*Suprema Corte de Justicia de la Nación al servicio del poder, exoneran a Enrique Peña Nieto y a Eduardo Medina Mora

La mayoría de ministros exculpa a Peña Nieto y Medina Mora por el caso Atenco

*Es evidente retomando una información aparecida en La Jornada y que a continuación se reproduce.

Renexio

■ El Estado incumplió con garantizar el derecho de las víctimas, asegura Silva Meza


Jesús Aranda

La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció ayer por señalar como los responsables únicos de la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos operativos federal y estatal que permitieron los abusos. Respecto del gobernador del estado de México, el secretario de Seguridad Pública federal y otros funcionarios de alto nivel, ocho juzgadores los exoneraron de cualquier responsabilidad.

Este criterio no lo compartieron Genaro Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza y el ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, aunque por diferentes razones.

Sergio Aguirre Anguiano mantuvo su postura en contra del proyecto, con el argumento de que no hubo violación alguna de garantías en Atenco. Incluso dijo que los señalamientos de Góngora sobre la responsabilidad del gobernador mexiquense y de otros altos funcionarios era una consideración personal y que él no era “francotirador” para validar ese tipo de argumentos.

En cambio, Góngora señaló directamente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República), así como a mandos superiores de la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), como los principales responsables de los abusos, debido a que toleraron conductas de sus subordinados que lastimaron a las víctimas y a la sociedad.

Sostuvo que altos funcionarios estatales y federales no supervisaron que sus órdenes en el uso de la fuerza se ajustaran a derecho; tampoco han sancionado a los elementos que cometieron las barbaridades documentadas en el dictamen, y “ni siquiera se delinea esa intención”, pues no se tomaron medidas inmediatas para identificarlos. Mandos superiores que ordenaron el operativo merecen “reproche expreso”.

Juan N. Silva Meza responsabilizó al Estado mexicano de haber incumplido con su obligación de garantizar el derecho de las víctimas y las normas internacionales en la materia. Incluso señaló que las víctimas de Atenco “tienen derecho a que, de ser procedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene reparaciones e indemnizaciones, porque México aceptó la jurisdicción de ésta y está obligado de buena fe a hacer las reparaciones correspondientes”.

Aun cuando estuvo de acuerdo con el dictamen de Gudiño, en el sentido de enlistar a todos los funcionarios involucrados en la violación de garantías, pero sin especificar la responsabilidad concreta de ninguno de ellos, Silva señaló que, además de reparar las violaciones a las víctimas, las autoridades “deben tomar cartas en el asunto” y perseguir penalmente a los responsables y aplicar, en su caso, sanciones políticas y/o administrativas.

Después de un intenso debate que se dividió en dos sesiones, hubo ministros que plantearon agregar al dictamen que, además de los derechos constitucionales a la libertad sexual, al acceso a la justicia, al debido proceso, etcétera, establecidos en el proyecto de dictamen, se sumara como garantía violada el derecho a la libertad de expresión.

La propuesta de Góngora de incluir la violación al derecho a la vida (en razón de la muerte de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago) no fue respaldada por los demás.

En la sesión vespertina, a la que no asistieron Sergio Valls ni Sergio Aguirre Anguiano, se definió prácticamente el sentido del voto que adoptará este jueves la mayoría respecto del fincamiento de responsabilidades.

El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, resumió los puntos de vista de José Ramón Cossío, Servio Valls, Mariano Azuela, Fernando Franco y Olga Sánchez Cordero, respecto de la necesidad de que la Corte responsabilice a los encargados directos de violar los derechos de las víctimas y, en su caso, a los mandos policiacos federales y estatales que no actuaron para impedir los abusos. Pero nada más.

Se prevé que los ministros propongan hoy “a las autoridades correspondientes” que continúcon las investigaciones y se castigue individualmente a los responsables.