Ojarasca

Bolón Ajaw:
el plan de despojo oficial

Mixes, cerro Zempoaltépetl, 1951

Juan Trujillo Limones, Chiapas. “Entraron gritando váyanse cabrones, hijos de su chingada madre, esta tierra no es de ustedes, es de nosotros, […] los opddic se bajaron el pantalón y enseñaron el pene dirigiéndose a las mujeres”, declaró un testigo al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (informe del 17 de febrero de 2010), tras el ataque armado del 6 de febrero a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la comunidad indígena de Bolón Ajaw.
Desde 2006, esta historia condensa una larga serie de hechos violentos: la estrategia de los gobiernos federal y estatal chiapaneco para ejecutar el plan ecoturístico en las cascadas de Agua Azul y terrenos adyacentes se despliega con el apoyo de la policía, Ejército e indígenas armados utilizados para quebrar la resistencia que se opone al proyecto.
Desde 1994 con el levantamiento zapatista, las tierras de Bolón Ajaw fueron recuperadas por tseltales y ch’oles. Desde 2001 son trabajadas por 41 familias para el autoconsumo campesino. Ahora, según el documento del Fondo Natural para el Turismo (Fonatur, 20 de marzo de 2008), se pretende crear el Centro Integralmente Planeado Palenque (cipp) [sic], para “elevar la oferta turística y crear una economía más vibrante” junto con inversionistas. Para ello necesita, en cuatro lugares ya seleccionados, “Propiedad y control [puede el estado construir hoy en día o sería necesario adquirir tierra adicional]”. Con una inversión privada de entre 57 y 75 millones de dólares, sin contar lo que destinaría el gobierno en infraestructura, los proyectos a construir son: “Un hotel de clase mundial, un lodge retreat [un retiro con cabañas, en Agua Azul], un hotel de marca europea y un resort que incluya un hotel con salón de conferencias y un campo de golf de 18 hoyos”.
La comunidad de Bolon Ajaw que tiene 339 hectáreas, se encuentra a apenas 2.5 kilómetros del ejido Agua Azul y cuenta también con cascadas.
El testigo citado al principio narra parte del ataque: “en la entrada les dispararon a un compa de 35 años en el hombro y a un niño de 16 que le dispararon en el pie; salieron a detener a los priístas, los priístas garrotearon a mujeres y niños”.
Se manipula a los indígenas afiliados al pri y vinculados a la Organización para la Defensa de los Derechos Campesinos (opddic) de corte paramilitar, para quebrar la resistencia e impulsar el proyecto con el respaldo de empresas de capital extranjero. En el documento Fonatur se plantea que “antes de atraer las inversiones, el estado debe solucionar la adquisición del terreno y los problemas de acceso”. No es solamente la disputa entre indígenas zapatistas y priístas, sino la aplicación puntual de una política contrainsurgente desde los tres niveles de gobierno para ejecutar el despojo de tierras. El plan de “desa-rrollo” para el estado es operar ocho circuitos turísticos que comprenden ciudades, zonas arqueológicas de la región y otras de importante atractivo natural como el caso de Agua Azul.
Durante décadas, los zapatistas han mantenido una práctica unificadora en torno a la comunidad y una cultura política de resistencia contra el gobierno oficial.
Los priístas del ejido Agua Azul aceptan el mando oficial, ya fragmentado en la región, y buscan imponerlo a quienes rompieron desde 1994 la relación de subordinación, y que ahora se reconocen en las autoridades autónomas.
No sorprende la violencia simbólica que ejercen los priístas. Al atacar la ermita católica: “destruyeron el sencillo altar, tiraron los santos, tiraron la sagrada eucaristía, la pisaron, agarraron el cuadro de la virgen de Guadalupe, ahí vimos como la tiraron al suelo y la rompieron”. Esta estrategia es similar en el modo a la violencia paramilitar en los Altos entre 1997 y 1999 para sembrar miedo en mujeres, odio entre familias y dominio al conjunto de la población considerada enemiga.
Tras el ataque del 6 de febrero, mientras el gobierno hablaba de negociación se registraron sobrevuelos de helicópteros, se enviaron 6 camiones tipo torton de transporte con policías, 15 camionetas de la Policía Estatal Preventiva a 15 minutos del crucero, además de la incursión de fuerzas mixtas del Ejército, Procuraduría General de la República y Policía Federal en el territorio de Agua Azul. Algunos medios de comunicación, (La Razón, 10 de febrero y Cuarto Poder 11 de febrero) y las inserciones pagadas, privilegiaron la versión oficial, convirtieron al agresor en víctima y acusaron a las bases de apoyo de asesinar al indígena priísta Adolfo Moreno Estrada. Según el testimonio de otro indígena rebelde: “Los únicos que tenían armas eran los opddic cuando nos atacaron; ahí se confundieron y entraron disparando a todos lados. Después nos dimos cuenta que el caído era de ellos y lo habían matado sus mismos compañeros”.
El mensaje del gobierno es claro: cualquier defensa del territorio y la fuente de vida campesina en esa zona, será reprimida y atacada por la vía paramilitar, será tergiversada en la prensa, los agresores gozarán de tolerancia e impunidad. En términos de derechos, la situación inducida viola el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, al territorio, a la paz y vida digna y a ser consultados.
Con este ataque, como lo observa el “Frayba”, es posible pensar en un intento oficial de generar las condiciones para una “intervención militar ordenada por el gobierno federal contra la población civil, situación que agravaría las condiciones del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas”.
Los indígenas rebeldes están preparados para esta posibilidad y en caso de alguna acción privilegiarán indudablement la legítima y pacífica defensa de su territorio ancestral.