Arturo Rodríguez García / Proceso
Una serie de maniobras turbias y probables conflictos de intereses envolvieron a Fernando Canales Clariond cuando encabezó las secretarías de Economía y de Energía durante el gobierno de Vicente Fox. La clave de estas maniobras se encuentra en los negocios de escándalo que el exgobernador de Nuevo León ha realizado en torno al poderoso Grupo IMSA, que se halla en vías de pasar a manos extranjeras...
MONTERREY, NL.- Una serie de movimientos financieros iniciados en la época en que Fernando Canales Clariond era secretario de Economía, así como de Energía –con violaciones flagrantes a diversos ordenamientos legales– culminó exitosamente en abril pasado, cuando el exfuncionario foxista y sus hermanos se hicieron del control del Grupo IMSA, S.A.B. de C.V., y emprendieron suculentos negocios.
Este corporativo trasnacional, con fuerte presencia en Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica –además de estar extendiéndose a Europa–, anunció el pasado 17 de abril que Fernando Canales Clariond compartiría la presidencia del Consejo de Administración con su hermano Marcelo.
Durante el acto de presentación, el también exgobernador de Nuevo León habló de inversiones para los próximos años, pero dos días más tarde el corporativo notificó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que se encontraba en tratos para vender acciones y transferir operaciones a la firma Ternium, una subsidiaria de la empresa argentina Techint que hace unos años había comprado ya Hojalata y Lámina, S.A. de C.V. (Hylsa), firma emblemática de la industria neoleonesa, considerada la segunda siderúrgica más grande de México.
El anuncio de esa venta se oficializó en una inusual conferencia de prensa el pasado 22 de abril, luego de que el aviso a la BMV disparó el precio de las acciones del Grupo IMSA.
El 1 de mayo, el periódico El Norte calificó los movimientos como “un jugoso negocio”: Los hermanos Canales pagaron 47.45 pesos por acción en octubre de 2006, cuando asumieron el control de 91% del Grupo IMSA, y tras el anuncio de la operación colocaron su cotización en alrededor de 70 pesos por acción (6.40 dólares, según el comunicado oficial de la empresa emitido el 29 de abril).
De este modo, la ganancia obtenida se calculó en 507 millones de dólares, derivados de una operación por 3 mil 227 millones de dólares, en la que Ternium absorbe la deuda total de los Canales al fisco y a instituciones crediticias, además de los gastos por la Oferta Pública de Acciones (OPA), es decir, por la propia compraventa.
El Grupo IMSA, corporativo surgido de la empresa Industrias Monterrey, S.A. (de donde vienen sus siglas), es una controladora de 10 subsidiarias especializada en el procesamiento, comercialización y consultoría del sector acerero para diferentes ramos productivos.
Pero fue justamente en el período en que Fernando Canales formó parte del gabinete de Vicente Fox cuando el consorcio se convirtió en una de las empresas más sólidas del país.
Y es que, luego de graves crisis y altibajos, a partir de 2003, cuando Fernando Canales se convirtió en el secretario de Economía, el Grupo IMSA tuvo un crecimiento inaudito: sus ventas netas pasaron de poco más de 20 mil millones de pesos anuales a 37 mil 502 millones en 2006, de acuerdo con el último informe anual entregado por el corporativo a la BMV. La propia presentación de ese informe, firmada por Marcelo Canales Clariond, asentó que esos habían sido “los mejores resultados en la historia para nuestra empresa”.
La compraventa incluye la absorción de deudas con el fisco, derivadas de beneficios otorgados por el gobierno foxista a empresas identificadas con el régimen –como Vitro, Cemex y Grupo México– que son investigadas por la Cámara de Diputados. Tan sólo en el ejercicio fiscal de 2006, el Grupo IMSA registró utilidades netas por el orden de 2 mil 494 millones de pesos, pero acumuló 4 mil 118 millones de pesos en impuestos diferidos.
A esta deuda se suman mil 300 millones de dólares, monto de un crédito con el que compraron el capital accionario que pertenecía a los primos del exgobernador, los hermanos Clariond Reyes, en octubre de 2006.
La “cachucha de secretario”
El hecho es que Fernando Canales participó en el saneamiento financiero, la adquisición de capital accionario y la toma de control del Grupo IMSA a pesar de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) y la complementaria de Responsabilidades Administrativas (LFRASP) encuadran esas acciones en lo que denominan “conflicto de intereses”.
La LFRSP establece en su artículo 47 la prohibición de que un funcionario atienda asuntos relacionados con su cargo cuando hay conflicto de intereses, en tanto que el artículo 8 de la LFRASP señala que se incurre en él cuando los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
Además, ambos ordenamientos advierten que tales prohibiciones deben ser observadas por el servidor público hasta un año después de haber abandonado su puesto.
Fernando Canales dejó la gubernatura de Nuevo León para integrarse al gabinete foxista, como secretario de Economía, el 15 de enero de 2003, en los reacomodos que sucedieron a la renuncia de Jorge Castañeda Gutman a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y para terminar su período gubernamental promovió a quien fue su secretario de Finanzas en el estado, Fernando Elizondo Barragán, como gobernador interino.
Luego, en junio de 2004, Elizondo fue nombrado secretario de Energía en el gabinete foxista, y allí permaneció hasta septiembre de 2005, cuando decidió buscar una senaduría por el PAN. Entonces Canales Clariond dejó la Secretaría de Economía y sustituyó a su mancuerna como titular de Energía.
El Grupo IMSA había permanecido históricamente bajo el control de los hermanos Clariond Reyes, primos de los Canales Clariond, quienes compartían el capital accionario. Pero el 2 de octubre de 2006 se anunció que los hermanos Canales adquirieron la participación accionaria de los Clariond Reyes, en una operación por 11 mil 500 millones de pesos y en medio de versiones de un pleito familiar.
Dos días después, el 4 de octubre, la empresa realizó un evento para celebrar el hecho de haber alcanzado la producción de 10 millones de toneladas de acero, y fue allí donde Santiago Clariond, hasta entonces director de IMSA Acero, admitió que en el grupo hubo desencuentros derivados de una posible venta a extranjeros.
Sin embargo, no quiso profundizar, y se limitó a señalar: “Siempre hay discusiones cuando hay mucha gente en una familia. Para qué narro detalles. Ellos son cuatro. Nosotros somos seis. Imagínense, discusiones entre 10”.
Al acto no asistió Eugenio Clariond Reyes, quien hasta ese día fue presidente del Grupo IMSA; pero sí acudió el secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, quien insistió en que sólo concurría con la representación del presidente Vicente Fox y puso énfasis en la importancia del sector para su encargo.
“Yo estoy aquí con la cachucha de secretario de Energía, como parte de mi responsabilidad, y no por tener intereses en esta empresa, sino por ser tan importante el sector siderúrgico, como muchos otros, ya que el 30% de los costos de la producción del acero lo representa la energía. Entonces, mi obligación en ese sentido es tener el abasto suficiente y a los precios más bajos posibles para asegurar la competitividad”, dijo en su intervención.
Empresa fugaz
La compra del capital accionario a los Clariond Reyes fue posible a través de Tarida, S.A. de C.V., una empresa inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León bajo el folio mercantil 99448-1, el 28 de agosto de 2006, con la escritura pública 4805 del Libro 91, expedida por el notario público 130, Carlos Montaño Pedraza, de esta ciudad.
La sociedad se integró con un capital de 50 mil pesos, 12 mil 500 por cada uno de los hermanos María del Consuelo, Susana, Marcelo y Fernando de Jesús Canales Clariond. No estableció domicilio, pero sí fijó como objeto:
“Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital de todo género de empresas industriales, comerciales o de cualquier otra índole; prestar todo tipo de servicios y tomar participación en la administración y operación de cualquier género de empresas; importar y exportar toda clase de productos terminados o materias primas; la emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval o negociación de cualesquier clase de títulos o valores mobiliarios o inmobiliarios; contratar toda clase de servicios; explotar patentes, diseños industriales, de propiedad intelectual y concesiones de toda clase de actividades; obtener y conceder créditos.”
Así pues, Fernando Canales Clariond habría incurrido en una violación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) por dos razones: una, las actividades de la empresa Tarida, S.A. de C.V., en la cual aparece como socio, están reguladas por la Secretaría de Economía; y dos: porque habría obtenido beneficios privados de la misma empresa cuando aún no cumplía un año como exfuncionario de la dependencia encargada de su regulación.
Peor aún, no obstante la amplitud de su objeto, Tarida, S.A. de C.V. desapareció rápidamente, aunque antes obtuvo un crédito por mil 302 millones de dólares, que se usaron para comprar IMSA, de manera que los Canales Clariond ni siquiera desembolsaron recursos de sus fortunas personales para apoderarse de ella
Así, mediante una operación en la BMV y, por lo tanto, libre de impuestos, Tarida, S.A. de C.V. obtuvo 43.3% del capital social de IMSA, sobre la que los propios accionistas de Tarida tenían derecho de tanto de por sí.
La función de Tarida concluyó dos meses después de su creación, cuando sus accionistas decidieron en una asamblea extraordinaria del Grupo IMSA –donde también son accionistas– fusionar Tarida al corporativo. Es decir, se fusionaron a sí mismos y absorbieron su propia deuda, que terminará pagando Ternium…
El gas y otros demonios
A partir de la compra del Grupo Imsa, la trasnacional Ternium se convirtió en líder del mercado en el sector, luego de adquirir Hojalata y Lámina, S.A. de C.V. (Hylsa).
Hylsa fue parte del Grupo Alfa, y su director general durante la negociación con Ternium fue Alejandro Elizondo Barragán, hermano de Fernando Elizondo –el relevista de Fernando Canales Clariond, quien, en ese momento, era justamente secretario de Energía.
Desde su designación como titular de Economía, el conflicto de intereses en que incurría Fernando Canales Clariond fue advertido por analistas, barras y colegios de abogados, así como por diversas publicaciones, e inclusive señalaron que se estaba produciendo un uso indebido de información privilegiada.
Fernando Canales Clariond se defendía manifestando que en IMSA había un paquete accionario de 11% que era manejado por su hermano Marcelo, con derecho a voz y voto.
Pero sólo en lo relacionado con el sector acerero, el Grupo IMSA provee los ramos de la construcción, industria automotriz, electrodomésticos, maquiladoras, aires acondicionados, metal-mecánico, entre otros que también son regulados por la Secretaría de Economía y atendidos por Energía.
Y si bien es cierto que se trata de una empresa familiar, Fernando Canales Stelzer, hijo del entonces funcionario, fue designado vicepresidente para operaciones internacionales, además de que, en la constitución de Tarida, S.A. de C.V., es el único que, sin ser accionista, ostenta el cargo de consejero en el Consejo de Administración.
La importancia de la energía en el sector acerero, subrayada por el propio Fernando Canales Clariond, se evidencia en el hecho de que, con el fin de que el corporativo IMSA funcione, debe tener garantizado el suministro permanente de gas y electricidad.
Y de acuerdo con el referido informe del Grupo IMSA a la BMV, varias subsidiarias, con plantas en diversas partes del país, celebraron un contrato de compra de energía por 15 años con Tractebel Energía de Monterrey, S. de R.L. de C.V., la cual inició operaciones en el segundo semestre de 2003.
Tractebel irrumpió en el panorama luego del fracaso de una negociación con Enron, que había obtenido el permiso para operar una termoeléctrica en Nuevo León, pero que, al colapsarse en 2001, transfirió parte de sus operaciones a Tractebel, de origen belga, que terminó de construir una planta eléctrica en el municipio de García.
Dicha planta fue inaugurada por el entonces titular de la Secretaría de Energía, Ernesto Martens, el 19 de febrero de 2003, con Canales Clariond ya en Economía.
Por aquel entonces, el columnista Enrique Guzmán Ochoa observaba, a propósito de la operación de Tractebel en lugar de Enron: “No se dijo cuánto costó al gobierno federal el salvamento (de IMSA y Vitro)”, ya que Tractebel es proveedor de energía eléctrica tanto para IMSA como para Vitro, firmas cuyos líderes son identificados con el foxismo y adeudan sumas millonarias al fisco, según se observa en sus reportes financieros a la BMV por el ejercicio de 2006.
Tractebel es distribuidor de gas natural en Guadalajara, Querétaro y Tampico, y de tres cogeneradoras de energía, dos en Altamira Tamaulipas y una en Nuevo León, dentro de lo que se considera el principal proyecto de cogeneración en México. De acuerdo con su propia información para inversionistas, Tractebel es la primera empresa en el mundo que ofrece los servicios de gas y electricidad.
Por lo tanto, Tractebel tiene que responder a la normatividad emitida por la Comisión de Regulación de Energía (CRE), un organismo descentralizado de la Secretaría de Energía. Y apenas designado Fernando Canales como titular de Energía, una de sus primeras acciones consistió en nombrar como presidente de la CRE a Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, hijo del entonces secretario del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz.
Fue justamente Salazar Sáenz quien, como secretario del Trabajo, se distinguió por ser el principal instigador de la toma de nota que desconoció a Napoleón Gómez Urrutia como dirigente del sindicato minero, en acciones que, incluyendo la acusación por un presunto desvío de 55 millones de dólares, hirieron de gravedad al sector minero-metalúrgico.
La CRE de Salazar Diez de Sollano se encarga de autorizar los incrementos y regular las tarifas del gas natural que han motivado inconformidad social en las ciudades donde operan compañías de gas entubado, incluida Tractebel.
Durante 2006, el Grupo IMSA celebró contratos de cobertura para proteger el precio del gas natural operativo de sus plantas en México, así como para el gas de Tractebel, por aproximadamente 52% del consumo, lo cual implica, tan sólo por un trimestre, aproximadamente 557 mil 800 millones de BTU (cotizado a casi un dólar por millón de BTU), e inclusive se ha mencionado en columnas especializadas que el Grupo IMSA tiene una pequeña participación accionaria con Tractebel.
Por si fuera poco, a Tractebel se le incluyó en los programas de subsidio establecidos por el gobierno de Vicente Fox y operados por Fernando Canales durante 2005 y 2006.
Después de todo, al deshacerse de Grupo IMSA, los Canales no saldrán de la vida empresarial, ya que mantienen su participación de 44% en las empresas escindidas y agrupadas en Verzatec, donde aún son socios a mitades con sus primos los Clariond.
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