Nueva Castilla, municipio de General Escobedo, N.L.

René Zúñiga

Despojo y delincuencia organizada, sociedad entre especuladores, funcionarios y dependencias gubernamentales como el Instituto de la Vivienda de Nuevo León, han evidenciado prácticas conocidas y vistas como forma lícita de hacer negocio desde siempre en el estado, donde se ha institucionalizado el abuso de poder y ya no se sabe quienes son más voraces: los panistas o los priístas, que utilizando sus buenos oficios y los privilegios manejados desde el poder, roban impunemente a ciudadanos indefensos.

Un poco de historia


Propiedad adquirida a una empresa quebrada denominada Inmobiliaria Nueva Castilla en 1967 por el militar retirado Leopoldo Bautista, el predio en cuestión tiene una extensión de 187 hectáreas y es padre de Gabriela Bautista, una de las cinco detenidas y recluidas en el Penal del Topo Chico.
El Sr. Bautista, debido a la falta de recursos económicos decidió vender fraccionado el predio en terrenos de 300 metros cuadrados a un costo de 60 mil pesos, sin embargo, según testimonio de su esposa la Señora María Guadalupe Valdovinos, “ alguien ” se dio cuenta que el predio no estaba escriturado, aunque es importante destacar que efectivamente la operación de compra venta si fue realizada entre la inmobiliaria en bancarrota y el militar retirado, y se inició una escalada para despojar a sus dueños.

Poco antes de iniciar la administración actual presidida por José Natividad González Parás, se constituyó el Instituto Estatal de la Vivienda, quien negocio con el Infonavit para adquirir terrenos en ese sector y que el organismo federal poseía en el municipio. Cabe mencionar que el Infonavit ya había hecho intentos por adueñarse, sin éxito, así el Instituto Estatal de la Vivienda inició un proceso por despojo en contra de la familia de la familia Bautista Valdovinos, sin resultados favorables para su causa, ya que en todos los embates de carácter legal, la familia quedó exonerada de esa acusación. Sin embargo, el IEV siguió buscando formas de adueñarse del predio bajo el amparo del actual gobernador y todo indica que se saldrán con la suya, ya que hay fuertes intereses y la indiferencia y protección a favor de especuladores de tierras, constructoras y organismos estatales es una realidad en un estado donde el derecho no existe.
Hay antecedentes en el Registro Público de la Propiedad donde consta que mediante escritura pública el Notario Eduardo Adolfo Manautou Ayala, donde empresas diversas han pagado al IEV diversas cantidades por partes del predio y claro, ahora la delincuencia organizada cuenta con la participación de empresas que con toda seguridad conocían el origen de la colonia 119 del Municipio de General Escobedo, al norte del Área Metropolitana de Nuevo León.
Grupo Prohabimex, Urbanizadora del Campestre e Inmobiliaria Trayectos, propiedad de Ernesto Milmo Rangel, obtuvieron el 15 por ciento de la tierra.
Ingeniería y Obras de Carlos Enrique Acosta Valle, GP Espacios inmobiliarios de José María Garza Ponce y Javier de Salomón M.
Inmobiliaria Valle Rey de Gonzalo González Ayala y Maple Urbanizadora de Ramiro Guzmán, quien pretende también construir Valle de Reyes, completan el cuadro de inversionistas en esta zona.
La fiduciaria es Scotiabank Inverlat. En total se pagaron 396 millones 845 mil 560 pesos por los terrenos que incluían, aparte de otros predios en la zona, la colonia Nueva Castilla.

A un mes de que 70 colonos de Nueva Castilla en Escobedo incursionaron, cobijados por un amparo federal, a los terrenos de los que fueron despojados por el Instituto Estatal de la Vivienda. Un día después fueron desalojados por la policía del estado y municipal, perros entrenados, todos, hasta los perros, fuertemente armados. De los 70 propietarios, 30 fueron detenidos y finalmente solamente cinco de ellos fueron trasladados al Penal del Topo Chico y se les dictó auto de formal prisión.