ROBERTO GARDUÑO , CAROLINA GOMEZ , GEORGINA SALDIERNA
La reprivatización de las carreteras rescatadas por el gobierno federal y la entrega de nuevas concesiones a la iniciativa privada para construir esas vías propició en la Cámara de Diputados un duro intercambio entre los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).
En mancuerna, priístas y perredistas anunciaron una próxima comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez Kuenzler, con objeto de que explique el fondo de la determinación anunciada el jueves pasado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos señaló que el proyecto gubernamental no solucionará el problema en la red carretera porque la iniciativa privada sólo busca la rentabilidad; es decir, no es prioridad de los particulares ofrecer a la sociedad un servicio de calidad.
Lo anterior quedó de manifiesto en 1997, "cuando, en mala hora", se arrebató la operación del área a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), agregó el gremio.
Ese proceso costó al país 57 mil 316 millones de pesos y actualmente, afirma el sindicato, "sigue costando al pueblo cerca de 170 mil millones de pesos".
En opinión del sindicato, encabezado por Martín Curiel, las carreteras de cuota que se encuentran en "criminal estado físico son las que fueron inconstitucionalmente arrebatadas" al organismo paraestatal para entregarlas "en dudosas concesiones al organismo fantasma, creado al vapor, denominado Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas".
La organización afirmó que el mal estado de las carreteras se relaciona directamente con la falta de presupuesto que asigna la Secretaría de Hacienda a Capufe, lo que impide a los trabajadores contar con herramientas suficientes para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades.
A su vez, Saúl Escobar, integrante de la dirigencia nacional del PRD, advirtió que con el plan del gobierno federal se corre el riesgo de cometer el mismo error de los años noventa de privatizar ganancias y socializar pérdidas.
Mientras, en la Cámara de Diputados, Horacio Duarte Jaques, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseveró que la reprivatización y las nuevas concesiones no tienen por qué entregarse a los inversionistas privados, porque hasta ahora el esquema de operación vigente ha dado resultados, y sería mejor "que Capufe continúe administrando nuestras carreteras".
Otra burla al pueblo
En tanto, el diputado perredista Emilio Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Cultura, señaló que la decisión gubernamental "es una burla más al pueblo de México; esas carreteras se han construido con recursos del erario, provenientes del pueblo, y ahora por decreto, una vez que se ha saneado su operación, Calderón se las regresará a los voraces empresarios que lo apoyaron en su campaña y ahora le reclaman el pago de la factura por ese respaldo".
Rechazó la entrega de concesiones y la reprivatización porque "es una vergüenza que ahora que Capufe opera con cierto grado de transparencia, se vaya a ver afectada al retirársele el manejo y la administración de las vías carreteras. Con esto se redita, una vez más, el engaño al pueblo que ha sido recurrente durante el régimen del PRI y ahora en el del PAN".
Correspondió al panista Manuel Minjares rechazar la posibilidad de que el secretario de Comunicaciones y Transportes acuda a San Lázaro, porque su presencia, expresó, obedecería más a un linchamiento político que a una comparecencia para explicar el fondo del tema carretero.
El legislador panista insistió en que "se debe dar el beneficio de la duda" al gobierno de Felipe Calderón, porque éste implementará mecanismos de transparencia que garanticen el buen manejo de los recursos que se obtengan por la reprivatización de autopistas y carreteras de cuota.
La noticia provocó enojo en el diputado petista Silvano Garay Ulloa, quien arremetió contra el "doble discurso" de Felipe Calderón, porque en su campaña se erigió como "prócer" de la seguridad y el empleo para los mexicanos.
"¿De quién se quiere burlar Felipe Calderón? Una vez más los lacayos de los poderosos, ubicados en el gobierno, abusan de su posición y ponen de rodillas a las finanzas públicas, que serán resarcidas golpeando los bolsillos semivacíos de los millones de ciudadanos que aportan con sus impuestos al presupuesto del gobierno federal. Calderón Hinojosa sigue los pasos fielmente a Carlos Salinas, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo".
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