- Las medidas de reforzamiento de seguridad en estaciones migratorias, anunciadas por la Comisionada del INAMI Cecilia Romero, no representan una política integral y transversal de protección a las personas migrantes
- El INAMI no ha hecho pública la cantidad de personal cesado y procesado por vinculación en el delito de secuestro a migrantes
- Persisten las condiciones inadecuadas y violatorias de lo derechos humanos al interior de las estaciones migratorias
- Se reitera el compromiso del Estado mexicano de presentar un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la petición expresada por esa Ilustre Comisión para que la Relatoria Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias realice una visita in loco a México
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Boletín de Prensa
06 de abril de 2010
06 de abril de 2010
A los medios de comunicación A las autoridades mexicanas
A la opinión publica
El 22 de marzo del año en curso varias organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave problemática del secuestro a migrantes y la tardía reacción del Estado mexicano por atenderla. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) anunció hace unos días una serie de acciones que reafirman el perfil de control y el enfoque de seguridad nacional de la política migratoria mexicana.
Las organizaciones de la sociedad civil continuamos documentando violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes cometidas por autoridades estatales, federales y municipales, así como por civiles. Esta constante nos lleva a reiterar que el enfoque de administración de flujos y control fronterizo que ha caracterizado al Instituto Nacional de Migración ha llevado a que el Estado mexicano diste aún mucho de lograr una política migratoria integral con perspectiva de derechos humanos. A continuación, manifestamos las siguientes precisiones:
1. De acuerdo con declaraciones de la Comisionada del INAMI, Cecilia Romero, publicadas el 30 de marzo, doce estaciones migratorias ubicadas en la frontera norte del país reforzarán sus medidas de seguridad para “evitar que las personas migrantes sean presa fácil de la delincuencia organizada”. Afirmó que se continuaría con controles de confianza al personal que labora en esa dependencia y con la aplicación de la circular que protege a migrantes secuestrados por medio de la emisión de la visa humanitaria durante se lleva a cabo la investigación de la denuncia.
Las propuestas del INAMI, definidas desde la perspectiva de seguridad nacional, determinan acciones de protección a la integridad territorial y a las instancias del Estado; sin embargo, no corresponden a una política de protección integral y con enfoque de derechos humanos que evite el sufrimiento de un secuestro durante el tránsito por territorio mexicano.
2. La protección brindada por el Estado mexicano a las víctimas del secuestro se encuentra limitada a la emisión de un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios mientras se da cauce a la denuncia
Al respecto, las organizaciones firmantes reiteramos que es necesario que la emisión de este permiso sea acompañada de una estrategia de reparación del daño, atención psicológica y apoyo para la integración social, cultural y laboral de las víctimas. Mientras esto no suceda, las víctimas continuarán desistiendo de los procesos y regresando a sus comunidades de origen, perpetuando la impunidad ejercida por autoridades del Estado mexicano.
3. Si bien es cierto que el INAMI no es una agencia investigadora, sí tiene la responsabilidad de identificar y denunciar actos de corrupción, abuso de poder y colusión de funcionarios con grupos de la delincuencia organizada. A pesar de que la Comisionada mencionó el cese de 300 funcionarios del INAMI por implicación en redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, la dependencia no ha emitido ningún informe o pronunciamiento sobre la existencia de funcionarios cesados por su participación en el secuestro a personas migrantes.
4. Al contrario de lo afirmado por la Comisionada del INAMI las condiciones de detención en las estaciones migratorias continúan siendo inadecuadas. Tan sólo en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas existe un alto porcentaje de personas migrantes al que no se les practica examen médico tras su ingreso al centro de detención; la alimentación no esta en buen estado y no cubre requerimientos nutricionales óptimos; las personas detenidas no reciben enseres de aseo personal y no cuentan con lugares dignos para descansar mientras se realiza su procedimiento administrativo. Asimismo un alto porcentaje de migrantes denuncian no haber declarado ante autoridades migratorias, no recibir información sobre sus derechos, y no ser informado de su derecho a acceder a una defensa legal; situaciones que obstaculizan el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia. Incluso, las y los solicitantes de refugio, población aún más vulnerable, se enfrentan a éstas y más violaciones procedimentales, cuando en realidad deberían gozar de una protección especial.
Ante esta situación las organizaciones firmantes:
Rechazamos el persistente enfoque de control migratorio que caracteriza a la política migratoria del Estado mexicano y que implica la criminalización de la migración, militarización de las fronteras, seguridad nacional por encima de la seguridad humana, el incremento de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, y la violación a los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano;
Reiteramos la obligación del Estado mexicano de no responder al fenómeno migratorio con acciones aisladas e inmediatistas, y por el contrario definir una política migratoria integral y transversal que atienda la problemática del secuestro a migrantes y que garantice el respeto y la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México;
Insistimos en la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración de informar la identificación y sanción a funcionarias y funcionarios involucrados en actos de corrupción, abuso de poder y complicidad con la delincuencia organizada en el delito de secuestro a personas migrantes;
Exhortamos al Estado mexicano a que cumpla con su compromiso de presentar un Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dé seguimiento a los aspectos pronunciados por esa Ilustre Comisión en su comunicado de prensa del 138 periodo de sesiones y retome el interés expresado por Felipe González, Relator de Trabajadores Migratorios y sus Familias de la Comisión, de realizar una visita in loco a México para investigar la situación y observar las condiciones de las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano;
Nos sumamos a la condena que la Red Todos los Derechos para Todos y Todas y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco han emitido al respecto de los operativos de detención que el Instituto Nacional del Migración, en conjunto con la Policía Federal y la Policía Municipal llevaron acabo los días 14 y 16 de marzo en contra de personas migrantes centroamericanas que se encontraban en el municipio de Macuspana, Tabasco. Además, destacamos que esta acción de detener el tren y, por lo tanto, de poner en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas migrantes, es una práctica sistemática de violación a los derechos humanos ejercida por el Instituto Nacional de Migración en varios municipios de los estados de Tabasco y Veracruz.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Frontera Con Justicia, A.C.
Humanidad Sin Fronteras, A.C.
Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca
Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana
Servicio Jesuita a Migrantes México
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios
Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C. de Reynosa, Tamaulipas
Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz
A la opinión publica
El 22 de marzo del año en curso varias organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave problemática del secuestro a migrantes y la tardía reacción del Estado mexicano por atenderla. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) anunció hace unos días una serie de acciones que reafirman el perfil de control y el enfoque de seguridad nacional de la política migratoria mexicana.
Las organizaciones de la sociedad civil continuamos documentando violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes cometidas por autoridades estatales, federales y municipales, así como por civiles. Esta constante nos lleva a reiterar que el enfoque de administración de flujos y control fronterizo que ha caracterizado al Instituto Nacional de Migración ha llevado a que el Estado mexicano diste aún mucho de lograr una política migratoria integral con perspectiva de derechos humanos. A continuación, manifestamos las siguientes precisiones:
1. De acuerdo con declaraciones de la Comisionada del INAMI, Cecilia Romero, publicadas el 30 de marzo, doce estaciones migratorias ubicadas en la frontera norte del país reforzarán sus medidas de seguridad para “evitar que las personas migrantes sean presa fácil de la delincuencia organizada”. Afirmó que se continuaría con controles de confianza al personal que labora en esa dependencia y con la aplicación de la circular que protege a migrantes secuestrados por medio de la emisión de la visa humanitaria durante se lleva a cabo la investigación de la denuncia.
Las propuestas del INAMI, definidas desde la perspectiva de seguridad nacional, determinan acciones de protección a la integridad territorial y a las instancias del Estado; sin embargo, no corresponden a una política de protección integral y con enfoque de derechos humanos que evite el sufrimiento de un secuestro durante el tránsito por territorio mexicano.
2. La protección brindada por el Estado mexicano a las víctimas del secuestro se encuentra limitada a la emisión de un permiso de residencia temporal por motivos humanitarios mientras se da cauce a la denuncia
Al respecto, las organizaciones firmantes reiteramos que es necesario que la emisión de este permiso sea acompañada de una estrategia de reparación del daño, atención psicológica y apoyo para la integración social, cultural y laboral de las víctimas. Mientras esto no suceda, las víctimas continuarán desistiendo de los procesos y regresando a sus comunidades de origen, perpetuando la impunidad ejercida por autoridades del Estado mexicano.
3. Si bien es cierto que el INAMI no es una agencia investigadora, sí tiene la responsabilidad de identificar y denunciar actos de corrupción, abuso de poder y colusión de funcionarios con grupos de la delincuencia organizada. A pesar de que la Comisionada mencionó el cese de 300 funcionarios del INAMI por implicación en redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, la dependencia no ha emitido ningún informe o pronunciamiento sobre la existencia de funcionarios cesados por su participación en el secuestro a personas migrantes.
4. Al contrario de lo afirmado por la Comisionada del INAMI las condiciones de detención en las estaciones migratorias continúan siendo inadecuadas. Tan sólo en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas existe un alto porcentaje de personas migrantes al que no se les practica examen médico tras su ingreso al centro de detención; la alimentación no esta en buen estado y no cubre requerimientos nutricionales óptimos; las personas detenidas no reciben enseres de aseo personal y no cuentan con lugares dignos para descansar mientras se realiza su procedimiento administrativo. Asimismo un alto porcentaje de migrantes denuncian no haber declarado ante autoridades migratorias, no recibir información sobre sus derechos, y no ser informado de su derecho a acceder a una defensa legal; situaciones que obstaculizan el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia. Incluso, las y los solicitantes de refugio, población aún más vulnerable, se enfrentan a éstas y más violaciones procedimentales, cuando en realidad deberían gozar de una protección especial.
Ante esta situación las organizaciones firmantes:
Rechazamos el persistente enfoque de control migratorio que caracteriza a la política migratoria del Estado mexicano y que implica la criminalización de la migración, militarización de las fronteras, seguridad nacional por encima de la seguridad humana, el incremento de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, y la violación a los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano;
Reiteramos la obligación del Estado mexicano de no responder al fenómeno migratorio con acciones aisladas e inmediatistas, y por el contrario definir una política migratoria integral y transversal que atienda la problemática del secuestro a migrantes y que garantice el respeto y la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México;
Insistimos en la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración de informar la identificación y sanción a funcionarias y funcionarios involucrados en actos de corrupción, abuso de poder y complicidad con la delincuencia organizada en el delito de secuestro a personas migrantes;
Exhortamos al Estado mexicano a que cumpla con su compromiso de presentar un Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dé seguimiento a los aspectos pronunciados por esa Ilustre Comisión en su comunicado de prensa del 138 periodo de sesiones y retome el interés expresado por Felipe González, Relator de Trabajadores Migratorios y sus Familias de la Comisión, de realizar una visita in loco a México para investigar la situación y observar las condiciones de las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano;
Nos sumamos a la condena que la Red Todos los Derechos para Todos y Todas y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco han emitido al respecto de los operativos de detención que el Instituto Nacional del Migración, en conjunto con la Policía Federal y la Policía Municipal llevaron acabo los días 14 y 16 de marzo en contra de personas migrantes centroamericanas que se encontraban en el municipio de Macuspana, Tabasco. Además, destacamos que esta acción de detener el tren y, por lo tanto, de poner en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas migrantes, es una práctica sistemática de violación a los derechos humanos ejercida por el Instituto Nacional de Migración en varios municipios de los estados de Tabasco y Veracruz.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Frontera Con Justicia, A.C.
Humanidad Sin Fronteras, A.C.
Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca
Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana
Servicio Jesuita a Migrantes México
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios
Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C. de Reynosa, Tamaulipas
Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz
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