El "gobierno legítimo" pide que comparezca el director

El IPAB cedió 7,786 inmuebles al SAE para su venta a bajo precio

ALMA E. MUÑOZ

El "gobierno legítimo" de México denunció que durante 2005 el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) transfirió 7 mil 786 inmuebles al Sistema de Administración de Bienes Asegurados (SAE) con la finalidad de que los pusiera a la venta por debajo de su valor de mercado, con lo cual ambas instancias "violaron disposiciones legales y causaron daño a las finanzas públicas".

Con base en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indicó que esa operación provocó una pérdida por 10 mil 919 millones de pesos, pues los activos se remataron a menor precio del valor asentado en las escrituras de compra-venta.

Ante ello, el "gobierno legítimo" se manifestó porque la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al director del organismo, Luis Miguel Alvarez, para que explique en forma detallada acerca del proceso de venta de dichos activos, debido a que operaciones de este tipo "hasta podrían originar lavado de dinero".

La denuncia fue presentada por la Secretaría de la Hacienda Pública del "gobierno legítimo", a cargo de Mario di Costanzo. En ella, planteó que el IPAB realizó la transacción de "manera silenciosa" para que el SAE rematara los inmuebles "por debajo de su valor de mercado, afectando las finanzas públicas y violando la ley". Y con ello, subrayó, "evitó que se reduzca el costo del rescate bancario por medio de la venta de activos".

Incluso mencionó que la ASF concluyó en su informe sobre el tema que "no se obtuvieron las condiciones económicas (en esta operación) y, por tanto, se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal".

Adicionalmente, el "gobierno legítimo de México" planteó que el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB presenta una diferencia de 483 activos, pues su "saldo real es de 7 mil 284 inmuebles y registró en la transferencia hecha con el SAE, 7 mil 767". Por esta razón, concluyó que esa divergencia habla de propiedades que "no aparecen o se encuentran extraviadas".

Deslizó la posibilidad de que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el IPAB cediera los inmuebles al SAE para hacer una "venta de garage", que permitiera a "personas influyentes que fueron rescatadas por el Fobaproa readquirir sus propiedades a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real".

Recordó que la Junta de Gobierno del SAE a la fecha "no tiene establecidos lineamientos generales para la enajenación de bienes, que permitan evaluar propuestas de adjudicación".

Ante ello, consideró necesario que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al director del organismo para que dé una explicación detallada del proceso de venta de activos, "pues la operación podría originar hasta lavado de dinero".

Indicó que a la fecha, el IPAB "ha vendido un total de 325 mil 698 créditos por 10 mil 539 millones de pesos, que amparan casas de interés social y residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etcétera, y sus valores son muy superiores al precio pagado por estas compañías".