Hemos sido notificados que el día 19 de este mismo mes, se cumplirán 1095 días del siniestro mortal ocurrido en la región carbonífera del norte de México, en la mina denominada Pasta de Conchos, que acabó con la vida de 65 mineros. No obstante haber transcurrido ya tres años, sólo se han recuperado los cuerpos de 2 trabajadores. Los restos de 63 mineros más permanecen insepultos.
Nos sumamos a la opinión expresada por 8 Superiores Mayores de congregaciones religiosas presentes en México, en el marco de la presentación del gobierno mexicano del primer examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado martes 10 de febrero, que señala: “con relación a estos hechos tan lamentables, existen dos presunciones cada vez más fundadas: la de que todas estas víctimas murieron no por un imprevisible accidente laboral, sino por causas imputables a la empresa Industrial Minera México y al Gobierno mexicano, y la de que los restos mortales de 63 mineros permanecen sin ser rescatados, no por falta de condiciones de seguridad para ingresar a la mina, sino porque la empresa, primer consorcio minero de México, y las dos últimas administraciones del gobierno mexicano no han tenido ni la sensibilidad humana, ni la voluntad política para satisfacer la más importante demanda de las familias de los trabajadores. Todo ello nos hace pensar que tanto la Minera México como el Gobierno de México han estado impidiendo el ingreso a la mina para rescatar los cadáveres porque quieren evitar se obtengan pruebas contundentes de las causas reales del siniestro, no obstante ser un derecho inherente a todos los seres humanos enterrar a sus muertos según las creencias que son parte del patrimonio inmaterial cultural de los mexicanos”.
Solidarizándonos con el dolor de estas familias y con su justa demanda, como han hecho religiosos y religiosas, “solicitamos de la manera más atenta a los Estados miembros de este honorable Consejo de Derechos Humanos de la ONU que exprese su profunda preocupación por todos estos hechos y solicite al Gobierno de México que lleve a cabo lo más pronto posible la recuperación de los cuerpos, apoyado en los conocimientos técnicos y experiencia de los ingenieros mexicanos expertos en minas de carbón”.
En particular, urgimos al gobierno federal a:
1) Que sea acatada la Recomendación 064/2008 de la CNDH dirigida a la Procuraduría General de la República; y,
2) Atender su obligación de dar protección y garantías de seguridad a Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos que no ha dejado de ser acosada por la defensa de este caso.
No comments:
Post a Comment