1938 y 2008: una comparación

Lorenzo Meyer/ Grupo Reforma


Nota de Inicio. Una felicitación a unos Estados Unidos que, finalmente y como conjunto, superaron el racismo. Enhorabuena.

Espíritu. En su mensaje de ocho minutos en cadena nacional del 28 de octubre, Felipe Calderón felicitó a los legisladores por “el patriotismo, la visión y la altura de miras” que, según él, habían mostrado al aprobar una legislación que, en su letra, es diferente a la que él había presentado al Poder Legislativo en abril, y que pretendía legalizar la inversión privada en exploración, extracción, refinación, ductos, almacenamiento y transporte de los recursos petroleros. La reacción del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo logró cambiar bastante los términos de la legislación, aunque no necesariamente su espíritu.

Hacer de una necesidad una virtud es una característica del discurso político. De ello es ejemplo lo dicho por “Los Pinos” en torno al petróleo. Quizá llevado por el entusiasmo de haber visto el fin del largo y complicado proceso por el que atravesó su paquete de iniciativas de ley, Calderón declaró que la reforma aprobada era la más importante en materia de petróleo desde 1938. Sin embargo, “Los Pinos” tomaron como punto de referencia para su argumento una circunstancia histórica que en realidad no favorece la comparación. Y es que el ánimo que hace 70 años movió al presidente Lázaro Cárdenas a resolver de tajo la disputa entre el Gobierno mexicano y las empresas petroleras norteamericanas y angloholandesas mediante la nacionalización de la industria petrolera, es opuesto al que hoy domina en la casa presidencial, en el Congreso, en los partidos y entre los “factores de poder” que pretenden dirigir las actuales circunstancias.

Indicadores. La decisión tomada en marzo de 1938 por Lázaro Cárdenas fue la culminación de un largo proceso que se inició cuando el presidente Francisco I. Madero chocó con el Gobierno norteamericano por haber decretado un impuesto de veinte centavos por tonelada al petróleo exportado. La insólita decisión del presidente Cárdenas dio al Estado mexicano el control pleno de la explotación de los hidrocarburos mediante la expulsión de las empresas privadas extranjeras, fue, ésa sí, una determinación realmente “patriótica, visionaria y con altura de miras”.

El espíritu del 38 significó usar todo el poder del régimen, mediante la nacionalización, para acabar de tajo con las prolongadas controversias legales y políticas entre las empresas extranjeras y el Gobierno mexicano en torno al Artículo 27 y sus leyes reglamentarias. Ese impulso fue también el que alimentó la resistencia a las presiones externas e internas que desencadenó el decreto expropiatorio del 38. La posición inicial de Washington fue que si no se daba marcha atrás o se procedía a pagar de inmediato los bienes nacionalizados, la acción de México dejaría de ser una expropiación para transformarse en una confiscación, situación contraria al derecho internacional y que permitía a Estados Unidos actuar en consecuencia. La voluntad y la habilidad de Cárdenas y del grupo que le rodeó, terminaron por escribir la que quizá ha sido la página más brillante del nacionalismo mexicano. En contraste, la actual reforma petrolera y la clase política que la diseñó y avaló, apenas si lograron insertar un pie de página más en el largo y tortuoso proceso de abandono del viejo proyecto nacionalista; un abandono donde el vacío dejado por el nacionalismo que fue, no ha sido sustituido por algo equivalente o mejor.

En contraste con el espíritu del 38, el que presidió la actual reforma petrolera es uno pobre, que busca disfrazar sus objetivos por carecer éstos de legitimidad a ojos de parte de la opinión pública. La propuesta original para modificar tanto la ley reglamentaria del Artículo 27 como la de Pemex mismo, tuvieron como meta sustituir lo que aún queda del propósito de hacer de esa gran empresa estatal un símbolo de la determinación mexicana de manejar por sí y para sí su recurso natural más estratégico, por un nuevo marco jurídico inspirado en la ideología e intereses económicos de quienes desean que prevalezca un entorno donde la lógica del mercado global determine la asignación de los recursos económicos.

Desde la óptica privatizadora, Pemex es una empresa ineficiente en extremo y la única vía realista para enmendarla es abrirla a la influencia benéfica de la competencia directa y asociación con las grandes petroleras internacionales. Desde esta perspectiva, Pemex debe regirse por las reglas del mercado mundial, producir lo más que pueda para ese mercado y usar sus beneficios para fortalecer las finanzas públicas y evitarle al Gobierno el duro proceso de disminuir el gasto público y/o tener que llevar a cabo una auténtica reforma impositiva.

Juego Sucio. Aunque no se compartan estas premisas y valores, es posible entender el contexto ideológico y político en que surgió la propuesta de reforma petrolera de abril, pero lo que no se puede justificar ni aceptar es el espíritu que dominó al final del proceso reformista, al que se le puede calificar de inspirado por quien no apuesta a un juego limpio. Como se recordará, al término del complicado y tenso proceso legislativo, se intentó hacer pasar de manera subrepticia un cambio en el contenido de la exposición de motivos que había sido enviada por el Senado a la Cámara de Diputados en relación a la ley reglamentaria del Artículo 27 y a la de Pemex. Alguien, sin anunciarlo, cambió la redacción original de la exposición de motivos. Y la razón de tal transformación obedeció a principios poco claros: si bien una modificación a la redacción misma de la ley hubiera obligado a los diputados a devolver el documento a la Cámara de Senadores y a reabrir el encarnizado debate, una modificación a la exposición de motivos no.

Sin embargo, como cualquier exposición de motivos es parte integral y fundamental de la ley, puede ser la base para interpretar “lo que el legislador quiso decir” en relación a cualquier ambigüedad. En suma, en esa introducción está “el espíritu de la ley” y es ahí donde buscó hacer su nido en San Lázaro la mala fe, (véanse los detalles en Reforma y La Jornada, del 29 de octubre).

La modificación intentada no era insignificante, pues pretendía ser el sustento legal para volver a permitir, en el futuro, lo que ya se había autorizado en el sexenio de Miguel Alemán, pero que se había clausurado en 1970: los “contratos riesgo” con empresas particulares. Como se sabe, esos contratos, siempre controvertidos y combatidos por el ex presidente Cárdenas, permitieron que cinco empresas norteamericanas pudieran explorar y extraer petróleo en el Golfo de México con base no en una remuneración fijada de antemano sino en un porcentaje de lo extraído.

El intento por cambiar, sin la debida discusión, dicha exposición de motivos podía acarrear consecuencias. La modificación ampliaba la posibilidad de llevar a cabo “contratos incentivados” entre Pemex y empresas particulares, a las que se ofrece no sólo una suma fijada inicialmente sino incentivos o “compensaciones adicionales” según su desempeño. Como ello era lo que revivía el espíritu de los contratos riesgo, y tras varias consultas que incluyeron al titular de Gobernación, los líderes del PAN y del PRI aceptaron cortar por lo sano y cancelaron dichas modificaciones dentro de las exposiciones de motivos.

Finalmente, el incidente relatado no pasó a mayores, pero eso no le resta importancia, pues mostró la naturaleza del espíritu del legislador, uno empeñado en lograr a la oscuridad de las Cámaras lo que no se alcanzó a la luz del día. Evidentemente, lo anterior obliga a seguir de cerca y con la ayuda de especialistas, la forma como va a operar la nueva legislación, pues por ahora y en el caso del petróleo, es difícil confiar en el “espíritu del legislador” y en los encargados de interpretarlo.

El Gran Ausente en el Debate. Antes de 1938 el sindicalismo petrolero era ya un actor destacado en la industria, pero su importancia se disparó a partir de la constitución del sindicato nacional (SNTPRM) y de la expropiación. En poco tiempo, la organización se convirtió en una base de apoyo del PRI y del presidencialismo autoritario. Desafortunadamente, ese notable aumento de fuerza política fue acompañado de otro: el de la corrupción. Hoy, ninguna reforma de Pemex tiene sentido si no se aborda el tema de un sindicato que ha hecho suya una parte sustantiva de la riqueza que es de todos. Sin embargo, ni los legisladores, ni tampoco el Movimiento en Defensa del Petróleo han querido tomar al toro sindical por los cuernos. Y mientras eso no se haga, ni Pemex ni la democracia mexicana serán lo que deben ser.