Lunes 07 de Mayo de 2007

Liberación habría estado condicionada para culpar a
líderes activistas
Liberan a universitarios; ahora gobierno va sobre
líderes del FAO


Rosa Elena Pedraza


Fueron liberados desde el mediodía de este domingo los
estudiantes de la Facultad de Derecho: Oscar David
Reyes Medrano, Helios Barragán Beltrán, Emilio José
Grimaldo Sánchez, Adrián Mireles Alonso, encarcelados
en el penal de La Pila acusados de daños al
patrimonio, asociación delictuosa y motín, ahora la
persecución es contra Enrique Rivera, uno de los
líderes del Frente Amplio Opositor (FAO) y el cual
permanece oculto en un lugar fuera del estado.
Pese a que hubo hermetismo total de algunos de los
padres de familia por ahondar en la liberación de los
estudiantes, en las instalaciones del Centro de
Readaptación Social de La Pila, los datos que arrojó
el libro de egresos de los internos fueron evidentes.
Los cuatro jóvenes salieron del Ceprereso a partir de
las 12:34 horas, los folios con número subsecuente
0813, hasta llegar al 0816. Dichos datos estuvieron a
la vista del representante de este medio.
Sin embargo causó extrañeza que horas antes de
constatar la salida de los jóvenes, uno de los padres
de familia, el señor Helios Barragán en entrevista vía
telefónica, negó tal liberación. Lo atribuyó el hecho
a un rumor. “Me hablaron desde ayer pero son puros
rumores el juez que lleva el caso no aceptó”, fue su
respuesta.
No quiso abundar sobre la detención a los estudiantes
–entre estos su hijo– “hasta no esperar el dictamen
del Juez”, indicó.


La represión en San Luis Potosí


Por separado, los activistas del FAO documentaron su
preocupación de que ahora la represión del gobierno
estatal, está centrada en los líderes. Carlos
Covarrubias, precisó que a causa del hostigamiento
contra Enrique Rivera, uno de sus miembros, éste tuvo
que salir de la ciudad de lo contrario sería apresado.

Vecinos del lugar en la avenida Juárez, en donde se
ubica el domicilio de Enrique Rivera, dieron cuenta
que afuera del domicilio de este hubo patrullas
haciendo rondín. Citaron los números de las unidades:
1647, 1787, 1577 y la 1633. todas de la Dirección
General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE).
Y es que los asesores legales del FAO dijeron a La
Jornada San Luis que en una reunión sostenida este
viernes entre el procurador general de Justicia
Guillermo Salazar Trejo y la directora de comunicación
social del gobierno estatal Maria Luisa Paulín, con
algunos representantes estudiantiles se deslizó sobre
la mesa una propuesta de Marcelo de los Santos. De que
si se quería asegurar la salida de los jóvenes
encarcelados desde el primero de mayo. Sería necesario
que éstos manifestaran ante el juez octavo penal que
los actos suscitados ese día fueron planeados,
organizados y ordenados por dirigentes del Frente
Amplio Opositor. Dicho planteamiento al parecer
también se intentó con algunos familiares de los
detenidos.
En su escrito consignan que “desde el sábado 5 de mayo
por la noche, un numeroso operativo de agentes
policiacos se apostaba en el domicilio de algunos
compañeros”. Al parecer en la perspectiva de la
ampliación del ejercicio de la acción penal contra
integrantes del Frente Amplio Opositor. “Finalmente y
como lo proveímos se impondría entonces la línea dura
del gobierno marcelista”.
También en el contexto de una caravana de apoyo a la
lucha por la defensa de Cerro de San Pedro este mismo
día, algunos estudiantes de la Facultad de Derecho
pedirían a integrantes del FAO alejar el apoyo
político y jurídico a los detenidos, pues según su
dicho el Gobierno del Estado estaría condicionando en
este sentido la salida de los compañeros.
Les pedimos a todos estar alertas. La tormenta se
avecina y vamos con todo a defender nuestra lucha. Ya
se habían tardado.
María Luisa Paulín en su carácter de gobernadora de
facto a determinado detener a Enrique Rivera Sierra,
asesor jurídico del FAO, ordenando y pasando por
encima del secretario general de Gobierno, cobrar la
factura de la guerra mediática que nuestro movimiento
impulsa a nivel nacional.
Por decisión propia a decidido impulsar el
linchamiento del FAO y en una afrenta patológica a
escogido al compañero Enrique Rivera Sierra como el
epicentro de sus alcances represivos. Así finalizan.


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Lunes 07 de Mayo de 2007

EL GRAN TUNAL

El autoritarismo restaurado

CARLOS LÓPEZ TORRES


El gobierno de “rostro humano”, si es que existió en
algún momento del sexenio, pareciera haber tocado a su
fin, dejando casi intactas las injustas estructuras
sociales, prevalecientes no obstante las campañas
mediáticas y el oropelesco relumbrón, bajo el cual
subyacen las ancestrales condiciones de marginación y
pobreza que nos mantienen en los primeros lugares de
atraso social.


No es gratuito entonces, ni obedece a voluntad
conspirativa alguna el que semana tras semana veamos
desfilar contingentes diversos de ciudadanas y
ciudadanos, con sus respectivos hijos a cuestas, que
exigen el cumplimiento de promesas y compromisos
hechos por los funcionarios que, como en el pasado, se
pierden en el tiempo o se convierten en acciones de
gobierno a medias, de mala gana y peor calidad de la
obra, en el mejor de los casos.


Pero si las movilizaciones sociales reivindicativas
han recibido un tratamiento satanizador, tendiente a
responsabilizar en un primer momento a los
manifestantes de ser los ocasionadores de caos vial,
mientras se encubre la irresponsabilidad oficial como
causa de fondo que propicia el uso del derecho a
manifestarse, los opositores a proyectos como el
minero-metalúrgico de Cerro de San Pedro, de la
transnacional Metallica Resoucres, han sido objeto de
represión por su incansable lucha contra la filial
canadiense Minera San Xavier.


Sin embargo, pareciera que el gobierno del estado, ya
sin disfraz de “rostro humano”, ha decidido sacar a
relucir su vocación autoritaria al profundizar de
manera pedestre la criminalización de los dirigentes
sociales, que no logra someter o coptar mediante
dádivas y promesas que invariablemente pretende
ajustar a su proyecto de personal.


Por contrapartida, los canadienses han sido objeto de
todo tipo de consideraciones como lo afirma el abogado
Héctor Barri González, en la revista Proceso de esta
semana, cuando asegura que la MSX trabaja con una
autorización expedida por la Semarnat, “que violó las
resoluciones del Poder Judicial”. Así como lo señala
la doctora en historia Marta Terán, en la misma
revista de la semana anterior, al responsabilizar al
anterior director del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), Luciano Cedillo, de
“abandonar a su suerte al Cerro de San Pedro” y de
neutralizar a la “institución especializada en poner
alto a estas destrucciones”.


Como lo anterior no ha sido suficiente, ni la
prevaricación de funcionarios de los gobiernos de
Sánchez Unzueta, Silva Nieto y los actuales del
“cambio”, para detener la lucha de los opositores y
conseguir que la minera funcione con todas las de la
ley, ante el crecimiento de las movilizaciones,
especialmente las del primero de Mayo, el gobierno
profundizó la restauración de los rasgos más
autoritarios de sus antecesores, mandando golpear y
aprehender a cuatro jóvenes estudiantes y un niño,
violentando las garantías constitucionales y
atropellando los más elementales derechos humanos y
procedimientos de la materia.


En efecto, una vez incomunicados los detenidos, a la
media noche el procurador de Justicia del Estado,
procedía a la fabricación de delitos que impedían la
soltura de los nuevos presos políticos bajo fianza, lo
que facilitó que de manera rápida y expedita se les
consignara al Ceprereso de La Pila, y al niño, sin
haber sido presentado a un ministerio público
especial, como lo exige la Ley de Justicia de Menores,
se le recluyera en el Tutelar de Menores, sitio que de
conformidad con las nuevas disposiciones contenidas en
la mencionada ley, tampoco debe existir, aunque en
franca violación de la misma, se mantiene a una parte
de los menores beneficiados en ese lugar, mientras
otros todavía son internos en el Ceprereso número Uno
donde se les mantiene prácticamente segregados. Así
operan los celosos garantes del estado de derecho en
la entidad.


La maniobra reculadora


La escalada represiva sin embargo, llevó al gobierno
del estado a abrir dos frentes ( el universitario y el
de una parte del priísmo) que, no obstante su actitud
contemporizante con el proyecto personal de don
Marcelo, de autoconstrucción de un cacicazgo
“ilustrado”, no dejaron de inquietarse por la
desproporción del castigo ejemplar y los excesos
policiacos puestos en práctica por unas simples
pintas, que no lograron sustentar los delitos de motín
y asociación delictuosa, llevó al gobernador a recular
paternalmente en su intención inicial de restaurar los
procedimientos dictatoriales que se pensaban ya
superados.


La soltura de los estudiantes, dejándoles sólo el
delito de daño en las cosas, con el evidente propósito
de aislar al Frente Estatal de Movimientos y
Organizaciones Sociales (FEMOS), manteniendo
encarcelado a Pedro Rebolloso, para buscar en su
momento hacer efectivas algunas ordenes de aprehensión
contra dirigentes del FAO y otros dirigente sociales,
plantea un reto no sólo a los activistas y miembros de
las organizaciones sociales, hasta ahora con una
unidad frágil, sino a los luchadores por la democracia
electoral y confesos de participar de un proyecto anti
República simulada, quienes hasta este momento no han
dicho esta boca es mía.


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Condena acciones en Atenco, Oaxaca y SLP
Pide Marcos crear instancia en contra de la represión

VICTOR BALLINAS



El subcomandante Marcos convocó ayer a las
organizaciones civiles, colectivos, individuos y
familias a constituir una instancia nacional contra la
represión porque, advirtió, después de las acciones de
violencia en Atenco, Oaxaca y San Luis Potosí
''debemos esperar más golpes, más presos, más muertos.
Hay que prepararnos para ello".

Al participar en el Foro Contra la Represión,
organizado por la organización Uníos, el jefe
insurgente destacó que el Estado mexicano "da furiosos
coletazos, como un animal herido de muerte; ha quedado
ya en andrajos y difícilmente puede ocultar su
naturaleza violenta, ilegítima e ilegal. Vulnerado y
sometido por el papel de los medios de comunicación,
ha abandonado ya las tareas de gobierno y se ha
dedicado a la represión sutil o descarada, selectiva o
masiva, pero siempre torpe, ilegítima e ilegal".

Dijo que en el país se han ido creando feudos más o
menos grandes, a veces se trata de un estado, regiones
o abarcan varias entidades, y "en esos feudos los
señores posmodernos han convertido en paisitos lo que
antes eran estados o municipios; han hecho sus
alianzas y dependencias, no con el crimen organizado,
porque no son sino el brazo político de éste, sino con
los grandes capitales trasnacionales que negocian
privilegios y prebendas a cambio de apoyos no tan
ocultos".

Marcos subrayó que envalentonados con el manejo
mediático del uso del Ejército federal en el combate
al narcotráfico, "los reyezuelos y virreyes en los
estados y regiones del país ensayan sus éxitos
publicitarios: Marcelo Ebrard, en el Distrito Federal,
con la toma de Tepito para entregárselo a Carlos Slim
Helú; Enrique Peña Nieto, en el estado de México, con
Atenco, y Marcelo de los Santos, en San Luis Potosí".

En el foro contra la represión, el subcomandante
expresó que "ya no hay ninguna diferencia entre PRI,
PAN y PRD. La represión ya no se esconde de los
medios, por el contrario, muchas veces se hace para
ellos; está visto que se pueden obtener más minutos en
la televisión, en la radio, más líneas en la prensa, y
en las revistas también.

"La legalización de las sociedades de convivencia y la
depenalización del aborto han ocultado las represiones
contra el movimiento social en la ciudad de México,
particularmente en el caso de Tepito", apuntó.

Marcos se refirió a los hechos de violencia en Atenco.
"Acuso al PRD del estado de México de aplaudir la
violencia contra la población ahí. Y el sonriente
'vamos a ganar', invitaba a posponer todo, inclusive
la dignidad rebelde, para que el triunfo no fuera
opacado por nada. La otra campaña, no sonrió, organizó
su rabia y su indignación, se movilizó, inclusive el
día sagrado de las elecciones, gritando justicia y
libertad para Atenco".

También se refirió a los hechos de Oaxaca. Dijo que
los presos fueron trasladados como en los tiempos de
Porfirio Díaz a prisiones fuera del estado, lejos de
sus familias. El gobierno logró equiparar la brutal
represión de los policías federales y estatales contra
las acciones de la APPO. Y a esto, abundó, se agrega
"la ignominia de la ilegal sentencia de 67 años de
cárcel para nuestros compañeros Ignacio del Valle,
Felipe Alvarez y Héctor Galindo. Ellos saldrían libres
mucho antes, y esos tres lugares en la cárcel los van
a ocupar: Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Eduardo
Medina Mora".

El dirigente de Uníos , Alejandro Varas, destacó que
lo que caracteriza al gobierno de Felipe Calderón es
su debilidad; entran con el Ejército y policías a
comunidades y barrios urbanos y rurales. En Tepito,
las autoridades del gobierno capitalino buscan
desplazar a la gente humilde para establecer ahí
grandes centros comerciales. "Como lo dijo el
subcomandante Marcos, las tierras, dicen los
gobernantes, ya no deben ser utilizadas para sembrar,
sino deben ser para el gran capital. Ahí están
Iztapalapa, Tepito y Gustavo A. Madero".




Herencia foxista

Gustavo Castillo García


Vicente Fox dejó a Felipe Calderón una herencia de más
de 400 presos políticos, y la cifra se ha incrementado
en estos cinco meses de la nueva administración
federal debido a la represión de movimientos sociales
que protestaban, por ejemplo, contra la instalación de
la Minera San Xavier, en San Luis Potosí; por la
visita del presidente de Estados Unidos, George W.
Bush, o bien por participar en actos de la otra
campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
en Tabasco.

Aunque no existen cifras exactas del número de
detenidos asociados a motivos políticos, el Comité
Cerezo, considera que en México unas 500 personas se
encuentran en prisión injustamente.

Entre los considerados presos por motivos políticos
destacan los 38 que aún permanecen en cárceles
federales de máxima seguridad y del fuero común
acusados de diversos delitos por el caso Oaxaca.

Asimismo, tras los acontecimientos en San Salvador
Atenco, estado de México, aún quedan en prisión 30
personas.

A pesar de que las organizaciones no gubernamentales
carecen de registros puntuales de los presos
políticos, se tienen reportes de que las entidades
donde más personas fueron enviadas a la cárcel
injustamente durante el foxismo son Oaxaca, estado de
México, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Veracruz.






La muerte de activistas alcanza una tasa no vista en
el país en casi cuatro décadas

Crece a "niveles históricos" la cifra de presos
políticos y de conciencia


HERMANN BELLINGHAUSEN


En años recientes, acentuadamente en el último del
sexenio foxista y los cinco meses que van del gobierno
de Felipe Calderón, el número de presos políticos y de
conciencia ha alcanzado niveles históricos. Se trata
de participantes (en ocasiones ni siquiera eso) de
movimientos sociales y expresiones de inconformidad
colectiva. Esto ocurre en prácticamente toda la
República. Algunos alcanzan cierta difusión en los
medios comerciales, los más sonados y ejemplares.
Otros apenas son reportados por medios alternativos y
organismos no gubernamentales de derechos humanos.

Centenares de personas han sido detenidas y
encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter
violento de las policías, lo que ha afectado a
millares de personas, en especial indígenas, jóvenes
urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto,
además de las tumultuosas represiones en Guadalajara
(mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006),
Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida
(2007).

Las muertes de activistas sociales y políticos
alcanzan una tasa no vista en casi cuatro décadas. No
sólo están los casos televisados de Oaxaca, Atenco o
la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Están algunos no
aclarados en Matamoros, Ciudad Guzmán y la sierra
triqui. Dos delegados del Congreso Nacional Indígena
sufrieron emboscadas mortales en mayo de 2006 cuando
se dirigían a una reunión nacional: Concepción Gabino,
de Cosalapa, Jalisco, y Faustino Acevedo, de San Blas
Atempa, Oaxaca.

La represión "selectiva" contra jóvenes, bajo el
pretexto de su indumentaria y comportamiento, se ha
generalizado. Parece haber "consigna" contra los
anarcos, punks y similares. La más reciente, este
primero de mayo en la ciudad de San Luis Potosí.

Un dato es el crecimiento exponencial de conductas
aberrantes (por lo visto cumpliendo órdenes, o
"permisos" al menos) de las policías en capitales y
municipios, a lo que se agregan hostiles custodios,
agentes del Ministerio Público y jueces: violaciones,
vejaciones, tortura, amagos de muerte.

Analistas y activistas subrayan la criminalización de
la lucha social. Se inventan cargos, se "siembran"
armas o droga. Los medios electrónicos obran como
jueces o han incitado a un "restablecimiento del
orden" por regla violento, inconstitucional e impune.
A esto se suma una atonía de las comisiones estatales
y Nacional de Derechos Humanos, que a veces rayan en
complicidad con los verdugos.

La otra campaña encontró el año pasado decenas de
presos políticos en todo el país, la mayoría
ignorados. Por ejemplo, Adolfo y Miguel Andrade
Ibarra, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en
Guanajuato, víctimas de la cúpula panista (Carlos
Abascal, Ramón Muñoz y el ex gobernador Juan Carlos
Romero Hicks) según los familiares y compañeros.

En el penal El Amate, en Chiapas, meses atrás se
denunciaron agresiones y tortura contra los reos
Aureliano Alvarez y Tiburcio Gómez, indígenas de
Huitiupán. Uno de ellos "apareció" muerto en el penal
posteriormente. En Chiconautla está Gloria Arenas. Su
compañero, Jacobo Silva Nogales, recluido en La Palma,
es un caso extremo, que recuerda lo peor del apartheid
de Sudáfrica. Tiene 23 horas de encierro al día, no se
le permite pintar. Sus óleos son una denuncia
extraordinaria.

A ellos se suma la saga, combativa y lúcida, de los
hermanos Cerezo. En Tacotalpa (Tabasco), Angel Pérez
Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, bases zapatistas,
hace 10 años están presos injustificadamente. En
Ixcotel (Oaxaca) está recluido desde antes de las
protestas de 2006 Pedro Castillo Aragón; es compañero
de Catarino Torres Pereda, quien pasó varios meses en
el penal de alta seguridad de La Palma, aislado y
tratado peor que los narcotraficantes y
secuestradores. También los detenidos de Loxicha y
Santiago Xanica. Y Juan Díaz Gómez, zoque de Chiapas,
quien paga el delito de no hablar castellano.

La estela carcelaria ha pasado por la Comarca
Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango.
Pobladores de San Blas Atempa sufren penas de cárcel
desde 2005 en Tehuantepec; otros han sido liberados.
Se multiplican las órdenes de aprehensión, unas
ejecutadas, otras resueltas con fianza, muchas más
pendientes (y reactivables en cualquier momento). En
Oaxaca decenas de personas viven escondidas, en
ocasiones gravemente heridas y mal atendidas (como si
los presos fueran bien atendidos por las autoridades;
la enfermedad y las lesiones sin atención son parte
del castigo). En Hermosillo están los campesinos pimas
Ramón Rodríguez Galaviz, José, Leonardo y Francisco
Coyote Duarte, Pedro Monte Coyote y Julio Coyote
Monte.

Las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el
estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz,
Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Jalisco (los casos de
Guadalajara, Sayula y Ciudad Guzmán). En Yucatán 39
mayas fueron detenidos en julio de 2006. Más de 40
jóvenes en 2007. En San Luis Potosí está el preso
político más antiguo del país: Juan Valdez Pérez,
quien lleva 15 años recluido "por organizar a
trabajadores".

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LO QUE PUBLICA PROCESO:



Minera San Xavier: Contubernio con la Semarnat
Judith Amador Tello / PROCESO

A la destrucción del patrimonio cultural afectado en
el Cerro de San Pedro siguen las violaciones
ecológicas y jurídicas de la empresa minera, amparada
en una autorización de la secretaría que ha sido
nulificada por el Poder Judicial, según denuncia el
grupo Pro San Luis Ecológico, A.C. Pero la filial
mexicana de la compañía canadiense está dispuesta a
defender su inversión a como dé lugar, al grado de que
esta semana se produjeron varias detenciones de
miembros del Frente Amplio Opositor (FAO), uno de
ellos menor de edad.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- Con una sentencia por parte
del máximo tribunal judicial del país, que resolvió la
nulidad de la autorización dada inicialmente por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) a su proyecto, la Minera San Xavier (MSX)
no sólo no ha detenido los trabajos de explotación de
oro y plata en Cerro de San Pedro, sino que van en
aumento.

Integrante del grupo Pro San Luis Ecológico, A.C., el
abogado Héctor Barri González afirma categórico que la
minera –filial en México de la empresa canadiense
Metallica Resources Inc.– trabaja con una autorización
“que violó las resoluciones del Poder Judicial”, ante
la mirada indulgente del gobierno estatal, más
preocupado por obtener una alta “calificación” en
materia de inversiones que por el cumplimiento de la
normatividad.

El también director del bufete jurídico Barri &
Asociados y abogado del Frente Amplio Opositor (FAO) a
la MSX, detalla cómo en un largo proceso jurídico
lograron anular las autorizaciones a la MSX y sin
embargo se encuentran hoy en un impasse, luego de
haberse visto obligados a interponer un recurso de
queja ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, que debió resolverse en un mes y está
a punto de cumplir un año.

En su oficina de la colonia Jardín, Barri González
relata a Proceso que en noviembre de 1999 se autorizó
a MSX el cambio de uso de suelo en una superficie de
373.39 hectáreas, que era forestal, así como el
proyecto para la explotación de tajo a cielo abierto y
lixiviación con cianuro de sodio en el Cerro de San
Pedro.

Tras la autorización, los integrantes de Pro San Luis
determinaron emprender una batalla legal, pero
tuvieron que ir paso a paso agotando los recursos
marcados por la ley. Interpusieron primero un recurso
administrativo ante la misma Semarnat, conscientes de
que sólo era para agotar ese camino, pues “las
autoridades normalmente ratifican sus actos”. Tal como
ocurrió.

Una vez ratificada la autorización por la Semarnat, en
2000 se optó por una demanda solicitando la nulidad
ante el Tribunal Fiscal de la Federación (TFF), ahora
llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, cuya sala regional se encuentra en
Querétaro. Pero por tratarse de un asunto “novedoso,
sin antecedentes de jurisprudencia”, se envió el caso
al pleno del Tribunal Fiscal en la Ciudad de México.

Conformada por 11 magistrados, “que se supone de la
más alta capacidad técnica jurídica”, el TFF resolvió
contra Pro San Luis y confirmó la autorización
impugnada. El organismo civil interpuso un recurso de
amparo ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, dependiente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con
sede en el Distrito Federal. Esta instancia, destaca
el abogado, hace las veces de SCJN, la cual de un
tiempo a la fecha se ha dedicado más a resolver
controversias constitucionales y, por tanto, otros
asuntos como el de la MSX pasan al Tribunal Colegiado.

Este tribunal resolvió otorgar a Pro San Luis el
amparo y la “protección de la justicia” considerando
que se había violado “indiscutiblemente” la Ley
General de Equilibrio Ecológico, al autorizar un
proyecto que no presentó una Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) específica, sino genérica.

Segundo, continúa el abogado, violaba la Norma Oficial
Mexicana –establecida por la federación– que protege a
un sinnúmero de especies de flora y fauna en peligro
de extinción.

Tercero, se violaba el decreto de Desarrollo Urbano
del municipio de San Luis Potosí y zonas conurbadas
(incluyendo Cerro de San Pedro y otros municipios).

Aunque no se mencionan en la sentencia, Barri González
refiere que están vigentes también dos decretos
emitidos por el entonces presidente Adolfo López
Mateos al inicio de los años sesenta, para establecer
la veda para la extracción de agua en la ciudad de San
Luis y zonas aledañas.

La sentencia indicaba además que no debía haberse dado
la autorización ni siquiera “en forma condicionada”,
aludiendo a las 99 condicionantes establecidas por la
Semarnat. Con un ejemplo llano, el abogado indica que
si la autorización violaba las leyes, era absurdo
añadirle condicionantes: si alguien va a robar un
banco, no violenta menos la ley por tener
“condicionantes”.

Al ganar Pro San Luis el amparo, el Tribunal Colegiado
ordenó al Tribunal Fiscal declarar la nulidad de la
autorización, que “con la cola entre las patas tuvo
que aceptar que se había equivocado”; sin embargo,
lamenta el defensor, “fue endeble en sus resolutivos
finales, pues al señalar que se nulificaba la
autorización debió destacar que no podría darse de
ninguna otra forma definitivamente”.



Círculo vicioso



Ya sin autorización, dice, MSX, “con todas las
argucias jurídicas”, solicitó un amparo contra la
sentencia, argumentando que se violaba su derecho de
audiencia, pues no tenía por qué resolver un tribunal
cuando ellos habían presentado su solicitud ante la
Semarnat, la cual debía dar la respuesta.

Ante ello el Noveno Tribunal Colegiado les dio el
amparo, pero –puntualiza enfático el abogado– sólo en
lo relativo al derecho de audiencia, con lo cual la
sentencia de nulidad de la autorización quedó
intocada, por ser “cosa juzgada”. La Semarnat, por
tanto, tenía facultad para dar respuesta al MSX, pero
“en los términos de la resolución” ya dictada.

Sin embargo, como si el caso se reabriera y pudiera
seguir presentando pruebas, la dependencia argumentó
en su respuesta que no se violaban las
reglamentaciones ambientales, aseguró que no había
especies en extinción en la zona y determinó que no
era necesaria la MIA específica, que bastaba la
genérica, pues tenía los elementos suficientes para
resolver.

Así, a lo que era “un contundente” no a la minera “se
le dieron vueltas y vueltas” para concluir en una
autorización en la cual además se eliminaron las
condicionantes. Barri González menciona como ejemplo
que una de ellas era que todos los habitantes de Cerro
de San Pedro debían estar de acuerdo, 100% de la
población:

“Es decir, no solamente le dieron a la MSX la
autorización evadiendo todas las respuestas de los
tribunales, sino que al mismo tiempo le pusieron un
tapete para caminar por él hasta lograr sus cometidos.
¡Quieren acabar con el Cerro de San Pedro!”

En tanto, dice, la minera no ha parado de trabajar un
sólo día. En una información emitida por el
historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara el pasado
martes 1 de mayo, se indica que se ha incrementado el
número de detonaciones diarias, afectando la flora y
fauna del lugar y cimbrando las estructuras de los
inmuebles históricos del poblado, y se ha comenzado a
lixiviar con cianuro “mediante la aspersión de
millones de litros de agua”.

A decir de Barri González, el gobernador de SLP,
Marcelo de los Santos, no ha querido detener a la
empresa minera y en sus medios cercanos se dice que es
porque bajaría la calificación de la entidad en
inversión. De hecho, añade, los gobiernos estatal y
municipal también dieron autorizaciones a la minera y
Pro San Luis interpuso 11 demandas al respecto que
están sin juzgarse.

Aunque lo más grave para el abogado es que la
Semarnat, incumpliendo la sentencia del Tribunal
Colegiado, haya dado una nueva autorización, con otra
fecha y número de oficio, la cual es, en su opinión,
“leonina, corrupta, equivocada, ilegal y además
inconstitucional”.

Ante ello, el pasado 3 de julio Pro San Luis interpuso
un recurso de queja ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal. Aclara Barri González que no se trata
de un nuevo proceso, sino de que la autoridad judicial
determine si la Semarnat cumplió o no con su
sentencia. Esto debió resolverse en un plazo no mayor
a un mes, pero cumplirá un año de interpuesta la
queja.

Al Tribunal Federal, subraya el litigante, no le queda
sino decir que no se cumplió, pues si dijera lo
contrario “estaría violando su propia sentencia”. Sin
embargo, el asunto, que parece tan sencillo, sigue sin
resolverse. Hace un par de semanas el abogado y
miembros de Pro San Luis se reunieron con el
presidente del Tribunal Federal, Luis Malpica y De
Lamadrid, quien les dijo que los escuchaba porque
tenían derecho a hablar, pero que el asunto será
resuelto por el pleno, y “no sabemos por qué la última
vez que se reunió hubo un empate: de 11 miembros
votaron 10, cinco en favor y cinco en contra”.



Mundo al revés



Reitera el abogado entonces que el Tribunal Federal no
podrá ir contra la resolución de un asunto ya juzgado,
ante la cual la Semarnat está cometiendo un desacato:

“Ya no estamos en juicio, no es otro procedimiento,
sólo pedimos un análisis que diga si se violó o no lo
determinado, lo que es cosa juzgada. Y fue a nuestro
favor, está ejecutoriada por un Tribunal Co-

legiado de Circuito, un tribunal máximo del país. Y
una autoridad administrativa, del Poder Ejecutivo, no
puede cambiar lo del Poder Judicial.”

Denuncia además que el responsable de la autorización
en la Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, director
general de Impacto y Riesgo Ambiental, tiene varios
procesos de responsabilidad como servidor público.
Basta poner su nombre en un buscador de internet para
ver que hay quejas contra él por autorizaciones dadas
en Islas Coronado en Baja California; Marina Careyes,
en Jalisco, y en Cancún, Quintana Roo, entre otros.
Según el diario local Novedades del 26 de noviembre
pasado, el funcionario reconoce en un libro que “se
equivocó al haber autorizado algunos desarrollos en
Quintana Roo”.

Respecto de la MSX, Barri González advierte:

“Mientras no se resuelva nuestra queja, los tipos de
la MSX, que son canadienses, van a seguir terminando
con parte de nuestro patrimonio y dejando un
precedente de lo más triste y nefasto en la historia
industrial de nuestro país.”

En su informe al director del Instituto Nacional de
Antropología e Historia sobre la MSX (Proceso 1591),
la historiadora Marta Terán señala:

“Es cínico que los funcionarios públicos pronuncien al
tomar un cargo: ‘y si no, que la nación me lo
demande’. ¿Cómo, si la moda es despreciar a los
frentes ciudadanos que sus abusos procrean, que la
impotencia radicaliza, cuyos dirigentes forman ya un
contingente reconocible en las cárceles? Atenco,
Oaxaca, ¿San Luis?”

Esta semana, ciertamente, hubo nuevos detenidos que
protestaban públicamente contra la MSX (ver recuadro).
Lo reseña así el escritor potosino Ignacio Betancourt:

“Cinco jóvenes que dignifican a la juventud
manifestando su rechazo a la flagrante violación a la
ley que comete el gobernador y sus socios de Minera
San Xavier han sido encarcelados por oponerse al
ecocidio que realiza en Cerro de San Pedro la empresa
canadiense y sus sirvientes locales, la heroica
actitud de oponerse a los agresores de la salud de
cientos de miles ahora es considerada un delito, y de
esta manera los delincuentes que hoy gobiernan
intentan silenciar el legítimo derecho ciudadano de
exigir el cumplimiento de la ley. El mundo se ha
vuelto al revés.”


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Surgió ya la represión: 5 estudiantes, "criminales
peligrosos"
Patricia Dávila / PROCESO

La Minera San Xavier (MSX) reclamará el pago hasta por
24 mil millones de dólares si el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa falla en su contra.
En tanto el gobierno de San Luis Potosí recluye en el
penal de La Pila a cuatro estudiantes que se
pronuncian públicamente por el retiro de la minera y a
uno más en el Consejo Tutelar para Menores.

Los investigadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM-Azcapotzalco) José Juan González
Márquez, doctor en derecho ambiental, e Ivett
Montelongo Buenavista, candidata a doctora en la misma
materia, fueron llevados por la MSX para exponer el
resultado de un estudio sobre la serie de
“vicisitudes” atravesadas por la minera.

–¿Por qué en la UAM nos interesamos en este caso?–
pregunta González Márquez.

Primero, responde, porque la UAM, su departamento de
derecho, es una institución pionera en México en el
estudio de derecho ambiental. Durante un curso
encontramos que el caso (de la MSX) se presentaba
insistentemente en los medios y decidimos investigar.

La investigación arrojó que el de la MSX es el
proyecto de explotación industrial más regulado del
país:

“Nunca habíamos visto uno tan regulado ni en el
presente ni en el pasado. Incluso, la minera aceptó
100 condicionantes y 13 recomendaciones que ha
cumplido al 100%.”

Encontró un problema: que el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa resolvió en contra de
MSX.

“El tribunal que dictó esa sentencia ha sostenido que
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente (LGEEPA) permite a la autoridad ambiental
negar la autorización de impacto ambiental y eso no es
así, este es un error elemental. En realidad, el
procedimiento de impacto ambiental sólo tiene por
objetivo imponer condicionantes a un proyecto, pero no
puede ni permitir ni impedir su desarrollo.”

El tribunal –advierte– tiene que ser muy cuidadoso; si
se equivoca, que puede equivocarse, el gobierno de
México enfrentará dos consecuencias: la primera, una
demanda desde la perspectiva comercial del TLC, “y va
a perder porque no acreditará que tiene razón”; la
segunda, que San Luis se estigmatizará como un estado
en el que no se puede invertir”.

Asegura que una demanda anterior, la del proyecto de
la empresa Metalclad en Guadalcázar, fue de 6 mil
millones de dólares, que México perdió; en este caso
(de la MSX) sería tres o cuatro veces mayor (hasta 24
mil millones de dólares). En este punto, Luis Rodolfo
Rodríguez, abogado de MSX, acota que realmente han
invertido entre 80 y 85 millones de dólares.

El abogado ambiental recuerda que en 1996, cuando se
modifica por primera vez la Ley Ambiental, la reforma
no preveía la posibilidad de participación ciudadana:

“Fuimos los académicos los que dimos esa posibilidad,
nunca pensamos –se lamenta– que íbamos a llegar a un
nivel como éste, donde en forma muy irresponsable y
aprovechando una serie de errores de la Semarnat
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y
de los tribunales, Pro San Luis Ecológico,
entorpeciendo sin razón y sin información un proyecto
como éste, nos tenga en este dilema…”

José Juan González Márquez e Ivett Montelongo son
socios de la empresa González & Asociados, Consultoría
Especializada en Derecho Ambiental, Corporativo y del
Comercio Exterior, firma jurídico-administrativa
constituida en septiembre de 1995, afirma María Colín,
asesora legal de Greenpeace-México.

Asegura que cuando González Márquez hace sus
declaraciones en pro de MSX, se vale de su título como
investigador de la UAM, pero en realidad está cobrando
como despacho.

Aparecen “amenazando” con que van a demandar al
gobierno mexicano por el capítulo XI de inversiones
del TLC si el proyecto de MSX se pierde, y cita el
caso de la Metalclad, donde el gobierno fue multado.
Para Colín es muy raro que los investigadores asesoren
a empresas para ver cómo van a demandar a un gobierno.

Explica que el 30 de agosto de 2000 el panel de
controversia del TLC emitió el fallo acusando al
gobierno de San Luis Potosí de parar los trabajos del
confinamiento de residuos tóxicos peligrosos de la
empresa Metalclad, aplicando una multa por 16 millones
685 mil dólares y no de 6 mil millones de dólares,
como afirma el investigador de la UAM-Azcapotzalco.

“Al decir que se multó al gobierno con 6 mil millones
de dólares y que la minera obtendrá tres o cuatro
veces más, el investigador de la UAM demuestra que no
tiene idea del proceso que se siguió en Guadalcázar y
que lo que busca es intimidar, amenazar”, afirma
Colín.

Según su página web, González & Asociados ha asesorado
a dependencias de gobierno y a 11 estados en
cuestiones de leyes y reglamentación ambiental,
incluyendo al de San Luis Potosí, que lo contrató para
elaborar el dictamen sobre el proyecto de Ley
Ambiental. Además, tiene la representación legal de
nueve empresas.

Entrevistado acerca de si la UAM-Azcapotzalco financió
este proyecto sobre MSX, el secretario de la Rectoría,
Antonio Rodríguez, responde molesto:

“No sé si usted alcanza a diagramar que esta
información la tienen los investigadores.”

–¿No cuenta Rectoría con una lista de los proyectos de
investigación? Sólo quiero saber si lo tienen
previsto.

–Tenemos la lista, pero hay un respeto por la
información y pedimos autorización de los
investigadores. Yo se los enlazo –prometió.

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, de Pro San Luis
Ecológico, considera que es totalmente entendible la
postura del abogado González:

“Recordemos que por motivos de ética y
profesionalismo, los abogados se ven obligados a
defender con argumentos que van más allá de la razón.”

Asegura:

“Los directivos de MSX no imaginaron la capacidad de
rechazo de los pobladores de Cerro de San Pedro al
proyecto minero, le apostaron a las amenazas y a la
represión.”

La última muestra de esa represión, denuncia, se dio
el pasado martes, durante el desfile del 1 de mayo:

Por manifestarse contra la MSX durante el desfile,
cuatro estudiantes fueron golpeados y remitidos al
penal de La Pila, acusados de daños al patrimonio,
asociación delictuosa y motín. Uno más fue enviado al
Consejo Tutelar para Menores.

Los jóvenes marcharon con el contingente integrado por
45 miembros del Frente Amplio Opositor (FAO). Durante
el recorrido sacaron banderas y pancartas de protesta
contra la Minera San Xavier e hicieron tres pintas con
la leyenda: “Fuera MSX”. Al descubrirlos la policía,
el contingente del FAO fue seguido y acosado durante
casi todo el trayecto por cerca de 250 uniformados.

Conforme avanzaban, el cerco policiaco se incrementó.
Al llegar a la alameda Juan Sarabia, la policía
acorraló a los estudiantes y los replegó hasta la
calle Lanzagorta. Ahí los dispersaron a golpes.
Detuvieron a Francisco Octavio López, de 16 años;
Helios Barragán, de 19; Óscar David Reyes Medrano, de
20; José Emilio Grimaldo y Adrián Mireles Alonso, de
21. Los llevaron al edificio de Seguridad Pública,
donde quedaron incomunicados.

Según Ruiz Guadalajara, los jóvenes detenidos fueron
golpeados y permanecieron incomunicados hasta que el
dirigente del FAO, Enrique Rivera Sierra, interpuso un
amparo para hablar con ellos. Cuando los familiares
establecieron contacto, se percataron de que
presentaban golpes en diversas partes del cuerpo.

Francisco Octavio López dijo a sus familiares que los
policías lo torturaron, le hicieron la “licuadora”,
una vieja práctica policiaca que consiste en tomar del
cabello a la persona y darle vueltas en un sentido y
otro.

Cuando los estudiantes llegaron a la Agencia del
Ministerio Público fueron recibidos a escupitajos e
insultos por agentes de Gobernación.

La prensa local se limitó a reproducir el comunicado
oficial difundido por el gobierno de Marcelo de los
Santos. El boletín de la procuraduría local acusa a
los jóvenes de “daño a inmuebles” y los tacha de
“vándalos” y “criminales peligrosos”.

Ruiz Guadalajara comenta:

“Hacia la medianoche se confirmó nuestro temor sobre
la posible fabricación de cargos, cuando se les
notificó a los familiares que el procurador Guillermo
Salazar Trejo, en calidad de querellante, decidió
levantar dos cargos más: el de motín para los cinco
detenidos (incluido el menor), y el de asociación
delictuosa para los cuatro mayores de 18 años.”

Para los integrantes del FAO, la intención fue clara,
pues la asociación delictuosa que se les imputa está
basada en la supuesta complicidad para “corromper” al
menor.

Con estos nuevos cargos no alcanzan fianza y los
mayores de 18 años fueron remitidos al penal de La
Pila, donde hace un mes se consignó a Pedro Rebolloso,
otro opositor a la Minera San Xavier, quien desde
entonces permanece en huelga de hambre. A su
detención, llevaba más de 10 mil firmas reunidas
contra la minera.

Los estudiantes son alumnos destacados en sus
escuelas:

Francisco Octavio López, quien cursa el primero de
bachillerato en el colegio Minerva, es primer lugar
interestatal en matemáticas y redacción, y primero en
el certamen de debate sobre derechos humanos.

Óscar David Reyes presidió en 2005 la Organización
Universitaria Ponciano Arriaga, dedicada al apoyo de
estudiantes. Trabaja con otros universitarios en
servicio al asilo de ancianos de la comunidad de
Tierra Blanca.

José Emilio Grimaldo es mesero en un restaurante para
continuar sus estudios del sexto semestre en la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.

Adrián Mireles Alonso es estudiante de ingeniería de
la misma universidad, además de músico.

Helios Barragán es estudiante de administración en la
universidad e hijo del director del Colegio de
Bachilleres en la entidad.

Los cinco son adherentes de La Otra Campaña y miembros
del Colectivo Soya, organizado por grupos de
estudiantes para iniciar proyectos de desarrollo
social y cultural.

“En algunos medios –explica Ruiz Guadalajara– los han
manejado como ‘narcopunks’, pero yo me pregunto:
¿Desde cuándo acá un ‘narcopunk’ se sujeta a las
normas de un sistema educativo oficial?”

Para él, lo sucedido con Rebolloso y la detención de
los estudiantes es un mensaje muy claro a todos los
opositores, ahora que la minera ha aumentado el número
de detonaciones diarias y comenzó a emplear el cianuro
para lixiviar:

“Estamos en espera de que el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa dé una respuesta a
nuestro favor, a pesar de las acciones intimidatorias
de la MSX.” ?


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La minera San Xavier quiere doblar al INAH
Judith Amador Tello / PROCESO


La explotación del Cerro de San Pedro por la compañía
(filial de la empresa canadiense Metallica Resources
Inc.) podría destruirlo, aunque es el símbolo
potosino, así como el patrimonio histórico y cultural
del poblado del mismo nombre, conformado por 400
monumentos que van del siglo XVI al XIX, entre los
cuales destacan no sólo las antiguas haciendas de
beneficio, sino los templo de San Pedro y San Nicolás
Tolentino del XVIII. Así lo ha asentado el INAH en un
informe contundente, pero no se atreve a poner los
sellos de clausura.

CERRO DE SAN PEDRO, S.L.P.- Inconcebible sería que los
bolivianos permitieran que su famoso Cerro Rico –cuya
riqueza en plata dio origen a la fundación de la
ciudad de Potosí y al dicho “¡Vale un Potosí!”– fuera
pulverizado para exprimirle hasta los últimos gramos
del mineral.

Por el contrario, la histórica ciudad sudamericana fue
inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO desde 1987, siendo el primer sitio del país
andino en recibir ese reconocimiento.

En cambio en México, mientras por un lado se busca que
la UNESCO reconozca a la capital de San Luis Potosí
como patrimonio mundial, por el otro se permite la
destrucción del Cerro de San Pedro –que le dio
origen–; más aún, se ha puesto en riesgo “potencial”
la existencia del pueblo del mismo nombre, fundado el
4 de marzo de 1592 como San Pedro de Potosí, para
evocar al Potosí boliviano.

E incluso quedó plasmado en su escudo de armas, donde
se puede apreciar a San Luis Rey de Francia posando
sobre el “Potosí” mexicano –rico en oro y plata–, y
que daría pie a la posterior fundación de la actual
capital de San Luis, en noviembre de ese mismo año.

Y es que desde 1999, Minera San Xavier (MSX), filial
de la empresa canadiense Metallica Resources Inc.,
comenzó a planear la explotación minera en el Cerro de
San Pedro con el método de tajo a cielo abierto que,
literalmente, implica volarlo con el uso diario de
entre 13 y 25 toneladas de explosivos. Al proceso se
suman además la utilización, también diaria, de 16
toneladas de cianuro de sodio con 32 millones de
litros de agua para lixiviar los metales preciosos, es
decir, separarlos de las tierras del cerro, las cuales
quedarán amontonadas como desecho al final de unos 10
años.

Investigadores de diferentes disciplinas advierten que
al final del proyecto minero quedará en el lugar,
ahora ocupado por el cerro, un cráter “semejante al
estadio Azteca”, similar al que ahora tiene lo que fue
la mina Real de los Ángeles en el municipio de la
Noria, en Zacatecas; además un entorno ecológico
devastado en 14 kilómetros a la redonda y
sedimentación de cianuro en los mantos freáticos.

Desde el comienzo del proyecto de explotación se
advirtió del riesgo para el patrimonio histórico y
cultural del poblado de Cerro de San Pedro, que cuenta
con 400 monumentos de diferentes épocas desde el siglo
XVI hasta el XIX catalogados por el INAH, entre los
cuales destacan no sólo las antiguas haciendas de
beneficio, sino los templos de San Pedro y San Nicolás
Tolentino (este último patrono de los mineros) que
datan de los siglos XVIII y XVII, respectivamente,
pues el tajo quedará apenas a 50 metros de distancia
de la primera iglesia.

Todo ello lo explican, en entrevista con Proceso, el
ingeniero geólogo Mario Martínez, los señores Armando
Mendoza Ponce y Carlos Ramos Moreno, todos habitantes
de Cerro de San Pedro; el historiador Juan Carlos Ruiz
Guadalajara, investigador de El Colegio de San Luis;
el abogado Enrique Rivera; y la actriz Gabriela
Betancourt, integrantes del Frente Amplio Opositor de
la MSX. Por si fuera poco, también lo detalla en un
informe al director general del INAH, Alfonso de Maria
y Campos y la doctora en historia Marta Terán,
investigadora de la Dirección de Estudios Históricos
del INAH.

Un grupo de artistas, intelectuales y políticos piden
mediante una carta abierta la intervención tanto de De
Maria como de Sergio Vela, presidente del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), por
los daños “irreversibles” provocados por MSX al
patrimonio histórico y ambiental de la nación. Entre
ellos la historiadora Mercedes Zavala Gómez del Campo
(cuñada de Felipe Calderón Hinojosa); el antropólogo
Alfredo López Austin; los historiadores Ariel
Rodríguez Kuri, Carlos Martínez Assad, Romana Falcón
Vega y José Carlos Melesio Nolasco; los escritores
Carlos Montemayor y Javier Sicilia; las historiadoras
de arte Elisa Vargas Lugo e Ida Rodríguez Prampolini;
el exlegislador Jesús González Schmal; los actores
Sofía Álvarez, Héctor Bonilla, Ofelia Medina, Julieta
Egurrola, Demián Bichir y Martha Aura, y la
exsecretaria del Medio Ambiente del Gobierno del
Distrito Federal Claudia Sheinbaum.

La carta cita la Manifestación de Impacto Ambiental
(1997) de la MSX donde se reconoce que “... el uso de
explosivos puede tener un efecto muy adverso sobre las
estructuras antiguas situadas en el poblado de Cerro
de San Pedro, particularmente la iglesia de San
Pedro...”, y que “... las vibraciones causadas por las
voladuras de producción podrían causar el eventual
colapso de la iglesia. Se considera que ése sería un
impacto adverso severo que bajo esas condiciones no
tendría remedio...”.

Nadie cumple

Aunque la razón de ser de una empresa minera es la
explotación de minerales, en una entrevista con este
semanario, en septiembre de 2000 (Proceso 1245), Pedro
Manuel de la Fuente, responsable de relaciones
públicas de la MSX, aseguró que el primer objetivo de
la empresa era la salvaguarda del poblado. Comentó que
era más costoso sostener el templo de San Pedro que
hacer uno nuevo.

Al paso de los años, demostró en los hechos que
prefería trasladar una población –el caso de La
Zapatilla, y hasta construirle una iglesia nueva en
otro sitio– si fijaba su interés en esos terrenos.

El delegado del INAH estatal, Juan Manuel Frausto
Franco, le reviró entonces que ese comentario era una
“estupidez”, pues además de “irresponsable, es grosero
respecto del trabajo que ha venido realizando el
Centro INAH-SLP. Tendría que pensar seriamente si nos
construirá también la historia. Una persona que dice
‘construyo porque tengo dinero’, pasa por el arco del
triunfo nuestra historia, nuestras generaciones y es
verdaderamente ofensivo”. Y hasta advirtió el
funcionario que la Ley de Monumentos no se negociaba y
deslindó al instituto de cualquier autorización a la
minera.

Sin embargo, en septiembre de 2005, la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos del INAH dio una
autorización a la empresa “condicionada al
cumplimiento” de 15 restricciones y medidas de
protección, “cuyo cumplimiento serán supervisadas en
todo momento” por el instituto. Los integrantes del
FAO aseguran que la MSX no los ha cumplido y que no
hay gente del instituto vigilando “en todo momento” el
proceso.

En su informe a De Maria, la doctora Terán señala al
anterior director del INAH, Luciano Cedillo como
responsable de abandonar “a su suerte al Cerro de San
Pedro” y de haber neutralizado a la “institución
especializada en poner alto a estas destrucciones”.

La especialista pide entonces al actual titular del
INAH retomar su autonomía como institución federal,
pues “con todo y el vínculo orgánico con el Conaculta,
no ha proscrito el deber que tiene Alfonso de Maria y
Campos, actual director general, de colocar nuestros
sellos de clausura en las puertas de la Minera San
Xavier, rectificando y revisando la actuación del
director anterior”.

Y es clara en el sentido de la obligación que tiene el
instituto de parar los trabajos de la minera, que día
a día avanzan a toda prisa, pese a un litigio jurídico
que, según el abogado Héctor Barri G., en el Noveno
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se
resolvió en favor de nulificar la autorización
inicialmente dada por la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat).

Un informe de Frausto a Terán indica que el INAH de
SLP demandó a la minera el 15 de enero de 2005 por la
demolición –sin autorización– del inmueble La Casa
Guadalupe, considerado monumento histórico.

El fin de la historia

Pese a cualquier ofrecimiento de beneficio económico o
social que pudieron haber hecho empresas mineras en el
pasado, Cerro de San Pedro presenta las huellas del
abandono. Es evidente que sólo se le ha explotado y no
se le ha invertido. Para Ruiz Guadalajara el
desarrollo de otras ciudades mineras como Guanajuato y
Zacatecas, no tiene punto de comparación con el desdén
hacia este pequeño poblado, al cual desde la llegada
de los españoles sólo se le saqueó el mineral, pero
los propietarios de las minas llevaban sus riquezas a
la ciudad de San Luis e incluso a la Ciudad de México.

A lo largo de la historia, dice, hay “montones de
denuncias de un tipo de minería practicado aquí,
caracterizada por el vacío de presencia de los
mineros”. Esta fue una de las causas de la rebelión de
los serranos en 1767 que inició en Cerro de San Pedro
y llegó a San Luis, donde fue violentamente reprimida.

Agrega el investigador de El Colegio de San Luis que
en la historia oficial del estado, impulsada por el
historiador y sacerdote Rafael Montejano y Aguiñaga, y
algunos de sus discípulos, no se ha dado a Cerro de
San Pedro el valor que históricamente le corresponde
como antecedente fundacional de la ciudad capital, y
eso tiene que ver con el desprecio y el abandono que
padece, y advierte que el proyecto de MSX dará la
estocada final al pueblo:

“Desde allá viene esa polaridad entre San Luis y San
Pedro. Y a San Pedro se lo está engullendo su propia
circunstancia... nació creando a su propia
destructora.”

Coincide el abogado Enrique Rivera al señalar que la
MSX dará al pueblo “el tiro de gracia”. Dicen ambos
que sacará los últimos minerales, triturando el cerro,
exprimiéndole y “dejando un ecocidio”. En un recorrido
por el lugar se aprecia cómo en los cerros aledaños al
de San Pedro se conserva aún flora de la región, de
tipo semidesértico, pero el cerro rico en minerales
muestra ya los efectos de la devastación iniciada hace
siglos. Y avanzada como nunca en los últimos 10 años.

Ruiz Guadalajara hace ver la urgencia de rescatar no
sólo la historia verdadera de Cerro de San Pedro y San
Luis Potosí, para poner en valor la importancia del
primero, sino de detener la destrucción de ese
patrimonio cultural.

Por ello, en la carta abierta a De Maria, destaca:

“Es urgente que el INAH haga uso de los instrumentos
legales que lo facultan para detener la destrucción
del Cerro de San Pedro.”

El señalamiento de la doctora Terán, en su informe, es
contundente:

“Hace falta que Felipe Calderón ponga alto a las
detonaciones de explosivos con las que una empresa
minera canadiense está acabando con el Cerro de San
Pedro, con el estado de derecho mexicano y con el
derecho que habilita a los ciudadanos potosinos a
defender su origen fundador.”

A decir de Ruiz Guadalajara, el escudo de armas de San
Luis está inserto en un contexto más amplio que es la
historia novohispana y su contribución a la historia
nacional, por lo cual se debe tomar conciencia de que
la destrucción de San Pedro no atañe exclusivamente a
los potosinos; es un patrimonio de la nación en su
conjunto.

Más aún, dice, hay elementos similares en varios
escudos de armas relacionados con pueblos mineros. El
mismo del cerro del Potosí en Bolivia tiene como
elemento iconográfico al cerro, sobre el cual está
posada una virgen, su mantón protector es la montaña.
Son reflejo del “imaginario español en torno de las
montañas llenas de oro y plata”, así como de los
buenos gobernantes o vírgenes protectores del imperio
y la riqueza. El de San Pedro es el Potosí
novohispano. No imagina que una minera como Metallica
Resources o San Xavier llegara al boliviano y dijera
“vamos a triturarlo”.

Arqueología industrial

Con el ruido ya cotidiano de los trabajos de MSX de
fondo, el ir y venir de camiones de volteo que llevan
pulverizados tajos del Potosí mexicano, y pipas de
agua del subsuelo para regar los caminos y los
camiones no levanten tanto polvo, Armando Mendoza
Ponce, fundador y propietario del pequeño museo El
Templete, y Carlos Ramos Moreno cuentan las historias
y leyendas que conforman la historia oral de San
Pedro.

Mendoza Ponce indica que dentro de los tiros de la
minería tradicional practicada desde la época colonial
y hasta antes de la llegada de MSX, está parte de la
historia minera del país. Ahí se conservan
testimonios, materiales y hasta restos de muertos
atrapados en los túneles. No entiende por qué esa
historia no está siendo investigada por el INAH, que
como responsable del estudio de la historia
novohispana debería tener proyectos de investigación y
rescate de esos vestigios. Podría incluso hacer
arqueología industrial, ahora impulsa desde los
lineamientos de la UNESCO.

¿Qué ha pasado con este pueblo que no tiene los
beneficios de la explotación de su riqueza y, sin
embargo, le llegan nuevos proyectos como el de esta
empresa canadiense? Se le pregunta a Ramos Moreno,
quien se encarga de recrear la leyenda de un niño
fantasma que se aparece en la Mina Las Catitas, con
dos bolas, una de oro y otra de plata, en las manos.
Responde: “ahora ya no hay patriotas y la gente ya no
se preocupa por nada”.

Ciertamente la oposición política en San Luis Potosí,
que tuvo un movimiento tan importante como el del
doctor Salvador Nava en las décadas de los cincuenta y
ochenta, ha perdido influencia y parece haberle dejado
la cancha abierta al gobierno panista que, según el
exdiputado perredista Eduardo Martínez Benavente y
Martín Faz, miembro del Centro Potosino de Derechos
Humanos, ha dado todo tipo de facilidades y prebendas
a las trasnacionales sin importar si sus proyectos
cumplen con la normatividad mexicana. Añade a su vez
Enrique Rivera:

“Hablamos de una alianza político- empresarial y la
única forma de detenerla, nos queda claro, es la
sociedad civil. No lo van a hacer las autoridades, no
va a ser el Poder Judicial. El Legislativo está
haciendo su lucha, pero dudamos que tenga éxito, por
la experiencia de 10 años de batalla contra la minera.

“Cuando el pueblo potosino se ha puesto las pilas y ha
llevado a cabo la resistencia civil activa y pacífica
ha tumbado gobernadores, fue la historia de Fausto
Zapata, y si entonces nos dolieron los fraudes
electorales y actuamos, no es posible que ahora no nos
duela la agresión directa a nuestra salud y a nuestro
patrimonio histórico, por eso le apostamos a la
resistencia.”

Entrevistada sobre qué posición tomaría el doctor Nava
ante la MSX si aún viviera, su viuda Concepción
Calvillo de Nava no duda en afirmar que estaría en
contra del daño “tan terrible” que causará. Y ofrece a
los integrantes del FAO sumarse a la resistencia e ir
una vez a la semana a sentarse frente al palacio de
gobierno, como hizo un grupo de mujeres en el navismo
contra el fraude electoral.

Rivera expresa que el actual gobernador de San Luis,
Marcelo de los Santos, quien perteneció al grupo de
Amigos de Fox encargado de reunir los fondos para la
campaña presidencial de Vicente Fox, ha instruido a su
gabinete para que las protestas contra la minera sean
reprimidas. Ya hubo golpeados y heridos y está preso
Pedro Rebolloso por esas acciones.

Hacia 1998, el INAH-SLP, a cargo entonces del
antropólogo Sergio Bautista, presentó una propuesta de
recuperación para Cerro de San Pedro y otra para un
manual de mantenimiento y conservación del sitio. En
el gobierno de Ernesto Zedillo se había elaborado
incluso una propuesta para declarar a Cerro de San
Pedro zona de monumentos. Se planeaba además diseñar
proyectos de ecoturismo y hasta había ya algunos
monumentos declarados patrimonio que se convertirían
en hoteles. Al llegar la MSX todas estas propuestas
quedaron en el aire.

Si bien el asunto de la MSX tiene diversas aristas
(ecológica, económica, social, política, jurídica y
cultural), Terán hace ver que en el ámbito de las
instituciones culturales (Conaculta e INAH) está parte
de la solución, siempre y cuando las autoridades
tengan la voluntad de hacer respetar la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y
Artísticos, promulgada en 1972:

“Cuando pienso que el maestro Sergio Vela, del
Conaculta, puede apoyar a su director del INAH y
levantar una iniciativa salvadora, la declaratoria
para crear una zona de monumentos en el poblado de
Cerro de San Pedro, rectificando el influyentismo de
su antecesora (Sari Bermúdez), me estremece imaginar
unos monumentos sin poderse visitar a escasos metros
de una contaminación de miedo.”

Suma al titular de la Semarnat para preguntar a los
tres funcionarios si tienen conciencia de lo que hacen
?“porque, mientras tanto, avanza la destrucción del
Cerro”.

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CARTA ABIERTA A ALFONSO DE MARÍA Y CAMPOS, DIRECTOR
GENERAL DEL INAH, Y A JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA,
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE DETENGAN DE
INMEDIATO LA DESTRUCCIÓN DEL CERRO DE SAN PEDRO

Los abajo suscritos, hombres y mujeres dedicados a la
investigación, la academia, el arte, la cultura, la
preservación patrimonial y la defensa de los derechos
humanos, solicitamos su intervención urgente para
detener los trabajos que la empresa canadiense
Metallica Resources Inc., a través de su filial Minera
San Xavier (MSX), realiza en el histórico Cerro de San
Pedro, S.L.P., y que han provocado ya daños
irreversibles al patrimonio histórico y ambiental de
la nación.
En su Manifestación de Impacto Ambiental
(1997),
misma que fue anulada por sentencia del Pleno de la
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa emitida el 1 de septiembre del 2004,
la MSX reconoció que “...el uso de explosivos puede
tener un efecto muy adverso sobre las estructuras
antiguas situadas en el poblado de Cerro de San Pedro,
particularmente la Iglesia de San Pedro, considerada
como Monumento Nacional de acuerdo a la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos del 6 de enero de 1972. En este caso, la
frágil estructura del templo presenta resquebrajaduras
debidas al paso de los años y a su asentamiento en un
área de minado subterráneo, que con las vibraciones
causadas por las voladuras de producción podrían
causar el eventual colapso de la iglesia. Se considera
que este sería un impacto adverso severo, que bajo
estas condiciones no tendría remedio...” (p.331-332)
En el mismo documento, la MSX “...reconoce la
posibilidad de que con el tiempo la iglesia desarrolle
mayores signos de debilidad... y se convierta en un
riesgo para la población...” (p. 348)
No obstante lo anterior, y en pleno desacato a
una
suspensión de plano otorgada en el amparo 630/2004 por
el Juez Tercero de Distrito del Estado de S.L.P. que
impide cualquier actividad que perturbe, dañe o cambie
la fisonomía de las tierras del ejido Cerro de San
Pedro, el 1º de septiembre de 2005 el INAH le otorgó a
la MSX una lamentable autorización para detonar
explosivos en colindancia con monumentos históricos y
para desaparecer, con todo y sus vestigios
arqueológicos de los siglos XVII y XVIII, el Cerro de
San Pedro, ubicado en la zona motivo del amparo y
emblema del estado de San Luis Potosí. Asimismo, dicha
“autorización” quedó condicionada al cumplimiento de
una serie de medidas de protección de los monumentos
históricos y que han sido sistemáticamente ignoradas
por la empresa. Los ejemplos abundan: hace meses que
la MSX inició el uso de explosivos sin haber entregado
el proyecto ejecutivo para la restauración y
estabilización de la infraestructura y superestructura
arquitectónica del templo de San Pedro, incumpliendo
los plazos que le impuso el INAH para la presentación
y realización de dichos trabajos; en ninguna de las
detonaciones que hasta ahora ha realizado la MSX ha
estado presente un representante del INAH San Luis
Potosí; la MSX ha incumplido con la instalación de
aparatos de medición por edificio para establecer un
monitoreo permanente de los efectos de las vibraciones
que provoca el uso de explosivos que la empresa
realiza.
Cualquiera de estas violaciones es causa
suficiente
para anular la ignominiosa autorización otorgada a la
MSX, sin embargo el INAH no ha sido capaz de cumplir
con su misión. La Metallica Resources Inc. actúa con
toda impunidad y con absoluto desprecio al patrimonio
de los mexicanos. Dicha empresa, a través de su filial
MSX, tiene la intención de provocar la desaparición
del poblado para expandir sus actividades.
Solicitamos, por tanto, una acción contundente
del
INAH para detener de inmediato a la MSX, e iniciar las
tareas que permitan lograr, a corto plazo, la
declaratoria de Cerro de San Pedro y su entorno como
zona de monumentos históricos. Está en juego la
preservación de muchos reales mineros novohispanos que
se encuentran en la ambiciosa mira de empresas mineras
que desean realizar tajos a cielo abierto, a costa de
la destrucción del patrimonio ambiental e histórico de
la nación.
Es urgente que el INAH haga uso de los
instrumentos
legales que lo facultan para detener la destrucción
del Cerro de San Pedro.

Firman

Alfredo López Austin, Rosario Ibarra de Piedra,
Gabriela Betancourt Aragón, Martin Foley, Carlos
Monsiváis, Carlos Montemayor, Elisa Vargas Lugo, Jesús
González Schmal, Concepción C. de Nava, Samuel Ruiz
García, Martín R. Hernández, Raúl Vera, Romana Falcón
Vega, Luis Ramírez Sevilla, Cruz Elena Corona
Fernández, Mercedes Zavala Gómez del Campo, Graciela
Bernal Ruiz, Ignacio Betancourt, Rafael Barajas “El
Fisgón”, Mario Martínez Ramos, Daniel Jiménez Cacho,
Emma Dib, Jesusa Rodríguez, Jorge Alonso, Verónica
Oikion Solano, Sofía Álvarez, Héctor Bonilla, Enrique
Rivera Sierra, Lorena Gil Barba, Javier Sicilia, Luis
Mandoki, María Novaro, José María Pérez Gay, Ilya
Cazés, -por “Mujeres sin Miedo” Ofelia Medina, Begoña
Lecumberri, Francesca Guillén, Carmen Huete, Julieta
Egurrola, Martha Aura, Selma Beraud, Ida Rodríguez
Prampolini-, Carlos Salces, Jesús Ramírez Cuevas,
Jenaro Villamil, Ginés Cruz, Sebastián Liera, Jessica
Cortés Aguilar, Óscar Mazin, Héctor Barri González,
Pedro Reygadas, Carlos Mendoza, Josefina Guzmán Díaz,
Felipe Echenique, Olga Aragón Castillo, Luis Javier
Valero, Guadalupe Loaeza, Rita Guerrero, Aldo Max,
Mauricio Genet Guzmán, Martha Rivera Sierra, Carlos
Paredes Martínez, Bernardo García Martínez, Israel
Trejo, Horacia Fajardo Santana, Claudia Sheinbaum
Pardo, Víctor M. Quintana, Elvira Richards, Luis
Conde, Antonio Deltoro, Martha Terán, Ana Deltoro,
Ariel Rodríguez Kuri, Rodrigo Martínez Baracs, Andrea
Martínez Baracs, Carlos Martínez Assad, Elsa Malvido,
Demián Bichir, Nelly Sigaut, Patricia Osante,
María-Areti Hers, Louise Noell, Ana Carolina Ibarra,
Olga Sáenz, Víctor Gayol, José Alfredo Rangel, Mina
Ramírez Montes, Fernando Betancourt, Elizabeth Juárez
Cerdi, Martha Fernández, Clara Bargellini, Sergio
Miranda Pacheco, Josefina Mac Gregor, Fernando Aguayo
Hernández, José Luis Seefoo, Marco Antonio Calderón
Molgora, María Elena Martínez Torres, Guadalupe Zárate
Miguel, Alejandra Frausto, Mali Haddad, Sara Heydy
Godfrey Morales, Juan Manuel Contreras Colín, Sergio
Zendejas, Octavio M. González Santana, Manuel Díaz,
José Luis Ferreira Morales, Catalina Bony, Ricardo
Calderón, Humberto Urquiza García por la Sociedad
Latinoamericana de Historia Ambiental, Marcela
Calderón Bony, Frida Calderón Bony, Jorge Gómez
Maqueo, Hugo Rocha, Michelle Mondragón, Marco
Domínguez Ornelas, Isabel Mora Ledesma, Javier
Maisterrena Zubirán, David Madrigal, Marite Hernández
Correa, Ada Marina Lara Meza, Hugo Zavala Rodríguez,
Karina Hernández, Jacinto Barrera Bassols, José A.
Rojas Loa, Esteban Sánchez de Tagle, Salvador Álvarez
Suárez, Ramón Moreno Carlos, Sergio Hernández, Ma.
Eugenia Fuentes, Beatriz Gómez, Francisco Mejía,
Yolanda Terán Trillo, Rafael Puente, Iván Gomezcésar,
Daniel Antonio Ramírez, Ramón Portales, Maricruz
Romero Ugalde, Lorenzo Gutiérrez Bardales, Javier
Pérez Siller, Elisa Servín, Pedro Ángeles Jiménez,
Norma Fernández Quintero, Saúl Escobar, Marcela
Dávalos, Octavio C. Acuña, Thalía Montes Recinas,
Nayeli Jiménez Prieto, Susana Terán, Graciela Álvarez,
Rosa María de la Cruz, Lilia Natividad Rosales, Ana
Neumann, Mónica Mendoza, Alejandro Gracida Rodríguez,
Sergio Luna, Francisca Urías Hermosillo, Delia
Pichardo, Leticia Regina Argüelles Romo, Ethel
Herrera, Carlos Díaz Rodríguez, Ma. Cristina Jiménez
Pedroza, Juan José Hernández Aguilar, Carlos Bravo
Vázquez, Venancio Hernández Cota, Lina Mercedes
González, Alfonso Saucedo, Griselda Sarmiento, Ana
Rosa Aceves, Ricardo Araiza Vázquez, Julia Preciado
Zamora, Ma. Eugenia de la O Martínez, Luis Vázquez
León, Luis Gabriel Torres González, Carlos Perezmurphy
Mejía, Jonatan Gamboa, Leticia Valenzuela, Ma. del
Carmen Espinoza Valdivia, Consuelo García Ponce, Issac
Betancourt, Nora Valladares, Araceli Peralta Flores,
Francisco Pérez Arce, José Carlos Melesio Nolasco,
Norma Paez, Leonardo Icaza, José Manuel Chávez Gómez,
Luz María Santos del Prado Gasca, Alberto Arroyo
Panadero, Antonio Hidalgo Mateos, María Gayón Córdova,
Rebeca Gómez, Lilia Venegas, José A. Ramos, Lourdes
Villafuerte, Eloisa Uribe, Guillermo Turner, Carmen
González González, Armando Alvarado, Cuauhtémoc
Velasco, Laura Espejel, Luisa Gabayet, Susan Street,
Renée de la Torre, Álvaro Ochoa Serrano, María Teresa
Fernández, Guadalupe Lozada León, María Alejandra
Aguilar Ros, Gabriela Pulido Llano, Olivia Domínguez
Prieto, Rebeca López Mora, Eduardo Flores, Bertha
Alavez, Ángel Raúl López, Rosa María Ruiz Oteo, Luz
del Carmen Valcárcel, María Pérez Santillán, Rogelio
Corona Paredes, Doris Caballero, Evangelina Caballero,
Yolanda Mejía Olalde, Martha Eva Rocha Islas, Ma.
Eugenia del Valle Prieto, Himilce Macías Manzanares,
Lilia del Carmen Romero, Juana María Saucedo, Norma
Casas Sánchez, Mónica Luna Blanco, David Flores Magón,
Ricardo Sánchez García, León García, Rodolfo A.
Sanjuan, Juan Gerardo López, Marlene Romero, Fernando
Morales García, Nicte-ha Dzib Soto, Claudia Leyva
Corro, Luis Adolfo Gálvez González, Miguel Ángel
Gálvez González, Moisés Guzmán Pérez, Rosa H. Yáñez,
José Antonio Contreras, Martha Patricia Hernández,
Eréndira Reyes García, Jorge Castaneda, Alicia Mora
Barrera, Marco Aurelio, Nicolás López Cruz, Ziumi
Juárez Gámez, César Delgado Martínez, Alfredo Campos
López, Víctor Manuel Méndez Villanueva, Haydee García
Bravo, María del Carmen Ventura Patiño, Leticia
Mayorga Sánchez, Leticia Mejía Guadarrama, Felipe
Verduzco, Yanga Villagómez, Luis Arturo Ávila
Meléndez, Jaime Lagunez, Genaro Vázquez, Elda Miriam
Aldazoro Maya, Daniel Morales Ramírez, Amparo Gaona,
Emilio Francisco Anguiano Zamudio, Camilo Albornoz,
Guillermo Melo Guzmán, Khristian Clausen, Hugo Swami
Isachar Gallardo, Zoila Luna, Bernardo Sánchez Laguna,
René Zúñiga, Judi Sgnurina Peña Arias, Edgar Castelán,
Marina Sanz Sanz, Faustino Sanz Sanz, Jorge Hernández
Martínez, Noemí Hernández Sanz, David Hernández Sanz,
Claudia Eguiarte, María Betancourt, Antonio Alviárez,
David Sánchez Ratés, Salvador Rivera, Antonio Castro
García, Rosa Elvira Martínez Cruz, Luis Cisneros
Luján, Itzel Martínez Arellano, Fiorella Poletti, Rosa
Isela Domínguez Pérez, Julia Marichal, Adriana
Hernández, Laura Bensasson, Flora Guerrero, Elisa
Gutiérrez, María Eugenia de la Rosa Cruz, Fabiola
Eugenia Dehmer Mariel, Sandra Arzate González, Bertha
Tello Peón, María Elena Ruiz Gallut, Deborah
Dorotinsky, Ana Elsa Pérez, Patricia López Orozco,
Aarón Polo López, Cecilia Gutiérrez Arriola, María
Eugenia Rodríguez, Donaji Morales Pérez, Ángel Román
Gutiérrez, Luis Román Gutiérrez, Antonio González,
Salvador Moreno Basurto, José Luis Raigoza Quiñones,
Ana Cristina Ramírez Barreto, Marta Ramos Luna, Luis
Manuel Moreno, Ramón Portales Martínez, Rocío Salazar
de la Vega, Rodrigo Meneses, Marisol Sandoval Ibarra,
Elsa del Carmen Briones Taw, Fausto Sánchez Rosas,
Amilcar Challu, Dora Elvia Enríquez Licón, Emilia
Recéndez Guerrero, Claudia Paulina Machuca Chávez,
Vico Pérez Lugo, Conchita Anorve-Tschirgi, Gerardo
Alberto Hernández Cendejas, Melina Yangilevich, María
Elena Bernal-García, Concepción Abellán Giral, Horacio
Nájera, Jesús Jiménez, Catalina Sáenz Gallegos,
Graciela Fabian, Martha García Ortega, Carlos Enrique
Tapia, Mireya Martínez Gobea, Jesús Márquez Carrillo,
Roberto Ramírez Vega, Carmen González González, Hugo
Cerón Anaya, Irma Beatriz García Rojas, Ma. Dolores
Hernández López, Ana María Castro Velasco, Susana
Jiménez, Inés Isabel Cortés Campos, Teresa Cristina
Flores Segovia, Pedro Antonio García, Ofelia Rocha,
Alexandro Roque, Erika Guadalupe Tapia, Urenda
Queletzu Navarro, Ma. de Lourdes Uribe Soto, Mónica
Pérez Navarro, Amor Mildred Escalante, Juana Salas,
Andrés Tiscareño, Lizbeth Castillo Farjat, Jacinta
Toribio, Perla Itzamná Navarro, Jorge Rafael Flores
Sánchez, Sarah Navarro Sánchez, Laura Jazmín Díaz
Torres, Priscila Lara Juárez, Carlos Tapia Alvarado,
Guillermo Saldaña Medina, José Alvarado Zaragoza, Aldo
García Salgado, Erika Martínez Contreras, Omar López
Gallo, Liliana Hernández Martínez, Mario Enrique
Moreno Díaz, Alberto Macín Narváez, Lucía Aguilar,
Esperanza Soto Cazares, Lluvia Martínez Palos, Iván
Rivera Villeda, Rubi Adriana Romero, Luis Carlos
Trenti, Gregorio Vladimir Zamarripa, Diego Correa
López, Edgardo Leija Irurzo, Perla Tolentino Escalona,
Enrique Delgado López, José David Torres Revilla,
María Luisa Fraga Mendoza, José Antonio Motilla, Rosa
María López, María Luisa Tarrés, José Miranda, Carla
Zamora, Raquel González Loyola, Norma Angélica Gómez
Méndez, Laura Montes de Oca, Diana Alejandra Silva L.,
Humberto García J., José Cruz Agüero Rodríguez,
Eufemio Franco Pimentel, Víctor Almendárez González,
Pedro Puentes Soler, Jesús Hernández Bautista, D.
Clara Flores N., Héctor Rodríguez de la Vega, Daniel
Marconi Silva, Leticia Silva Ontiveros, Lilia Isabel
López Fernan, Omayra Perales Martínez, Carlos Alberto
Ramírez Pascualli, Claudia De Anda, Lourdes V. Barrera
Campos, Pedro Isidoro González Ramírez, Andrés
Bustamante Igartúa, Carlos García Torres, Judith
Domínguez Serrano, Tonatiuh Hernández Correa, Hassan
Dalband, Clemencia Correo, Ma. Elena Mendoza Romero,
José Enrique González Ruíz, Norma Luz Ramírez Alpírez,
Camilo Pérez Bustillo, Manuel Fuentes Muñiz, Carlos
Uriel Olvera A., Florencio Torres, Simeón Carmona
Gutiérrez, José Carranza, Cecilia Noriega.

Comité Eureka, Comité 68, Fundación Don Sergio Méndez
Arceo, El Rinoceronte Enamorado, Frente Democrático
Campesino de Chihuahua, Desconcentración Urbana Amigos
del Medio Ambiente Duama Pilcaya, Grupo Dodó,
Colectivo Ediciones Puño de Historietistas Poblanos,
Revista el Ánima de Sayula, Colectivo Lucio Blanco, La
Forja Taxqueña, Comité Defensa Grutas de Cacahuamilpa,
Frente Nacional contra Wall Mart, Socialdemócratas de
Izquierda, La Cueva de la Tribu, Alianza Resplandor
Azteca, Colectivo Rebelión, La Otra Chilanga.

Responsable del desplegado: Juan Carlos Ruiz
Guadalajara


_____________________________________________________________________
Articulo pùblicado en Proceso 1245, el 11 de
septiembre de 2000 :



Debate por los riesgos al patrimonio; la población, en
contra
Autorización a la Minera San Xavier para explotar oro
y plata


Judith Amador Tello

Como asunto “crítico y coyuntural” está clasificado el
proyecto de explotación de oro y plata de la Minera
San Xavier, que abrirá una mina de tajo a cielo
abierto en el histórico poblado de Cerro de San Pedro,
San Luis Potosí.
En la lista de asuntos así considerados, el Instituto
Nacional de Ecología (INE) coloca a la minera justo a
un lado de los salitrales de San Ignacio en Baja
California Sur.
Un empate, podría decirse si se enfrentaran en una
cancha de futbol este tipo de proyectos de explotación
de recursos y organismos no gubernamentales defensores
de la ecología o el patrimonio cultural, porque
mientras la coalición contraria a la salinera
-integrada por el Grupo de Los Cien, Greenpeace y el
despacho Székely de Defensoría Ambiental, entre otros-
logró dar marcha atrás al plan salinero del gobierno
federal y la empresa Mitsubishi (Proceso, 1218),
Minera San Xavier (MSX) ya consiguió las licencias
para empezar a operar.
Lo hará, según cálculos de Pedro Manuel de la Fuente,
gerente de relaciones públicas de la compañía, a
partir de julio del 2001, durante 10 años, ocho de
explotación y otros dos para “dejar remediada” la
zona, según un compromiso firmado entre MSX y el
gobierno potosino.
Sumido en el abandono histórico, arruinado en su
patrimonio monumental, con un entorno ecológico ya de
por sí erosionado y habitado por menos de 60 familias,
Cerro de San Pedro parece no llamar la atención en el
ámbito nacional. No cuenta con las miles de cartas que
apoyaron a los opositores de la salinera.
Pero son varios los factores que preocupan a
pobladores y organismos no gubernamentales tanto de
Cerro de San Pedro como de otros poblados cercanos y
de la ciudad de San Luis Potosí, ubicada
aproximadamente a unos 20 kilómetros del pueblito.
Guiados por sus temores, solicitaron a la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(Semarnap) una reunión pública para expresar sus
inquietudes. Según el INE, asistieron al encuentro 319
personas, entre miembros de organizaciones sociales,
académicos, empresarios, grupos ecologistas,
instituciones de gobierno municipales, estatales y
federales y ciudadanos no organizados.
Sus preocupaciones son sintetizadas por Beatriz
Septién, representante para Asuntos Externos del
Patronato Pro-defensa del Patrimonio Cultural e
Histórico de Cerro de San Pedro y miembro de la
asociación Educación y Defensa Ambiental:
El uso de grandes cantidades de cianuro en el lavado
del material extraído, la presencia de metales pesados
y vapores de mercurio en los procesos metalúrgicos, la
producción de polvos de difícil manejo, el impacto
directo del proyecto en 373 hectáreas y una zona
todavía mayor de repercusiones indirectas, el destino
del material rocoso de desecho que sale junto con los
metales preciosos, el uso de 13 toneladas de
explosivos al día, y de 1 millón de metros cúbicos de
agua por año.

Promoción del gobernador

Otro hecho cuestionado es que Minera San Xavier sea
copropiedad de dos empresas extranjeras, Metálica
Resources Incorporation y Glamis Gold Limited, quienes
explotan minerales también en Brasil, Chile, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras y Panamá.
Para Septién, el problema es que este tipo de empresas
vende sus acciones en el momento deseado sin obligar a
los nuevos dueños a cumplir los compromisos adquiridos
en restauración ecológica o patrimonial.
Convencido de las bondades de estos emporios, dice De
la Fuente:
“El oro es de México, aprovechémoslo con los
inversionistas que tengan interés en este tipo de
proyectos.”
Reconoce que el capital de inversión en la mina es
totalmente extranjero -canadiense-, y no hay
participación nacional, “pero eso es lo que anda
promoviendo nuestro gobernador en el extranjero”.
De acuerdo con datos de la minera, en 1996 San Luis
Potosí produjo 105 millones de pesos en la extracción
de oro y plata. Con su proyecto se aumentará ese nivel
seis veces. Producirá casi 593 millones de pesos “tan
sólo en el primer año de operación”.
Prometen, además, una derrama económica de 26 millones
de dólares en el estado, y en el resto del país de más
de 38 millones de dólares, vía impuestos y aranceles.
La creación de empleos para los pobladores de la
región es otra bandera enarbolada por De la Fuente en
su defensa a ultranza, y confiado propone:
“Lo que hay que empezar a planear es qué vamos a hacer
con la infraestructura minera, agua entubada, camino,
drenaje, energía eléctrica de alta y baja tensión,
esto no deja de ser muy importante para el futuro.”
Calla que no se construirá sino un tramo de 500 metros
de camino y que el pueblo ya contaba con servicio
eléctrico.

Barato construir

Desde el punto de vista del patrimonio cultural,
inquietan los riesgos que corren las iglesias de San
Nicolás Tolentino (siglo XVII) y San Pedro Apóstol
(siglo XVIII).
Detrás de esta última se presentó recientemente un
hundimiento de 12 metros de diámetro y nueve de
profundidad, pues para acabarla, el poblado se
encuentra sobre el cerro cuyas entrañas han sido
explotadas casi 400 años mediante túneles, por lo que
el subsuelo es de dudosa consistencia, “parece un
queso gruyère”, dice Septién.
El tajo de la mina está proyectado para abrirse a 50
metros de distancia de este templo.
Fundado en 1592, luego del descubrimiento de su
riqueza mineral en oro y plata, el pueblo cuenta con
400 monumentos catalogados, de acuerdo con Juan Manuel
Frausto Franco, director de la delegación en San Luis
Potosí del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
Septién destaca que en muchos casos fueron haciendas
de beneficio, donde se limpiaban los metales
preciosos, y que hay, incluso, construcciones del
siglo XVI. Ambos admiten que gran parte de ese
patrimonio está ruinoso, no sólo por el paso de
siglos, sino por el abandono de sus propietarios, que
en muchos casos no se sabe quiénes son.
No obstante, para Frausto Franco, por encima de todo,
está la preservación del legado histórico. Y es que
Cerro de San Pedro fue central en la fundación de la
capital potosina, es su antecedente más directo. En
opinión de Septién, forman parte de la misma ruta
minera, por lo cual sus historias y patrimonios no
pueden desvincularse.
Aunque evidentemente el objetivo fundamental, la razón
de ser de MSX es la explotación de los minerales,
Pedro Manuel de la Fuente asegura que el primer
objetivo es “salvaguardar el poblado”.
Pero sin miramientos comenta que sostener el templo de
San Pedro es más costoso que hacer uno nuevo; sin
embargo, debe admitir que “tiene un valor histórico y
está en el catálogo del INAH, hay que salvaguardarlo,
además la minera no tiene interés en darle en la
torre.”
Notablemente indignado, Frausto Franco califica ese
comentario como una estupidez, lejana a la identidad y
arraigo cultural de los potosinos:
“Además de irresponsable, es grosera respecto del
trabajo que ha venido realizando el Centro INAH-SLP.
Tendría que pensar seriamente si nos construirá
también la historia. Una persona que dice: ‘construyo
porque tengo dinero’, pasa por el arco del triunfo
nuestra historia, nuestras generaciones y es
verdaderamente ofensivo.”
La minera tendrá que depositar una fianza para que, en
caso de afectaciones al patrimonio monumental, no sea
el gobierno federal quien deba cubrir los gastos de
restauración. El monto no se ha determinado aún. Sin
dar cifras tampoco, De la Fuente enfatiza que la
inversión en esa área será sustancial.
En la vasta documentación que obra en poder de Proceso
sobre el proyecto minero, se menciona la posibilidad
de un convenio entre MSX y el INAH para el resguardo
de los monumentos.
Enfático, Frausto Franco ataja:
“El convenio está implícito. No se puede convenir lo
que es mandato de ley. La ley les exige preservarlo, y
el INAH no transige en ese sentido, no negociamos.”
Además, deslinda al INAH de las autorizaciones dadas a
la minera. Asegura que fueron otorgadas sólo por
Semarnap y el gobierno del estado.

Un pellizquito

Para el arquitecto Sergio Zaldívar, exdirector de
Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de
Conaculta, dependencia responsable del cuidado de las
iglesias de todo el país, proyectos como el de la mina
o la salinera deben verse con mayor apertura y pensar
que no es una cosa por otra, sino que se pueden
conjuntar adecuadamente inversiones económicas con
preservación del patrimonio.
En su opinión, los inmuebles están en riesgo, en la
medida en que las autoridades competentes no señalen a
la minera la obligación de conservarlos, porque “a
este tipo de inversionistas si no les exigen, pues no
van a hacer nada”:
“Con los millones que van a invertir, es un
pellizquito el que se les quitaría, pero si nadie se
lo pide o no le piden con claridad, si el INAH no se
quita las telarañas de enfrente, no van a lograr
nada.”
El arquitecto, responsable de las obras de
restauración en Catedral Metropolitana y Palacio
Nacional, advierte que de no ser intervenidas con
prontitud, las iglesias pueden venirse abajo solas
porque están muy dañadas.
Cavilando desliza:
“Con lo que va a explotar la minera, no le costaría
nada meter un par de millones de dólares a las dos
iglesias. Ninguna iglesia en México ha tenido en el
ámbito rural 1 millón de dólares para su
conservación.”
Hay que recordar que la mismísima Catedral no ha
tenido 1 peso en lo que va del año (Proceso, 1241).
Reitera Zaldívar la obligación del INAH de vigilar con
técnicos especializados e instrumental adecuado las
operaciones de la minera, para no afectar al
patrimonio. El problema, denuncia, es que el INAH no
tiene esos técnicos en ingeniería y expertos en
estructuras, cuando “la restauración no es solamente
limpiar cuadros, altares o fachadas.”

Real de Ángeles

La minera ha sido condicionada por el INE a restaurar
las áreas naturales afectadas, se han establecido
programas de salud, y hasta culturales.
Septién desconfía de todo ello, teme que serán mayores
las afectaciones que los beneficios. Cuestiona, por
ejemplo, qué sentido tiene que MSX se comprometa a
crear un vivero, cuando la región es considerada un
área de restauración de flora y fauna silvestre.
Claro, no es una gran selva, aclara, pero su
vegetación de tipo cactácea es propia de la región y
debe conservarse.
Una de las recomendaciones para la operación de MSX,
de acuerdo con Beatriz Septién, fue el desalojo de los
habitantes de Cerro de San Pedro y el poblado cercano
La Zapatilla.
De la Fuente responde que el dato es inexacto. Lo
cierto es que se ha ofrecido a los pobladores la
reubicación, con el argumento de que no serán
afectados en sus viviendas, pero “podrían incomodarse
con los trabajos en el proceso de minado”.
Las opiniones consignadas por el INE en su
documentación sobre la minera son claras:
“Construir otro poblado y otros templos no restituye
la historia (...) no permitiremos el arrasamiento del
poblado, ni su evacuación (...) no nos vamos a salir
del pueblo (...) Cerro de San Pedro puede seguir
adelante sin que necesariamente sea minero”.
Y es que en la mente de muchos de ellos está, sin
duda, la devastación ecológica causada en la mina Real
de Ángeles en Zacatecas, donde aún puede verse el tajo
a cielo abierto y el material de desecho que ha dejado
en la esterilidad a la zona.
Frausto Franco recuerda que incluso una iglesia se
cambió completamente de lugar, pero garantiza:
“A nosotros no nos va a pasar eso. San Luis Potosí
está preparado para que no nos ocurra lo mismo,
tenemos documentado centímetro a centímetro Cerro de
San Pedro y buscaremos que se apeguen a la
preservación del patrimonio.”
De cualquier forma MSX tiene ya autorizado su proyecto
y en unos meses comenzará a explotar oro y plata de
cara al cielo.

_____________________________________________________________________


MUNDO AL REVÉS


Ignacio Betancourt


La delincuencia organizada que actúa disfrazada de
autoridad policíaca o funcionario público o empresario
trasnacional ha declarado la guerra a los ciudadanos
honestos, los criminales actúan en nombre de la ley y
quienes reclaman respeto a la legalidad son tratados
como maleantes; ahora el mundo se ha vuelto al revés.


Cinco jóvenes que dignifican a la juventud
manifestando su rechazo a la flagrante violación a la
ley que comete el gobernador y sus socios de Minera
San Xavier, han sido encarcelados por oponerse al
ecocidio que realiza en cerro de San Pedro la empresa
canadiense y sus sirvientes locales, la heroica
actitud de oponerse a los agresores de la salud de
cientos de miles ahora es considerada un delito, y de
esta manera los delincuentes que hoy gobiernan
intentan silenciar el legítimo derecho ciudadano de
exigir el cumplimiento de la ley. El mundo se ha
vuelto al revés.


Cada minuto que David Reyes, Helios Barragán, Adrián
Mireles, Octavio López y Emilio Grimaldo pasen en
prisión, alimentará la indignación de miles de
ciudadanos que más pronto que tarde lograrán que la
justicia se imponga. El heroísmo de estos jóvenes que
dignifican el ser ciudadano no será inútil, su
valentía convocará a los pasivos y día a día el
rechazo de la población crecerá, porque el mundo se ha
vuelto al revés.


Estos cinco muchachos son presos políticos y el
reclamo popular va a liberarlos, hoy más que nunca la
indiferencia se vuelve complicidad, hoy quienes aún
conserven un poco de dignidad saldrán a las calles a
exigir la libertad de lo más honesto de la juventud.
Los compañeros, los amigos, los padres de familia
deben estar orgullosos del comportamiento de estos
cinco héroes, que a nombre de todos se oponen a lo
injusto en este mundo al revés.


Si el gobierno imagina que con represión impedirá el
rechazo a los criminales de Minera San Xavier y sus
aliados panistas se equivoca, la oposición crecerá con
cada minuto que permanezcan injustamente presos estos
cinco jóvenes cuyo único delito es habitar en un mundo
al revés


_____________________________________________________________________

CARTA ABIERTA

Ayer el Secretario General de Gobierno ALFONSO
CASTILLO MACHUCA declaró ante los insulsos medios de
comunicación de San Luis que la detención de los
jóvenes del colectivo Bloque Negro se había hecho
apegada al cumplimiento del estado de derecho. Claro,
esto se hace únicamente cuando conviene. Porque de ser
verdad ese estúpido argumento del Lic. Castillo,
MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA gobernador de nuestro
estado debería estar ENCARCELADO POR EL FRAUDE A
UNICRER, de acuerdo a la orden de aprehensión girada
en su contra en el estado de Guanajuato en el año
2000. O personajes como Mario Marín, ³el gober
precioso² tras las rejas, o ¿qué me dicen de los
retoñitos de la nefasta señora Martha Sahagún de Fox?.
Para no irnos tan lejos, si su gobierno se apegara a
su famosa legalidad, simplemente MINERA SAN XAVIER NO
PODRÍA OPERAR, ¿o acaso no sabe de los desacatos que
ha cometido esa empresa a resoluciones judiciales de
diferente índole y que ordenan que detenga sus
operaciones en el cerro de San Pedro?





Señor Castillo Machuca lo que usted dice es MENTIRA,
en San Luis Potosí y en México el estado de derecho es
DISCRECIONAL. Desde la época de la guerra sucia o del
navismo, no se recuerda en SLP un periodo tan negro en
cuestión de derechos humanos y represión, claro, con
la conveniente colaboración (¿O debería decir
omisión?) de los medios potosinos como TV AZTECA SAN
LUIS, CABLECOM, CANAL 13, EL SOL DE SAN LUIS, PULSO y
otros más.





Es increíble que por unos cuantos lingotes de oro,
estén dispuestos a condenar a los habitantes de este
valle a vivir con un aire y agua contaminados. Es
inaceptable que su lógica neoliberal los lleve a
pensar que el patrimonio histórico no vale nada a
cambio de algunos empleos temporales y es sumamente
horroroso que usted y el gobierno al que representa
estén dispuestos a reprimir a su gente para satisfacer
los caprichos de una empresa trasnacional como
Metallica Resources Inc.





A los que aún confiaban en las ³buenas intenciones²
del gobierno actual, les pido que reflexionen acerca
de todas estas muestras de abuso de poder e
intolerancia, les pido que se pongan en los zapatos de
los que han sido desplazados, ignorados y ahora
reprimidos por ejercer su LEGÍTIMO DERECHO A NO ESTAR
DE ACUERDO con las acciones destructivas y
mercantilistas del Señor Marcelo de los Santos y su
equipo de gobierno; les pido que al menos dejen de ser
indiferentes a estas atrocidades y que recurran a
otros medios nacionales e internacionales que han dado
cobertura a este conflicto como CNN, LA JORNADA y La
revista PROCESO para poder forjarse una mejor opinión
de lo que sucede y no quedarse con la visión
condenatoria que hacen los medios potosinos del
movimiento opositor. Finalmente lo que está en juego
aquí es el futuro del valle, del agua y del aire que
dejaremos a nuestros hijos; al menos piensen en ellos.





A mis compañeros que viven fuera de San Luis, les pido
difundan esta información en sus ciudades para que la
gente se entere de la clase de delincuentes que
tenemos como gobernantes, para los amigos de esta
ciudad, les anexo el correo del Secretario General de
Gobierno en caso de que alguien quiera expresar su
opinión a la oficina de ese fatídico personaje:
sgg_acastillo@slp.gob.mx


Un abrazo a todos,

Israel Trejo Muñiz
Documentalista, San Luis Potosí, SLP.


_____________________________________________________________________

Minera San Xavier, Impune en San Luis Potosí

Por Claudia Sheinbaum Pardo


La empresa canadiense Metallica Resources Inc. que
sustenta a la Minera San Xavier SA de CV arribó a
Cerro de San Pedro en San Luis Potosí en 1995. Su
objetivo, explotar oro y plata que aún están presentes
en esta zona, por medio del método de minería a cielo
abierto. Este procedimiento de extracción consiste en
la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo,
que son posteriormente procesadas para extraer
minerales que están presentes en concentraciones muy
bajas. Para recuperar los metales del resto de
material se utilizan cantidades significativas de
cianuro, sustancia altamente venenosa.


De acuerdo con el documento de impacto ambiental que
presentó en su momento la firma canadiense, se
utilizarán además 25 toneladas diarias de explosivos,
con las cuales se tumbarán unas 80 mil toneladas de
cerro que serán trituradas, 40 por ciento de las
cuales serán depositadas en los patios de lixiviación,
donde se aplicará diariamente por aspersión una mezcla
de 16 toneladas de cianuro de sodio diluido con 32
millones de litros de agua. El impacto de esta
explotación minera puede resumirse en contaminación
del aire y de las aguas superficiales y subterráneas,
afectación de los suelos, de la flora, fauna y del
paisaje.


Este método de extracción de minerales pesados es tan
agresivo al ambiente y a la salud de la población que
ha sido prohibido en diversos países. Por ejemplo, en
Costa Rica, Turquía, Grecia y la República Checa. En
la Unión Europa existen importantes pronunciamientos
negativos sobre la extracción de oro con cianuro, como
la Declaración de Berlín. Diversas entidades de
Estados Unidos han prohibido o determinado
regulaciones coercitivas, y en Argentina y Perú ha
habido movimientos sociales muy importantes para
impedir la actuación de estas minas.
Por si fuera poco, resulta que la Minera San Xavier
está ubicada a escasos kilómetros de la ciudad de San
Luis Potosí en un área natural protegida decretada por
el estado, en terrenos de alta recarga del acuífero y
precisamente en el legendario pueblo minero del Cerro
de San Pedro, decretado patrimonio cultural de la
humanidad.


Por estas razones, el noveno tribunal del primer
circuito ordenó a la sala superior de justicia fiscal
y administrativa la anulación del proyecto. Esto desde
el punto de vista legal debería haber solucionado el
problema en forma definitiva, sin embargo, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
desacatando abiertamente al tribunal, concedió a la
citada empresa minera, de forma ilegal, irresponsable
y criminal, otro permiso... ¡con las mismas causales
de violación que el anterior! Este "nuevo permiso",
totalmente ilegal desde cualquier punto de vista, fue
impugnado y está por resolverse. Desde el punto de
vista jurídico, es imposible que la resolución sea
emitida en favor de la minera.


Además, el gobernador potosino, Marcelo de los Santos,
ha estado amenazando a los miembros del Frente
Opositor a la minera, y recientemente encarceló a
Pedro Rebolloso, acusándolo de "motín", por haber
cometido el "terrible" delito de participar en un
mitin frente al palacio municipal contra la firma
canadiense.


De acuerdo con los miembros del movimiento opositor a
la minera en San Luis Potosí, en unas cuantas semanas
la mina comenzará a lixiviar minerales. A estas
alturas, parte del Cerro de San Pedro ya ha sido
destruido y la minera trabaja 24 horas al día en la
remoción de materiales. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?
Digamos no a la ilegalidad y a la depredación
ambiental y exijamos la libertad inmediata de Pedro
Rebolloso.


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El Correo Ilustrado / LA JORNADA NACIONAL


Represión el día primero de mayo

Este primero de mayo, Día del Trabajo, en una marcha
plagada de provocaciones e infestada de policías de
Gobernación, más de 800 personas en San Luis Potosí se
manifestaron en contra de la Minera San Xavier. Dentro
de ella marchaba también pacíficamente un grupo de más
o menos 50 jóvenes anarco punk (cuyas edades fluctúan
entre 16 y 20 años). Al terminar la marcha se
dirigieron al lugar donde se reúnen: una casa que se
encuentra a media cuadra de la Alameda, sitio donde ya
los estaban esperando más de 60 policías del estado,
del municipio y policías vestidos de civil, armados
con macanas, toletes, pistolas y anexos inherentes a
su carácter represor. Igual que en los peores tiempos
en nuestro país, fueron utilizados como grupos
paramilitares en contra de jóvenes desarmados, ya que
los que no alcanzaron a refugiarse en la casa fueron
salvajemente golpeados, otros fueron detenidos y hay
ocho desaparecidos. Parece ser que los gobernantes
estatales y federales en nuestro país están peleados a
muerte con la inteligencia, la razón, la diversidad, y
la libertad que ser joven significa, y una vez más la
barbarie, el salvajismo y la brutalidad son utilizadas
como forma de resolver los conflictos sociales, y es
dentro de esta lógica del poder que este primero de
mayo reprimen al pueblo y a los que por su condición y
edad deberían ser privilegiados y protegidos por él.

Es por ello que exigimos la libertad incondicional e
inmediata de Francisco Octavio López, José Emilio
Grimaldo, Adrián Mirales Alonso, Oscar Madrigal Reyes,
la presentación con vida de los desaparecidos, y
hacemos responsables de cualquier cosa que les suceda
al gobernador Marcelo de los Santos Fraga y a la
empresa canadiense Minera Metallica Resources Inc. que
sustenta a MSX.

Eureka: Rosario Ibarra, Claudia, Rosario y Carlos
Piedra, Celia Piedra, Leticia Tecla, Jennifer y David
Sánchez, Matilde González, Daniel Rodríguez, Inti
Martínez, Laura Gaytán, Sara Hernández, Tania y Pável
Ramírez, Luz Henestrosa, Luz Morales, Concepción
Avila, Priscila Chávez, Juan Macías, Mario Cartagena,
Acela Ocaña, Hulda Soyano, Ofelia Maldonado, Elisa
Gutiérrez, Georgina Tecla y Anabel Mañón




Contra la violencia gubernamental en SLP

El primero de mayo fue reprimida brutalmente una
manifestación en el estado de San Luis Potosí,
convocada, entre otras organizaciones, por el Frente
Amplio Opositor, Pro San Luis Ecológico AC y el
campamento Salvador Nava.

Elementos policiacos y personas de civil al mando del
gobernador Marcelo de Los Santos Fraga propiciaron
deliberadamente un clima hostil y de provocación en
contra de l@s ciudadan@s potosin@s que además de
conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores
mantienen su rechazo a las actividades depredadoras y
contaminantes de la empresa Minera San Xavier, filial
de la trasnacional canadiense Metallica Resources.

A la complicidad y el contubernio del gobierno de San
Luis Potosí con los trabajos de esta empresa y la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
que han ocasionado ya daños irreversibles al
patrimonio histórico de México en San Luis Potosí y al
medio ambiente, se le agrega ahora el recurso de la
violencia y la represión contra el pueblo potosino.

Le exigimos al gobernador Marcelo de los Santos Fraga,
la inmediata liberación de los jóvenes Adrián Mireles
Alonso, Emilio Grimaldo Sánchez, Oscar Madrigal Reyes
Medrano, Elios Barragán Beltrán y Francisco Octavio
López, así como la de Pedro Rebolloso, y la
presentación de las personas que hasta el momento se
encuentran desaparecidas.

Asimismo, esperamos en breve la comparecencia del
titular de la Semarnat en la Cámara de Diputados para
informar sobre las graves violaciones que a la ley se
han cometido y que siguen permitiendo la destrucción
del Cerro de San Pedro.

Diputado federal Armando Barreiro Pérez



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