En paralelo, cerró toda posibilidad a Telmex de entrar al negocio de la televisión, dicen
Existe evidencia documentada que demuestra el favoritismo de la administración, afirman
Se demuestra que los derechos empresariales están por encima de los fundamentales
Miriam Posada García
El presidente Felipe Calderón pasará a la historia de las telecomunicaciones en México como el mandatario que más transferencia de favores, prebendas, privilegios y recursos públicos destinó a Televisa, mientras ha cerrado todas la posibilidades a Teléfonos de México (Telmex) de convertirse en un operador convergente y entrar al negocio de la televisión, advirtieron consultores y analistas de telecomunicaciones.
Existe evidencia suficientemente documentada para demostrar el favoritismo del gobierno federal, diversas instituciones del Estado y no pocas entidades federativas hacia ese grupo empresarial que ha hecho de las concesiones patrimonio privado, afirmó el director de la Mediatelecom Consulting, Jorge Fernando Negrete.
En tanto, el académico Ramiro Tovar Landa, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), señaló que la respuesta negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para entrar al negocio de la radio y televisión restringida afecta aspectos económicos, jurídicos y sociales, debido a que 15.6 millones de líneas telefónicas, 80 por ciento de las que hay en el mercado, seguirán siendo subutilizadas.
Los analistas señalaron que con esta decisión del gobierno se demostró que los derechos empresariales son superiores a los fundamentales como el de la información, porque los grupos marginados y vulnerables en zonas rurales deberán esperar a tener servicios de telecomunicaciones, ahora considerados un derecho. Criticaron que esta administración haya optado por mantener lealtades de grupos e intercambio de favores para detentar el poder y con fines electorales.
Tovar Landa indicó que el sentido de la decisión de la SCT era de esperarse, como lo era también el anuncio de Telmex de que continuará en los tribunales para defenderse, con lo que el caso se alargará y millones de ciudadanos seguirán sin posibilidades de tener servicios a mejores precios, pero sobre todo adentrarse en el mundo de las tecnologías de la información.
Criticó el argumento de que el Ejecutivo sólo esté usando la interconexión como vehículo de transferencia de ingresos y oportunidades entre operadores de acuerdo con sus propios objetivos y criterios políticos, y que la misma interconexión se use como barrera para impedir que la empresa de Carlos Slim sea convergente, aunque el crecimiento de las redes de cable demuestre que la interconexión existe y que su dicho es vano.
El académico coincidió con Jorge Fernando Negrete y Jorge Bravo, también de Mediatelecom Consulting, quienes afirmaron que al dar respuesta a la solicitud de Telmex sobre el cumplimiento de las condiciones del acuerdo de interconexión y la petición de entrar al mercado de audio y televisión de paga, la SCT no fue contundente ni respetó sus propia opiniones enviadas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en 2006, cuando se elaboró el acuerdo, así como el estudio oficial costo-beneficio, en el que se señaló que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio fijo de telefonía podrán optimizar el uso de sus redes al participar en el servicio de televisión y/o audio restringido, propiciando que el crecimiento medio anual pase de 10.3 por ciento a 14.3 por ciento en el periodo 2007-2012, por lo que el número de suscriptores aumentaría de 4.6 millones al cierre de 2006 a 8.6 millones a fines de 2010. Los ingresos pasarían de 9 mil 997 millones de pesos a 18 mil 652 millones.
Sin embargo, aseguraron que durante años el gobierno ha hecho suyo el discurso de los industriales de la televisión de cable, aglutinados en la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), de Televisa y otros operadores de telecomunicaciones para impedir que Telmex entre al mercado del triple play, y al mismo tiempo ha olvidado que la rectoría del Estado lo obliga a exigir calidad en el servicio, atención a zonas rurales y servicio universal de manera simultánea a que los concesionarios cumplan con los compromisos de inversión y prácticas de mercado.
En cambio, durante su última reunión con los miembros de la Canitec la semana pasada, el presidente Calderón dejó en claro que su necedad y obsesión en materia de telecomunicaciones se sustentan en principios populistas y de pertinencia política donde él decide quién es bueno y quién es malo, olvidándose del desarrollo integral y estructurado del sector.
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