Un secretario provocador

PLAZA PÚBLICA

Por: MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

El licenciado Javier Lozano es dueño de muchos y muy diversos talentos. Estudió interpretación de piano en el Conservatorio nacional de música y sus amigos disfrutan oírlo tocar ese instrumento. En la revista Este país ha escrito artículos sobre música clásica y ópera. Aún no terminaba sus estudios de abogacía en la Escuela Libre de Derecho cuando inició una carrera que lo ha conducido a muy variados territorios:

Fue pasante en la Dirección de disposiciones de banca central en el Banco de México; fue gerente jurídico del sector petroquímico en el Grupo Alfa; en la Secretaría de Hacienda fue director de autorización y control de crédito externo privado, coordinador de asesores del subsecretario de normatividad y control presupuestal; director general de normatividad y desarrollo administrativo en la subsecretaría de egresos. Fue contralor general corporativo de Pemex. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue oficial mayor, subsecretario de comunicaciones y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Fue también subsecretario de comunicación social en la Secretaría de Gobernación. Fue candidato a diputado federal, pero no alcanzó la curul. Representó al Gobierno de Mario Marín en el Distrito Federal y también actuó como coordinador general de la Comisión de transparencia en la prestación de los servicios públicos del estado de Puebla.

Estableció su propio despacho, Javier Lozano y asociados, especializado en tecnología y regulación en materia de telecomunicaciones y en manejo y estrategias de medios de comunicación. Escribió en los diarios El Financiero y El Universal, participaba en el programa radial Fórmula financiera, y fue fundador, articulista y consejero editorial de El Semanario, "todo ello en temas relacionados con las telecomunicaciones", según se lee en su ficha oficial de la Presidencia de la República. Cambió de partido y participó en la precampaña, la campaña constitucional y en el equipo de transición de Felipe Calderón quien, conforme a la especialización que tras la variedad de sus intereses profesionales había adquirido su amigo Lozano, se disponía a nombrarlo secretario de Comunicaciones cuando un poder superior al suyo se lo prohibió. A Calderón no le quedó más remedio que buscarle acomodo y lo hizo secretario del Trabajo.

Nada en su vasta experiencia como abogado lo orientaba a esa responsabilidad. Se comprende entonces que ignore los rudimentos de la legislación aplicable en su área. Y aunque fue priista, quizá no lo era tan intensamente y no interiorizó en su conciencia la doctrina constitucional mexicana en materia laboral. De acuerdo con ella, el Estado mexicano se asume como tercero ante el capital y el trabajo, y su misión consiste en armonizar sus intereses. No es gratuito, por eso, que la comarca jurisdiccional del régimen administrativo del trabajo lleve en su nombre su objetivo: es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Si los factores de la producción no concuerdan, es tarea de las autoridades del Trabajo conciliar sus intereses y en caso de disputa, arbitrar entre ellos. Esa labor de avenimiento y arbitral se extiende también a las organizaciones sindicales.

Dicho en términos llanos, una función esencial del secretario del Trabajo es evitar conflictos. Pero Lozano Alarcón los provoca. Hay que verlo o escucharlo en estos días en plena reyerta con Martín Esparza, como si fuera parte de una contienda sindical y no la autoridad que administra la legislación aplicable. Es un picapleitos. Si uno creyera que el PRI y el PAN son partidos diferentes, antagónicos, creería también en la posibilidad de que Mario Marín, el "Gober Precioso", su último jefe priista, hubiera enviado a Lozano a infiltrarse en las filas contrarias, para sabotearlas. Eso parece estar haciendo.

Pero como esa hipótesis es improbable, hay que analizar el propósito visible de Lozano. Se le ha encomendado actuar como un provocador, exacerbar los ánimos de una áspera contienda interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas para generar un clima que lleve a la intervención estatal de Luz y Fuerza como preámbulo a su liquidación. Este propósito no es oculto, y estamos percibiendo la creación de las condiciones para que el Ejecutivo se atreva -como lo instan a hacer los partidarios del machismo político, como si fuera cuestión de redaños y no de inteligencia y apego a la ley-a la solución final que supone acabar con una empresa onerosa e ineficiente y a exterminar a su sindicato.

Lozano ha desconocido a Esparza, al responder negativamente a un trámite administrativo, la toma de nota de una elección, como si la Secretaría del Trabajo tuviera facultades para reconocer a los dirigentes elegidos por sus compañeros. Atribuyamos a Esparza cuantas descalificaciones creamos que merece. Él sigue siendo secretario general pues su elección está solamente impugnada. Es un caso sub judice pues el reclamo de anulación de elecciones se ventila en la Junta de conciliación. Cuando el procedimiento concluya, quedará a las partes recurrir al juicio de amparo, que ya asiste al secretario general desconocido por Lozano Alarcón. Sólo cuando se agoten las instancias jurisdiccionales se conocerá el destino de Esparza. Mientras tanto, es enteramente ilegal que la dirección de Luz y Fuerza congele los fondos sindicales. Que lo haga es inducir al sindicato a protestar contra esa arbitrariedad. Y si lo hace más allá de la ley, Lozano tendrá éxito en su misión provocadora.