Necesario, abatir la corrupción para tener resultados contra el crimen, dice experto

Hace un recuento de logros de Amnistía Internacional, que cumple 50 años de fundación

La Jornada

Madrid, 27 de mayo. El mexicano Javier Zúñiga lleva más de 30 años investigando y documentando las violaciones de los derechos humanos en el mundo, en este caso para Amnistía Internacional (AI), que este sábado 28 de mayo cumple su 50 aniversario. Desde la sede central en Londres, Zúñiga señaló que el problema de la impunidad en México es añejo, pero que posiblemente adquiere relevancia a partir de la masacre de la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

En entrevista con La Jornada, el asesor especial de AI señaló que mientras nuestro país no resuelva el grave problema de la corrupción, no habrá resultados en la estrategia de lucha contra el crimen organizado.

–¿Cuál cree que ha sido la principal aportación de AI en estos 50 años?

–La organización se fundó en 1961, cuando la declaración universal de derechos humanos apenas tenía 13 años, y sólo una parte de esos derechos estaban en vigor. No había convención contra la tortura ni contra la desaparición forzada. No existía la Corte Penal Internacional. La organización nació en un momento en el que había un vacío en el derecho internacional, y cuando el concepto de derechos humanos estaba emergiendo en plena guerra fría. Esa lucha entre países comunistas y capitalistas, sobre todo en América Latina, llevó a una serie de operaciones y de políticas antinsurgentes, que provocó muchísimo daño a los derechos humanos.

Así que la primera gran contribución de AI es poner un derecho humano sobre la mesa, hacerlo público y hacer que la gente que sufría fuera puesta en contacto con quien podía ayudarle. Como ocurrió con el caso de una uruguaya, prisionera por la dictadura militar de su país, cuya liberación se logró gracias al número de cartas que recibió el gobierno en las que se pedía su libertad. Podríamos decir que una de las primeras redes sociales en materia de derechos humanos fue la de AI. Cincuenta años después tenemos más de tres millones de personas en el mundo comprometidas con los mismos principios universales.

–En todo este tiempo han sufrido numerosas presiones, ¿cuáles han sido las más difíciles de superar?

–Hemos sido acusados de distintas partes y de casi todo. Recibimos muchas críticas de la llamada órbita socialista, que nos acusaban de ser parte de la CIA o de estar dominados por intereses económicos. Mientras, en los países occidentales nos acusaban de comunistas. Hemos vivido con las críticas y las descalificaciones de los gobiernos que prefieren continuar con la represión, al margen del escrutinio público. Pero esas presiones nos han dado más legitimidad, porque la gente sabe que somos imparciales y que no tenemos ningún problema en señalar casos de violación de derechos humanos, sin importar el país en que se produzcan.

–En México, ¿usted cree que la situación está peor que nunca?

–En América Latina ya no tenemos las dictaduras de antaño, donde teníamos masas de desaparecidos, campos de detenidos, pero sigue habiendo mucha represión, muchos ataques contra periodistas, y también el problema de la impunidad que ha permanecido desde hace décadas. Para no ir muy lejos hay que recordar que tras la matanza en la plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, hasta la fecha no se ha detenido ni procesado a nadie, ni se han esclarecido los hechos en su totalidad. En el caso de México, creo que la impunidad de 1968 es el origen de la actual.

El problema de la seguridad pública también es gravísimo; hay un sentimiento de inseguridad en gran medida porque en los actos de violencia criminal hay involucrados policías y otras autoridades. Los gobiernos están obligados a luchar contra la delincuencia y el crimen, pero quién se ocupa cuando el gobierno mismo es el culpable o el coautor o cómplice de lo que le ocurre a la población. Desde AI señalamos a los gobiernos que son responsables o, al menos, a los funcionarios. Y en el caso de México así es, y se tiene que empezar por limpiar la justicia y el aparato público. Por más Ejército que se saque a la calle, por más armas que se pongan a disposición de los funcionarios, si no se resuelve el problema básico de la honestidad de quienes tienen que luchar contra el crimen, entonces no habrá confianza de la población ni, por tanto, resultados.

–Da la sensación de que en todo el planeta estamos en una fase crítica en materia de derechos humanos, ¿comparte esta percepción?

–Desde luego que ha habido avances, pero hay que reconocer que también ha habido recaídas monumentales. Por ejemplo, ahora ya existe una normativa muy completa en relación con los derechos de la mujer, de los niños; se está trabajando en una convención sobre los derechos de los migrantes... También ha habido algunas regiones del mundo en las cuales ciertos problemas han dejado de existir de forma masiva, pero que se han desplazado a otros sectores. Por ejemplo, quizás ahora ya no hablamos de los miles de desaparecidos en Argentina, pero sí estamos hablando de los pueblos indígenas de toda América, que siguen siendo discriminados y considerados ciudadanos de segunda clase. También la mujer sigue siendo objeto de violencia y asesinatos. El mundo, desde la fundación de AI, no había tenido genocidios como los de Camboya o Ruanda, las guerras interminables de África, el caso de centenares de miles de niños soldados, la violación de mujeres durante las guerras...

–América Latina sigue siendo la región con más desigualdades del mundo; esto también repercute en las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad?

–Es cierto que en América Latina los derechos económicos están todavía muy lejos de ser una realidad. La propia Cepal (Comisión Económica para América Latina) ha documentado que las desigualdades son todavía mayores y eso produce más injusticia y violaciones. América Latina pasó por lo que yo llamo transiciones defectuosas; los militares se fueron a sus cuarteles pero muchas de las estructuras de las dictaduras militares persisten, como los fueros militares, el código penal y la poca protección contra las comunidades indígenas.