En México se porotegen los derechos humanos, prueben un solo caso de abuso
Afirmó a “quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso”.
Hay muchas pruebas, precisa el director para América del organismo de derechos humanos
El director de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, desmintió al presidente Felipe Calderón, quien dijo ayer que los casos de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares son procesados en México. Hay muchas pruebas y evidencias que muestran que los abusos del Ejército rutinariamente quedan impunes
, aseveró.
La afirmación presidencial, subrayó Vivanco, se desvanece ante todas las pruebas disponibles.
Calderón recalcó al término de la cumbre de mandatarios de América del Norte que su gobierno tiene un compromiso absoluto y categórico con los derechos humanos
, y añadió que sus críticos tendrían que demostrar cualquier caso, aunque sea uno solo, donde las autoridades no han actuado de modo correcto, o que las autoridades competentes no han castigado a nadie que ha abusado de su autoridad, sean policías, soldados o alguien más
.
Ante ello, Vivanco precisó: hay muchas pruebas y evidencias que muestran que los abusos del Ejército rutinariamente quedan impunes
.
El director de HRW para América subrayó que, más que exigir, la administración de Calderón debería atender el problema y dejar de defender el sistema fracasado de justicia militar, que perpetúa la impunidad
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En entrevista, cuestionado también sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no entrar a fondo en el caso del fuero militar, Vivanco
comentó que no debe quedar la impresión de que el fuero militar sirve para que se cometan violaciones a derechos humanos; lo que ocurre es que se trataron cuestiones procesales y no fueron al fondo y hubo una mayoría de seis magistrados contra cinco que rechazó que le concediera el amparo (a la quejosa), pero lo que no queda claro es con qué recurso cuenta una futura víctima para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos
.
Vivanco añadió: si la mayoría de los jueces entienden que el amparo no es el vehículo idóneo para discutir el fuero militar, entonces ¿qué le queda a una víctima, recurrir a una instancia internacional?
Indicó que vino a México exclusivamente para presenciar estas audiencias donde la Corte iba a tratar el caso del amparo contra el fuero militar. Me voy con preocupación y desilusión porque los ministros no entraron al fondo del tema
.
El director de HRW para América resaltó que le habría gustado que la mayoría de los ministros de la SCJN hubiera avalado la tesis del ministro Cossío, pero no fue así. Yo estuve en la Corte y seguí el caso, y lo que puedo decir es que hay que seguir batallando para que el máximo tribunal se pronuncie sobre el fondo; es legítimo que cualquier tribunal examine primero lo procesal y luego vaya al fondo. Hay que respetar los procedimientos. Yo vi que había discrepancias, diferencias, y al final la mayoría se impuso por rechazar el caso
.
Abundó que ahora el Congreso tiene la tarea que cumplir sobre la constitucionalidad del fuero militar, y lo que se requiere es adecuar algunos artículos del Código de Justicia Militar con lo que dispone el artículo 13 constitucional, porque no se trata de eliminar el fuero, sino de circunscribirlo a lo que la Carta Magna ordena, a la disciplina militar
.
Vivanco recordó que desde que Calderón desplegó más de 40 mil elementos del Ejército para combatir al crimen organizado, repetidamente hay denuncias de abusos militares contra civiles, entre ellos violación sexual, tortura, ejecuciones, detenciones ilegales, cateos y desapariciones.
Incluso, destacó, el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 230 quejas de abusos militares, que representan un aumento de 600 por ciento en los pasados tres años
.
Vivanco señala que los militares mexicanos habitualmente asumen que su jurisdicción investigue los abusos, pero no hay avances.
México: impunidad uniformada/ Informe de Human Rights Watch
por carbasHuman Rights Watch Americas acaba de publicar Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.
El informe señala que: “Desde que asumió el cargo, el Presidente Felipe Calderón ha delegado principalmente en las fuerzas armadas la lucha contra la violencia producto del narcotráfico y del crimen organizado. La necesidad de mejorar la seguridad pública es evidente. México enfrenta un contexto de intensas luchas territoriales entre poderosos cárteles de narcotraficantes, la entrada de armas sofisticadas al país, numerosos secuestros y ejecuciones en varios estados de la República, y aterradoras formas de violencia incluyendo decapitaciones. La competencia y las pugnas entre poderosos cárteles, así como los enfrentamientos armados entre estos y las fuerzas de seguridad pública, han causado la muerte de miles de civiles, policías y oficiales de las fuerzas armadas. El número de víctimas ha incrementado significativamente desde 2006, llegando a una cantidad estimada de 6.000 muertes en tan sólo 2008″.
“México ha utilizado a las fuerzas armadas en operativos contra el narcotráfico y la insurgencia durante décadas. No obstante, la visibilidad de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública ha incrementado drásticamente durante el gobierno de Calderón, quien ha planteado el despliegue del Ejército como una de sus estrategias clave para combatir al narcotráfico y mejorar la seguridad pública. Miles de integrantes de las fuerzas armadas han sido incorporados a la policía federal y más de 40.000 efectivos entre militares y policías han sido asignados a distintas partes del país. En ciudades muy violentas, como Ciudad Juárez y Tijuana, los gobiernos locales han designado a militares de alto rango al frente de la policía. Si bien el gobierno de Calderón ha señalado que el uso del Ejército es de carácter temporal, aún no ha presentado siquiera un plan provisional para el repliegue de las tropas”.
“En el marco de las actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Los abusos documentados en este informe incluyen una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur de México, la tortura y detención arbitraria de ambientalistas durante operaciones contra el narcotráfico, y varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República en 2007 y 2008. Muchas de las víctimas en los casos documentados en este informe no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes”. VER INFORME COMPLETO.
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