En medio de la permanente violación de los derechos políticos, sociales y culturales de la comunidad Mapuche, a los que se condena a la exclusión y la pobreza, el Ministerio Público de Chile, elige no atender sus justas demandas y aplicar la Ley Antiterrorista a tres jóvenes (uno de ellos menor de edad) implicados en hechos de violencia en Temuco.
Los antecedentes de la Ley Antiterrorista, se remontan a la dictadura de Pinochet, a una etapa en la cual se necesitaba desesperadamente acabar con las voces críticas y las acciones que llevaban a cabo luchadoras y luchadores sociales en busca de una sociedad más justa e igualitaria. Han pasado muchos años y la ley -que ha sufrido insignificantes modificaciones que en nada recortan su objetivo primigenio- se encuentra aún vigente. Esto no es casual, desde luego, ya que quienes ocupan el poder en el país, no han cambiado en profundidad sus ejes neoliberales de dominio, solo las formas. El gobierno democratoso chileno necesita esa ley (también) para operar en contra del pueblo mapuche y su organización de resistencia, ya que continúa imbuido de un espíritu fascista, cargado de racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas.
En diciembre de 2007, hace casi un año, en el marco de la Campaña por la derogación de la Ley Antiterrorista, el investigador Mauricio Muñoz Díaz, denunciaba que “los sucesivos Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia han demostrado su falta absoluta de voluntad política y al contrario han gobernado apegados a ella, cómodamente, teniendo, inclusive, el descaro de aplicar dicha Ley, en contra del Pueblo Mapuche”
Asimismo, el investigador mencionaba en su escrito que “si bien en la actualidad, existe un compromiso parcial de parte de la Presidenta Bachelet, de no volverla a aplicar, nadie nos garantiza que a futuro, es decir, con una nueva administración esta no se aplicará en contra no solo del Pueblo Mapuche sino que también en contra del Pueblo Chileno y sus protestas sociales.”
El caso, es que a la luz de los acontecimientos, no ha sido necesario esperar a que llegara una nueva administración. Bachelet sigue en el cargo y la Ley ha sido aplicada en una flagrante violación de los derechos humanos de los hermanos Mapuche.
Pensemos que hasta el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en mayo del año anterior, cuestionó la definición de terrorismo establecida en la Ley Antiterrorista 18.314, dado que por su amplitud había posibilitado que miembros de la comunidad Mapuche fuesen acusados de terroristas por el solo hecho de ejercer acciones de protesta y movilización para defenderse de la represión y el hostigamiento por parte del poder político y las fuerzas de seguridad.
Hace dos días, el Observatorio Ciudadano de Temuco, publicó un comunicado en el cual rechaza la aplicación de la ley antiterrorista “en el caso de nuevas detenciones en la Araucanía, lo cual constituye un retroceso en materia de derechos humanos del Gobierno, que avala la impunidad en la persecución penal en contra de la población mapuche...”
Es fundamental, presentar a continuación los trechos salientes del comunicado:
“…La aplicación de la legislación antiterrorista se suma a las reiteradas denuncias de apremios y casos de tortura que se han denunciado por miembros de comunidades mapuche, lo que constituye un grave retroceso en la política de derechos humanos de la Presidenta Bachelet. Con esto, el gobierno retoma una política criminal abusiva y discriminatoria en contra de la población mapuche y rompe el compromiso asumido de respetar y hacer respetar las garantías constitucionales que se han visto vulneradas en la persecución penal contra de personas y comunidades mapuche, en el sentido de no aplicar esta legislación ampliamente repudiada y cuestionada por la comunidad internacional…”
“…La ley antiterrorista se aplicó en la detención de tres jóvenes acusados de intentar levantar una barricada en la carretera, hecho que puede ser investigado y sancionado por la legislación penal común. Pero en este caso, como en otros que han sido denunciados por el Observatorio Ciudadano, se actúa bajo las presiones de sectores políticos y económicos interesados en minimizar y desvirtuar las reivindicaciones y derechos reclamados por las comunidades…”
El nivel de impunidad que otorga esta Ley se vivió en el caso puntual de la detención de uno de estos tres jóvenes - un menor de edad mapuche- quien estuvo desaparecido para sus padres por tres largos y angustiosos días luego de su detención. Situaciones como esta, junto a la duplicación de las penas normales para algunos delitos, la retención de pruebas a la defensa durante un plazo de hasta seis meses y que los acusados sean condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos, son prácticas violatorias de derechos que ya han sido utilizadas del Ministerio Público, amparadas en esta ley, y que el gobierno no puede permitir que vuelvan a ocurrir…”
“El Observatorio Ciudadano insta al gobierno a cumplir sus compromisos internacionales y no reincidir en la aplicación de esta Ley mientras no sea revisada y ajustada a los derechos ya consagrados en los Pactos internacionales suscritos por Chile, así como a respetar los derechos de los detenidos, a sancionar los procedimientos policiales contrarios a estos derechos y a observar las actuaciones del Ministerio Público que vulneran el debido proceso…”
Frente a estos hechos, es imprescindible la reactivación de la Campaña por la derogación de la Ley Antiterrorista y la movilización en forma articulada de los sectores sociales para reclamar el cese inmediato de la criminalización de las luchas por la justicia y la igualdad que tiene al pueblo Mapuche como protagonista.
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