre la reserva ecológica del Parque Otomí-Mexica, provocaría la tala de cientos de miles de árboles, “la desaparición de mantos acuíferos y la inaccesibilidad a nuestros lugares sagrados”. “No lo permitiremos”, aseguran representantes ñañhús de diversas comunidades del Estado de México entrevistados por Ojarasca.
“Un proyecto de esta magnitud”, señala Ernestina Ortiz Peña, ñuhú originaria de Santiago Tianguistenco, “sólo beneficiará económicamente a inversionistas extranjeros y poderosos políticos, porque a nosotros, los pueblos, lo único que la carretera nos traerá será una gravísimo desastre ecológico: exterminarán las tierras, las plantas, las aves, los manantiales, por no hablar de nuestra cultura y nuestras costumbres, que también serían severamente afectadas si se construye la autopista, pues ésta nos cerraría el paso a nuestros lugares sagrados”.
Tan sólo la construcción de 32 kilómetros del tramo carretero que iría de Toluca a Naucalpan prevé la destrucción de un millón 920 mil metros cuadrados de bosque correspondientes a la sub cuenca tributaria del Río San Lorenzo. “En esta área”, señala Miguel Banda, representante de la Fundación Comunidades del Alto Lerma, “se pretenden talar más de un millón de árboles, a pesar de que cada árbol garantiza 250 litros de agua al año”.
La batalla contra el ecocidio que la construcción de una carretera significa en esta área comenzó en 2008, cuando terrenos comunales de los pueblos de San Francisco Xochicuautla y Huizizilapan fueron invadidos, sin consultar ni informar a los pobladores, por maquinaria de construcción. Vecinos de estas demarcaciones denuncian que hubo engaños para que los comuneros vendieran, de manera ilegal, sus tierras. “A un anciano que vive solo en el bosque, le ofrecieron cuatro mil pesos por su milpa y su ranchito, y como él no habla español, les firmó cediendo los derechos de su tierra, cosa que es contraria a derecho, pues por tratarse de tierras comunales, antes de vender debe consultarse a la asamblea”, dijo Ernestina Ortiz.
Miguel Mireles Ramírez, comunero de Huizizilapa, relata: “En mi comunidad, sin avisar nada a nadie talaron más de mil árboles y marcaron las tierras para empezar las obras de construcción, pero, en aquella ocasión, los comuneros los detuvimos y nos organizamos en asambleas para manifestar nuestro absoluto rechazo a la carretera”.
La cordillera del Parque Otomí-Mexica, que va de las Lagunas de Zempola hasta el Cerro de la Bufa, fue declarada área natural protegida en 1980, y en el 2006, durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue nombrada Santuario del Agua, debido a los innumerables humedales y manantiales que garantizan el abasto del líquido vital a las poblaciones que viven alrededor de la cordillera, así como al Distrito Federal y su zona metropolitana. Más tarde, en el 2007, el área fue ratificada como patrimonio ecológico del Estado de México.
“Sin embargo, el gobierno no hace nada por preservar los recursos naturales. En las tierras comunales se están abriendo minas para su explotación, con la consecuente destrucción de mantos acuíferos, y se llevan a cabo talas forestales clandestinas avaladas por dependencias de gobierno como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Agraria”, la cual, apunta Marcelino González Hernández, ñañhú de San Miguel Ameyalco, “ha jugado un papel muy importante en el despojo de las tierras, pues manipula a las poblaciones para que cedan sus terrenos, provocando divisiones no sólo entre comunidades, sino también entre familias”. González Hernández agrega que además, a través de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, “se ha instado a las comunidades a que acepten el proyecto de la autopista con el argumento de que ‘Enrique Peña Nieto debe ser presidente’, y han hostigado, amenazado y sobornado a autoridades tradicionales que se oponen a la venta de tierras”.
En Valle de Toluca, zona lacustre, las lagunas de Chingnahuapan y Chimaliapan, que nacen del río Matlatzinco (río Lerma) se encuentran amenazadas hoy más que nunca, pues, además de enfrentar las sequías provocadas porque alimntan al sistema Cutzamala desde hace más de 50 años, el proyecto carretero tiene contemplado pavimentar la zona, lo cual provocaría la pérdida definitiva de mantos acuíferos y manantiales, así como de los cientos de especies que allí habitan.
Muy cerca del Valle de Toluca, se encuentra el pueblo de Amomolulco, lugar donde nace el agua dulce, otro pueblo amenazado por las grandes obras que el gobierno de Peña Nieto pretende realizar antes de que termine su gestión. “Aquí”, señala Víctor Manuel Coria Sánchez, comunero de Amomolulco, “en 161 hectáreas, de las cuales 44 son tierras comunales, se pretende construir la ‘Ciudad de Conocimiento’, una proyecto a cargo del grupo Carso, de Carlos Slim, para el que se pretende despojar a 44 familias de sus territorios ancestrales”.
Fernando Lechuga, originario del Tultepec y representante legal de los comuneros de Amomolulco, señala que “al invadir los predios comunales, el gobierno del estado viola la Constitución mexicana, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.
Frente al intento ilegal de compra de tierras comunales por parte del gobierno, Víctor Manuel Coria señala que: “no queremos ni un centavo de ellos, lo queremos son nuestras tierras, que nos dejen en paz, que se detenga el ecocidio”.
Ante esta brutal embestida del Estado, los pueblos de la entidad se han organizado en el Frente de Pueblos Indígenas por la Defensa del Medio Ambiente, movimiento ciudadano al margen de los partidos políticos que realiza diferentes esfuerzos por “pasar la voz”. El frente difunde su lucha vía internet, y a través de foros como la Cumbre de Pueblos Indígenas en Defensa del Medio Ambiente, que se realizó el 15 de mayo en San Francisco Xochicuautla, y la asamblea realizada el 4 de junio en San Mateo Atarasquillo. El objetivo es lograr la articulación de los diversos pueblos de la región Toluca-Naucalpan para hacer frente a la ambición de un Estado capitalista que pretende arrebatarles su territorio.
“Que sepa el gobierno que los indígenas seguiremos alzando la voz, exigiendo respeto a nuestra autonomía y libre determinación”, finalizó Marcelino González.
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