Convención Overture

Convención Nacional Democrática

Desfiladero

Jaime Avilés

César Nava miente

Hoy desmiente lo que en junio le parecía bulla

Involucró a Calderón en tráfico de influencias

Su suegro, beneficiario de 2 mil mdp de Banobras





La historia es muy simple. En 1997, el gobierno federal creó siete empresas petroquímicas descentralizadas de Pemex, de las cuales tres, Morelos, Pajaritos y La Cangrejera, quedaron en el municipio veracruzano de Coatzacoalcos. En 2002, la alcaldía de ese lugar demandó a la paraestatal por 713 millones de pesos para reclamarle el pago de impuestos por "traslación de dominio de bienes inmuebles". La querella fue entablada por la firma Abogados Internacionales SC, despacho ubicado en Mariano Abasolo 1107, colonia María de la Piedad, teléfono 9212 2610, de la ciudad de Coatzacoalcos.

Para defender a Pemex, César Nava designó al licenciado Ernesto Ordaz Moreno, quien al acreditarse señaló como dirección para oír y recibir notificaciones la casa número 1107 de la calle Mariano Abasolo, colonia María de la Piedad, teléfono 9212 2610, de Coatzacoalcos, es decir, el mismo domicilio del despacho Abogados Internacionales SC. Y tal vez porque demandantes y demandados trabajaban en el mismo bufete -algo que el juez del caso debió rechazar por ilegal, pero que pasó por alto, cometiendo con ello el delito de prevaricato-, Pemex y el municipio llegaron a un rápido acuerdo: la paraestatal cubrió la suma de 220 millones de pesos al ayuntamiento y éste pagó 44 millones por sus servicios, en realidad de coyotaje, a Abogados Internacionales SC.

La Jornada publicó esta información bajo mi firma, el viernes 23 de junio de 2006, a nueve días de las elecciones presidenciales. Esa tarde, una reportera del programa radiofónico de Ricardo Rocha entrevistó a César Nava para pedirle su opinión. El ex apoderado legal de Pemex fue muy parco: era, dijo, una simple "bulla" del PRD. "Como ese partido no tiene propuestas, trata de calumniar. No hay por qué seguirle la corriente", aseguró el que en vísperas de los comicios era secretario general adjunto del Partido Acción Nacional y hombre clave dentro de la campaña de Felipe Calderón.

Hace cuatro días, en el programa televisivo La verdad sea dicha, Octavio Romero Oropeza, ex oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal y ahora secretario del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, evocó el episodio de Coatzacoalcos. Luego de relatar a grandes rasgos la maroma jurídica arriba descrita, añadió que el presidente municipal de Coatzacoalcos en aquella época, Marcelo Montiel Montiel, después de ganarle el pleito a Pemex dio entrada a la construcción de un túnel subterráneo y solicitó el apoyo financiero de Banobras, que en ese momento dirigía Felipe Calderón.

Romero Oropeza recordó que el proyecto de la obra, curiosamente, lo había diseñado la empresa GBM (Grupo Básico Mexicano), uno de cuyos accionistas principales, Roberto Baños Urquijo, es papá de María Covadonga Baños Ardavín, esposa de César Nava Vázquez, pero se quedó corto al asentar que para impulsarla, Calderón, como director de Banobras, autorizó, por medio del Fondo de Inversión en Infraestructura, "una aportación de 400 millones de pesos, pero a fondo perdido, es decir, sin posibilidad de ser recuperado".

Dinero, dinero, dinero

Ocho meses después de las elecciones, César Nava ya no piensa que se trata de simple bulla del PRD. En una carta dirigida a este diario, que El Correo Ilustrado publicó ayer, el que ahora funge como secretario particular de Felipe Calderón trata de ocultar los notables indicios de tráfico de influencias con un escueto mensaje de siete párrafos plagados de inexactitudes e incluso mentiras.

Para empezar, sostiene que "es falso que Pemex haya contratado un despacho de abogados para enfrentar el juicio derivado (...) de la constitución de las cuatro (sic) empresas filiales de Pemex Petroquímica (...) en los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque", de lo que se vale para concluir anticipadamente que, "por tanto, es falso que las dos partes hayan sido representadas por el bufete Abogados Internacionales SC", olvidando al respecto varias cosas importantes.

Una, que hay actas con el nombre y la firma del representante de Pemex en la querella, Ernesto Ordaz Moreno, en las que éste señala como domicilio la misma dirección de Abogados Internacionales SC, en Coatzacoalcos. Dos, que las petroquímicas creadas en 1997 por decreto de Ernesto Zedillo fueron siete, no cuatro, y que nadie mencionó el caso de Cosoleacaque, por lo cual su refutación en este sentido, cualquiera que sea, es ociosa.

Nava niega, asimismo, que "tenga o haya tenido interés o participación alguna, directa o indirecta, en Abogados Internacionales", cosa de la que nadie lo ha acusado, pero de la que se sirve para añadir a renglón seguido que "en consecuencia, es falso que el suscrito haya obtenido beneficio económico para sí o para terceros con motivo del juicio citado", algo que tampoco nadie le achaca. En cambio, en su débil "desmentido" acepta que Pemex dejó de pagar esos impuestos, y corrobora que al final de ese litigio la paraestatal entregó 220 millones de pesos a la alcaldía de Coatzacoalcos. Punto.

Lo que no niega es que la concesión para construir y explotar el túnel de Coatzacoalcos la obtuvo una empresa llamada GBM, en la que es accionista su suegro, Roberto Baños Urquijo, ni que ésta se puso en marcha cuando el ayuntamiento de Coatzacoalcos exhibió los 177 millones de pesos que obtuvo a raíz de su fulgurante y exitoso pleito legal con Pemex, como consta en mi reportaje del 23 de junio de 2006.

Nava tampoco rechaza lo que reveló aquel trabajo periodístico, donde se informa que como director de Banobras, el 22 de agosto de 2003, Felipe Calderón firmó un convenio que fue suscrito igualmente por Pedro Cerisola, entonces secretario de Comunicaciones; Manuel Zubiría, director de Caminos y Puentes, y Marcelo Montiel Montiel, edil de Coatzacoalcos. El documento, que apareció en el Diario Oficial hasta el 31 de octubre de 2003 (cuando Calderón Hinojosa ya era secretario de Energía), establece los amarres económicos pertinentes que se efectuaron después del 22 de agosto para impulsar la construcción del túnel, con una inversión inicial de mil 200 millones de pesos que, sin embargo, aumentó a mil 800 millones y se aprobó por último en 2 mil millones.

Lo más grave del caso es que el túnel sigue siendo un proyecto y los fondos otorgados por Calderón a la empresa del suegro de su secretario particular deben ser objeto del más celoso escrutinio. Las falacias de Nava explican en parte por qué su jefe trata de exculpar a los soldados que violaron y asesinaron a una ancianita de 78 años en la sierra de Zongolica, también, por cierto, en Veracruz, con el peregrino argumento de que la pobre falleció de gastritis.

jamastu@gmail.com