De Javier Corral: Por una radio y televisión sin privilegios ni exclusiones

Estimados amigos: Ojalá nos puedan ayudar a recabar firmas de apoyo a este desplegado y además solicitar la cooperación
para la publicación en por lo menos dos periódicos, El Universal y Reforma, o La Jornada, a la cuenta No. 0102504340 de Bancomer, a nombre de Javier Corral Jurado, concepto: apoyo desplegado a la Corte.. Favor de reportar firmas al correo cchavira@hotmail.com o a javiercorral_99@yahoo.com. Gracias por su apoyo, javier corral.)



Carta Abierta a los Ministros que integran la

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación



Distinguidos Señoras y Señores Ministros:



En la acción de inconstitucionalidad que fue promovida ante ustedes el 4 de mayo del año pasado por 47 Senadores de la República se dirime uno de los asuntos de mayor importancia para la sociedad y el orden jurídico en nuestro país. De la decisión que tomen ustedes acerca de esa solicitud dependerán, en buena medida, el futuro de las opciones que en materia de información y comunicación tengan a su disposición los mexicanos.

Las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión recientemente aprobadas implican la consolidación de un régimen de privilegios para los principales consorcios privados de la radiodifusión, en menoscabo de la pluralidad de opciones a las que, en ese terreno, tiene derecho la sociedad.

Los rasgos anticonstitucionales de esas reformas han sido ampliamente expuestos en el documento de 147 páginas que los senadores que se oponen a ellas entregaron en la Suprema Corte. Además de esa sólida argumentación jurídica, en los meses recientes se ha desarrollado un intenso debate acerca de tales modificaciones legales. Su carácter regresivo, que atenta contra derechos fundamentales de los mexicanos, fue demostrado en numerosos foros realizados en espacios académicos e institucionales, entre ellos el que abrió el Senado de la República. En dichas reuniones los puntos de vista adversos a la contrarreforma fueron notoriamente mayoritarios. Organismos profesionales, empresarios vinculados a la radiodifusión y las telecomunicaciones, académicos y especialistas en esos temas, los medios de radiodifusión carácter público de todo el país, instituciones internacionales y los titulares de las comisiones federales de Competencia y Telecomunicaciones así como del Instituto Federal Electoral, consideraron que esa reforma sería inadecuada. Aún así, con notorias incorrecciones de forma y sin discutir el fondo de esos cambios, fue aprobada en el Senado de la República.

Esa reforma contradice derechos y disposiciones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre otros, por los siguientes motivos.

– El procedimiento legislativo que condujo a la aprobación de las modificaciones a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión estuvo repleto de yerros: por ejemplo, el texto aprobado en la Cámara de Diputados fue alterado sin autorización de los miembros de ese cuerpo legislativo.

– La creación de la nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, y la facultad que se le otorga al Senado para vetar algunos de sus integrantes, usurpa atribuciones del Poder Ejecutivo que es al que corresponde la facultad de crear órganos desconcentrados como ése.

– La designación hasta por ocho años de los miembros de la Cofetel le confiere al gobierno actual la posibilidad de orientar la política nacional de telecomunicaciones durante todo el siguiente sexenio e incluso hasta 2014, en menoscabo del derecho del próximo Presidente de la República para tener alguna injerencia significativa en la conformación de ese organismo regulador.

– Al mantenerse dos ordenamientos legales, uno para las telecomunicaciones y otro para la radiodifusión, se conservan dos tipos de regulaciones para la utilización del espectro radioeléctrico. La experiencia internacional ha reconocido, en cambio, la pertinencia de que existan reglas uniformes para servicios similares. La reforma en cuestión, en ese aspecto, no reconoce la convergencia tecnológica.

– Los actuales titulares de concesiones de radiodifusión podrán ofrecer servicios de telecomunicaciones en las frecuencias a través de las que ahora transmiten señales de televisión y radio tan solo con una autorización por parte de la autoridad administrativa. En cambio, otros ciudadanos interesados en brindar servicios de esa índole tendrán que someterse a una licitación. Esa diferencia implica un trato discriminatorio en perjuicio de esos nuevos solicitantes. Pero además despoja al Estado del derecho a resolver sobre el otorgamiento de concesiones para tales servicios.

–Las empresas que ahora disponen de frecuencias de radio y televisión no tendrán que pagar, necesariamente, por esa utilización adicional del espectro radioeléctrico. Esa contraprestación estará sujeta a la decisión discrecional de la autoridad.

–También los procedimientos para solicitar permisos con el propósito de obtener frecuencias de radio y televisión de carácter público quedan sujetos a las decisiones circunstanciales de la autoridad. A las estaciones de carácter cultural y oficial, entre otras, se les somete a una injustificable discriminación respecto de las empresas de radiodifusión comercial.

–No se reconocen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para tener medios de radiodifusión.

–Las facultades de la Comisión Federal de Competencia para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas han sido notablemente limitadas en los campos de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

–Las nuevas disposiciones permiten que los candidatos a cargos de elección popular contraten propaganda electoral en los medios de radiodifusión, en contravención a las disposiciones del Código Federal Electoral que reserva esa atribución únicamente para los partidos políticos.



Esas son algunas, entre muchas otras, de las contradicciones y transgresiones debido a las cuales consideramos que la solicitud presentada por los 47 senadores para que las mencionadas reformas sean declaradas inconstitucionales está respaldada por motivos pertinentes y sólidos. La reforma ahora impugnada beneficia los negocios de las empresas que ya disfrutan de amplia presencia en la televisión y no el interés de la sociedad mexicana. Lejos de promover el auténtico desarrollo de las telecomunicaciones y la convergencia tecnológica, esa contrarreforma constituye un obstáculo para la diversidad de opciones y contenidos en los medios de comunicación.

Estamos seguros, señoras y señores Ministros, de que en el examen que hagan acerca de tales modificaciones legales tomarán en cuenta el señalado interés que el tema de los medios de comunicación y su regulación ha alcanzado en la sociedad mexicana. Mantener o cambiar esa legislación implica evitar o admitir la competencia entre diversas opciones de radiodifusión, entorpecer o alentar el desarrollo de medios de carácter público, anquilosar o reconocer y estimular la libertad y la creatividad en los contenidos de los medios electrónicos, negar o patrocinar atribuciones y responsabilidades del Estado respecto del espacio radioeléctrico, impedir o lograr que los ciudadanos sean reconocidos como interlocutores y no solamente consumidores de los medios de comunicación. La solución a esos dilemas pasa por la legislación que exista para esos medios y las tecnologías que les permiten propagarse. Mantener o abrir el esquema de privilegios y tráficos de influencia que el país padece en sus medios de comunicación más relevantes es una opción, señoras y señores ministros, que está en sus manos.


México D.F., 6 de Febrero de 2007.