Humberto Moreira no respeta los derechos humanos en Coahuila

NO MÁS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Saltillo, Coahuila, 20 de abril de 2010

            Los pasados 16 y 17 de marzo, nuestros familiares: Edgar Eduardo Contreras Guerrero (18 años), Edson Ulises de la Peña Reyna (19 años), Manuel Alejandro García Becerra (25 años) y José de Jesús Cázares Contreras (21 años), fueron detenidos de manera arbitraria y obligados por medio de actos violentos a autoinculparse por la quema de varios vehículos en esta ciudad de Saltillo.

            Quienes realizaron estas detenciones fueron elementos de la Policía Estatal  y de la Fiscalía General del Estado, quienes privaron de su libertad a los jóvenes sin presentar la orden de aprehensión y, con base a golpes y amenazas, los obligaron a aceptar delitos que no cometieron.

            Según la Constitución del Estado Mexicano y diversos Convenios Internacionales de Derechos Humanos, el gobierno mexicano se compromete a que nadie puede ser detenido arbitrariamente. Amnistía Internacional menciona que la Privación Arbitraria a la Libertad es “todo acto u omisión realizado por una autoridad reconocida legal o políticamente que en el ejercicio de sus funciones priva de la libertad personal a cualquier individuo, fuera de los casos previstos por la ley o al margen de los procedimientos establecidos por la misma; o bien, que cumpliendo todos los requisitos legales, éstos no se ajusten a la normatividad internacional de derechos humanos, o la privación se produzca para impedir el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales. También se considerará una privación arbitraria de la libertad, toda aquella que al momento de ser ejecutada por los agentes identificados como perpetradores, estos realizan actos que implican una violación a los derechos humanos, -como por ejemplo: tortura, uso excesivo de la fuerza pública, allanamiento de domicilio, daños, etc.-[1]

            El arraigo es considerado una violación a los Derechos Humanos porque atenta contra las garantías judiciales y el derecho a la integridad personal. Con el arraigo de nuestros hijos también se violó el derecho de presunción de inocencia, ya que, cuando fueron detenidos, los presentaron ante los medios de comunicación como “delincuentes”, sin que se haya realizado un juicio conforme a la ley y a contar con una defensa adecuada.

El pasado mes de marzo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el examen periódico para vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos observa al Estado mexicano lo siguiente:

15.- El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del “arraigo” en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la posibilidad de detener a una persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas según lo prescrito por el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de “arraigo”. El Comité subraya que las personas detenidas en virtud del “arraigo” corren peligro de ser sometidas a malos tratos. (arts. 9 y 14)

A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte federal sobre la inconstitucionalidad de la detención preventiva y su clasificación como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la detención por el “arraigo” de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal.

            Por esta razón, pedimos al Gobernador Humberto Moreira y al Fiscal General Jesús Torres Charles, que intervengan para evitar se cometan más violaciones a los Derechos Humanos de nuestros hijos.

            Nos preocupa que, ante el serio problema que vivimos en Saltillo de violencia e inseguridad, las autoridades busquen “chivos expiatorios” y, por tanto, se cometa una grave injusticia contra nuestros familiares.

            Sabemos que el Gobernador Profesor Humberto Moreira, ha querido que los Derechos Humanos se respeten en nuestro estado, pero también creemos que hay acciones que él no conoce de cómo actúan algunos funcionarios, como lo han hecho miembros de la Policía Estatal y de la Fiscalía del Estado quienes detuvieron a nuestros hijos, los incomunicaron, los torturaron física y psicológicamente para que se declararan culpables de delitos que no cometieron. A nosotros como familiares se nos negó información sobre su paradero por más de 24 horas y ahora con el arraigo estamos en una real e injusta situación de indefensión.

            Por eso Señor Gobernador, le pedimos que intervenga para evitar que la injusticia se imponga a nuestros hijos, quienes son inocentes de lo que se les acusa.

            Pedimos la liberación inmediata de los tres jóvenes que aún se encuentran arraigados (Edgar Eduardo Contreras Guerrero fue liberado el pasado 17 de abril) por no contar con las pruebas necesarias que acrediten su participación en los hechos que se les acusa.

Señor Gobernador, esperamos atienda nuestra demanda de justicia y nuestros hijos sean liberados.

ATENTAMENTE:

María del Carmen Guerrero Chaines (madre de Edgar Eduardo Contreras Guerrero)

María Emma Reyna García y Leonardo de la Peña Ortega (padres de Edson Ulises de la Peña Reyna)

Matilde Becerra Cavazos (madre de Manuel Alejandro García Becerra)

Silvia Contreras Corral, Blanca Plata, Aurora Blanco (madre y familiares de José de Jesús Cázares Contreras)

Contacto. Señor Leonardo de la Peña Ortega Tel. 844 125 19 88 (celular).