Luis Hernández Navarro
En Chiapas, el hostigamiento contra la comunidades zapatistas sigue una ruta precisa. Como si se tratara de una carrera de relevos, grupos campesinos ligados al gobierno del estado se alternan en diversas regiones para procurar desgastar la resistencia indígena. A lo largo y ancho de los territorios rebeldes, un ejército de siglas que hablan en nombre de los labriegos provocan regular y sistemáticamente a las bases de apoyo que rechazan tener trato con el gobierno.
En la provocación no hay tregua. Se trata de no dar respiro a quienes se han atrevido a construir la autonomía sin pedir permiso. Un día ocupan sus tierras, otro roban su café o su ganado, otro más rompen cercas, al siguiente destruyen los pequeños huertos en los que crece el aromático. Están al acecho del momento oportuno para emboscar rebeldes, para blandir el machete o disparar la resortera.
Un manto de impunidad protege a los agresores. La ley no es para ellos. Enfrentar campesinos contra campesinos e indígenas contra indígenas ha sido una práctica común del poder. Ellos son la herramienta para hacerla valer. Por sus servicios cobran mamando del presupuesto los recursos destinados al combate a la pobreza o al desarrollo agropecuario y, si tienen más suerte, ocupando algún cargo público.
Durante los años posteriores al levantamiento armado, la mayoría de las organizaciones mercenarias pertenecían a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nómadas de la política, desde el año 2000 han cambiado de domicilio a la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El sol azteca en Chiapas no es sólo el vehículo para hacer fraude contra los suyos y ungir como dirigente a Jesús Ortega, sino, también, es madriguera de paramilitares.
Uno de los últimos episodios de la guerra que no dice su nombre contra los zapatistas corre a cargo de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Mientras el EZLN celebraba en la ciudad de San Cristóbal el Festival de la Digna Rabia, integrantes de esta organización intentaron despojar a un grupo de indígenas zapatistas de un predio de 500 hectáreas ubicado en Bosque Bonito, en el municipio autónomo Che Guevara.
Su apuesta fue alta. Si lo que se quería hacer era deslegitimar a los zapatistas, la representación teatral no podía haber tenido un mejor momento. En una reunión internacional de alto nivel, frente a centenares de invitados de diversos países, con los reflectores de los medios de comunicación sobre ellos, la organización de caficultores se presentó como víctima, y “exhibió” a los rebeldes como una fuerza “cuestionada” por un grupo de indígenas. La provocación no fue una casualidad, ni un hecho que se “salió de control”. Fue algo programado.
La Orcao no siempre fue así. Durante varios años tuvo una estrecha relación con el zapatismo. Sin embargo, rompió este vínculo entre 1997 y 1999, y su dirección comenzó entonces a disputar la base social rebelde, con apoyos gubernamentales y cargos de representación popular de sus dirigentes. Con la llegada al gobierno del estado de Pablo Salazar, la ruptura se convirtió en conflicto creciente. En 2002 las agresiones de la organización de caficultores contra las bases zapatistas se identificaron dramáticamente.
La Orcao se formó en 1988, con 12 comunidades de Sibacjá, en el municipio de Ocosingo. Al poco tiempo se sumaron a ella otros poblados, hasta casi sumar 90. Sus demandas originales consistieron tanto en la búsqueda de mejores precios para el café (en 1989 se desplomaron drásticamente) como en la solución del rezago agrario. En 1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, reivindicó la autodeterminación indígena, se opuso a la reforma al artículo 27 constitucional y exigió libertad, justicia y democracia.
Orcao forma parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) en Chiapas. Como ha sucedido a casi todas las organizaciones campesinas en el estado, nacionales y locales, las que integran Unorca sufren un imparable proceso de descomposición, dispersión y división internos. Orcao dirige a la Unorca en la entidad. Juan Vazquez, uno de sus principales líderes, es comisionado para la reconciliación en el gobierno de Juan Sabines. La organización tiene estrechos vínculos con esa administración. La mayoría de sus líderes forman parte del PRD.
En diciembre de 2007, el EZLN echó a andar un reparto agrario desde abajo, avalado por la Ley Agraria Zapatista. La medida respondía, en parte, a la decisión gubernamental de reconocer derechos sobre la tierra ocupada por los rebeldes a otros grupos campesinos. Con ello, la administración pública federal y la estatal sembraron la semilla de la discordia entre pobres. El 15 de mayo de 2008 los zapatistas informaron a la Orcao que delimitarían las tierras recuperadas en 1994 para cuantificarlas en hectáreas y distribuirlas. La respuesta de la organización de caficultores no se hizo esperar: rentó y vendió sus tierras, invadió predios de bases zapatistas, robó e hirió animales de sus adversarios, y agredió violentamente a la comunidades en rebeldía.
Los rebeldes no son la única asociación que tiene graves conflictos con la Orcao. La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que nada tiene que ver con el EZLN, reclamó públicamente a Juan Sabines que “distintos funcionarios del gobierno que usted encabeza han solapado abusos, marrullerías, incumplimiento de acuerdos y constantes provocaciones cometidos por el hoy ex regidor de Ocosingo José Pérez Gómez y el grupo paramilitar enquistado en la Orcao que él mismo dirige, quienes pretenden cometer la vergonzosa injusticia de despojar de sus legítimos derechos ejidales a 10 indígenas tzeltales, que son compañeros nuestros de la OCEZ–FNLS”.
Lo sucedido en Bosque Bonito no fue un enfrentamiento, sino una agresión de la Orcao en contra de los zapatistas, una provocación en forma que no desbordó sus proporciones gracias a la prudencia rebelde.
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