Miércoles 25 de mayo del 2011
INTRODUCCIÓN
Desde hace siete años, la Casa del Migrante de Saltillo (CMS) desarrolla un Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas transmigrantes (migrantes en tránsito por México), cuyo objetivo es analizar y denunciar públicamente los abusos sistemáticos que sufre esta población por parte de autoridades y de la sociedad en general.
En los últimos tres años, la cooptación de las rutas del tránsito migratorio por parte del crimen organizado ha traído como consecuencia la ejecución de una violencia desmedida contra quienes no cuentan con una situación migratoria regular y, por lo tanto, se ven forzados a caminar por rutas peligrosas. El secuestro en contra de la población migrante es, tal y como lo consideraron Rodrigo Escobar y Felipe González, relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un acto que viola todos los derechos humanos y una verdadera tragedia humanitaria[1].
La Casa del Migrante de Saltillo ha asumido la labor de denunciar permanentemente el delito de secuestro a las personas migrantes. Por esta razón, el Quinto Informe se construyó a partir del análisis de los testimonios de las víctimas, describiendo la serie de abusos y agravios que la delincuencia comete, así como la complicidad y aquiescencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. En el Sexto Informe se denunció a la política migratoria actual como la principal responsable de la perpetuación del delito del secuestro a las personas migrantes, afirmando que carece de un enfoque de derechos humanos y de seguridad humana, y que ha demostrado ser incapaz de responder de manera eficaz y real a las necesidades de la población.
El Séptimo Informe responde a la necesidad de denunciar que la política migratoria mexicana limita su responsabilidad de atención integral a la gestión de documentos migratorios, por lo que demuestra no tener interés real en promover la vivencia plena de los derechos humanos de las personas migrantes.
Ante la ausencia de protección gubernamental, la CMS se ha visto forzada a crear e implementar estrategias de atención a todos los ámbitos de la vida de las personas y de la comunidad migrante. El análisis de la experiencia de este trabajo demuestra la imperiosa necesidad que México tiene de desarrollar alternativas de verdadera vigencia, promoción y protección de los derechos humanos de toda persona que viva y/o transite por el territorio nacional.
la CMS hace un llamado a las autoridades a profundizar en el conocimiento de la complejidad del fenómeno de la migración centroamericana en tránsito por México, de tal forma que las estrategias que se emprendan no estén determinadas por la premura de la respuesta, sino por el compromiso de generar una política que responda a las necesidades de la población migrante y que contribuya eficazmente a su reinserción social y a la reparación integral del daño. Asimismo, busca llamar a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general a promover y exigir la conformación de un aparato gubernamental con perspectiva humana y con verdadero sentido del servicio público, transparente y libre de corrupción e impunidad.
A pesar de que el flujo de personas migrantes es menor al registrado en años anteriores, las personas que utilizan el albergue presentan condiciones de mayor vulnerabilidad y, por ende, tienden a prolongar su estancia. En algunas ocasiones y por distintas circunstancias, las personas migrantes han manifestado la voluntad de establecerse en México, por lo que la CMS se ha visto en la necesidad de cuidar que el proceso de regularización migratoria y de inserción laboral y social se lleve a cabo con absoluto respeto a su dignidad e identidad.
Se han acompañado dieciséis procesos de regularización migratoria en un periodo de un año. De estos, dos se siguieron para solicitar la condición de refugiado; tres por requerimiento de visa humanitaria; tres por haber sido víctimas del delito; y ocho por recibir una oferta de trabajo en el país. Para la elaboración del presente Informe, se seleccionaron cuatro casos (un caso por cada característica migratoria mencionada), que reproducen el comportamiento común del Instituto Nacional de Migración (INM) en cada procedimiento.
En el primer capítulo de este Informe se presenta el marco jurídico que acompaña cada caso, para luego realizar un análisis de los procesos de gestión migratoria, detectando los vacíos legales y las faltas al debido proceso.
Para la realización de este Informe se decidió tomar cuatro casos que ejemplifiquen tanto la realidad de las personas migrantes que se acogen a estos programas, como la atención y el servicio que brinda el gobierno mexicano a través de sus distintas instituciones.
1. PROCESOS DE GESTIÓN MIGRATORIA
Desde la CMS se han acompañado distintos procesos de regularización migratoria entre los que se encuentran las siguientes cuatro posibilidades:
1) REGULARIZACIÓN POR OFERTA DE TRABAJO, que es para todas aquellas personas migrantes que han decidido establecerse en México para trabajar y de esta forma apoyar económicamente a sus familias en sus países de origen.
Caso Ridel, donde destacamos, según la Ley General de Población en su artículo 118 inciso F, las multas que se imponen a las personas extranjeras en situación irregular son a discreción de la autoridad pertinente, lo cual se contrapone a la constitución porque la carta magna prohíbe cobrar multas que excedan el salario que percibe la persona, La situación de discrecionalidad ha llevado a excesos administrativos, pues no existe una reglamentación clara y específica de los montos por cobrar a las personas extranjeras. Más allá de que este documento le otorgue protección y personalidad jurídica, Eduardo piensa que sirve “para poder caminar sin que la Migración vaya a detenerme y sin que los policías municipales me anden sacando dinero por no tener papeles”.
2) REGULARIZACIÓN POR RAZONES HUMANITARIAS, que se otorga a quienes por motivos de protección que rebasan el ámbito económico necesitan establecerse en el país.
Óscar René es un migrante de 22 años, de origen hondureño, que llegó a la CMS con la idea de cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, comenzó a trabajar en la ciudad de Saltillo y, al percatarse de que su situación de salud decaía, se practicó la prueba del Vih, misma que resultó positiva. Por esta razón, comenzó un tratamiento médico con una clínica especializada y decidió establecerse en esta ciudad.
Se le solicito el pago único de más de quinentos pesos, a pesar de que la ley Federal de derechos exime del pago a personas con este tipo de gestiones. Posteriormente solicitan una partida de nacimiento, dado que Oscar no cuenta con familia que realice el trámite en su país, se solicitó el apoyo al consulado, quien no respondió a la solicitud por lo que el trámite ante el INM se ha forzado a ser suspendido temporalmente.
3) REGULARIZACIÓN POR SER VÍCTIMA DEL DELITO, que es para todas aquellas personas extranjeras que fueron víctimas o testigos del delito y que interpusieron la denuncia correspondiente.
Walter, padre de dos hijos, fue víctima de secuestro en el estado de Veracruz, lo golpearon brutalmente, fue testigo de un asesinato, asi mismo presencio la colusión de autoridades, quienes eran las que llevaban migrantes; señala que a pesar de que varios de los compañeros pagaban el rescate, aun así eran asesinados. Al quinto día fue liberado, decidió interponer la denuncia. Por lo que estuvo asegurado en la estación migratoria de Iztapalapa tres meses. Hasta que emitieron un oficio de salida para su regularización migratoria, con el cual viajo por algunas horas, hasta que elementos de la policía federal lo detuvieron y nuevamente lo aseguraron y lo llevaron a la misma estación migratoria donde permaneció otros dos meses y medio esperando que aclararan que ya había estado en ese lugar y que el oficio de salida era autentico. En ese tiempo, sólo en una ocasión fue con el psicólogo y no tuvo ninguna otra atención a su salud, ni medicamentos, a pesar de que se encontraba severamente lastimado.
En el mes de febrero del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un nuevo Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, en el que señala un total de 11,333 migrantes víctimas del delito de secuestro en el período de abril a septiembre del 2010, destacando los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas como lugares sumamente peligrosos para el tránsito de las personas migrantes.
Las personas migrantes víctimas de secuestro necesitan de una atención profesional que les permita re-establecerse física y emocionalmente y que los lleve a reinsertarse de forma adecuada en el ámbito laboral y social. En este sentido, el INM ha faltado a su responsabilidad de proponer y gestionar una política de apoyo integral a las víctimas de secuestro. Si bien es cierto que el INM no puede asumir todas las tareas que suponen la atención a víctimas, sí debe gestionar y coordinar la participación de las distintas dependencias e instancias gubernamentales en función de lograr la recuperación de las personas migrantes.
Es indispensable que los agentes del INM estén capacitados para actuar con profesionalismo; más aún, si se encuentran ante una población tan vulnerable como ésta.
Sin embargo, lo primordial consistirá en hacer uso de la característica migratoria de víctima del delito para lo que fue creada, es decir, para la denuncia y persecución de los delitos cometidos contra la población migrante. En este sentido, es necesaria la coordinación interinstitucional para dar seguimiento puntual a las denuncias y a la investigación de los hechos, así como para la reparación del daño y la consecuente estrategia Estatal de no repetición. Únicamente enfatizando este aspecto será posible terminar con la corrupción e impunidad que permea tanto en el INM como en las agencias judiciales y de investigación.
4) REFUGIO, la regularización por haber obtenido la condición de refugiado, para aquellas personas migrantes que requieren de la protección del Estado mexicano por temer por su vida, seguridad e integridad si regresan a su país de origen.
La Convención del Estatuto de los Refugiados, ratificada por México en el año 2000, reconoce como tal a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera de su país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
Caso Noel, que por problemas políticos sale huyendo de su país honduras, ingresa a México, recorre el país en trenes de carga y cuando pasaba por Celaya, Guanajuato, se encontró con un retén en el que había personal del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y del Ejército; cuando intento escapar de ellos, sufrió una caída y como consecuencia una fractura de la mano izquierda.
No recibo atención médica hasta que llego a la Casa del Migrante de Saltillo, que posteriormente apoyó en las gestiones para iniciar y dar seguimiento al trámite para la obtención de la condición de Refugiado. Personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) lo entrevistó vía telefónica y le informaron que en un período de cinco semanas se resolvería la situación. Después de solicitarles en varias ocasiones su intervención para el restablecimiento de su salud, la COMAR realizó gestiones con la Secretaría de Salud del estado de Coahuila para iniciar un tratamiento de rehabilitación física. Sin embargo, un mes después los médicos consideraron que me era necesaria una cirugía. De forma negligente, el Hospital General de Saltillo pospuso la operación en varias ocasiones y su salud fue empeorando, por lo que la Casa del Migrante de Saltillo tuvo que hacerse cargo de los gastos en medicamentos.
No fue sino hasta el 20 de octubre que fue trasladado a la Ciudad de México para buscar nuevamente la posibilidad de la intervención quirúrgica. Los médicos del hospital en el que se le atendió señalaron que era indispensable la cirugía de la mano derecha, pero que no aseguraban completo éxito, por secuelas de no haber recibido una atención oportuna. La cirugía que se programó para el día 22 de febrero de 2011; sin embargo, debía presentarse con cierto material quirúrgico. COMAR señaló que no contaba con presupuesto para éste, por lo que la Casa del Migrante de Saltillo y a otras organizaciones aportaron lo necesario para cubrir el monto total de lo requerido.
En este momento, Noel Vicente se encuentra en Saltillo, viviendo de forma independiente a la CMS. Sin embargo, no tiene empleo ni ninguna base social que lo apoye y lo acompañe. Su caso representa el poco conocimiento que de la población migrante tienen las autoridades migratorias, así como la falta de una política de atención y protección a personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas.
Conclusiones.
Fernando Carillo-Florez señala que “la problemática de la violencia es una especie de telaraña donde las causas – desde lo interpersonal a lo global – y las consecuencias están conectadas unas a otras. La respuesta, por consiguiente, no puede ser única ni referida siquiera a unas pocas variables, sino que debe obedecer a una multiplicidad de acciones en diversos campos”[2]. Considerando esta aseveración, las autoridades encargadas de diseñar la política migratoria no pueden perder de vista la violencia inmersa en los flujos migratorios en México; sin embargo, deben ser capaces de abordar el tema desde una perspectiva integral y recuperadora de la diversidad de experiencias que el fenómeno representa.
Hasta el momento, tanto a nivel federal como desde los gobiernos estatales, el problema del secuestro a personas migrantes ha recibido respuestas dispersas e inmediatistas, carentes de una verdadera articulación y cooperación. No existen normativas ni procedimientos adecuados para armonizar las formas de operación con la realidad de las personas migrantes y de las víctimas del delito. En el ámbito de la administración pública, continúan habiendo excesivas facultades discrecionales.
Actos de barbarie, que atentan contra toda dignidad humana, como las masacres a migrantes, gravísimas violaciones a los derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física, se han convertido en realidades cotidianas en México. Mismas que han dejado secuelas físicas y psicológicas en las personas migrantes, que constituyen verdaderos crímenes contra la humanidad, tragedias humanitarias.
Si hay algo claro es la débil capacidad de respuesta del Estado, que está originada, entre otras, a la debilidad institucional del sector público para generar seguridad, que ha de concebirse como un “bien público” cada vez más preciado y escaso[3].
Existe la constante constatación de la sostenibilidad de procesos que no cuentan con una estructura, que responden a formas inmediatistas. La realidad se impone, y la semilla de impunidad ha florecido. Esta realidad requiere con urgencia cambios a este nivel, estructural.
Los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son para todas las personas y en este caso aplica para las personas migrantes, independientemente de su estatus legal o período de estancia en el país. Deben aplicarse sin discriminación, lo que significa que ninguna diferencia entre las personas puede ser una razón para quitar o ignorar derechos humanos y libertades fundamentales.
La legislación migratoria debe incluir el uso controlado, responsable y transparente de la discrecionalidad, respetando los derechos de los migrantes, debe ser guiada por los principios de derechos humanos, justicia, transparencia, y cumplimiento con los acuerdos internacionales. En este sentido, las sanciones económicas no deben de ser de un monto más alto a la cantidad que percibe mensualmente un migrante, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos.
Gestionar la migración incluye encontrar un equilibrio entre la variedad de objetivos de política pública en distintas áreas que convergen para expresar un equilibrio, por lo que es particularmente importante que se articulen las instancias gubernamentales para lograr la atención interinstitucional y profesional, en beneficio de la población migrante.
Si no existe una política migratoria claramente articulada, la gestión de la migración se dispersa entre una multitud de diferentes departamentos y agencias de gobierno inoperantes. En esas circunstancias, es poco factible concretar claramente objetivos, existirá poca coherencia y coordinación en el proceso de gestión de la migración. Adquiere importancia para la transformación, la coherencia entre el discurso que se habla –el que dicen las leyes, el que dice el estado- y la práctica, la cual debería estar constatándose en el discurso.
Una estrategia de política migratoria consistente con la noción de desarrollo humano requiere que los escalones en los que se apoye estén garantizados por una infraestructura institucional creíble, eficaz y legítima. Dicha infraestructura solamente la puede proporcionar un Estado que cumpla con sus funciones básicas de manera eficiente. Seguridad con libertad implica que la protección de todas las personas conduzca a que no exista temor y a que todos puedan desarrollar plenamente sus capacidades, distamos mucho de ella.
Mientras el estado mexicano no acepte las graves violaciones a derechos humanos perpetradas a la población migrante, mientras no se dé respuesta a la realidad de los migrantes que se quedan en territorio mexicano, mientras no se impulsen acciones tendientes a la denuncia, sanción y reparación del daño; las organizaciones de la sociedad civil seguiremos documentando e impulsando acciones a favor de la población que recibimos día a día.
BELÉN, POSADA DEL MIGRANTE
FRONTERA CON JUSTICIA. A.C.
HUMANIDAD SIN FRONTERAS, A.C.
[1] Situación de derechos humanos de migrantes en tránsito por territorio mexicano. Audiencia Temática presentada ante la CIDH el día 22 de marzo del 2010, disponible en: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=118, consultada el 3 de marzo del 2011
[2] Carrillo-Florez, Fernando. Seguridad Ciudadana en América Latina: Un Bien Público Cada Vez Más Escaso, disponible en: http://www.pensamientoiberoamericano.org/articulos/0/26/0/seguridad-ciudadana-en-america-latina-un-bien-publico-cada-vez-mas-escaso.html, consultado el 02 de abril del 2011
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