17 de Febrero de 2009AMR 41/008/2009
La resolución de la Suprema Corte de México sobre Atenco – un paso hacia la justicia?
Amnistía Internacional considera positivo que la Suprema Corte de Justicia reconozca que hubieron graves violaciones de derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006 y que haya instado a que se amplíen las investigaciones para establecer las responsabilidades de los directamente implicados. Ahora es esencial que el gobierno de Presidente Felipe Calderón asuma la responsabilidad de garantizar justicia y reparaciones a las víctimas en el caso de Atenco.
La resolución de la Suprema Corte viene después de dos años de haber abierto una investigación no jurisdiccional sobre el operativo policial para reprimir una manifestación en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 2006. El operativo resultó en la detención de más de 200 personas y centenares de denuncias de abusos, incluso de violencia sexual como forma de tortura contra más de 26 mujeres arrestadas. Los responsables por los abusos no han sido llevados ante la justicia ni los victimas han recibido reparaciones.
Sin embargo, la organización considera que la resolución de la Suprema Corte, al descartar por adelantado la supuesta responsabilidad de altos funcionarios federales y estatales, no se encuentra de conformidad con las obligaciones de México bajo legislación internacional de derechos humanos. Según el derecho convencional México está obligado a investigar a los funcionarios que presuntamente ordenen, instiguen, induzcan el uso de la tortura o la cometan directamente y a quienes, pudiendo impedirla, no lo hagan.
La resolución parece ignorar el trabajo valioso de la comisión investigadora y el Informe presentado por el Ministro Gudiño al plenario de la Corte que concluye que aún sin evidencia que los altos funcionarios hayan ordenado los abusos, puedan estar implicados por no haber tomado medidas para pararlos al estar informado que se estaban ocurriendo y por el fracaso rotundo en asegurar la investigación creíble y efectiva de los abusos. Estos dos principios son conformes con legislación internacional de derechos humanos para determinar la responsabilidad de los superiores y deberían ser retomados por las instancias investigativas.
Amnistía Internacional también lamenta que la resolución no reconozca la calidad y cantidad de información recabada por la comisión investigadora para establecer las violaciones de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, tales como la tortura. Por lo contrario, la Corte se limita a referir a la violaciones a las garantías individuales y no hace ningún reconocimiento explicito de los tratados internacionales en la materia que son vinculantes para el Estado mexicano.
Además, la organización esta preocupada por la propuesta incluida en la resolución de elaborar los criterios generales del uso de la fuerza por parte del Estado solamente a base de los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Si se va a lograr evitar otras situaciones como Atenco en el futuro, es esencial que estos procedimientos estén elaborados e implementados a base de los estándares internacionales indicados en el Informe de Ministro Gudiño, entre ellos la proporcionalidad, la necesidad y la rendición de cuentas.
A pesar de las limitaciones de la resolución de la Corte, Amnistía Internacional considera que el gobierno de Presidente Calderón deba mostrar liderazgo para asegurar que las investigaciones penales de todos los responsables por las violaciones de derechos humanos empiecen a realizarse de forma imparcial y eficaz. El compromiso expreso al más alto nivel es esencial para lograr justicia, verdad y reparaciones para todos y todas las victimas, tanto para las mujeres que sufrieron la tortura, incluyendo la violencia sexual, como para las personas que han sido sentenciadas en procesos deficientes.
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